¿Cómo la Política de Gustavo Petro Aumentó la Minería Illegal en Colombia?
El paro con bloqueos a vías claves, decretado por pequeños mineros de Antioquia y con el que recibieron al gobierno Petro el 21 de septiembre del 2022, dio la pauta de cómo sería el manejo en los cuatro años que estaban por venir.
Los mineros se la jugaron con las vías de hecho para protestar y frenar la persecución de las autoridades en la recta final del gobierno de Iván Duque. A finales de febrero del 2022, las fuerzas operativas del ejército, al mando del general Zapateiro, destruyeron una serie de dragas y mini dragas que identificaron como ilegales. Según las autoridades, tenían fachada de minería ancestral y tradicional, pero eran controladas por el Clan del Golfo en los municipios antioqueños El Bagre, Zaragoza y Caucasia.
El cambio de gobierno y la llegada al poder del Pacto Histórico -en el que contaban con algunos congresistas cercanos- fue la oportunidad para, con argumento de la defensa de la pequeña minería tradicional y ancestral, forzar un cambio de política del gobierno.
No habían pasado dos meses cuando ya estaban los mineros convocando a la protesta. Algunos de los manifestantes tenían una tradición de minería artesanal incluso a lo largo de varias generaciones. Otros estaban recién llegados e incluso estaban siendo instrumentalizados por poderosos grupos al margen de la ley con el arma del dinero o el fusil que suministran dragas brasileras y maquinaria amarilla para extraer de manera ilegal el oro de los ríos.
Dicha combinación de manifestantes provenientes de los municipios del noroeste y el bajo Cauca de Antioquia probó su fuerza frente al gobierno que recién iniciaba el 7 de agosto de 2022.
Salieron airosos. Contaban, además, con un respaldo clave: la recién elegida senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien se había proyectado políticamente por sus luchas en el territorio a través del movimiento Ríos Vivos.
Zuleta ha sido abanderada de causas como la de los pequeños mineros y una gran opositora del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Gracias al apoyo del ya senador Gustavo Bolívar, entró a formar parte de la lista cerrada del Pacto Histórico.
| Isabel Cristina Zuleta, la protegida de Gustavo Bolívar que empujó al Senado
Su empoderamiento fue inmediato. El recién llegado Ministro del interior, Alfonso Prada, quien entró al gobierno Petro producto de la alianza con el grupo de Juan Manuel Santos, nombró a la senadora Isabel Zuleta como garante y mediadora principal del conflicto con los mineros.
Junto a ella, fue nombrado en representación de la Cámara de Representantes John Jairo González Agudelo, un líder social nacido en Briceño, que había llegado al congreso por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), que abarca el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, escenario de una dura violencia. Dicha figura fue creada por el Acuerdo de paz con las Farc.
La protesta, que comenzó en el municipio de Cáceres y se extendió a otros puntos del departamento como Caucasia y El Bagre, bloqueó la Troncal de Occidente. Los manifestantes impidieron el trabajo de mineras con títulos legales vigentes para la extracción de oro en Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza, ocasionando fuertes perjuicios económicos y sociales en la región.
Finalmente, se instalaron las mesas de diálogo que permitieron levantar los bloqueos entre el 21 y 24 de septiembre de 2022.
Los acuerdos alcanzados les permitieron a los manifestantes anotarse una victoria que los envalentonó para no solo continuar con sus actividades sino también multiplicarlas. Lo firmado constituía una señal inequívoca de mano blanda por parte del gobierno nacional. Además, marcó la pauta de lo que estaba por venir. Las decisiones también involucraban al Ministerio de la Defensa, al mando de Iván Velásquez, que como encargado de la operación de destrucción de dragas y maquinaria amarilla ilegal quedaba en pausa.
Estos fueron los acuerdos firmados por el gobierno Petro para levantar el paro:
Se suspenden operativos contra mini dragas (de 6 y 8 pulgadas) y pequeños motores hasta entre tanto se cree un protocolo que permita una identificación y caracterización de tecnología, máquinas y las sustancias químicas utilizadas en el proceso de minería en la región del Bajo Cauca antioqueño que se encuentran participando de la protesta social, dicha caracterización incluye barequeros.
Se propiciará el diálogo vinculante para la construcción de lo que será la reforma al Código Minero, en el que se tenga en cuenta las propuestas de mineros de la región del Bajo Cauca antioqueño para revisar su incorporación.
Se realizará acompañamiento para formalización y solicitud de titulación (establecer un enlace del Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, y Gobernación de Antioquia para acompañar el debido proceso de los trámites a realizar).
Debido al contexto de la zona, el Alto Comisionado para la Paz promoverá un escenario que facilite el diálogo y la participación de los lideres, con las exigencias de respeto a la vida y a la libertad, que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- OACР. El Alto Comisionado continuará promoviendo diálogos con los grupos irregulares que operan en la región para dar garantias a la Mesa de Diálogo.
La Policía Nacional y las Fuerzas Militares garantizan no perfilar ni judicializar en razón de la protesta social a las y los voceros y participantes de la protesta pacífica realizada, con la cual se suscribe el presente acuerdo. A excepción de los delitos que no se encuentran en el marco del derecho constitucional a la protesta.
Con dicho acuerdo, se dio una señal que tuvo como consecuencia la multiplicación de mineros con dragas brasileras y maquinaria amarilla en las riveras con riqueza aurífera y muy especialmente en la zona del bajo Cauca, una región permeada por la presencia de grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido también como Clan del Golfo y el ELN. Incluso, dichas organizaciones criminales tenían enfrentamientos entre ellas.
Las fuerzas militares bajaron la guardia y la destrucción de dragas ilegales disminuyó significativamente, tal como lo demuestra este cuadro, en la transición del gobierno Petro.
Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023
Gráfico No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023
Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa
El paro de septiembre del 2022 marcó la dinámica que tendría el sector por cuenta de la política del gobierno, a la que se sumó el alto precio del oro en el mundo. Dicha alza se convirtió en un estímulo para la multiplicación de mineros.
Una Ministra de Minas en contravía de toda actividad extractiva
En el Ministerio de Minas se estrenó la ambientalista Irene Vélez, alineada con el anti extractivismo como política eje del gobierno Petro, quien no se esforzó por restaurar las actividades mineras legales.
Dicho propósito no formaba parte de su agenda por considerar, además, que el Código minero vigente, que rige hace casi 25 años, fue construido para favorecer a las grandes mineras y las multinacionales en detrimento de los pequeños. Aunque el Pacto Histórico se propuso modificarlo, terminó el período presidencial sin lograrlo.
El contexto de prejuicios ideológicos y políticos marcó un escenario que paralizó las acciones disuasivas para frenar la multiplicación de dragas ilegales, tal como ocurrió.
Un ejemplo de ello ha sido el río Nechi, uno de los afluentes importantes del río Cauca, cuya devastación ambiental y social ha sido causada por la extracción ilícita de oro. En dichos métodos, el mercurio es una de las herramientas utilizadas, que ha generado la destrucción de más de 60.000 hectáreas en la región, tal como evidencia este video tomado por un piloto aficionado en mayo pasado.
Este es el panorama de la extracción ilícita de oro en el río Nechí, en el bajo Cauca antioqueño. Decenas de dragas ilegales operan sobre sus laderas, removiendo toneladas de tierra, alterando el cauce natural y destruyendo ecosistemas estratégicos. La devastación ya es visible… pic.twitter.com/YtDngIxOBk
— Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) June 4, 2026
Las 20 dragas brasileras registradas pasaron a 200 en tres años. La proliferación de astilleros sobre el río para ensamblarlas, con valores que alcanzan los $ 6.000 millones, confirma que se trata de una actividad financiada por economías ilegales. Igual sucede con el movimiento sobre el río con tráfico de insumos como ACPM y mercurio para la extracción de oro.
En Caucasia, se reunieron 20.000 mineros que se movilizaron en octubre del 2024 bloqueando la actividad del sector y el transporte en la región. Ya había ocurrido otro episodio de protesta en El Bagre en marzo del mismo año.
El 21 de octubre del 2024 se vivió un nuevo paro en las zonas mineras del país para frenar Decreto 1035 del 14 de agosto de 2024 que facultaba a la Policía, el Ejército y la Armada Nacional para ejecutar medidas de destrucción, inhabilitación o neutralización de la maquinaria pesada utilizada para explotación de minerales sin el correspondiente título minero.
Dicho decreto quedó en el papel, mientras que las empresas con título minero en regla y tan antiguas como Mineros S.A., que opera desde hace 70 años con un título que viene desde la colonia, en el Bajo Cauca –con su campo de operación en el Bagre-, padecen la inacción de las autoridades tanto locales como nacionales.
Todos los paros mineros durante el gobierno tuvieron el mismo objetivo: frenar los operativos militares contra las actividades mineras que no cumplen con las normas establecidas. Y lo consiguieron.
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