Colombia y el éxodo venezolano: 10 años de gestión migratoria y su impacto social

Recientemente fue presentado en Bogotá el libro “10 años de la respuesta de Colombia a la migración venezolana”, escrito por los investigadores Francesca Ramos Pismataro, Ronal F. Rodríguez, María Clara Robayo León y Txomin Las Heras Leizaola, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

La publicación, editada en alianza con la Fundación Konrad Adenauer (KAS), aborda de manera cronológica el contexto político, social y económico de Venezuela y su relación con Colombia. Se hace un recuento de los principales hechos migratorios acaecidos en Colombia y se destaca la evolución del marco normativo colombiano, así como de las principales decisiones de política pública en esta materia durante la década 2015-2025. Contiene también entrevistas con algunos de los más importantes protagonistas de la gestión migratoria colombiana, quienes cuentan los pormenores de su experiencia.

Presentamos las conclusiones del libro, que reflejan su contenido:

Colombia, por su ubicación geoestratégica, se ha convertido en el epicentro del fenómeno migratorio venezolano. Además de los 2,8 millones de migrantes que decidieron quedarse en el país, por su territorio ha transitado una parte importante de los casi 8 millones de personas del éxodo venezolano que se han dirigido a otras naciones de Sur, Centro y Norteamérica. En los últimos meses, también ha sido un punto de recepción de la llamada migración inversa, generada a partir de las medidas migratorias restrictivas adoptadas en los Estados Unidos.

Debido a los 2.219 kilómetros de frontera que comparte con Venezuela, Colombia ha experimentado la denominada migración pendular, que ha permitido que cientos de miles de venezolanos que viven en su país se trasladen por horas, días o semanas a territorio colombiano para acceder a bienes y servicios escasos y deficientes en su nación, como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que padece.

Colombia también ha recibido del país vecino a un número importante de connacionales y a sus descendientes, algunos con documetación colombiana y otros sin ella, conformando una población invisibilizada y con escasa respuesta institucional. Asimismo, han arribado perseguidos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en momentos de intensificación de la represión en Venezuela. Sin embargo, el Estado colombiano ha sido criticado por no contar con una política ágil y efectiva de protección internacional.

La sociedad colombiana se ha movilizado en su conjunto para afrontar los retos migratorios, especialmente aquellos derivados de la llegada de población venezolana. El Estado ha tenido un papel preponderante a través de sus tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y en sus distintos niveles: nacional, departamental y municipal. A su vez, la sociedad civil, mediante organizaciones no gubernamentales, la academia y la propia comunidad venezolana organizada, ha participado activamente no solo en la asistencia humanitaria, sino también en los procesos de integración y generación de conocimiento. Por su parte, la cooperación internacional —organismos multilaterales y agencias de otros países— ha jugado un rol clave tanto en el financiamiento como en la transferencia de experiencia.

Quizás el aspecto más destacable de la respuesta colombiana fue la apuesta por regularizar a la mayor parte de los venezolanos que se encontraban en el país antes del 31 de enero de 2021. Primero, a través de distintas ediciones del Permiso Especial de Permanencia (PEP), y luego mediante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que otorgó el Permiso por Protección Temporal (PPT) a casi dos millones de personas, lo que le valió un amplio reconocimiento internacional. Más recientemente, se han intentado políticas de regularización más focalizadas, con resultados modestos.

En los últimos diez años, la política migratoria colombiana ha experimentado un desarrollo sin precedentes. La magnitud y complejidad de la migración venezolana, originada por una profunda crisis humanitaria, impulsaron la creación de marcos normativos e institucionales que transformaron la manera en que Colombia gestiona la movilidad humana, convirtiéndola en un referente global en materia de acogida e integración. Este avance se ha reflejado especialmente en la ampliación de mecanismos excepcionales de regularización, la atención en salud, la protección de los derechos de la niñez y la implementación de estrategias de atención humanitaria.

A pesar de los avances en regularización, el sistema de reconocimento de la condición de refugio ha mostrado un desarrollo limitado. Mientras los mecanismos excepcionales han permitido ofrecer alternativas de estatus legal a un amplio número de migrantes, el procedimiento de asilo ha quedado rezagado y, en muchos casos, solapado y distorsionado por dichas medidas. Esto ha restado visibilidad y eficacia al sistema de refugio como instrumento esencial para restablecer derechos a quienes huyen de persecución o violencia generalizada.

En gran medida, el marco normativo de la política migratoria colombiana ha sido impulsado por pronunciamientos de la Corte Constitucional, cuyas sentencias han marcado hitos en la garantía de derechos de la población migrante y refugiada. Esto ha sido posible gracias al trabajo sostenido de organizaciones sociales dedicadas al litigio estratégico, que han brindado asesoría y acompañamiento legal a migrantes mediante acciones judiciales e incidencia orientadas a promover el reconocimiento de derechos fundamentales. Su contribución ha sido clave en el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos en la gestión migratoria.

La llegada masiva de retornados, migrantes y refugiados desde Venezuela, en un contexto en el que Colombia carecía de marcos normativos especializados, dio lugar al desarrollo de múltiples medidas legales ad hoc, de carácter provisional y extraordinario. Estos actos administrativos conforman hoy buena parte del marco normativo migratorio. En su mayoría son decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones reglamentarias. Muchas de estas medidas se adoptaron en períodos de Emergencia Económica, Social y Ecológica, lo que a mediano plazo podría representar un riesgo para la seguridad jurídica de la población migrante. Sin embargo, estos instrumentos permitieron al Estado actuar con celeridad en contextos que exigían respuestas inmediatas.

Antes de 2015, Colombia contaba con un entramado jurídico e institucional que sentó algunas de las bases de su actual política migratoria. A partir del orden constitucional y de compromisos internacionales en derechos humanos, el país reconocía los derechos de las personas migrantes y refugiadas, aunque con una orientación inicial centrada en los colombianos en el exterior. La creación de instancias como la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, el Sistema Nacional de Migraciones y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia reflejó los primeros esfuerzos por institucionalizar la gestión migratoria y fortalecer la coordinación interinstitucional. Sin embargo, varios mecanismos carecieron de continuidad y recursos, lo que limitó la capacidad de respuesta inicial ante los nuevos flujos.

El período 2015-2017 marcó la transición hacia una gestión más humanitaria y reactiva frente a la crisis con Venezuela. La expulsión masiva de colombianos en agosto de 2015 impulsó medidas excepcionales de protección que sentaron las bases de la respuesta posterior.

Durante esos años, el Gobierno priorizó la atención inmediata a la población retornada y la protección de sus derechos fundamentales mediante decretos, registros especiales y mecanismos de coordinación interinstitucional liderados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cancillería y Migración Colombia. Estas acciones evidenciaron la capacidad de respuesta del Estado ante una crisis sin precedentes.

El momento más álgido de la crisis se ubica entre 2018 y 2019, cuando la política pública giró hacia la regularización como estrategia central. Instrumentos como el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) y los permisos especiales de permanencia permitieron avanzar en la formalización de la población migrante y en su acceso a derechos fundamentales como salud, educación y trabajo.

Durante este período, el reconocimiento del pasaporte vencido como documento válido y programas como Primero la Niñez reflejaron un enfoque humanitario. La creación de la Gerencia de Frontera y el CONPES 3950 fortalecieron la coordinación institucional.

En 2020, la pandemia de COVID-19 profundizó la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente de quienes estaban en situación irregular. La crisis evidenció las limitaciones de los mecanismos existentes y la necesidad de un modelo más integral, lo que impulsó el ETPV en 2021.

Ese año también registró avances como la ampliación del acceso a la salud para migrantes con PEP, la creación del PEPFF, programas como Ingreso Solidario y lineamientos sanitarios no discriminatorios. Asimismo, la creación del Observatorio Nacional de Migración y Salud fortaleció la toma de decisiones basada en evidencia.

El período 2021-2022 estuvo marcado por la implementación del ETPV y la aprobación de la Política Integral Migratoria (PIM), que orientaron la respuesta hacia la integración socioeconómica. Esto permitió incorporar a millones de migrantes al sistema institucional. Sin embargo, persistieron desafíos en la capacidad operativa, la articulación institucional y el acceso efectivo a derechos.

El trienio 2023-2025 ha sido una etapa de transición institucional. Aunque se han creado nuevos espacios como el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y el Viceministerio de Asuntos Migratorios, los temas migratorios se han fragmentado en la gestión estatal y han perdido centralidad en la agenda política.

Medidas como la Visa V–Visitante Especial y el PEP-Tutor representan intentos de continuar la regularización, pero sus requisitos han limitado su alcance.

La cooperación internacional ha sido un pilar fundamental, aportando recursos técnicos y financieros para fortalecer la capacidad institucional y promover la integración. Sin embargo, la disminución de estos recursos ha afectado la continuidad de proyectos y la capacidad de respuesta.

Ante este escenaro, Colombia enfrenta el desafío de avanzar hacia una mayor sostenibilidad interna, fortaleciendo presupuestos, articulación institucional y alianzas público-privadas.

A lo largo de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, se ha mantenido una línea de continuidad basada en la regularización y la garantía de derechos, pese a diferencias políticas y a un contexto internacional más restrictivo.

Aun así, persisten vacíos importantes. La irregularidad sigue siendo alta, lo que exige mecanismos más eficientes para evitar la marginación de amplios sectores.

También queda camino por recorrer en la integración plena de la población venezolana, especialmente en acceso al empleo formal y en el combate a la xenofobia.

Resulta clave facilitar la transición desde el ETPV hacia estatus de residencia más estables e incluso la nacionalidad, para permitir a los migrantes construir un proyecto de vida duradero.

En un contexto preelectoral de cara a 2026 y 2027, es urgente que los temas migratorios formen parte del debate público y de los programas políticos.

La relación entre Colombia y Venezuela es profunda, interdependiente y estratégica, no solo por los 2.219 kilómetros de frontera, sino por los vínculos históricos, económicos, culturales y sociales. Hoy, estos lazos se ven reforzados por el flujo migratorio que conecta a ambas sociedades y entrelaza a millones de familias.

Comprender la realidad venezolana —marcada por un régimen autoritario— resulta esencial, ya que lo que ocurre en ese país tiene efectos directos en la seguridad, el desarrollo y la estabilidad democrática de Colombia.