Trump y la Necesidad de un Acuerdo en Venezuela: Evitar un Conflicto y Promover Reformas Democráticas

Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa del Financial Times el 6 de diciembre de 2025.

En los últimos cuatro meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el mayor desplegue de poder naval y aéreo estadounidense en el Caribe en décadas. Ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro de alimentar el narcotráfico internacional y de vaciar las cárceles del país para enviar criminales violentos a Estados Unidos. Ha ordenado ataques mortales contra embarcaciones acusadas de ser usadas para el tráfico de drogas, advirtiendo que las operaciones terrestres podrían ser el siguiente paso. Se ha reportado incluso que emitió un ultimátum a Maduro exigiéndole abandonar el país antes del viernes 28 de noviembre.

Y, sin embargo, Maduro sigue en Caracas. El chavismo —el movimiento fundado por su mentor, Hugo Chávez— tiene una larga historia de resistir los intentos estadounidenses de expulsarlo del poder. En 2019, la primera administración Trump impuso sanciones petroleras de gran impacto, reconoció a un líder opositor como presidente legítimo de Venezuela, bloqueó miles de millones de dólares en activos y, en 2020, movilizó buques de guerra cerca de la costa del país. En lugar de debilitar a Maduro, esta estrategia de máxima presión le permitió consolidar aún más su poder y reprimir a la oposición.

Durante años, los halcones de la política exterior estadounidense han sostenido que ejercer más presión sobre Caracas —mediante sanciones económicas o amenazas de uso de la fuerza— llevaría a que el apoyo militar al régimen colapsara. Esa estrategia ha vuelto a fracasar, dejando a sus defensores abogando por una mayor escalada. Ello corre el riesgo de involucrar a Estados Unidos en un conflicto militar prolongado con potenciales costos humanos enormes.

El resto del mundo tiene interés en evitar que Estados Unidos inicie una guerra en América Latina. Es momento de que actores clave, incluidos gobiernos europeos y regionales, ayuden a negociar un acuerdo que evite una deriva hacia un conflicto a gran escala. Este acuerdo debe abordar las dos preocupaciones que Washington afirma que motivaron la escalada: la participación de Venezuela en el narcotráfico y los altos niveles de migración irregular.

Sea cual sea la opinión que se tenga sobre la estrategia antidrogas de Trump, el crecimiento de redes criminales dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes es un problema global directamente vinculado con la adicción, muertes y violencia en todo el hemisferio occidental. Intentar abordarlo enfocándose en un solo país pasa por alto la flexibilidad de estas redes. América Latina necesita una estrategia regional para enfrentar el narcotráfico, y Venezuela debe ser un participante clave.

Hace más de dos décadas, Chávez desafió a Estados Unidos al suspender la cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fomentar una alianza con guerrillas colombianas. Venezuela debería acordar ahora la reanudación de la colaboración antidrogas con Estados Unidos como parte de una estrategia regional. Maduro también debería renunciar a cualquier vínculo con grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y colaborar con otros gobiernos de la región para desmantelar redes criminales, promover la desmovilización y abordar las causas raíz de las insurgencias armadas.

Cualquier acuerdo también debe abordar la migración irregular. El colapso económico de Venezuela entre 2012 y 2020 provocó un éxodo masivo. Esto se ha convertido en un problema regional: Colombia alberga a casi tres millones de venezolanos que abandonaron su país en la última década.

Para frenar esto, debe permitirse que la economía venezolana se recupere. Esto requerirá levantar las sanciones que impiden la venta de petróleo, su principal exportación, en los mercados globales y que contribuyeron al mayor colapso económico documentado en tiempos de paz en la historia moderna. También implica permitir que el gobierno venezolano recupere acceso al financiamiento multilateral y a la asistencia técnica del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

A cambio, Maduro debería comprometerse a implementar reformas políticas y económicas inmediatas. En primer lugar, debería liberar a todos los presos políticos y crear una autoridad independiente de monitoreo de derechos humanos con asistencia internacional. También debería designar juntas creíbles y no partidistas para dirigir el banco central y la industria petrolera.

Como venezolano que ha pasado años estudiando cómo Chávez y Maduro despilfarraron el mayor boom petrolero en la historia del país, destruyeron las instituciones democráticas y persiguieron brutalmente a la oposición, yo también quisiera ver a Maduro irse. Pero sé que los intentos externos de desalojarlo han terminado perjudicando más a los venezolanos que al propio régimen. Es momento de un enfoque más realista. En lugar de seguir exigiendo su salida inmediata, Estados Unidos y sus aliados deberían impulsar reformas democráticas genuinas que permitan a la oposición venezolana participar significativamente en el sistema político.

Sí, Maduro perdió —y luego robó descaradamente— las elecciones presidenciales de 2024. En cualquier país democrático, habría tenido que abandonar el poder. Pero Venezuela no es una democracia, y una condición básica para una transición democrática pacífica es construir instituciones capaces de garantizar el pluralismo, los derechos básicos y la coexistencia. Esto requerirá nuevas autoridades electorales imparciales, observadores internacionales para las próximas elecciones locales y regionales, y garantías creíbles para la libertad de expresión y asociación política. Esos avances graduales tienen mayor probabilidad de abrir una vía viable hacia la democratización que insistir en un cambio de régimen inmediato.

Durante mucho tiempo se ha intentado, sin éxito, construir una vía de salida para que Maduro deje el poder. Pero la realidad es que quien necesita ahora una vía de salida es Trump. Los halcones de la política exterior están intentando arrinconarlo en un conflicto sin salida. Pero existe otra ruta: un acuerdo que atienda las principales demandas de Estados Unidos, impulse reformas democráticas y permita a ambas naciones alejarse de una guerra potencialmente devastadora.