Juez Freire Llama a Juicio a Siete Acusados por el Magnicidio de Fernando Villavicencio: Detalles y Consecuencias

En una decisión considerada histórica, el juez Giovanny Freire resolvió llamar a juicio a los siete procesados señalados por la Fiscalía como presuntos autores mediatos del crimen. Se trata de personajes considerados intocables por estar relacionados con las cúpulas políticas y las mafias en el país.

Los llamados a juicio son Xavier Jordán, José Serrano, ex ministro del Interior; Ronny Aleaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana; Daniel Salcedo; y los cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias “Pipo”; Esteban Aguilar, alias “Lobo Menor”; y Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”.

La audiencia de este 5 de noviembre fue telemática.

En este sentido, el juez mantuvo la prisión preventiva para todos los procesados. Sin embargo, existen tres que están fuera del país a los cuales los declaró prófugos: Jordán (detenido en EEUU por el ICE, con posible deportación); Chavarría (preso en España y con un proceso de extradición), y Aleaga (se desconoce su paradero) por lo que el juicio en su contra queda suspendido hasta que comparezcan ante la justicia.

Durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, Freire subrayó que su resolución no se limitó a reproducir el dictamen acusatorio de la Fiscalía, sino que incluyó un análisis individualizado de los elementos de convicción, así como de los argumentos jurídicos y fácticos expuestos por las partes. Concluyó que existen suficientes indicios para sustentar la teoría fiscal sobre las fases de financiamiento, planificación, coordinación y ejecución del asesinato.

Amenaza de bomba obligó a evacuar el complejo judicial
Quito, jueves 05 de noviembre del 2026. Amenaza de bomba en el Complejo Judicial Norte Fotos:API / Rolando Enríquez

La jornada estuvo marcada por un incidente de seguridad que obligó a suspender temporalmente la diligencia. Menos de 40 minutos después de reiniciada la audiencia, se reportó el hallazgo de una maleta no identificada en la entrada principal del Complejo Judicial Norte de Quito, lo que activó los protocolos de emergencia ante una posible amenaza de bomba.

La Policía ordenó la evacuación del edificio y el juez Freire, quien se encontraba de manera presencial en el complejo, dispuso una pausa mientras era trasladado a otro lugar para continuar la diligencia. La audiencia se desarrollaba de forma telemática, por lo que pidió a las partes procesales mantener la conexión hasta retomar la sesión.

Al final, el escuadrón antibombas habría encontrado explosivos e incluso un mensaje intimidatorio.

Freire desestima dos testimonios anticipados 

A pesar de que el proceso sigue adelante, uno de los aspectos que más sorpresa y preocupación generó en la resolución fue la decisión del juez de desestimar los testimonios anticipados de Marcelo Lasso Saavedra y de Lenín Vimos Vimos, dos importantes elementos obtenidos durante la investigación. Freire argumentó que las personas mencionadas en esas declaraciones no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y contradicción respecto a esos señalamientos. Este argumento resulta absuro, pues al momento de rendir esos testimonios no habían sido vinculados todavía los 3 cabecillas de Los Lobos. Es justamente gracias a ambos testimonios, que posteriormente se pudo pedir su vinculación, pues estos arrojaron información crucial sobre la participación del GDO y sus vinculaciones políticas.

En el caso de Marcelo Lasso, excolaborador de la justicia y antiguo integrante del entorno criminal de Leandro Norero, su testimonio establecía una supuesta estructura detrás del magnicidio. Lasso sostuvo que Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo habrían participado en la reorganización del plan para asesinar a Villavicencio tras la muerte de Norero. También declaró que se habría reunido un millón de dólares para financiar el crimen y que los recursos llegaron a integrantes de Los Lobos y a disidencias de las FARC.

Por su parte, Lenín Vimos Vimos, sentenciado en el caso Plaga, relató a los investigadores una supuesta cadena de mando que conectaba a actores políticos con estructuras criminales. De acuerdo con información publicada en distintos reportes sobre el expediente, Vimos aseguró que recibió información de Jorge Chonillo, alias “Negro Yorkis”, sobre reuniones realizadas en Cali con cabecillas de Los Lobos.

Pese a excluir ambos testimonios anticipados, el juez concluyó que existen suficientes elementos de convicción para que los siete procesados enfrenten la etapa de juicio por uno de los crímenes políticos más graves de la historia reciente del Ecuador.

La decisión abre la puerta a un proceso que buscará establecer responsabilidades sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato que conmocionó al país y alteró el escenario político nacional.

El atroz crimen en contra de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023, en plena campaña electoral y a 11 días de las elecciones. Fernando fue el único candidato que tenía un discurso y un plan de trabajo enfocado en desarticular a las mafias narcopolíticas que habían penetrado en el país.

La audiencia se retomó con tres de los siete acusados, privados de libertad en la cárcel de El Encuentro. Ellos: el ex ministro José Serrano, Esteban Aguilar, alias «Lobo Menor», y Luis Arboleda, alias «Gordo Luis», estuvieron conectados telemáticamente. Los demás procesados enfrentan distintos escenarios judiciales. Entre tanto, Daniel Salcedo fue extraditado y está bajo la custodia de la justicia de EEUU.

Los siete hoy se encuentran dispersos entre cárceles, centros de detención y distintos países, la Fiscalía sostiene que todos formaron parte de una misma estructura. En esa trama convergen exfuncionarios públicos, ex asambleístas, operadores políticos, empresarios y cabecillas de organizaciones criminales, quienes habrían cumplido distintos roles en la planificación, financiamiento, coordinación y ejecución del asesinato.

Luego de tres años del magnicidio, ya no hay espacio para la impunidad en un caso que puso en evidencia los presuntos vínculos entre política, corrupción y crimen organizado. El proceso debe seguir adelante.

En esta nota hacemos un recorderis de quiénes son los acusados y cuáles serían los vínculos con el crimen.

Jordán, el de la piscina de Miami

Xavier Jordán, el dueño de la casa en Miami donde se registró la foto de la piscina, es uno de los llamados a juicio señalados por la Fiscalía dentro del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La acusación fiscal sostiene que habría formado parte de la estructura que planificó y financió el crimen, una tesis construida a partir de pericias, testimonios y comunicaciones incorporadas al expediente.

En las investigaciones se logró establecer comunicaciones con Leandro Norero en las cuales pedía “encargarse” de Fernando Villavicencio. Tenía un ánimo de venganza, sobre todo por la publicación de la foto, que lo evidenciaba con su círculo de diversos negociados y nexos políticos con la Revolución Ciudadana.

La investigación también lo ha situado como cercano al exministro José Serrano y a su esposa María Paula Christiansen. También al ex asambleísta correísta Ronny Aleaga, quien se habría casado con su sobrina. También habría mantenido negocios con Daniel Salcedo.

Su situación judicial se ha agravado conforme han avanzado los procesos en Ecuador. Jordán registra orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV y también ha sido mencionado en otras investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. El 16 de septiembre de 2026 fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Doral, Florida, y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria en Luisiana, donde permanece bajo custodia.

El ministro John Reimberg había hablado de que podría ser deportado desde EE.UU. al Ecuador, pero esto aún no ha sucedido. La investigación ha revelado también comunicaciones con personajes como Marcelo Lasso y María Paula Christiansen, en una etapa de encubrimiento.

Serrano y los seguimientos
José Serrano lució contrariado durante la audiencia preparatoria de juicio en la que se le llamó a juicio

José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa y expresidente de la Asamblea Nacional, durante el morenismo, habría actuado como financista y facilitador de la estructura criminal. Habría utilizado contactos dentro de la Policía para obtener información sobre las rutinas, desplazamientos y esquema de seguridad de Villavicencio.

Tras varios años residiendo en Estados Unidos, fue deportado el 28 de agosto de 2026 y trasladado a Ecuador, donde quedó bajo custodia debido a la orden de prisión preventiva vigente en su contra dentro del caso Magnicidio FV. Desde entonces permanece recluido en la Cárcel de El Encuentro, en Santa Elena.

Uno de los testimonios que estableció la participación de Serrano en la estructura fue el de Ronal Herrera, un ex agente de Inteligencia supuestamente reclutado por Serrano. Varias investigaciones también han documentado sus vínculos políticos con figuras del correísmo. Con Jordán compartió amistad y negocios. Serrano había sido expuesto por Fernando Villavicencio, por algunos contratos opacos que hizo su actual esposa María Paula Christiansen.

Pero sobre todo, por un cheque de $230.000 que fue puesto a la luz por parte Villavicencio, en la Comisión de Fiscalización. Este tenía la firma de Jorge Cherrez, relacionado con el desfalco del Isspol. La defensa de Serrano ingresó al expediente -aparentemente por error- un celular y una grabadora, que al ser explotados revelaron las conexiones con Jordán y una estrategia de encubrimiento, posible presión a testigos y de creación de narrativas alternas que incluía a Verónica Sarauz, quien fue esposa de Villavicencio al momento de su asesinato. Esta última se casó con un ex policía leal a Serrano, que fue empleado de Christiansen en sus negocios de spa, en Miami.

Aleaga operaba desde la Asamblea
Rafael Correa junto a Ronny Aleaga y otros miembros de los Latin Kings

Ronny Aleaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), y auto declarado “orgulloso Latin King” también fue acusado como presunto autor intelectual en el caso Magnicidio FV.  Desde su posición como asambleísta habría impulsado acciones contra Villavicencio mientras reportaba sus actuaciones a Jordán.

En cuanto a su situación judicial, Aleaga enfrenta procesos tanto en el caso Magnicidio FV como en el caso Metástasis. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva y la justicia ecuatoriana ha solicitado su extradición desde Venezuela para que comparezca ante los tribunales nacionales. Su último paradero conocido fue precisamente ese país. Al momento se desconoce su paradero.

Las investigaciones también lo ubican dentro de una compleja red de relaciones políticas y criminales. Aleaga aparece en referencias a su cercanía con Leandro Norero. También cobró notoriedad la fotografía tomada en Miami junto a Jordán y otros personajes del entorno investigado, una imagen que se convirtió en uno de los símbolos de las conexiones entre actores políticos del correísmo y estructuras del crimen organizado.

Aleaga también habría participado en un operativo de movilización presuntamente ilegal del testigo Marcelo Lasso, por Latinoamérica, luego de que Jordán lograra contactarlo para que se retracte públicamente de lo dicho en su testimonio, supuestamente ante la Corte de Miami. Sin embargo, se conoce que cuando dio una declaración no estaba en EE.UU.

Salcedo confesó ser rastreador
Daniel Salcedo, escoltado para ser extraditado.

Daniel Salcedo acaba de ser extraditado a EE.UU., pero paralelamente ha confesado haber sido parte de la estructura que planificó  el crimen.  De acuerdo con su testimonio anticipado, incorporado al expediente, reconoció su participación y señaló a otros integrantes de la organización, entre ellos Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y cabecillas de la organización criminal Los Lobos.

La Fiscalía lo describe como un «facilitador logístico, financiero y enlace criminal», mientras que otros testimonios lo ubican como coordinador y contacto entre actores políticos y estructuras del crimen organizado. Salcedo afirmó además que conocía los detalles de la planificación del asesinato y que obtuvo información sobre las rutinas y movimientos de Villavicencio a pedido del narcotraficante Leandro Norero. Más tarde, luego de la muerte de Norero, el plan se había retomado también con la participación de alias “Invisible” y del propio Serrano.

En cuanto a su situación judicial, Salcedo permaneció privado de libertad en Ecuador mientras colaboraba con las investigaciones del caso. El 9 de septiembre de 2026 aceptó ser extraditado a Estados Unidos y el 29 de octubre de 2026 fue trasladado a ese país junto con otros requeridos por la justicia estadounidense, que lo investiga por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Su extradición coincidió con una etapa decisiva del caso Magnicidio FV. Ahora que fue llamado a juicio, no podría ser juzgado en ausencia, a menos que las autoridades ecuatorianas busquen los canales adecuados para que pueda estar en esta etapa, vía telemática.

Las investigaciones han documentado una extensa red de contactos de Salcedo con operadores políticos, funcionarios, empresarios y miembros del crimen organizado. Entre los nombres que aparecen en sus dispositivos y comunicaciones constan Leandro Norero, Ronal Herrera, Mayra Salazar, Wilmer Chavarría, alias «Pipo», así como Carlos Angulo, alias «Invisible».

Los tres miembros de Los Lobos
Foto de una audiencia pasada en la cual constan en la parte superior derecha Luis Arboleda, alias «Gordo Luis» y en la parte inferior izquierda, Esteban Aguilar, alias «Lobo Menor».

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como máximo líder de la organización criminal Los Lobos, es uno de los procesados por la Fiscalía en el caso Magnicidio FV. Chavarría habría sido quien presuntamente autorizó el atentado, activó la estructura criminal, dispuso operadores, y recursos logísticoso. La Fiscalía sostiene que, tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero, los presuntos autores intelectuales del crimen acudieron a él para concretar el asesinato y que, sin su autorización, el atentado no habría podido ejecutarse.

Su situación judicial está marcada por su captura en Málaga, España, el 16 de noviembre de 2025, luego de varios años en los que habría fingido su muerte y utilizado una identidad falsa. Tras su arresto quedó recluido en un centro penitenciario español y la justicia ecuatoriana inició los trámites para su extradición. En Ecuador pesa sobre él una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, procesos relacionados con narcotráfico, asesinatos y otros delitos. Diversos reportes también han señalado que se sometió a varias cirugías para modificar su apariencia mientras permanecía prófugo.

Alias “Pipo” ha tenido como defensor a Gustavo Boye, el mismo abogado del “Negro Willy”. En una declaración errática y contradictoria ante autoridades de la justicia española, aseguró que trabajaba como albañil, pero además aseguró que quien mató a Villavicencio había sido el actual presidente Daniel Noboa. Aunque negó ser narcotraficante, dijo que Noboa lo consideraba su contrincante en ese mercado criminal. Esta versión fue extensamente rebatida por la Fiscalía evidenciando, las falacias y mentiras expuestas en la misma, a pesar de no haber presentado ni una prueba, el correísmo aplaudió y defendió las declaraciones del líder narcotraficante.

Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, es identificado por la Fiscalía como uno de los principales cabecillas de Los Lobos. En marzo de 2026 fue capturado en México, tras permanecer prófugo luego de incumplir las condiciones de una prelibertad obtenida años antes por una condena relacionada con el asesinato de Juan Antonio Serrano. Actualmente se encuentra detenido en Ecuador y enfrenta prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La teoría fiscal sostiene que habría coordinado aspectos logísticos y operativos del atentado.

Luis Arboleda, conocido con el alias “Gordo Luis”, es señalado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos.  De acuerdo con la teoría fiscal, Luis Arboleda habría tenido un papel relacionado con la coordinación operativa y financiera del crimen. La Fiscalía sostiene que recibió y distribuyó recursos destinados a la ejecución del atentado y que realizó contactos con los sicarios colombianos que participaron en el asesinato.