Desafíos de la Libertad de Expresión en Venezuela: Un Análisis Crítico de la Realidad Actual

En Venezuela se puede hacer
periodismo sin temor a represalias en esta “nueva etapa”.
Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo,
del periodismo independiente principalmente.
Lo que la presidenta Delcy Rodríguez ha definido como
un nuevo momento político es una oportunidad también
para pintar la cancha y para que ustedes (los periodistas)
puedan difundir de manera libre el fruto de su trabajo
y nosotros hacer el nuestro […]
cualquiera sea la posición frente a los medios y periodistas,
debe respetar la libertad de expresión. 

(Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional.
Entrevista con el periodista Luis Olavarrieta el 2 de marzo de 2026)

Veamos si es cierto lo que nos declara el presidente de la Asamblea Nacional.

Hoy en Venezuela vivimos desinformados. Somos una sociedad desinformada en todos los sentidos. Los informes de organizaciones no gubernamentales que se han dedicado de manera muy minuciosa a diagnosticar el estado de la libertad de expresión en nuestro país —desde el inicio de lo que se ha llamado la era de Chávez—, como Espacio Público o el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), nos dan cuenta del cierre de medios o de las bajas que ha sufrido el ecosistema comunicacional desde que se instaló en el poder el llamado socialismo del siglo XXI, o el chavismo. Así, el más reciente informe de la ONG IPYS registra que, para el año que pasado, se dieron “… 139 violaciones que evidencian restricciones persistentes al ejercicio periodístico y al acceso a la información en el país”. Y nos apunta que “uno de los datos más alarmantes es el registro de al menos 25 trabajadores de la prensa privados de libertad durante 2025, la cifra más alta documentada en el país”.

Igualmente, recientemente se presentó la sexta edición —marzo de 2026— del llamado Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, que ofrece la Sociedad Interamericana de Prensa y que se hace conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello. Allí se nos dice que Venezuela obtuvo 7,02 puntos de un total de cien posibles, lo que ubica al país en la categoría “Sin Libertad de Expresión”. El Índice denunció “… la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos críticos, exilio de periodistas y la disminución de las protestas”.

Pero no ha sido solamente el cierre de medios; también se han hecho presentes la censura directa y la autocensura, producto de lo que llamaremos la judicialización de la censura. No hay país en la región que cuente con tal cantidad de leyes y normas que dificultan el libre ejercicio de la libertad de expresión o de la libertad de comunicación. La agonía de la libertad de expresión en Venezuela sería un buen título para definir lo que ha pasado y sigue pasando en el panorama de medios en el país. La escritora y teórica política alemana Hannah Arendt lo expresó de manera lúcida cuando escribió que “lo que hace posible que gobierne un totalitario o cualquier otra dictadura es que la gente no esté informada: ¿cómo puedes tener una opinión si no estás informado?”.

Desde hace ya un buen rato está presente la política de controlar todas las fuentes de información, lo que implica no solo contar con una plataforma jurídica que limita, intimida y genera autocensura, sino que, poco a poco, se ha ido creando una estructura de medios que impone un régimen comunicativo que moldea el imaginario del ciudadano, intentando generar identificación y control social. A través de lo que los abogados llaman el poder punitivo, se trata de prevenir y aplicar una pena a aquellos que intentan escaparse del molde que se quiere imponer. ¿Consecuencias? Estamos en presencia de un autoritarismo comunicacional.

En 2006, el presidente Chávez llegó a expresar sin ambages que “… la comunicación es demasiado sensible para que haya demasiada autonomía”. O lo que afirmara, en enero de 2007, quien fuera exministro de Comunicaciones y luego director de Telesur, no deja lugar a dudas: “Nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”. Desde esas proclamas, la construcción mediática de la realidad en el sector comunicacional del presente se caracteriza por: fuerte intervención estatal, hegemonía en el discurso, exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales porque piensan distinto, legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comunicación e información, eliminación de la disidencia comunicacional, cierre de fuentes informativas, límites al acceso a la información pública, generación de mecanismos de censura y autocensura, intimidación y agresión a medios críticos y periodistas, trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de insumos como papel periódico y equipos, convertir a Conatel en un apéndice político del Gobierno, cierre y expropiación de medios y portales digitales de información, judicialización de la censura y un largo etcétera.

Digamos entonces, como constatación, que todo lo enumerado tiene efectos sobre la estructura comunicacional del país y que ello no solo se ha visto reflejado en el mapa de medios, sino también en la redefinición de las prácticas periodísticas y comunicacionales. Lo que hemos vivido en este tramo de nuestra historia política y comunicacional venezolana es una resignificación no solo del periodismo, sino de las comunicaciones en general. Pero esta resignificación también es similar a la que ha ocurrido en otros sectores de la vida del país: la economía, la educación, los gremios, lo militar, la política en general, la cultura, el deporte… Así, el Gobierno ha tenido claridad sobre la importancia estratégica de las comunicaciones y, desde esa idea, estas se han convertido en razón de Estado. Lo expresó lúcidamente Antonio Pasquali cuando escribió:

El presente gobierno es el primero en la historia del país en haber asumido a plenitud el poder de las comunicaciones, sobre todo radioeléctricas, más no para aliviar la agobiante y extranjerizante dictadura mercantil del viejo duopolio mediático, o para asegurar al sufrido usuario servicios públicos no gubernamentales de calidad, sino para asignarle un aún más férreo rol hegemónico de corte leninista-gramsciano.

Un tema que poco se apunta en los ensayos y trabajos sobre la libertad de comunicación tiene que ver con “las tecnologías para el control político en Venezuela”. Este hecho significa el uso de las tecnologías de vigilancia que se han venido empleando durante el gobierno de Nicolás Maduro y que no han sido desmontadas a pesar del cambio de liderazgo producido a partir de lo ocurrido el 3 de enero de 2026. Estas tecnologías de vigilancia implican —como nos dice la ONG VE SIN FILTRO— sistemas de monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques. Y, para asombrarnos, esto es lo que expresa la ONG: “Este aparato de vigilancia, que ha costado más de mil millones de dolares, permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unas 27 millones de personas”.

Finalmente, un tema de importancia significativa tiene que ver con la conciencia que tiene el ciudadano sobre la importancia de la libertad de expresión y la libertad de comunicacion. Muchos de los sondeos de opinión pública dan cuenta de los problemas que nos aquejan y que van desde el tema económico, el precio de los alimentos, la seguridad e inseguridad, la salud, el empleo, la educación… pero el ciudadano no se queja de la falta de libertad de comunicación. Hoy, la libertad de expresión no es tema ciudadano. Lo vemos en la mayoría de los sondeos de opinión. Por ejemplo, una investigación al respecto llevada a cabo por la ONG Medianálisis, en 2018, nos apunta que el 65,3 % opina que los ciudadanos no velan por el derecho a la información en Venezuela. Y nos dice que “… es un porcentaje bastante similar al de quienes opinan que en Venezuela no hay libertad de expresión y el gobierno dificulta el trabajo de los medios”.

No hay conciencia en el ciudadano de que hablar y debatir sobre la democracia en un país es hablar y discutir sobre la libertad de expresión. Esto significa que el derecho a la libertad de expresión implica la posibilidad de ejercer los demás derechos del hombre porque la información —hoy, dentro de este mundo globalizado y mundializado culturalmente— se ha convertido en el polo alrededor del cual se organiza parte de la vida pública y, por tanto, de la ciudadanía. El ciudadano debe adquirir conciencia de que la discusión sobre los medios, sobre la libertad de expresión, acerca del derecho a la información y el derecho a estar informados se vuelve, obligatoriamente, un debate sobre la democracia. ¿Cómo hacer que el asunto de la libertad de comunicacion y, por ende, de la libertad de expresión no siga siendo solamente un debate de comunicadores y periodistas o un debate de élites? Debemos buscar que el tema de la libertad de expresión, el tema de las comunicaciones, sea una discusión de la sociedad en pleno. En síntesis, que esos dos temas —libertad de expresión y comunicaciones— adquieran dimensión social; es decir, que sean temas de sentido común que competen a la vida de todos.