¿Venezuela está preparada para un fondo privado de pensiones?

En el sector de educación privada aportan a la Ley de Pensiones 19 millones de dólares al mes. El gremio propone crear un fondo administrado entre el Ministerio de Educación, las federaciones de jubilados y pensionados y los centros educativos, que beneficie a los más de 220.000 extrabajadores. Por otro lado, desde Fedecámaras señalan que «no hay nada nuevo» tras cinco meses de creada la Ley de Protección a los Pensionados y que las empresas están cumpliendo con la obligación. Mientras que los adultos mayores siguen a la espera de una mejora en el monto del beneficio 

En Venezuela resurge la propuesta de un fondo administrado de pensiones tras el devaluado monto que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Hace más de 20 años, los fondos de pensiones privados fueron tema de debate en la opinión pública e incluso por exdirectores del Banco Central de Venezuela (BCV). Ahora, varios gremios han planteado la posibilidad de manejar los recursos que se recaudan para este beneficio desde otra modalidad que no dependa totalmente de las arcas del Estado.

En mayo de este año se sumó una nueva obligación tributaria para las empresas venezolanas: la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”. En Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.806 se estableció que este instrumento beneficiaría a las pensiones de seguridad social, las prestaciones dinerarias de vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia previstas en la ley especial que regula la seguridad social. 

Luego de cinco meses de su aplicación desde el sector empresarial señalan que “no hay nada nuevo” y que estos están cumpliendo con la normativa. No obstante, es poco o nada lo que ellos mismos saben sobre el uso de los recursos recaudados, pues desconocen cómo se ha asignado y a cuántas personas ha beneficiado hasta ahora. Mientras que los adultos mayores siguen a la espera de una mejora en el monto de la pensión que hasta la fecha y desde hace dos años es de 130 bolívares o equivalentes a 3,03 dólares a la tasa de cambio oficial. 

Desde algunos espacios, como el de la educación, proponen crear un fondo de pensiones administrado que vaya directamente a los más de 220.000 docentes jubilados. Pero para crear un fondo de este tipo se requiere de algunas reformas a la ley, pues tal y como está actualmente no lo permite, así lo explica el economista Daniel Lahoud en entrevista a TalCual. 

El especialista indica que en este momento ve difícil la creación de un fondo de pensiones privado. “Habría que reformar la Ley del Trabajo”, dice, pero además, apunta que lo ideal es que estos sean manejados por administradoras privadas que sepan mover el dinero sin la participación estatal.

“Ese tipo de fondos los deben administrar las compañías de seguro, las que tengan un ramo de seguro de vida, ellos son los indicados para eso. El negocio de la administración de fondos requiere de actuarios, economistas, especialistas en finanzas y financistas, requiere saber cómo crear flujos de fondos, se requiere de gente muy especializada, el Seguro Social en su momento tenía ese tipo de personal trabajando con él”, explica Lahoud. 

La Ley de Protección de Pensiones de este año sumó una nueva obligación tributaria a las compañías, que ya cumplían antes de esta ley con la contribución parafiscal de protección social ya existente y establecida en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y la Ley del Seguro Social Obligatorio, que regulan las contribuciones para los pensionados y jubilados, las cuales oscilan entre 9% y 11% de los salarios que pagan a sus trabajadores. 

En la nueva normativa los únicos que quedaron exonerados de esta contribución por el lapso de un año son los emprendimientos debidamente registrados ante el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE). Inicialmente el porcentaje sería de 15%, pero desde los privados señalan que lograron rebajarlo en conversaciones con el Ejecutivo a 9%. 

Pero la ONG Acceso a la Justicia advierte que este nuevo impuesto no contempla el principio de progresividad, establecido en el artículo 316 de la Constitución, así que todas las empresas deben hacer la misma contribución sin considerar el tamaño de estas, su actividad o las ganancias. Tal es el caso del sector de educación privado el cual refiere que la mayoría de estas instituciones -pese a ser privadas- están en situación vulnerable. 

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“En el sector educación no hay exoneración sino únicamente para los emprendedores. Cuando hablamos de educación privada se piensa en cierto estatus de colegios, pero 60% de los planteles educativos privados en Venezuela están en sectores vulnerables y estamos aportando aproximadamente unos 19 millones de dólares mensuales a la Ley de Pensiones”, dice a TalCual Fausto Romeo, coordinador sectorial de Consecomercio. 

Romeo considera viable que esos $19 millones puedan ir a un fondo administrado entre el Ministerio de Educación, las federaciones de jubilados y pensionados y el sector de la educación privada para que se reintegre inmediatamente y pueda pasar a los más de 220.000 jubilados y pensionados del sector de este Ministerio.

“Los jubilados del sector educación están recibiendo lo mismo que los del Seguro Social con el diferencial de unos 6 a 7 dólares, pero si nosotros en la educación privada estamos aportando, entre 85.000 trabajadores docente, administrativo y obrero estamos aportando ese 9%, que representa aproximadamente 19 millones de dólares, bueno es un aliciente más que puede recibir ese jubilado y ese pensionado del Ministerio de Educación”. 

A menudo las empresas exponen que la elevada carga tributaria es uno de los problemas más significativos para operar en el país. Una encuesta de Fedecámaras del segundo trimestre de este año arrojó que 12,9% de las compañías señalaba la alta presión fiscal como un obstáculo, el otro era la falta de financiamiento.

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, afirma que “se está aplicando y los empresarios están cumpliendo con pagarlo puntualmente”. 

Otro aspecto clave a la hora de considerar un fondo de pensiones, según el economista Daniel Lahoud, es que el Gobierno no se financie a través del BCV. “Es necesario mantener este fondo en moneda dura, para que funcione como debe ser, el Gobierno debe hacer un compromiso de no destruir la moneda, de manera que ese dinero que le retienen allí a los pensionados y que se va acumulando no se devalúe en el tiempo”, dice.

En el pasado se planteó

En América Latina existen experiencias de fondos de pensiones privados, como es el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP) en Chile, las Administradoras de Fondos para el Retiro privadas en México (mixto) o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en Perú (mixto). Argentina y Bolivia pasaron a un sistema público a mediados de 2008 a 2010.

Entre la década de los 80 y 90 en Venezuela también funcionó un fondo de pensión, recuerda el economista Daniel Lahoud, pero a su juicio nunca fue buena idea que esto fuera administrado por los gobiernos y de allí que esto conllevara a su desaparición. “Hoy el fondo de pensiones venezolano no existe, pero la idea original era procurar que se convirtiera en un fondo como el chileno”, indica.

Estos sistemas tampoco son la panacea, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que las promesas iniciales de la mayoría de estos fondos no se han cumplido, en ese sentido, el organismo hizo una serie de recomendaciones para mejorarlas. En muchos de estos fondos, especialmente por la crisis de Covid-19, fue necesario desarrollar programas supletorios para enfrentar las fallas.

La Cepal sostiene que en 20 países de América Latina estos sistemas están a la mitad, 10 de ellos evolucionan desde el modelo sustitutivo original hacia sistemas multi pilares, mientras que los otros 10 tienen sistemas públicos con sus propias especificidades y desafíos respecto al cumplimiento de los principios de la seguridad social.

Entre las medidas que han ido adoptando los países para mejorar los fondos de pensiones está: simplificar los trámites del registro, flexibilizar los períodos de pago, establecer el monotributo —un pago unificado de impuestos y aportes previsionales que se practica en la Argentina y el Uruguay, entre otros países—. Habilitar oficinas postales, bancos y teléfonos inteligentes para la recaudación de contribuciones y pago de pensiones, enviarles recordatorios a los afiliados mediante mensajes periódicos personalizados con proyecciones de la pensión que recibirán al tiempo del retiro.

A pesar de que desde el Gobierno señalan que buscan mejorar las pensiones, por ejemplo, en julio el mandatario Nicolás Maduro prometió “buenas noticias”, estas siguen estancadas en Bs 130 y cada vez más reducidas con el aumento del dólar. Para el 31 de octubre las pensiones calculadas a la tasa oficial del BCV, equivalían a apenas $3,05; en menos de dos semanas perdieron casi medio dólar.

Desde Consecomercio señalan que no han recibido información sobre cuáles han sido en general los aportes que se han dado, cuánto ha sido la recaudación y cuánto han recibido los pensionados porque “esa es una ley de aplicación inmediata”, apuntó Fausto Romeo.

“No podemos esperar a que el sector empresarial, industrial, comercial, que estamos dando un aporte del 9%, se vaya a esperar al próximo año para poder dar esa aportación, pues se diluye por todo lo que conlleva el diferencial cambiario, yo creo que eso debería estar de manera inmediata, es decir, si se está recibiendo en el mes de mayo como máximo en el mes de julio-agosto debería darse ese aporte a los jubilados y pensionados y no es esperar un ciclo completo fiscal”, dijo el vocero de Consecomercio.

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