La mega mansión de María Victoria Solarte: escándalo que compromete al alcalde de Villa de Leyva con la Fiscalía
La obra levantada por la hija del fallecido constructor Luis Solarte multiplicó por diez el área permitida y hoy tiene en la cárcel al alcalde Gamboa
El pleito legal por la construcción de una mansión que excedió los límites permitidos involucra a una poderosa familia y a un alcalde que defiende su inocencia a pesar del manto de duda que pesa sobre su accionar. El turístico municipio de Villa de Leyva vive horas intensas entre quienes defienden a su alcalde y quienes lo atacan por sus presuntas actuaciones irregulares.
La casa de 550 metros que terminó en 5.000
En diciembre de 2020, la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. desembolsó 2.000 millones de pesos por un predio llamado San Cayetano en la vereda Sabana, en las afueras de Villa de Leyva. La empresa pertenece a María Victoria Solarte Daza, una mujer cuyo apellido carga con historia y con pleitos: es parte de la familia que durante décadas dominó las grandes concesiones viales de Colombia y que lleva años enredada en disputas por el control de las constructoras que sus padres y tíos levantaron.
Lo que pasó después en ese terreno boyacense, más otras investigaciones de la Fiscalía, tienen hoy a un alcalde preso y a varios abogados trabajando horas extra.
La licencia que obtuvo Inversiones San Jacinto en 2022 por parte de la alcaldía de Villa de Leyva, era para construir una vivienda unifamiliar de un solo piso. El área autorizada fue de 550 metros cuadrados. Pero lo que terminó edificándose en San Cayetano fue una mega hacienda que supera los 5.200 metros cuadrados con dos lagos artificiales, pesebreras de dos niveles y hasta una capilla. Una hacienda que hoy se avalúa en más de 6 millones de dólares, levantada en un lote que en 2022 costó 2 mil millones de pesos, según lo investigó El Tiempo.
El 7 de mayo pasado, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. La captura fue en la plaza principal del municipio, a pocos metros de su despacho. Los cargos que enfrenta son concusión y prevaricato. Según el ente acusador, Gamboa habría exigido el 20 por ciento del valor de la obra a Solarte Daza, a cambio de aprobar una modificación a la licencia de construcción. Además, habría pedido que contrataran a un conocido suyo con un sueldo de 13 millones de pesos mensuales. La Fiscalía tiene audios de la presunta solicitud de las coimas a la propia María Victoria Solarte Daza.
Quiénes son los Solarte
Carlos Alberto Solarte Solarte y su hermano Luis Héctor construyeron desde el departamento de Nariño uno de los grupos de ingeniería más grandes de Colombia. Empezaron en 1966 con diez kilómetros de carretera entre El Tablón y Las Mesas, y décadas después controlaban el 13 por ciento de las concesiones viales del país. Cuando Luis Héctor murió en mayo de 2012 a los 63 años, la unidad que sostenía el negocio familiar se fracturó. Su viuda Nelly Daza y su hija María Victoria iniciaron una guerra legal contra Carlos Alberto Solarte y sus herederos por el control de CSS Constructores.
Hubo demandas arbitrales ante la Cámara de Comercio de Bogotá, procesos ante la Superintendencia de Sociedades y recursos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. La disputa forzó la ruptura definitiva: Carlos Alberto se independizó con sus hijos y abrió CASS Constructores en el kilómetro 21 de la Autopista Norte. María Victoria quedó del lado materno del pleito, como accionista de CSS Constructores.
Con ese contexto, la compra del terreno en Villa de Leyva en 2020 parecía un movimiento diferente, ajeno a los tribunales y a las concesiones. Un predio en Boyacá, una inversión inmobiliaria, una hacienda. Pero los problemas llegaron igual.
La pelea entre una megaconstrucción ilegal y el alcalde
La licencia original para lo que sería una casa familiar de descanso fue firmada por el entonces secretario de Planeación Carlos Alfredo Vargas Rodríguez. Para septiembre de 2023, los dueños del predio, que no tenían licencia para el cambio en la construcción, ya habían superado con creces el límite original y fue ahí cuando solicitaron una modificación a la licencia. El alcalde Gamboa la negó en 2024, alegando que la obra violaba el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y generaba afectaciones ambientales.
La asesora jurídica del municipio, Elizabeth Patiño Zea, explicó que para ese momento ya estaba construida la vivienda principal, las pesebreras de dos niveles y la capilla, todo por fuera de lo autorizado inicialmente. El municipio pidió la nulidad del proceso y solicitó medidas cautelares. Inversiones San Jacinto demandó al municipio. Un juzgado administrativo de Boyacá confirmó la nulidad. La firma fue sancionada con una multa de 232 millones de pesos y se ordenó la demolición de la obra.
Pero la versión de Solarte Daza y su defensa, liderada por el abogado Alejandro Cadena, es otra. Según pruebas presentadas en las audiencias de legalización de captura, fue el propio alcalde quien contactó a María Victoria para exigirle el soborno, y ella lo rechazó. Los audios que entregó la defensa, en los que se escucha al funcionario pidiendo el pago, habrían sido grabados el 4 y 5 de marzo de 2025. La sanción municipal llegó en abril. Para Cadena, la secuencia no es coincidencia: la multa y la orden de demolición fueron represalia por no ceder a las exigencias del alcalde. La Fiscalía, que imputó prevaricato por acción contra Gamboa, parece estar de acuerdo con esa lectura, al menos en parte.
La defensa contrataca
La defensa del alcalde, encabezada por el penalista José Ricardo Burgos, rechaza esa versión. Burgos dice que se trata de un entrampamiento, que pedirá un cotejo de los audios, y señala que fue la propia empresa la que contrató a un cercano del mandatario para acercarse a él y conseguir los permisos. Según el abogado, ese contratado, Juan Camilo Sánchez, fue vinculado en marzo de 2025 y los señalamientos contra el alcalde solo surgieron cuando se ordenó la demolición.
El 1 de octubre de 2025, Inversiones San Jacinto había solicitado una nueva licencia. El municipio hizo observaciones. La empresa no las corrigió. El 18 de marzo de 2026 se declaró el desistimiento tácito porque el proyecto no cumplía con los componentes arquitectónicos y estructurales exigidos. La empresa interpuso recurso de reposición. El expediente seguía en manos del alcalde cuando fue detenido.
Lo que queda en pie en la vereda Sabana es una construcción que nadie puede tocar mientras los tribunales deciden, y un municipio donde la audiencia de medida de aseguramiento contra su alcalde convive con manifestaciones a su favor en las calles. La hacienda San Cayetano, con sus lagos y su capilla, sigue ahí, sin licenci que la respalde, avaluada en millones de dólares sobre un terreno donde solo podía levantarse una casa de una sola planta.
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