Indignación en Venezuela: La Falsedad del Aumento Salarial de Delcy Rodríguez y el Descontento de los Trabajadores

El aumento anunciado por el Ejecutivo dejó intacta la brecha entre ingreso y costo de vida en Venezuela. Para empleados públicos, jubilados y pensionados, el ajuste no modificó el problema de fondo. El salario sigue pulverizado, la pensión continua anclada en 130 bolívares y se mantiene una política de bonos insuficientes que no cubren por completo comida, medicinas ni gastos básicos. Perciben que la primera medida salarial de Delcy Rodríguez no se traduce en una mejora real. Más bien se ve como otro parche en un país donde sostener la vida sigue costando mucho más de lo que paga el Estado.

Foto de portada: AFP

Una notificación de WhatsApp le vibró en el teléfono a Mary Sánchez y, detrás de esa, llegaron varias más. Una tras otra. ‘Tim, tim, tim’. En el grupo del trabajo comenzaron a caer los mensajes sobre el anuncio que Delcy Rodríguez acababa de hacer la tarde del 30 de abril. «Subieron el salario integral a 240 dólares», escribió alguien. «Aumentaron el bono», respondió otro. «No estoy seguro», mandó un tercero. Las malas noticias primero se confundieron con esperanza.

Mary abrió el chat, leyó los mensajes y luego se metió en el Sistema Patria para verificar cuánto de aquello era salario y cuánto seguía siendo bono. Le bastaron unos minutos para entender que, otra vez, no hubo aumento verdadero.

«Cuando dijeron que lo iban a pagar por la página Patria, yo caí en cuenta. No es un aumento. Es bono. Nosotros estábamos muy, muy confundidos. Había mucho desconcierto y mucha rabia», dice.

Mary trabaja para el Estado en una institución en Miranda y forma parte de los 5,5 millones de empleados públicos que, según estimaciones de Transparencia Venezuela para 2022, dependen de un esquema salarial donde el sueldo formal sigue pulverizado y el grueso del dinero llega por bonos discrecionales, sin incidencia en prestaciones, vacaciones ni tampoco jubilación.

Con el anuncio, ella, como buena parte de los trabajadores del sector público, pasará a cobrar 50 dólares más sobre los 150 que ya recibía como bono, además de 40 dólares de cestaticket y un salario base de 130 bolívares. Sí, los mismos 130 bolívares que hace cuatro años equivalían a unos 30 dólares y hoy apenas representan 0,26 centavos al cambio oficial. Los mismos por los que miles de trabajadores han salido a protestar durante años sin lograr que el Ejecutivo toque el salario real.

El llamado «aumento» no modifica el sueldo, solo engorda el bono. Mary lo traduce así en lo cotidiano: «Vamos a estar igual de apretados. Dieron ese bono, aumentaron los 50 dólares, pero antes, ya uno debía ese dinero en la calle cuando llegaba a la cuenta. ¿Por qué? Porque uno pide fiado en las bodegas, en los negocios de los vecinos. 50 dólares no hacen la diferencia».

La Federación Venezolana de Maestros ha fijado en 700 dólares el costo de la canasta básica alimentaria. ¿De dónde saca un trabajador 450 dólares adicionales para cubrir las necesidades de su hogar? Necesitaría tres meses de bono para poder lograrlo. Así que, para ella, los números no dan ni antes ni ahora. Con ese ingreso resolverá lo urgente, pagará deudas pequeñas y cubrirá, como pueda, lo inmediato. También ayudará a su hija para que su nieto tenga al menos una arepa al día. No importa si sola o con mantequilla, pero que la haya.

«Con 50 dólares se logra comprar algo de charcutería y proteína, pero si pides 1.000 bolívares de cada cosa. Porque además de eso, hay que comprar el jabón de bañarse, las toallas sanitarias, el champú», sigue.

En 2025, la firma Ecoanalítica estimó que una familia de cuatro personas necesita alrededor de 100 dólares mensuales solo para cubrir artículos de higiene personal. El incremento anunciado por el Ejecutivo representa apenas la mitad de eso. El desfase no necesita mayor explicación porque incluso con el ajuste, un trabajador público sigue demasiado lejos de cubrir lo esencial.

Pero Mary Sánchez no es la única para quien el anuncio de Rodríguez apenas movió los números, pero no la vida. Para quienes trabajan en hospitales la cuenta da parecida. Más ingreso en el papel, el mismo ahogo en la práctica.

«Con este aumento me siento decepcionada y humillada. Esperaba, al menos, un ajuste del salario mínimo. Pero nos dejaron igual», dice Solangel Ruiz*, trabajadora del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Madre soltera de dos hijos, una niña de seis años y un adolescente de 14, sostiene sola su casa con dos empleos y jornadas partidas.

Tres noches por semana deja a ambos niños solos para cuidar a un adulto mayor en Altamira. No tiene margen para otra cosa. «Sigo atada a tener dos trabajos para medio resolver la comida y los gastos de la casa. Si falto a uno, me lo descuentan y es peor».

Los 50 dólares adicionales, calcula, alcanzan apenas para cubrir una semana de meriendas para sus hijos. No cambian el fondo del problema. Por eso seguirá doblando turnos, llegando tarde a su casa y cambiando tiempo con sus hijos por horas de trabajo. En su caso, el aumento tampoco alcanzó para comprar descanso.

En Venezuela, 22% de las mujeres trabajadoras tienen jornadas superiores a las 40 horas semanales y siete de cada 10 asumen el cuidado de niños o adultos mayores de sus hogares, al tiempo en que son el principal sostén económico en ellos, de acuerdo con un monitoreo realizado por organizaciones sindicales del sector salud en marzo de este año.

El aumento: un cartón de huevos

María Fuentes trabajó 27 años en una escuela de Catia. Hoy, jubilada, no vive de lo que le dejó el Estado sino de lo que todavía pueden costear sus tres hijas. Su pensión sigue anclada en 130 bolívares. Lo único que aumentó con el anuncio del 30 de abril fue el bono de guerra: 11 dólares más que, en sus cuentas, no alcanzan para vivir ni cambian nada. A partir de ahora cobrará 70 dólares a tasa del Banco Central.

Con el ingreso anterior, lo que podía comprar en un mes cabía en una bolsa pequeña: «Un kilo de queso, de repente un pollo entero, que es más barato que comprarlo por partes, medio kilo de carne molida, papel sanitario, una mantequilla y una harina PAN».

Todo eso repartido para 30 días. Ahora, dice, para hacer mercado solo podrá sumar una cosa más. «Me aumentaron para un cartón de huevos». Su precio ronda entre los siete y los 10 dólares.

Las medicinas, la comida completa, cualquier gasto fuera de lo estrictamente urgente corre por cuenta de sus hijas. María lo reconoce sin drama: «¿Qué quieres que te diga? Sola no podría mantenerme».

«Es como si no hubiesen hecho nada. Es más, no hicieron nada porque la comida ya la habían subido antes del aumento de esos 10 dólares. Me siento arrecha, igualito a como cuando me pagaron mi liquidación en la escuela, que lo que me pude comprar fue un juego de ollas», afirma.

Su hija, Yudith Fuentes, también trabaja en educación y conoce esa cuenta desde ambos lados, como empleada del sector y como sostén de una jubilada. Cuenta que «parte de lo que yo gano tiene que ir a la comida de mi mamá. Es forzado. Y las medicinas las tiene porque las compran mis otras hermanas, pero si no, no se pudiera».

Según Convite, 76% de las personas mayores percibe ingresos mensuales de entre 50 y 100 dólares, un monto insuficiente para cubrir sus necesidades, mientras el gasto promedio supera esa cifra y 63% depende del apoyo económico de familiares para sostenerse.

Esa dependencia no cubre solo comida, sino que también sostiene la salud. El mismo informe advierte que 82% de los adultos mayores necesita medicación diaria para tratar enfermedades como hipertensión y diabetes, pero 62% tiene dificultades extremas para costearla.

Luis Cano, presidente del Frente Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados de Venezuela, resume el efecto del anuncio de «aumento» de Delcy Rodríguez en dos palabras: «Rabia y decepción». Pero no lo describe solo como insuficiencia económica, sino como una forma prolongada de abandono.

«Uno lucha y vive reclamando, y no ve ningún tipo de intención de mejorar las condiciones sociales de los viejos venezolanos. No veo, en el corto plazo, que se empiecen a generar políticas sociales hacia este sector tan vulnerable, que somos los que más necesitamos», dice.

En un país donde salir a la calle sigue siendo una forma de reclamar lo básico, envejecer también se volvió una forma de resistencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.926 protestas en el primer trimestre de 2026 y buena parte de ellas estuvieron relacionadas a la misma exigencia que volvió a reunir a jubilados y pensionados el 30 de abril y el propio 1° de mayo: salario, pensión y condiciones mínimas para sostener la vida.

Ahí, en esa presión constante por derechos económicos que el Estado no garantiza y en la distancia entre el aumento anunciado y lo que realmente alcanza, cabe hoy la vejez en Venezuela; una vejez que protesta porque no puede retirarse, que sigue en la calle porque la pensión no cubre todo, y que después de décadas de trabajo depende menos de la jubilación y más del auxilio familiar.