Proceso de Postulaciones a Fiscal General y Defensor del Pueblo: Nombres Revelados y Críticas a la Transparencia
Aunque se estima que hay más de 120 postulaciones para fiscal general y defensor del pueblo, apenas una decena de nombres se conocen públicamente. Acceso a la Justicia condenó que aún no se haya hecho público el cronograma aprobado, el reglamento, ni el baremo.
El plazo de postulaciones para los aspirantes a los cargos de defensor del pueblo y de fiscal general de la República venció el viernes 13 de marzo a las 10:00 a.m. Algunos candidatos hicieron pública su solicitud tras consignar sus expedientes ante el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.
Más de 120 personas se postularon para ocupar estos cargos, tras las renuncias de Tarek William Saab, exfiscal general, y Alfredo Ruiz, exdefensor del pueblo. En días pasados, el diputado por la Alianza del Lápiz Antonio Ecarri dijo a TalCual que habían recibido más de 120 postulaciones para ambos cargos, cifra que tras la extención del plazo, se debe haber incrementado.
Inicialmente, el plazo de recepción de recaudos culminaba el 9 de marzo, pero la Asamblea Nacional decidió extenderlo. El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité de evaluación, explicó que la prórroga respondió a la «alta demanda» y la necesidad de «más tiempo para reunir los requisitos».
La organización Acceso a la Justicia condenó que la Asamblea Nacional no haya hecho público ni el reglamento interno ni el cronograma aprobado el pasado 27 de febrero. «Tampoco el baremo para la selección y evaluación de los postulados, por ello no se conocen las fechas exactas de algunas etapas».
Postulaciones públicas
Algunos pocos aspirantes a los cargos de estos dos Poderes Ciudadanos anunciaron públicamente sus candidaturas o han sido mencionados por fuentes vinculadas al proceso.
Entre quienes han manifestado aspirar al cargo de fiscal general se encuentran:
Magaly Vásquez: especialista en derecho penla e individuo de número de la Academia de Ciencias Política y Sociales. Está apoyada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana. Considera que «la cabeza del Ministerio Público tiene que ser un funcionario comprometido con el sistema de justicia y con el establecimiento de la verdad».
Nelson Chitty La Roche: abogado constitucionalista, académico y dirigente socialcristiano, exparlamentario y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, reconocido por su crítica al autoritarismo y su defensa de la institucionalidad democrática en el país.
Giovanni Rionero: abogado penalista venezolano, académico y consultor, especializado en derecho penal y procesal penal, con más de dos décadas de experiencia litigando ante órganos policiales, fiscales y tribunales.
Renée Moros Tróccoli: abogada especializada en ciencias penales y criminológicas, con trayectoria como jueza y formadora en temas de garantías constitucionales en el proceso penal y violencia de género.
Jesús Ramón Rodríguez: abogado especializado en derecho penal, derecho informático y gerencia pública, con larga experiencia como exfiscal del Ministerio Público en materia de delitos de computadoras y de telecomunicaciones.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, entre los nombres que se conocen figuran:
Luis Beltrán Guerra: abogado, profesor y político, doctor en Derecho por Harvard, exprocurador general de la República, exministro de Justicia y exparlamentario, reconocido además como autor en materia de derecho público y teoría del Estado.
Arleth Figueredo: abogada laboralista y especialista en derechos humanos, fundadora y directora del Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y Desarrollo. Está respaldada por el Movimiento de Mujeres en Política y organizaciones de la sociedad civil.
Vladimir Alvarado Acuña: abogado y académico venezolano que ha participado en actividades jurídicas y de investigacion.
Carlos Calatrava: es el actual coordinador Académico y de Gestión de la Escuela de Educación de la UCAB. Dijo que su iniciativa «constituye otro aporte en el camino de la redemocratización del país».
Cómo es el proceso de designación
La designación del fiscal general y del defensor del pueblo está prevista en el artículo 279 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
El procedimiento establece que un Comité de Evaluación de Postulaciones recibe y revisa los expedientes de los aspirantes para verificar que cumplan con los requisitos constitucionales. Posteriormente, esa instancia debe elaborar una lista de candidatos elegibles, que será presentada ante la plenaria de la Asamblea Nacional.
La Constitución establece que la designación debe hacerse con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.
Si el Parlamento no logra esa mayoría calificada, el proceso puede pasar al Poder Ciudadano, que también tiene facultades en la selección de los candidatos.
El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano está integrado por los diputados: Giuseppe Alessandrello (presidente), Bernabé Gutiérrez (vicepresidente), Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza, José Villarroel, Pablo Pérez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero.
Este comité es el encargado de recibir las postulaciones, revisar los expedientes y presentar la lista de candidatos elegibles. TalCual intentó comunicarse con alguno de estos diputados el viernes en la tarde para conocer detalles de cómo cerró el proceso de postulaciones, pero no recibió respuestas.
El proceso de renovación para los representantes de estos dos poderes públicos se activó tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes ocupaban los cargos de fiscal general y defensor del pueblo desde 2017, cuando fueron designados por la constituyente.
Tras las dimisiones, la Asamblea Nacional designó autoridades interinas mientras se completa el proceso de selección. Larry Daniel Devoe fue nombrado fiscal general encargado, mientras que Tarek William Saab pasó a ejercer como defensor del Pueblo encargado.
El comité parlamentario deberá ahora evaluar las postulaciones recibidas y presentar ante la plenaria la lista de candidatos elegibles para la designación definitiva de las nuevas autoridades del Poder Ciudadano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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