Demoliciones de Emergencia en La Guaira: Desafíos Técnicos y Normativos tras el Sismo

Las condiciones extremas de inestabilidad impiden el «desnudado» tradicional de las edificaciones que dictan las normas técnicas, forzando demoliciones de emergencia con escombros mixtos. Hasta ahora han sido demolidas al menos ocho torres de cinco conjuntos y complejos residenciales distribuidos entre Playa Grande (parroquia Urimare), Caribe y Tanaguarena: Las torres A, B y C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, Residencias Samantha (Playa Grande, dos torres), Newport, Arrecife, San Jorge.

A más de dos meses del doble terremoto que devastó el litoral central, el paisaje urbano de sectores como Macuto, Caribe, Tanaguarena y Playa Grande convive con una nueva y silenciosa amenaza: decenas de torres y edificios residenciales que quedaron estructuralmente devastados. Columnas fracturadas, nudos colapsados y una alarmante pérdida de verticalidad los mantienen sentenciados a ser demolidos.

Derribar una edificación en condiciones de desarrollo urbano convencional es una obra de ingeniería planificada al detalle, sujeta a plazos y protocolos estandarizados. Sin embargo, fuentes consultadas por TalCual señalan que demoler estructuras que han sufrido un daño sísmico severo es un procedimiento crítico, de altísimo riesgo operacional, que no admite improvisaciones. ¿Cómo se determina qué edificio debe caer, bajo qué criterios científicos se selecciona un método, y cuáles son las complejas particularidades institucionales, logísticas y humanas de este proceso en una zona marcada por la catástrofe?

Hasta ahora han sido demolidas al menos ocho torres de cinco conjuntos y complejos residenciales distribuidos entre Playa Grande (parroquia Urimare), Caribe y Tanaguarena: Las torres A, B y C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, Residencias Samantha (Playa Grande, dos torres), Newport, Arrecife, San Jorge.

Los procesos de demoliciones en casos como las torres del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande, parroquia Urimare, han estado cargados de incertidumbre por el hecho de que en las estructuras que quedaron de pie, pero inclinadas, no se habían recuperado cuerpos. La primera demolición también terminó en reclamos por parte de una de las torres de Residencias Los Dos Delfines pues, mientras el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificaba la operación de exitosa, los propietarios del conjunto residencial reclamaban que la torre C de Luisa Cáceres (la primera en ser demolida) había afectado el estacionamiento.

Torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi antes de ser derribada. Foto: Roison Figuera

El balance oficial del domingo 12 de julio confirmó la magnitud del daño estructural que dejaron los terremotos del 24 de junio en las principales ciudades del país. Según el reporte difundido por la administración de Delcy Rodríguez en ese momento, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo. Se desconoce cuantos serán sometidos a demoliciones controladas.

Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron el 4 de septiembre un contrato que establece en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros. Ese mismo día, fue demolido el edificio Arrecife en Tanaguarena, con el que suman ocho las estructuras implosionadas.

De la etiqueta roja a la pérdida de la verticalidad

El 30 de julio se hizo la primera demolición controlada en La Guaira. Se realizó en la torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande, parroquia Urimare. El procedimiento se hizo aún cuando había cuerpos de personas sin recuperar. De ese urbanismo solo una torre colapsó, las demás (A, B y C) se mantuvieron en pie, aunque con una inclinación y riesgo de colapso significativo.

Autoridades dijeron que emprender la búsqueda y recuperación de cuerpos era riesgoso así que propusieron la demolición con la promesa de buscar los cuerpos que en su mayoría estarían en los primeros pisos del edificio, los únicos que cedieron.

El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, aseguró a TalCual ese día que tras la demolición controlada de la torre C del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, se trabajaría para «tratar de retirar el resto de los cuerpos» apegándose a los protocolos correspondientes. Destacó que luego del procedimiento ya no hay riesgo de colapso «con personas trabajando ahí».

Los familiares de las personas que vivían en esa edificación exigían al Estado cumplir su promesa. Aseveraron que se mantendrían en el lugar vigilando el trabajo de los operadores de máquinas para evitar que los cadáveres sufrieran deterioros por las máquinas. «Nuestros seres queridos no son escombros, son seres humanos que merecen respeto», reclamaban los parientes.

El primer paso antes de tocar o intervenir cualquier estructura afectada es la evaluación rigurosa realizada por ingenieros patólogos y comisiones técnicas especializadas. Según detalla a TalCual el ingeniero Luis Castillo, quien formó parte de los voluntarios que apoyaron durante la emergencia, este proceso parte de inspecciones visuales profundas, revisión milimétrica de planos originales y el análisis minucioso del comportamiento de los elementos resistentes: columnas, vigas, placas y fundaciones.

Este tamizaje empalma directamente con los estándares internacionales de evaluación rápida de edificaciones dañadas por sismos —como los contemplados en los manuales FEMA 154 / FEMA P-154 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EEUU—, los cuales establecen sistemas de codificación cromática para clasificar la habitabilidad y el peligro de colapso inminente. Dentro de esta categorización, Castillo explica que las comisiones del Estado han venido evaluando la situación mediante un sistema de etiquetas de colores: en el caso de las estructuras con etiquetas rojas, se trata de casos severos donde las fallas son generales en todas las fundaciones o bases del edificio, lo que sentencia al inmueble a una demolición directa.

Uno de los indicadores más categóricos de muerte estructural es la pérdida de verticalidad. Cuando un terremoto golpea horizontalmente, los desplazamientos relativos de piso provocan que las columnas de la planta baja cedan o sufran pandeo, generando un desbalance que compromete todo el esqueleto de la edificación en un efecto dominó potencial. Como advierte enfáticamente el ingeniero Luis Castillo:

«Ya una vez que un edificio pierde la verticalidad, es difícil recalzarlo o volverlo a su sitio, y más aún si son edificaciones muy altas. Hay edificaciones que no perdieron la verticalidad, fallaron sus columnas y deben ser apuntalados y reforzados, pero en muchos de los casos que observamos hay edificios con cierto grado de inclinación. Al fallar las columnas en la planta baja, empiezan a fallar vigas y placas, que son parte del esqueleto de la edificación. Para edificios que quedaron en condiciones fatales, obviamente aplica el proceso de demolición».

Cuando una estructura pierde su eje vertical, las columnas inferiores sufren fallas por corte o compresión axial, arrastrando a los elementos horizontales. Esto representa un peligro inminente de colapso súbito o colapso progresivo por gravedad, un criterio técnico ampliamente respaldado por los lineamientos de análisis de cargas residuales y estabilidad postsísmica de la norma de Cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios y otras estructuras (ASCE 7). Ante este panorama, los edificios inclinados que dejó el sismo en La Guaira son técnicamente inviables de rescatar y deben ser derribados por orden de las autoridades.

Con Castillo coincide el ingeniero Mario Lieghio, presidente de la Cámara de Construcción de La Guaira. «Para poder determinar que las edificaciones son calificadas para ser demolidas es necesario hacer un protocolo de inspección visual, luego un estudio patológico que determina que la edificación no puede ser reparada y que genera un riesgo de seguridad para la comunidad adyacente», menciona a TalCual.

Lieghio añade que «los daños más frecuentes que llevan a la decisión de demoler corresponden a fallas severas en las columnas, es decir, han perdido su capacidad de soporte y la pérdida de la verticalidad del edificio en un grado que haya perdido su eje producto de la desnivelación del suelo o cuando el deterioro de la edificación es tan grande que el costo de reparar supera construirlo nuevamente».

Explica que en los casos de edificios marcados con etiqueta roja, se deben someter a una segunda inspección en la que se determinará el nivel de deterioro de la estructura bien sea en columnas, vigas o nodos. Para ello, expone, «un ingeniero patólogo de estructura realizará estudios con equipos y aparatos que establecerán: la verticalidad del edificio, la consistencia del concreto y la condición del acero».

Métodos de demoliciones

La selección del método de demolición no se toma a la ligera; responde estrictamente a la altura de la edificación, su volumen, la densidad del entorno urbano y el margen de seguridad para el personal operativo. Al desglosar los procedimientos aplicables, el ingeniero Castillo detalla los métodos existentes según las características de cada estructura:

Medios mecánicos: Se despliegan principalmente en edificaciones de baja y mediana altura, o en estructuras donde el acceso de equipos pesados es viable y seguro. Se emplean retroexcavadoras equipadas con martillos hidráulicos, mandíbulas o tenazas de corte especializadas para seccionar elementos metálicos, además de palas excavadoras para la carga y retiro de los escombros resultantes. Para estructuras de menor altura o espacios confinados, la demolición se ejecuta de forma manual o semi-manual mediante el uso de martillos neumáticos.
Implosión con voladura controlada (uso de explosivos): Es el método reservado por los expertos para edificaciones altas o de gran volumen que representan un riesgo inaceptable para el personal si se abordaran de forma manual o mecánica. El objetivo físico de la implosión, tal como señala Castillo, es lograr que la estructura «caiga en su mismo sitio una vez hecha la detonación y así evitar que afecte a estructuras laterales o casas vecinas». Las cargas se calculan milimétricamente para que el edificio colapse verticalmente sobre su propio eje.

A nivel internacional, los manuales de ingeniería de demolición dictan una advertencia estricta en este punto: el uso de cargas explosivas en edificios que han sufrido daños por terremotos severos exige cálculos de altísima precisión o está fuertemente desaconsejado en estructuras con daños indeterminados. La razón técnica radica en que un sismo de gran magnitud genera microfracturas invisibles, fatiga del acero de refuerzo y fisuras internas en todo el concreto armado. Estas fallas ocultas alteran la propagación de las ondas de choque de los explosivos, haciendo que el comportamiento de la estructura durante la detonación sea impredecible y elevando drásticamente el riesgo de un colapso en dirección no planificada.

Pared fracturada de un apartamento. Edificio Belo Horizonte. Foto Roison Figuera

Abismo operativo

En la ingeniería convencional y bajo el estricto cumplimiento de la Norma Venezolana Covenin 2246-90, cualquier demolición planificada para dar paso a un proyecto urbano moderno exige una fase previa fundamental conocida como el «desnudado» o desmantelamiento de la edificación. Antes de tocar una sola columna con maquinaria o explosivos, las cuadrillas deben retirar vidrios, tabiquería liviana, mobiliario, carpintería, y realizar el corte y bloqueo definitivo de todos los servicios básicos para evitar contaminación ambiental o accidentes colaterales.

Sin embargo, el escenario posterremoto en La Guaira impone una cruda realidad que rompe con todo manual tradicional. Como explica con claridad el ingeniero Luis Castillo al contraponer la teoría con la emergencia por la catástrofe natural:

«En el caso de cuando son demoliciones planificadas en condiciones normales, se debe desnudar la estructura en general, quitar los elementos contaminantes, cortar servicios y ejecutar la demolición. Pero en el caso particular de La Guaira, ya no son planificadas porque nadie esperaba un doblete sísmico. Las que no cayeron, gran parte quedaron con fallas estructurales graves que deben ser demolidas porque presentan riesgo de caída súbita sobre casas donde habita gente. Ya no son demoliciones en condiciones normales, sino sobrevenidas; es decir, no vas a poder desmantelar una edificación. Hay edificaciones que cayeron parcialmente y al ser demolidas no se les puede eliminar los elementos contaminantes: van a tener que ser demolidas con todo adentro y, una vez en el bote, hacer la clasificación que amerite».

A esta complejidad técnica se suma un factor humano y normativo ineludible. De acuerdo con los protocolos internacionales de gestión de desastres y búsqueda urbana (como los estándares operativos de Insarag —Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la ONU—, en escenarios donde existan reportes, indicios o la certeza de que aún hay personas o cuerpos atrapados bajo los escombros (como ocurre en complejos siniestrados del litoral), las labores humanitarias, de rescate y de recuperación forense se anteponen de forma categórica y absoluta a cualquier plan de demolición mecánica o masiva.

Ninguna autoridad puede ordenar una demolición pesada sin haber agotado el rastreo técnico exhaustivo. Asimismo, cuando la demolición de una estructura inestable es inevitable para acceder a zonas confinadas, la maquinaria debe operar bajo la observación milimétrica y directa de rescatistas en tierra, evitando que las palas mecánicas destruyan evidencias humanas o trituren osamentas.

La norma para demoliciones

Ejecutar una demolición controlada, en especial si se opta por el uso de cargas explosivas, requiere un engranaje interinstitucional y logístico de proporciones gigantescas. No se trata únicamente de derribar paredes, sino de blindar el perímetro para evitar tragedias mayores.

Este engranaje exige la participación coordinada de múltiples actores técnicos y de seguridad, amparados en las normativas de seguridad industrial y salud ocupacional (como el uso obligatorio de indumentaria bajo la Norma Covenin 2237, cascos de protección Covenin 815, y equipos de protección respiratoria especializada Covenin 1056 para mitigar la inhalación masiva de partículas de concreto pulverizado y sílice):

Especialistas tácticos y militares: Tal como detalla el ingeniero Castillo, participan ingenieros de minas y expertos en explosivos, encargados de la supervisión técnica, acompañados de expertos en polvorines para el resguardo temporal del material pirotécnico, además de zapadores y explosivistas militares de la Fuerza Armada.
Fuerzas de custodia y seguridad: Despliegues estrictos para custodiar tanto el material explosivo durante su traslado y colocación en los nodos de la estructura como para garantizar la intangibilidad de la zona de trabajo.
Gestión de riesgos, prevención y mitigación: Cuerpos de Bomberos y Protección Civil, responsables de acordonar el perímetro de seguridad, desalojar preventivamente a las comunidades vecinas y aportar apoyo logístico con camiones cisternas para rociar agua a presión de manera constante antes, durante y después del derribo, mitigando la enorme y tóxica nube de polvo suspendido.
Empresas de servicios básicos y estatales: Cuadrillas especializadas en la desconexión definitiva y segura de gas, electricidad y acueductos, junto con la participación fundamental de empresas del Estado como la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), ente que produce y suministra el material explosivo en el país.
Permisología legal, urbana y ambiental: Un entramado burocrático que involucra la tramitación de permisos de manejo de explosivos ante la Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de la Defensa, la venia de las alcaldías locales para los proyectos de demolición urbana, y la autorización y supervisión del Ministerio de Ecosocialismo (Minec) para regular la disposición final de los desechos en botes temporales autorizados, donde posteriormente se procederá a clasificar los escombros para eliminar riesgos mayores de contaminación ambiental a largo plazo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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