Reapertura del Caso Sobre Financiación de la Campaña de Petro por Parte de Maduro: Implicaciones y Tensiones entre EE.UU. y Colombia

En medio del fuego entre EE.UU y Petro, la versión del exespía venezolano “El Pollo” Carvajal es clave para saber la verdad sobre la presunta financiación chavista.

Hace cuatro años, el 20 de octubre de 2021, el entonces senador Gustavo Petro Urrego envió un oficio en términos formales a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigara en relación con versiones según las cuales el régimen venezolano estaba apoyando con dinero su campaña política. Por aquellos días el general Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia de la Fuerza Armada del país vecino, fue capturado en España y anunció que no le daría mayores detalles a la Audiencia Real de ese país lo que sabía al respecto, pero que si reservaría una versión documentada para cuando se produjera su extradición a Estados Unidos.

Hasta ahora no se ha sabido que la Corte hubiese abierto investigación formal alguna, pero por el tiempo transcurrido es posible que optara por archivar una indagación previa por falta de méritos.

Carvajal, mejor conocido como ‘El Pollo’ apoyaba a Juan Guaidó, cuando buscó convertirse en presidente de facto, pero eso no lo libró de dudas sobre su presunta relación con el cartel de los soles, como Washington denomina a una organización de narcotraficantes enquistada en el gobierno de Caracas. Hasta ahora no se ha sabido que haya ampliado sus declaraciones sobre el supuesto apoyo económico de Maduro a Petro.

Aún así, Washington decidió reabrir el tema y lo combinó con la andanada de ataques verbales que el presidente Donald Trump ha lanzado contra Petro al llamarlo “matón” y “mal tipo”. Esto último nadie, salvo el mandatario estadounidense y sus aliados más cercanos, lo cree. Pero lo que sí podría ser una materia sensible es la aparición de alguna evidencia fuerte sobre el respaldo financiero de Venezuela a la causa petrista, porque ayudas de ese tipo están vedadas por la Constitución y las leyes colombianas. Esta es una síntesis de lo que ha ocurrido hasta hoy.

Una controversia escalada

Hoy, un ecosistema de acusaciones públicas, declaraciones de exfuncionarios y operaciones militares ha transformado lo que en otro momento habrían sido insinuaciones diplomáticas en una refriega política abierta entre Bogotá y Washington. En los últimos días, la discusión sobre si recursos del régimen de Nicolás Maduro habrían financiado —directa o indirectamente— la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 volvió a encenderse tras declaraciones de exfuncionarios estadounidenses, acompañado por una escalada en las tensiones bilaterales que ya venía acumulándose semanas y meses atrás.

El impacto político de estas acusaciones no es menor. Marshall Billingslea —ex subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo— afirmó públicamente que “dinero sucio y corrupto” del régimen venezolano llegó a financiar campañas políticas en la región, y señaló canales que, según su versión, habrían operado hacia distintos países incluyendo casos en América Latina. Esa versión fue recogida por medios regionales y reactivó en redes y en la prensa la hipótesis de vínculos financieros entre actores chavistas y campañas políticas en el exterior.

En Washington, la repercusión llegó además desde la Casa Blanca: el presidente Donald Trump calificó recientemente a Gustavo Petro como un “líder ilegal del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayuda estadounidense a Colombia, en una escalada retórica que ha incluido sanciones económicas y amenazas de mayor presión. El intercambio verbal —tanto en redes sociales como en comunicados públicos— contribuye a una atmósfera de confrontación que ha llevado incluso a decisiones concretas de política exterior.

¿Qué dijo “El Pollo” Carvajal?

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El nombre de Hugo “El Pollo” Carvajal reapareció en este debate. Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano que en junio de 2025 se declaró culpable en tribunales de Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico y conspiración —y cuya historia está vinculada a denuncias sobre financiamiento ilícito de campañas en el pasado— ha sido fuente de múltiples afirmaciones sobre el financiamiento de movimientos políticos por parte de redes chavistas. En sus declaraciones judiciales y en filtraciones, Carvajal ha sugerido que estructuras estatales y paralelas en Venezuela participaron en el apoyo financiero a fuerzas políticas aliadas en la región. Sin embargo, sus alegatos deben sopesarse en el marco de su cooperación judicial y de las imputaciones penales que enfrenta.

En un escrito que habría sido presentado ante el tribunal español, Carvajal afirma que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”.

En ese contexto, menciona a Gustavo Petro como uno de los “receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”.

A partir de estos señalamientos, el Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió en octubre de 2024 una investigación sobre la financiación de la campaña de Petro en 2022 para determinar si hubo aportes irregulares o gastos no reportados. Sin embargo, en junio de 2025 la Corte Constitucional limitó la capacidad de la CNE para investigar a un mandatario en ejercicio, y la competencia fue remitida a la Cámara de Representantes, lo que dilató el proceso administrativo. A la vez, en España y en registros periodísticos se mantiene la referencia a las declaraciones de Carvajal, y en Estados Unidos la justicia siguió su curso respecto al propio Carvajal (quien en 2025 se declaró culpable ante tribunales estadounidenses de cargos por narcotráfico). Todo ello complica el trazado de responsabilidades y diluye, por ahora, la posibilidad de una conclusión pública y judicial sobre las fuentes de financiamiento alegadas.

Un contexto de deterioro sostenido

La acusación sobre presuntas financiaciones no llega en el vacío: los lazos entre Washington y Bogotá han sufrido varios puntos de ruptura desde comienzos de 2025. Entre las piezas del rompecabezas está el recrudecimiento de operaciones militares y de inteligencia en aguas caribeñas y del Pacífico, en las que Estados Unidos ha efectuado ataques contra embarcaciones que, según la versión oficial, transportaban droga —acciones que Bogotá ha cuestionado por presuntos efectos sobre su soberanía y víctimas civiles—. Esa tensión operativa sumada a declaraciones públicas de Washington y a gestos diplomáticos (retornos y retiros temporales de embajadores, anuncios sobre asistencia y cooperación) configuran un cuadro que los analistas califican como «la peor crisis entre ambos países en décadas».

Hasta ahora no existe, en el dominio público, una prueba judicial o un expediente desclasificado que muestre de forma incontrovertible transferencias bancarias directas del régimen de Maduro a la campaña de Petro en 2022. Lo que sí se ha visto son testimonios, acusaciones de exfuncionarios estadounidenses como Billingslea, investigaciones periodísticas sobre redes de lavado y—en la escena judicial—procesos como el de Carvajal que describen mecanismos de financiación ilícita más amplios.

En Estados Unidos algunos legisladores, como el republicano Bernie Moreno, reclaman investigaciones formales y, en ciertos casos, ajustes de política (desde sanciones hasta la revisión de la asistencia militar). El congresista republicano sugirió que Petro podría ser incluido en la Lista Clinton. No obstante, en Washington persiste la división entre actores que piden pruebas sólidas antes de tomar medidas duras y quienes, ante lo que perciben como riesgos de seguridad regional, optan por respuestas preventivas o punitivas.

Posibles Consecuencias

Si se hallaran evidencias fehacientes de financiamiento directo por parte de Caracas a la campaña de Petro, las repercusiones serían de gran alcance: podrían abrir investigaciones penales transnacionales, endurecer sanciones contra personas y entidades venezolanas y colombianas, y provocar un quiebre aún mayor en la cooperación en seguridad que ha sido clave para la lucha contra el narcotráfico. Pero también existe el riesgo de que la instrumentalización política de acusaciones —en un contexto de polarización y confrontación— agrave la crisis democrática y erosione mecanismos de diálogo necesarios para la seguridad regional.

La agenda inmediata dependerá de dos factores: (1) si agencias como el Departamento de Justicia o fiscales internacionales presentan evidencia nueva y procesable, y (2) de la dinámica política entre Bogotá y Washington, que por ahora parece encaminada hacia más confrontación. En esas condiciones, las acusaciones —reales o infladas— seguirán siendo moneda de cambio en un tablero donde la geopolítica regional, la lucha contra las drogas y las elecciones futuras se entrecruzan.