PSUV y la Límite Legal: Llamados a la Lucha Armada en Venezuela

Los llamados del PSUV a «prepararse para una lucha armada» reavivan el debate sobre los límites legales de un partido político que convoca a la población a asumir funciones militares. El politólogo Guillermo Tell Aveledo alerta que el oficialismo juega en una zona gris que confunde Estado, gobierno y partido, y que podría derivar en acciones nocivas contra otros sectores.

Los recientes llamados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a «prepararse para una lucha armada» frente a una eventual agresión de Estados Unidos reabren el debate sobre los límites legales y el impacto institucional de que una organización política convoque a la ciudadanía a asumir roles que corresponden exclusivamente a la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Diosdado Cabello, ministro de Interior y secretario general del PSUV, ha reiterado que en Venezuela «tenemos que pasar de una revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por la independencia, por la soberanía contra el opresor». También pidió revisar las estructuras del partido para ampliar su capacidad de respuesta: «Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas, más allá de lo que ya existe».

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo, el discurso pisa una frontera legal claramente establecida en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que prohíbe a los partidos mantener, directa o indirectamente, «milicias o formaciones con organización militar o paramilitar, aunque ello no comporte el uso de armas».

La Ley de los Partidos Políticos expone en su capítulo III, artículo 24: «Son obligaciones de los partidos políticos: No mantener directa ni indirectamente, ni como órgano propio ni como entidad complementaria o subsidiaria, milicias o formaciones con organización militar o paramilitar, aunque ello no comporte el uso de armas, ni a permitir uniformes, símbolos o consignas que proclamen o inviten a la violencia».

«Eso es ilegal», afirma Aveledo, aunque reconoce que las convocatorias a «defender la patria» introducen una zona intermedia: «Hacer una convocatoria al pueblo a que se active tiene una suerte de distancia». Matiza, sin embargo, que el oficialismo juega deliberadamente en esa frontera: «No es lo mismo armar ellos mismos una fuerza paramilitar que convocar al pueblo a la defensa de la patria».

El propio Nicolás Maduro pidió a los venezolanos defender «cada palmo del país» de cualquier agresión imperialista, «venga de donde venga», y remarcó que está «prohibido fallar en esta coyuntura decisiva». En ese mismo sentido, exigió mayor compromiso.

«Hay que dar 10 veces más de lo que se está dando», dijo, al señalar que nadie tiene excusas, sea civil, político, militar o policía.

Aveledo subraya que, con instituciones independientes, estas declaraciones deberían activar controles. «Lo lógico sería que alguien denunciara ante el Ministerio Público y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisara si el partido incurre en violaciones que podrían, en un caso extremo, llevar incluso a una inhabilitación».

Una zona gris

El politólogo advierte que la narrativa oficial tensa las fronteras entre Estado, gobierno, FAN y partido político. «Hay confusión entre Estado y gobierno. Cuando habla Cabello, no sabemos si lo hace como jefe del PSUV, como ministro de Interior o como ciudadano común», sostiene, y alerta que esa mezcla «es muy delicada».

Aunque el PSUV asegura buscar la paz, insiste al mismo tiempo en que está preparado para «defender la patria». Maduro lo resumió el 1° de diciembre: el poder nacional de Venezuela «se sustenta en el poder inmenso de su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta patria por encima de cualquier dificultad».

«En nuestro Estado de derecho hay una zona gris que están pisando estas declaraciones», advierte Aveledo. Esa ambigüedad, agrega, puede derivar en acciones contra adversarios políticos: «En algún momento pudiese traducirse en acciones contra otros sectores o partidos; sería una evidencia y acción nociva».

No obstante, aclara que en la actualidad la FAN no presenta «estructuras propias del Partido Socialista», aunque advierte que todo cambiaría si se usara la institución militar «en defensa, no de la patria, sino del propio partido». En ese escenario, la apoliticidad constitucional de la Fuerza Armada quedaría comprometida, pese a que la institución se ha proclamado «defensora de la revolución y de los mismos valores que defiende el partido de gobierno».

La Constitución establece una separación entre la política y el uso de la fuerza. Por un lado, el artículo 328 prohíbe expresamente que la Fuerza Armada Nacional tenga militancia política, al señalar que está «al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna». Por otro, el artículo 324 reserva de manera absoluta al Estado la posesión y el uso de las armas de guerra.

Estas dos disposiciones impiden que organizaciones políticas, o actores distintos al Estado, se articulen como estructuras armadas o pretendan ejercer funciones militares bajo cualquier forma.

¿Simbólico o real?

Sobre qué tan simbólicos son estos llamados a «tomar las armas» o si podrían traducirse en acciones reales, Aveledo responde: «No sabemos».

Considera que el actual clima político está marcado por «enormes crispaciones del Estado, de respuestas altisonantes», y recuerda que históricamente, en situaciones similares, «los gobiernos emplazan a la población con esos llamados». La diferencia, afirma, es que «estamos en una especie de dualidad: el gobierno hace estos llamados, declaraciones y movilizaciones, pero la población está en lo que está».

En la actualidad, asegura, la reacción popular es distinta a otros momentos críticos —como 2002 o 1958— cuando sectores sociales se movilizaron para defender a Chávez o la democracia. «Tú ves una absoluta indiferencia, como si estuvieran golpeándose el pecho o sacudiendo los sables. Es casi melancólica la acción de la poblacion», sostiene el especialista.

En este escenario, Maduro anunció recientemente la creación de un nuevo buró político, integrado por 12 figuras del oficialismo, «para que asuman la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución».