Represión y Violaciones de Derechos Humanos en Venezuela: El Impacto en Opositores y la Sociedad Civil en 2025

Detenciones selectivas, desapariciones forzadas, aislamientos y castigos a familiares formaron parte del entramado creado por la administración de Nicolás Maduro para la represión contra opositores y sociedad civil en general, con el objetivo de instaurar un clima de miedo y frenar acciones disidentes. “Estamos ante una situación crítica en la que vemos que la respuesta de las autoridades ha sido causar más y más dolor a miles de familias venezolanas”, señala Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

Las detenciones masivas registradas durante el año 2024 dieron paso a arrestos selectivos, pero continuos, de opositores y sociedad civil en general en todo 2025, aunado a las desapariciones forzadas, aislamientos continuos y persecución contra familias enteras. Organismos internacionales y expertos han denunciado un “agravamiento de la represión” por parte de la administración de Nicolás Maduro durante 2025, en medio de un clima de miedo y censura para minimizar la disidencia.

2025 inició con excarcelaciones de presos políticos y picos de detenciones relacionadas a la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo, pese a los reclamos de fraude liderados por María Corina Machado y Edmundo González.

Entre los nuevos arrestos de enero se contaron a figuras opositoras prominentes como Enrique Márquez, al yerno de González Urrutia, Radael Tudares Bracho, o adolescentes como Gabriel González y Jonathan Bravo Palencia.

Esa dinámica de arrestos y excarcelaciones, denominada por organizaciones como la “puerta giratoria”, se mantuvo durante todo el año. Mientras la administración de Nicolás Maduro liberaba con medidas cautelares a grupos de presos poselectorales de cárceles como Tocuyito, Tocorón y, en menor medida, de comandos policiales, también se encarceló a dirigentes políticos, la mayoría identificados como militantes de Vente Venezuela, el movimiento fundado por la reciente premio Nobel de la Paz.

Según el Foro Penal venezolano, hasta el 20 de diciembre se contabilizaron a 902 personas detenidas por motivos políticos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) registraba 1.041 presos políticos hasta el 30 de diciembre. Ambas organizaciones han dicho que sus números son un subregistro, pues algunas familias tienden a no denunciar detenciones arbitrarias por temor a mayores represalias.

Las desapariciones forzadas, como ha documentado ampliamente la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, forman parte del patrón represivo aplicado por las autoridades. A esto se suma el aislamiento continuo del que son víctimas algunos activistas.

Los números dan una aproximación al fenómeno. El Foro Penal registraba 62 personas de las que sus familiares saben que fueron detenidas pero no han podido confirmar su ubicación. JEP enumeraba 158 personas con paradero desconocido.

Tanto organizaciones como Provea o de forma individual se han intentando introducir solicitudes de habeas corpus ante los tribunales, pero la negativa de recibir estos recursos judiciales para conocer información exacta del detenido ha sido sistemática. El último caso documentado fue el del sindicalista José Elías Torres, secretario general de la Confederación Venezolana de Trabajadores, y quien se encuentra desaparecido desde el 29 de noviembre, cuando fue arrestado tras un allanamiento a su vivienda.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha indicado que hay un grupo que nunca ha podido recibir visitas en prisión desde el momento de su arresto. Tal es el caso de Biagio Pilieri, Roland Carreño, Freddy Superlano o Rafael Tudares Bracho, quien fue condenado recientemente a 30 años de prisión en un juicio “exprés” y sin garantías, según ha denunciado su esposa.

También existe un grupo de detenidos dentro de El Rodeo I bajo un «régimen de castigo» que les impide mantener comunicación, recibir visitas o paquetería –incluyendo alimentos y medicinas– de sus familiares. Los afectados son Henryberth Rivas, el capitán Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y «otra persona identificada como Franco, cuyo apellido aún se desconoce», según ha denunciado el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Represión contra familias

Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, recuerda que durante más de una década se han documentado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. “Ante su sistematicidad y generalidad actualmente cursa una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, esto creo que es un claro indicativo de la gravedad de nuestra situación”.

Destaca que durante el 2025 se ha agravado esta crisis de derechos humanos: “más perseguidos, más desaparecidos, más familias enteras presas por razones políticas… Estamos ante una situación crítica en la que vemos que la respuesta de las autoridades ha sido causar más y más dolor a miles de familias venezolanas, a partir de la sostenida política de ataque contra grupos de la población.”

Tineo señala que, a medida que la situación empeora, las consecuencias no solo impactan a las víctimas directas “sino a toda la población que vive en medio del miedo que supone que sea el Estado el que los ataca en vez de protegerlos.”

Un ejemplo de ello es el sippenhaft (castigo colectivo o a través de terceros). La aprehensión de parientes, en algunos casos sin cargos formales, se convierte en una herramienta para obligar a la persona buscada a entregarse, han recordado organizaciones de derechos humanos.

La madre y la hermana del capitán Antonio Sequea fueron detenidas sin orden judicial antes de una visita. Las familias de los militares exiliados José Rodríguez Araña y Cristian Hernández, al igual que los activistas políticos Pedro Andrade, Miguel Guillén o Fernando Orozco también se han visto afectados por esta práctica. Niños, adolescentes y adultos mayores y una mujer embarazada han sido detenidas, sin derecho a un defensor de su elección, han sido sometidos a aislamiento y tampoco han podido acceder a sus expedientes para conocer las causas del arresto.

Las llamadas “condenas ejemplarizantes” también se sumaron al esquema de miedo impuesto a la población: Solo en diciembre se conoció de las sentencias contra Rafael Tudares Bracho, Luis Istúriz y el adolescente Gabriel Rodríguez a la pena máxima por supuestos delitos de terrorismo.

También al menos seis personas fueron condenadas en 2025 a penas entre 10 y 15 años de prisión por tribunales estadales, en juicios rápidos y sin garantías de debido proceso por delitos “de odio”.

Según el Foro Penal, en base a datos hasta el 8 de diciembre, apenas 18,14% de los presos políticos está condenado por un tribunal. La organización, al igual que diversos abogados, han advertido del mal uso de la “condena anticipada”, es decir, las detenciones arbitrarias que no tienen una resolución judicial definitiva.

Sin embargo, el cumplimiento de la condena no equivale la extinción del castigo a los presos políticos. El estudiante Wilder Vásquez y los tenientes coroneles Pedro Garrido Guillén, Deibis Mota Marrero, Víctor Soto Méndez y Carlos Peña Palmentieri fueron condenados por tribunales militares y contra el terrorismo, pero los jueces de ejecución se han negado a dictar las medidas correspondientes o los sitios de reclusión no proceden a ejecutarlas.

En el caso de los tenientes coroneles, que estaban recluidos en la prisión de Ramo Verde, ese limbo terminó en una nueva causa judicial. A principios de noviembre fueron sacados de la cárcel junto a otros siete militares (también con condena cumplida) bajo la promesa de ser excarcelados. Un mes después, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó que fueron procesados nuevamente por el Tribunal Segundo de Control Militar de Caracas, a cargo del coronel Carlos Jaramillo.

“Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”, ha dicho la Misión de Determinación de Hechos.

Muertos bajo custodia

El pasado 5 de diciembre se informó sobre la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocido como El Helicoide.

El dirigente de Acción Democrática fue detenido en noviembre de 2024 y acusado de presunta «incitación al odio» y «terrorismo». Permaneció en aislamiento por más de un año y tampoco recibió atención médica especializada. Su deceso se sumó al de Reinaldo Araujo, un activista de Vente Venezuela que se encontraba detenido en Trujillo, y el de Lindomar Amaro, preso en la cárcel de Tocorón.

Según datos del Foro Penal, desde 2014 han fallecido 17 presos políticos bajo la custodia del Estado. Por su parte, las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón y el Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizan 25 personas fallecidas en el mismo periodo, incluyendo centros de detención, hospitales y arrestos domiciliarios, además de cinco personas que fallecieron por complicaciones graves de salud luego de su excarcelación.

JEP ha señalado que al menos 91 presos políticos padecen enfermedades graves o crónicas que requieren atención médica urgente. En este grupo figuran personas con cáncer, Alzheimer, diabetes, hipertensión, entre otras. Apenas dos fueron liberadas tras las recientes excarcelaciones.

«La sociedad venezolana necesita sanar. Necesita justicia y derechos humanos para superar la polarización y reparar su tejido social y económico… El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar», ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y limites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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