Venezuela y su crisis plástica: 852.000 toneladas de desechos sin regulación legal

Antalya.- Vivimos rodeados de plásticos, pero la velocidad con la que se fabrica y se consume ya va muy por delante de cualquier intento por gestionar los residuos que dejan. A nivel global, se fabrican más de 400 millones de toneladas al año, que equivalen al peso de 1.200 edificios como el Empire State o cinco ciudades enteras llenas de rascacielos. Apenas el 10% de ellos se recicla, pues el resto termina acumulándose en vertederos, espacios naturales y océanos, donde puede permanecer durante décadas antes de degradarse.

En los últimos años, en América Latina y el Caribe, la cantidad de plástico producido por habitante pasó de unos 7 kilogramos anuales en la década de los 80, a 35 kilogramos en la actualidad. Si la tendencia continúa, podría alcanzar entre 60 y 80 kilogramos en los próximos 20 años, niveles similares a los de países desarrollados. Hoy, la región genera más de 20 millones de toneladas de residuos plásticos, con Brasil, México y Argentina a la cabeza, con 7,4 millones, 6,7 millones y 1,9 millones de toneladas, respectivamente.

En ese mapa, Venezuela, aunque dista de una cifra tan alta, tiene una particularidad y es que no solo enfrenta el problema de los residuos, sino que también forma parte de la industria regional, junto a Colombia y, otra vez, Brasil, México y Argentina, fabricante de la materia prima para elaborar estos productos, con las resinas plásticas, asociadas a la producción petrolera, que en sí, con su contaminación estimada de 729 millones de toneladas de CO2, ya amenaza con generar un impacto similar al de la detonación de una bomba de metano por su posible aumento tras nuevos acuerdos con grandes potencias.

Pero antes de seguir, ¿qué tiene que ver el petróleo con el plástico? Todo comienza cuando la industria petrolera extrae petróleo y gas natural, los calienta para separar sus componentes básicos y los vuelve a unir en cadenas químicas que forman unas bolitas pequeñas a las que se les llama resinas plásticas, que se venden a las fábricas para hacer desde botellas hasta teléfonos. En el mundo, muchas petroleras usan esto como un salvavidas adicional para seguir ganando dinero con el crudo que sobra. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) ha dicho que “los plásticos se fabrican abrumadoramente a partir de productos petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural”.

Aun así, Venezuela no ha desarrollado una legislación nacional específica para regular estos materiales. El informe Panorama de Leyes sobre Plásticos en América Latina y el Caribe (2025), elaborado por la Alianza Global para Alternativas a la Incineración y la organización Break Free From Plastic, estima que el país genera unas 852.000 toneladas de residuos plásticos al año.

La cifra es una estimación calculada a partir de la población venezolana y el consumo de plástico por habitante y no corresponde a un registro oficial de desechos recolectados o reciclados. Pero el vacío normativo que identifica el informe sí es concreto. La nación cuenta con leyes generales sobre ambiente y gestión de basura, pero no con una legislación integral dedicada a los plásticos.

El país tiene la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Gestión Integral de la Basura. Ambas establecen disposiciones generales para la protección ambiental y el manejo de residuos, mas no desarrollan reglas específicas para reducir la producción y el consumo de plásticos, ni para controlar de manera integral su ciclo de vida.

“Algunas municipalidades han implementado ordenanzas locales para regular ciertos aspectos del uso de plásticos. El municipio Chacao (Caracas) implementó en 2019 una ordenanza que promueve la reducción de plásticos de un solo uso en comercios. El estado Nueva Esparta ha desarrollado campañas para reducir el uso de plásticos en zonas costeras y turísticas”, se lee en el documento compartido a TalCual. 

Sin embargo, estas acciones no sustituyen una política nacional que establezca obligaciones para fabricantes, distribuidores y comerciantes, ni mecanismos de seguimiento y sanción. Tampoco resuelven la falta de información sobre cuánto plástico se produce, se consume, se desecha o se recupera en el país.

El propio informe advierte que los datos sobre residuos plásticos en las Américas “no son consistentes ni homogéneos, y en muchos casos son inexistentes”. Esa falta de información dificulta dimensionar el problema y evaluar si las medidas adoptadas están dando resultados.

Brasil y Colombia avanzan pero no lo suficiente

El panorama regional muestra respuestas distintas. De los 34 países de América Latina y el Caribe analizados en el informe, 23, que representan el 68%, tienen algún tipo de legislación nacional específica sobre plásticos. Otros cuatro cuentan con medidas importantes a escala estatal o departamental, mientras que siete no han desarrollado una regulación nacional integral.

Brasil, uno de los mayores generadores de residuos plásticos de la región, todavía no tenía en 2025 una ley federal dedicada exclusivamente a estos materiales. Su marco general es la Política Nacional de Residuos Sólidos, aprobada en 2010, que establece responsabilidades compartidas entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores y gobiernos municipales.

El país también acumula al menos 214 normas estatales y municipales relacionadas con plásticos de un solo uso. Sin embargo, cerca del 75% se concentra en productos como pitillos, vasos y otros artículos específicos. Una propuesta legislativa para reducir y retirar progresivamente distintos productos plásticos de un solo uso seguía en discusión, sin convertirse en ley.

Colombia, por su parte, aprobó en 2022 la Ley 2232, conocida como «Ley Chao Plásticos». Su primera fase entró en vigor el 7 de julio de 2024 y prohibió ocho productos de un solo uso, entre ellos bolsas de supermercado, pitillos, mezcladores y soportes plásticos para globos y copitos. La meta es retirar progresivamente 21 productos para 2030.

La norma colombiana contempla sanciones económicas para quienes incumplan las restricciones. No obstante, el informe también identifica obstáculos para aplicarla, pues hay dificultades de seguimiento por parte de los municipios, retrasos en la implementación y falta de criterios técnicos para algunos productos que se presentan como biodegradables o compostables.

El documento advierte, además, que ciertas excepciones vinculadas con el aprovechamiento y reciclaje podrían debilitar el alcance de las prohibiciones si las empresas consiguen demostrar determinados porcentajes de recuperación de materiales. Los casos de Brasil y Colombia muestran que aprobar una ley no resuelve por sí solo la contaminación. También hacen falta capacidad institucional, controles y alternativas viables para sustituir los productos restringidos. El informe identifica precisamente tres obstáculos que se repiten en la región, que son la aplicación deficiente de las normas, resistencia del sector privado y dificultades para ampliar el acceso a materiales alternativos.

Un acuerdo mundial que sigue pendiente

La falta de regulación también es un problema internacional. En agosto de 2025, los países que negociaban un tratado mundial contra la contaminación por plásticos terminaron sin alcanzar un consenso en Ginebra, después de diez días de conversaciones.
Las diferencias se concentraron en asuntos cetrales, como que si el acuerdo debía establecer límites a la producción de plástico, qué sustancias químicas y productos debía restringir, cómo se financiaría su aplicación y qué mecanismos tendría para garantizar que los países cumplieran sus compromisos.

La directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen, reconoció entonces que las negociaciones no habían conseguido el texto esperado. «Aunque no logramos el texto del tratado que esperábamos, en el Pnuma continuaremos trabajando contra la contaminación por plásticos», expresó.

En febrero de 2026, los países retomaron la reunión para elegir a un nuevo presidente del comité negociador, pero no hubo negociaciones sustantivas. La siguiente sesión formal está prevista para marzo de 2027, mientras continúan las consultas entre los gobiernos para intentar acercar posiciones.

La discusión internacional sigue abierta, sí, pero en el entretiempo las proyecciones del Fondo Mundial para la Naturaleza advierten un futuro cada vez más aterrador: “para el 2040, se espera que la producción de plástico incremente más del 100% y que la contaminación por plásticos se triplique. Para entonces, el plástico representaría el 20% del presupuesto de carbono a nivel global y aceleraría la crisis climática.

Es ahí, en ese escenario, que el caso venezolano tiene una deuda propia: establecer reglas para un material que el país también produce y cuyos residuos no cuentan con un sistema nacional específico de regulación. Porque entonces, mientras otros gobiernos discuten cómo limitar los plásticos de un solo uso y controlar su ciclo de vida, Venezuela todavía ni si quiera ha construido una legislación que aborde el problema de manera integral.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.