Acusaciones de Corrupción en el Caso Pdvsa Cripto: Una Red de Despojo que Involucra al Poder Político en Venezuela

Imputados de la trama Pdvsa-Cripto denuncian una red de despojo corporativo operada bajo coacción en calabozos militares. Los testimonios coinciden en que los aparatos de seguridad se instrumentalizaron para fabricar expedientes y confiscar bienes, involucrando a una cadena de 20 nombres del entorno político, judicial y empresarial. Acusados de corrupción señalan a otros de corrupción.

El banquillo de los acusados en el juicio del caso Pdvsa Cripto ha servido como ventilador de acusaciones de los señalados por corrupción para apuntar a quienes, en posiciones de poder y en órganos de «seguridad», también se corrompieron. Presuntamente.

Los testimonios apuntan a que los aparatos de contrainteligencia militar habrían sido instrumentalizados no para esclarecer el desfalco petrolero, sino para forzar la transferencia gratuita de activos privados y confeccionar expedientes falsos.

El piso 6 del Palacio de Justicia en Caracas, a donde la jueza prefiere que no entren ojos ni oídos de la prensa, la causa judicial iniciada por el Ministerio Público se ha convertido en un torneo de señalamientos de exjerarcas del PSUV primero y empresarios turbios después contra sus captores. Las transcripciones de las audiencia a las que ha tenido acceso TalCual incluyen acusaciones contra el exfiscal general Tarek William Saab, contra su hermano, contra altos funcionarios del Poder Judicial, contra jefes de cuerpos de seguridad, contra la familia Maduro Flores, y contra operadores empresariales. Algunas veces con documentos en la mano por quienes llegan desde los calabozos a los que ingresaron entre 2023 y 2024.

El caso Pdvsa Cripto es un mega desfalco a la estatal petrolera. La agencia Reuters report en marzo de 2023 que, de acuerdo con documentos proporcionados internos de Pdvsa, había 21.200 millones de dólares en facturas impagadas por exportaciones petroleras facturadas entre enero de 2020 y marzo de 2023. Se presumía que el dinero había sido desviado a beneficio privado.

En la acusación presentada por el Ministerio Público, que tiene más de 1.700 páginas, se estima que el daño provocado por la trama al erario es de más de 5.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela estima que las pérdidas por el desfalco superan los 16.000 millones de dólares.

Nombrados en el banquillo

Las actas y minutas judiciales del caso Pdvsa Cripto ha ido dejando un inventario de personas naturales señaladas directamente por varios de los más de 60 imputados (Tareck El Aissami, Hugbel Roa, Rafael Perdomo, Ranieri Covo Rosso y los De Grazia) durante la fase de juicio oral:

Tarek William Saab: Fiscal General de la República. Señalado por El Aissami de coordinar la causa penal como una purga política y un mecanismo de violación de derechos humanos.
Douglas Saab: Hermano del Fiscal General. Señalado por Hugbel Roa de monopolizar las contrataciones de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco desde hace dos décadas.
M/G Iván Hernández Dala: Jefe de la Dgcim. Señalado por El Aissami y Ranieri Covo Rosso por tratos crueles, torturas psicológicas y aislamiento.
G/D Alexander Granko Arteaga: Director de la Dirección de Acciones Especiales (DAE) de la Dgcim. Señalado por Covo Rosso como parte de la cadena de mando represiva.
M/G Javier Marcano Tábata: Alto oficial militar de la Dgcim. Señalado por El Aissami y Covo Rosso de haberlos torturado.
General José Luis Seijas Montilla: Director de Investigaciones de la Dgcim. Señalado por El Aissami y Covo Rosso se haberlos torturado.
Jimmy Germán Ibarra: Director de la Dgcim-Mérida. Señalado por Ranieri de saquear su casa familiar, restaurantes y enseres, y hacerse pasar falsamente por «representante legal» de sus empresas para desviar fondos.
Yanni Calderón, alias «El Sirio»: Funcionario de la Dgcim en el centro de castigo Cacique Guaicaipuro. Señalado de aplicar tortura psicológica a Covo Rosso mediante la privación del sueño y la restricción severa de agua.
Alias ​oficial «Santiago» (Dgcim): Teniente Coronel Señalado por Daniel De Grazia de haberlo extorsionado en los sótanos de la Dgcim en Boleíta.
Alfredo Porteles: Banquero señalado por Carmelo De Grazia de haber estado presente durante videollamada forzada desde la Dgcim para concretar la venta de Compass Bank.
Ibrahim Velutini Sosa: Banquero señalado por los De Grazis de haber recibido una transferencia forzada de las acciones de Compass Bank en Dominica.
Frank Campos: Funcionario militar señalado por El Aissami en su cadena de mando de torturas.
La familia Maduro Flores: Señalados por Carmelo De Grazia de haber asumido el control fáctico de Bancamiga.
Carlos Erik Malpica Flores: Sobrino de Cilia Flores y señalado por los De Grazia de ser quien operó la toma de Bancamiga en alianza con José Simón Elarba.
Carla Hurtado Sosa: Señalada por los De Grazia como presunta testaferra en la estructura societaria de Malpica Flores.
José Simón Elarba: Accionista de Fospuca. Señalado por los De Grazia de apropiarse del Colegio Jefferson, Bancamiga y otras 14 empresas aprovechando la incomunicación de los dueños.
Funcionarios Quintana y Flores (Sebin): Señalados por Rafael Perdomo por extorsión, hambre y falsificación de firmas para involucrar en sobornos a la alcaldía de Baruta.
Farik Karin Mora Salcedo: Fiscal de la causa. Denunciado por abogados defensores por hostigamiento, y solicitada su recusación (no procedió).
Eddie Rodríguez: Fiscal del Ministerio Público, señalado por El Aissami como parte de la estructura judicial violadora de garantías.
Carlos Liendo: Juez de Control de la causa, señalado de irregularidades procesales por Tareck El Aissami.

De acusados a acusadores

Hasta ahora, quienes se han sentado el banquillo para levantar el dedo y acusar a otros son:

Tareck El Aissami: Exvicepresidente, exministro de Interior, exgobernador de Aragua, exministro de Petróleo, exministro de Producción. Se le señala de haber incurrido en los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales, valimiento de relaciones o influencias y asociación para delinquir. Fue detenido en 2024 tras pasar un año fuera del radar público. Una investigacion de Armando.info encontró papeles donde se evidencia que la estrategia seguida por El Aissami junto al entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el mayor del Ejército Antonio Pérez Suárez –también detenido–, hizo desaparecer 8.406 millones de dólares que quedaron como «cuentas por cobrar por crudo comercializado desde 2019 hasta 2022. El monto equivalía a poco más del 80% de los 10.135 millones de dólares que Pdvsa debió recibir en ese período por el despacho de al menos 201 millones de barriles.
Hugbel Roa: Exdiputado del PSUV detenido en marzo de 2023. Se le señala como un operador de la red que desvió millones de dólares provenientes de la venta de petróleo a través de criptoactivos. Además, el Ministerio Público lo acusó de conformar redes de legitimación de capitales apoyadas en la prostitución –fueron famosas sus «muñecas del petróleo»– y el uso de testaferros.
Daniel y Carmelo De Grazia: Banqueros detenidos en 2024 junto a su hermano Levin –que luego pasó a arresto domiciliario–, expropietarios de Bancamiga y Compass Bank, una entidad caribeña. Según una investigacion de Armando.info, ambas instituciones bancarias se «pusieron a valer» cuando de evadir sanciones petroleras se trató. Con participación de Samark López, los bancos de los De Grazia «eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa Cripto».
Rafael Perdomo: Empresario propietario junto a sus hermanos de Constructora HP, la empresa que sin estar inscrita en la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) ni tener trayectoria conocida en el sector, logró hacerse con los proyectos más ambiciosos y millonarios de Las Mercedes, en el sureste capitalino, en plena emergencia humanitaria. Fueron detenidos en 2023 y acusados de legitimación de capitales y asociación para delinquir. La Fiscalía afirma que las Torres Guayana y Sena, entre otras, se financiaron con millas de millones de dólares en efectivo desviados del desfalco de Pdvsa. Trabajos de portales como Armando.info documentaron que el crecimiento de Perdomo no fue un milagro empresarial, sino el resultado de millonarios contratos directos asignados a dedo por ministerios y la Vicepresidencia de la República.
Wilmer Ranieri: Empresario merideño detenido junto a su hermano Massimiliano también en 2023. Se le señala de ser aliado de Tareck El Aissami y haber estado relacionado con contrabando de combustible. Según dijo, su detención se debió a una publicación de La Patilla donde se le señala de que «avanzaban en los destrozos ecológicos, violando todas las variables urbanísticas donde construyen el hotel más grande de la ciudad, atravesando la montaña, destruyendo la reserva forestal y pulmón verde de los merideños».

Guerra contra la Fiscalía

Tareck El Aissami y Hugbel Roa aprovecharon el estrado para formular denuncias en contra de la propia estructura del Ministerio Público y de los cuerpos de contrainteligencia.

El Aissami abrió el fuego al declarar formalmente ante la jueza Romero Castillo. En su testimonio, el exministro responsabilizó de la violación de sus derechos humanos, torturas y vejaciones a una cadena de mando específica encabezada por el exfiscal Tarek William Saab; los fiscales acusadores Eddie Rodríguez y Farik Karin Mora; el juez Carlos Liendo; el general Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el general Javier Marcano Tábata; el director de investigaciones de la Dgcim, José Luis Seijas Montilla; y el funcionario accionante Frank Campos. El Aissami acusó a esta estructura de instrumentar la causa penal como un mecanismo de persecución política y purga interna.

La línea fue secundada por Hugbel Roa, quien señaló directamente a Douglas Saab, hermano de Tarek William Saab. Roa lo acusó de ser contratista de la estatal Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco desde hace 20 años y de haber monopolizado toda la actividad económica y de servicios en esa zona estratégica del país.

Las consecuencias de estas declaraciones, según dijeron los acusados, provocaron una respuesta institucional inmediata dentro del Internado Judicial Rodeo I. El Aissami fue confinado a una celda de aislamiento severo en condiciones de castigo extremas, lo que llevó al exministro de Petróleo a declararse en huelga de hambre el pasado sábado 16 de mayo de 2026. Esta situación médica forzó a la jueza a suspender temporalmente el cronograma de las audiencias debido al grave deterioro físico del principal imputado.

Perdomo y Ranieri exponen torturas

Los directivos de la Constructora HP, Rafael Walter Perdomo y Wilmer Ranieri, abrieron el frente corporativo desestimando la tesis fiscal. Mostraron unas supuestas auditorías para demostrar que las Torres Guayana y Sena, en Las Mercedes, se edificaron con capitales estrictamente privados entre 2015 y 2021, antes de suscribir «contratos menores» con Pdvsa.

Perdomo acusó a los funcionarios del Sebin, Quintana y Flores, por privarlo de alimentos en su celda para forzarlo a firmar recibos falsos de supuestas coimas a directores de Baruta, con el fin de presionar políticamente al alcalde Darwin González. Asimismo, acusó al accionista de Fospuca, José Simón Elarba, de presentarse en el Colegio Jefferson inmediatamente después de su captura para coaccionar a su esposa y tomar el control unilateral del plantel como «nuevo dueño».

Por su parte, Ranieri dirigió su acusación contra la cúpula de la Dgcim: los generales Iván Hernández Dala, Alexander Granko Arteaga, José Luis Seijas Montilla, Javier Marcano Tábata y el funcionario Yanni Calderón, alias «El Sirio». Detalló que, en el centro de castigo «Cacique Guaicaipuro», «El Sirio» le aplicó tortura psicológica mediante privación del sueño con música a alto volumen las 24 horas y restricción de agua potable por cinco meses, manteniéndolo incomunicado un año y dos meses. Finalmente, Ranieri señaló al jefe de la Dgcim-Mérida, Jimmy Germán Ibarra, de apropiarse personalmente de su residencia familiar, restaurantes, locales comerciales e incluso de su vestimenta.

Desvalijamiento de Bancamiga

Las declaraciones de los banqueros Daniel y Carmelo De Grazia Suárez, expresidente de Bancamiga, revelaron ante la jueza Romero Castillo un presunto esquema de despojo patrimonial.

Daniel De Grazia relató que, tras tres meses incomunicado, un oficial alias «Santiago» junto al banquero Alfredo Porteles lo obligaron a firmar por Zoom la cesión gratuita del 90,7% de las acciones de Compass Bank, a favor de Ibrahim Velutini Sosa.

Carmelo De Grazia dijo que Bancamiga y un holding de 14 empresas fueron «tomadas» por José Simón Elarba, coaccionando a socios minoritarios. El banquero denunció que la Sudeban validó la transferencia de forma extemporánea.

De Grazia escaló la trama al vincular a la familia Maduro Flores a través de Carlos Erik Malpica Flores, extesorero nacional y sobrino de Cilia Flores, quien, según el testimonio, operó en alianza con Elarba incorporando a su cuñada Carla Hurtado Sosa como testaferra.

Los hermanos también denunciaron malos tratos, privación del sueño en cautiverio y confinamientos en «La Tumba» de Boleíta, descrita como una fosa subterránea angosta del tamaño de un ataúd tapada con un bloque de cemento y apenas una rendija para ventilación; además del despojo de un avión privado, un yate y 28 vehículos.

Tanto las defensas técnicas de los empresarios como los propios imputados cerraron sus comparecencias exigiendo la nulidad absoluta de las actuaciones fiscales con base en los artículos 25 y 49 de la Constitución, advirtiendo que la convalidación judicial de estos despojos patrimoniales liquida de forma definitiva la seguridad jurídica indispensable para la inversión económica en el país.

A todo lo que usted ha leído, agréguele presuntamente.