Killer Acquisition en Venezuela: Cooptación Política y la Neutralización del Cambio Democrático

Cada cierto tiempo, para entender mejor lo que pasa en el mundo y, por supuesto, en Venezuela, platico con mi colega y profesor Joaquín Ortega. Tal vez uno de los mejores politólogos del país. Algunas de esas conversaciones, a lo largo de los últimos años, las he escrito y publicado aquí, en La Gran Aldea. Esta vez hicimos el ejercicio sobre un concepto aparentemente novedoso —aunque no lo sea tanto— que puede ayudar a explicar muchas de las cosas que ocurren, lo que nos pasa y, tal vez, lo que está por pasar. Bienvenidos a esta conversación convertida en entrevista.

—Existe un concepto en economía llamado killer acquisition: una empresa compra a un posible competidor no necesariamente para desarrollarlo, sino para evitar que algún día le desplace. Tú planteas que esa lógica también puede existir en política. ¿Cómo se traduce ese concepto al caso venezolano?

En el mundo de la economía corporativa, una killer acquisition puede entenderse como una compra voraz destinada a fagocitar a un competidor creativo o disruptivo emergente. Puede tratarse de una startup, una aplicación o un concepto innovador de servicios. El objetivo central es impedir que ese competidor crezca y termine convirtiéndose en una amenaza, tanto por ese producto diferenciador como por el desarrollo de una estructura propia.

Los primeros ejemplos aparecen en la industria farmacéutica, pero también los hemos visto con Google y algunas empresas de inteligencia artificial, o con Meta cuando adquirió Instagram y WhatsApp. Grandes compañías compran nuevas líneas de negocio potencialmente competidoras para incorporarlas a su ecosistema o limitar su escalabilidad. Algo parecido ha ocurrido en Hollywood, cuando se adquieren grandes historias independientes para engavetarlas y evitar que compitan con los proyectos del estudio.

En política, esta lógica de las killer acquisitions podría traducirse como la cooptación o la neutralización preventiva de actores opositores emergentes para impedir que desplacen el status quo. Si hacemos un poco de memoria en Venezuela, hemos visto la incorporación selectiva —a dedo— de actores o sectores de la oposición mediante diálogos, mesas técnicas o reconocimientos institucionales que les otorgan legitimidad sin cederles realmente el poder.

Dos de los autores más citados por la transitología son, por ejemplo, Samuel P. Huntington, quien en The Third Wave (1991) denomina a estos procesos «transiciones por transformación», controladas desde arriba y bajo un marco de juego perfectamente delimitado: eres un alfil y te mueves en una dirección determinada; eres un peón y puedes sacrificar la línea argumental —o incluso el argumento— según las necesidades del «cliente».

Otro autor fundamental es Guillermo O’Donnell, quien describía cómo las élites autoritarias diseñaban pactos destinados a absorber parte de las presiones democratizadoras. Funcinaban, valga la imagen, como amortiguadores de la opinión pública, normalizadores o diluyentes del deseo mayoritario de transformación.

—Si trasladamos esa idea a una transición política, ¿qué sería exactamente lo que se «adquiere» o se neutraliza? ¿Las instituciones, los liderazgos, la oposición, la demanda democrática o la posibilidad misma de una competencia real por el poder?

La principal adquisición, bajo la lógica de la killer acquisition, es el control de los actores políticos y de sus movimientos tanto en el eje X como en el eje Y. En criollo, se les mantiene con la cabuya corta: se limita su capacidad para tomar decisiones autónomas y, al mismo tiempo, se les impide desarrollar un proyecto político propio en el corto y mediano plazo.

Se compran sus silencios y también sus altisonancias.

Lo que verdaderamente se neutraliza a largo plazo es esa forma de acción autónoma que representa la incertibumbre democratizadora y, especialmente, la posibilidad real de alternancia. Se limitan las narrativas de determinados liderazgos, se coloca una camisa de fuerza sobre las demandas sociales y se coloniza la legitimidad institucional futura para desactivar cualquier potencial disruptivo.

Bajo esta lógica, podríamos hacer un ejercicio mental: la integración de la Asamblea Nacional electa en 2015 —presidida por Dinorah Figuera— a mesas de trabajo conjuntas con la Asamblea Nacional controlada por el postchavismo (Jorge Rodríguez, junio-julio de 2026) otorga una apariencia de unidad institucional mientras el control sobre los ritmos y cronogramas permanece intacto.

Como resume Heysel Rodríguez en un informe publicado por Bona Opinio: baja la conflictividad, se reparten las tareas de la reconstrucción y, sobre todo, se compra tiempo.

Es precisamente en el terreno de la incertidumbre donde ocurren las verdaderas transiciones políticas. O’Donnell y Philippe C. Schmitter, en Transiciones desde un gobierno autoritario (1986), hablan de la «incertidumbre extraordinaria» propia de toda transición genuina. Juan J. Linz y Alfred Stepan, en Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996), sostienen —a veces sin demasiado optimismo— que sin el desarrollo de lo que denominan «arenas autónomas» no puede existir una consolidación democrática tangible.

Adam Przeworski, por su parte, repite en Democracy and the Market (1991) que la democracia es, ante todo, un sistema de incertidumbre institucionalizada. Reducir esa incertidumbre en su desarrollo natural equivale, por decir lo menos, a neutralizar la propia democracia.

—Cuando una élite incorpora parcialmente las demandas de cambio sin alterar realmente la distribución del poder, ¿estamos frente a una democratización gradual o frente a una forma sofisticada de neutralización política?

En el contexto venezolano actual observamos una forma sofisticada de neutralización política. Es como colocarle un silenciador al disenso; como ponerle una sordina a una trompeta hasta que las notas comienzan a confundirse con la melodía.

Toda democratización gradual requiere cesiones progresivas y una apertura efectiva de la competencia política. En cambio, la incorporación parcial, dosificada o diluida de ciertas demandas termina legitimando al status quo, que aprovecha ese respiro para reorganizarse.

Fíjate en el caso venezolano. Las mesas técnicas paritarias posteriores a los terremotos, iniciadas el 1 de agosto de 2026, incorporan narrativas de «fortalecimiento institucional» sin modificar realmente la distribución del poder. Incluso adoptan elementos del know how del sector privado.

Recordemos cómo Amazon adquiere pequeñas empresas logísticas o de servicios en la nube para integrarlas a su ecosistema. De manera completamente natural preserva su dominio sin permitir que surja una innovación disruptiva desde fuera.

No hay nada nuevo bajo el sol. Más allá del extraño silencio de Guillermo O’Donnell frente al autoritarismo venezolano durante los años de Chávez, su obra sigue explicando cómo muchas de las transiciones latinoamericanas fueron, en realidad, transacciones entre élites.

José María Maravall, en sus estudios sobre la Transición española, sostenía que el éxito político dependió tanto de los pactos como de la presión social y de las cesiones concretas. Víctor Pérez-Díaz ha insistido en el papel decisivo de una sociedad civil autónoma. Manuel Antonio Garretón, al estudiar Chile, analizó las «democratizaciones restringidas», aquellas que conservan vetos fácticos aun cuando aparentan abrir espacios democráticos. Terry Lynn Karl y Giuseppe Di Palma completan este panorama desde el análisis de los pactos, la contingencia y la negociación entre élites.

Las obras del politólogo venezolano Eladio Hernández Muñoz y del historiador Ramón Díaz Sánchez, pioneros de la transitología venezolana, suelen permanecer en silencio porque incomodan. Primero, porque obligan a mirar nuestro propio proceso histórico y antropológico; segundo, porque invitan a pensar modelos menos mecánicos y más adaptados a la realidad venezolana. Quizá por eso muchos intelectuales orgánicos prefieren dejarlos en el estante de las bibliotecas antes que leerlos o citarlos.

—¿Qué diferencia existe entre integrar a un actor político dentro de un nuevo equilibrio de poder y permitirle competir realmente por el poder? ¿Dónde está la línea que separa una transición de una simple reorganización del poder?

En este contexto, integrar significa incorporar a un actor dentro de un nuevo equilibrio dominado por el incumbente. Son los roles consultivos, funcionales o complementarios.

Competir, en cambio, implica aceptar que la incertidumbre del poder —la caología o incluso la teoría de las catástrofes, si queremos llevar la analogía un poco más lejos— pueda producir alternancia bajo reglas neutrales.

Pensemos en un ejemplo cotidiano. Cuando mezclas café con crema existe un instante en el que nadie sabe cuál será el resultado final. Hasta que ambas sustancias dejan de girar, es imposible determinar si obtendrás un café marrón claro o uno más oscuro. Olvídate de mocaccinos o lattes; esto es una mezcla antropológica hecha a la criolla, con condiciones iniciales imposibles de medir en todas sus variables.

La línea que separa una transición democrática de una simple reorganización del poder radica precisamente en esa mezcla natural, casi intuitiva. Se encuentra en la consolidación de las «arenas autónomas» de las que hablan Linz y Stepan, unidas al desarrollo propio y sostenido de una sociedad civil autónoma, como plantea Pérez-Díaz.

En Venezuela observamos una distribución funcional de roles: Dinorah Figuera aparece como la interlocutora institucional, pragmática y ejecutora de acuerdos; María Corina Machado conserva el liderazgo probado en las urnas y mantiene, aunque a veces de forma errática, la presión política externa e interna, aun estando marginada de la mesa principal.

Ese reparto de funciones ilustra mucho mejor una integración controlada que una competencia abierta.

Los teóricos de siempre —Przeworski, Huntington, Linz y O’Donnell— terminan coincidiendo con una lógica que el mundo empresarial conoce desde hace décadas: sin rendición de cuentas efectiva y sin posibilidad real de alternancia, no existe una transición democrática plena.

—Este martes 14 de junio vimos una secuencia política interesante: los comunicados de la Asamblea Nacional de 2015 y de la Asamblea controlada por el chavismo, mientras Marco Rubio vuelve a respaldar públicamente a Dinorah Figuera. ¿Cómo lees ese movimiento? ¿Qué papel está jugando realmente la Asamblea de 2015? ¿Cómo queda María Corina Machado dentro de esa arquitectura política? ¿Estamos viendo una distribución funcional de roles o una reconfiguración del liderazgo de la transición?

Si observamos los comunicados conjuntos de ambas Asambleas y el respaldo público de Marco Rubio, encontramos una distribución funcional de roles dentro de una transición tutelada por Washington, cuyo objetivo inmediato parece ser priorizar la estabilidad posterior a los terremotos.

La Asamblea Nacional electa en 2015 funcionaría como un puente institucional —legítimo para unos, cuestionado por otros—; Dinorah Figuera asumiría el papel de negociadora pragmática e institucional, mientras María Corina Machado conservaría el liderazgo disruptivo, emocional y popular, aunque evidentemente marginada de la mesa principal.

Se trataría, siguiendo la analogía planteada al inicio, de una adquisición institucional destinada a neutralizar el impulso más rupturista.

Maravall y Pérez-Díaz demostraron, al estudiar la Transición española, que los mejores resultados suelen aparecer cuando la negociación entre élites se combina con una presión sostenida de la sociedad. En el caso venezolano, por ahora, predomina claramente el primer elemento, con el riesgo evidente de que termine absorbiendo al segundo.

Hasta ahora, el plan en tres fases ha priorizado la reconstrucción antes que una transición plena. En esa dinámica geopolítica confluyen distintas miradas entre Washington y Venezuela; todas profundamente pragmáticas: la estabilización, el acceso a los recursos petroleros y los contratos para la reconstrucción. Mientras tanto, las presiones democráticas no dejan de surgir, incluso desde abajo hacia arriba.

O’Donnell advertía sobre el papel, casi siempre ambiguo, de los actores externos en las transiciones latinoamericanas. Por su parte, Samuel P. Huntington enfatizaba que las olas democratizadoras están fuertemente condicionadas por el contexto internacional. Como vemos, nada es para siempre.

—¿Cómo distinguimos una transición imperfecta -que todas lo son- de una transición que, en realidad, terminó absorbiendo la posibilidad de un cambio democrático? ¿Cuáles serían las señales objetivas de que hemos cruzado esa línea?

Para autores como O’Donnell y Schmitter, toda transición es imperfecta e incierta. Sin embargo, la línea hacia la absorción o la fagocitación del cambio se cruza cuando termina consolidándose un régimen híbrido sin un horizonte real de alternancia.

Por eso debemos observar los hechos y sus resultados más allá de la niebla. Algunas señales objetivas pueden ser el control sobre instituciones clave —como el CNE o el TSJ—, el retraso indefinido de los calendarios electorales, la marginación sistemática de los liderazgos mayoritarios y el mantenimiento de vetos fácticos.

Volvamos al modelo de la killer acquisition. Cuando una gran empresa tecnológica adquiere los productos estrella de sus rivales y los integra sin permitir una competencia futura, mantiene en la práctica un monopolio disfrazado de ecosistema.

En Venezuela ocurriría algo similar si las mesas técnicas solo produjeran un nuevo equilibrio político sin un CNE verdaderamente neutral y sin un cronograma electoral verificable. En ese escenario estaríamos frente a una absorción, más que ante una transición.

La observación cuidadosa del grado de autonomía de la sociedad civil, del nivel de incertidumbre institucionalizada y del verdadero reparto del poder nos permitirá distinguir si estamos presenciando un simple maquillaje o el nacimiento de un nuevo elenco político.

En el mundo empresarial, el dominio del entorno permite minimizar riesgos. En política, una transición concebida bajo esa misma lógica produciría, más bien, un reacomodo de élites condicionado por la tensión permanente entre las presiones internas y externas. Es, en definitiva, una competencia de pulso entre lo nacional y lo internacional.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.