Primera Parada: Colombia, el Tráfico Ilegal de Arenas Negras y su Impacto Geopolítico en la Frontera con Venezuela

Con la reorganización de la fuerza naval estadounidense en el mar Caribe como amenaza directa al régimen de Nicolás Maduro, en el marco de lo que se proclama oficialmente como una gran operación antinarcóticos pero que pocos dudan de que camufla una maniobra de cambio de régimen, hay quienes suponen que, en el fondo, todo se trata de una pulseada geopolítica de Washington para asegurarse su acceso preferente, si no exclusivo, a los recursos del subsuelo venezolano.

Hace apenas tres semanas el presidente estadounidense Donald J. Trump reveló que Maduro ha puesto sobre la mesa múltiples concesiones para facilitar una desescalada militar y reabrir el canal de diálogo con Washington. “Él me ha ofrecido de todo”, declaró Trump el 17 de octubre, en una rueda de prensa y sin entrar en detalles. Pero ya una historia del diario New York Times había revelado antes qué puede significar ese “de todo”: el mandatario venezolano habría propuesto abrir el acceso de empresas estadounidenses al mercado petrolero nacional, así como a otros recursos naturales. Una oferta que, por cierto, también ha sido esbozada desde la clandestinidad por la líder opositora María Corina Machado quien, en foros internacionales, ha presentado a Venezuela como un potencial hub energético que vendrá a constituir una de las mayores oportunidades de inversión estratégica del hemisferio una vez que Maduro esté fuera del poder.

Pero no solo es petróleo lo que está en juego. Otro trofeo que podría esperar al ganador de esta partida que Estados Unidos juega, con China como rival en las sombras, es el de las llamadas arenas negras, un conglomerado de minerales pesados de alto valor económico y estratégico, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, que pueden incluir, además de coltán, otros como tantalio, niobio, estaño, tungsteno e, incluso, elementos de tierras raras. Los yacimientos de arenas negras en el sur de Venezuela tienen tiempo siendo explotados de forma opaca y desordenada por todo tipo de actores, desde estatales hasta grupos criminales o subversivos como la guerrilla colombiana.

Aunque existen registros de exportación de arenas negras desde puertos nacionales en los estados La Guaira y Zulia, la presente investigación, realizada por Amazon Underworld y en la que participó Armando.info, comprobó que buena parte de lo extraído de las arenas negras de Guayana también se comercializa de manera ilegal bajo el control de grupos delincuenciales y guerrillas instaladas en los estados Bolívar y Amazonas hacia Colombia, donde su origen es prácticamente “lavado” y termina, la mayoría de las veces, en manos de empresas chinas.

Los papeles dicen que es de aquí, pero es de allá

El brigadier general Rafael Olaya, Comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquia colombiana, ha combatido narcotraficantes en la costa Pacífica suroriental de Colombia y se ha sentado en la mesa de verificación de la agenda de paz entre el presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero más grande del país. Pero ahora se enfrenta a un reto poco conocido: regular la extracción y comercialización de minerales críticos, una actividad con potencial de convertirse en motor de conflicto en la frontera colombo-venezolana.

Desde su oficina repleta de parafernalia militar en Puerto Carreño, ciudad fronteriza con Venezuela y capital del departamento colombiano de Vichada, el serio y experimentado oficial naval reconoce, con alguna reticencia, que sus fuerzas han incautado la mayor cantidad de arenas negras en la historia de Colombia: 60 toneladas, de un total nacional de 80 toneladas, en unos pocos meses. Pesados sacos de mineral que contienen estaño, tantalio y tierras raras que atraviesan las regiones de la Orinoquia y la Amazonía del Escudo Guayanés.

“Por parte del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería deberíamos prestarle un poco más de atención a esta región porque, no es que sea el Estado colombiano, es que en estos momentos el tema de tierras raras está influenciando en conflictos a nivel internacional, en lo comercial a nivel internacional, estamos hablando del mayor comercializador, que es la China”, enfatiza.

Las incautaciones revelan una paradoja preocupante. Múltiples fuentes policiales y de inteligencia, y otras involucradas en la extracción y transporte ilegal, confirmaron que la mayoría de estos minerales provienen de sitios mineros ilegales controlados por guerrillas en territorio venezolano pero que, no obstante, tras la incautación, han sido devueltos a quienes las transportaban. ¿Por qué? Los esquemas de tráfico están diseñados con suficiente ingenio para que parezca que cumplen con la legislación vigente.

“Desafortunadamente, esa debilidad normativa es la que impide que se llegue a ese punto de judicializar el material”, explica el general Olaya, quien hace alusión la calidad de los concentrados incautados para ilustrar la sofisticación del tráfico de minerales: “Estamos viendo que es un peritaje en donde ese material es de tan alto nivel que solamente se puede lograr si es una explotación industrializada, una explotación especializada, que es lo que hace que se dé ese grado de pureza de ese material”.

Sin embargo, a pesar de sobrevuelos frecuentes, y el patrullaje tanto de lanchas de acción rápida llamadas pirañas como de vehículos anfibios, la Armada colombiana no puede localizar dentro de su territorio las minas de las que realmente se obtiene el material. “Si usted se pone o vuela sobre el territorio bajo mi responsabilidad, no ve esos socavones, esos daños ambientales que se están presentando, esa escala industrial que supone la calidad del material que se está sacando, y es muy complicado determinar si realmente lo están haciendo directamente desde el lecho de los ríos o si podría haber una situación en donde estén trasladando material desde otro país hacia Colombia”, insinúa.

La respuesta está en la manipulación de documentos. Para evitar el escrutinio legal, los minerales de origen ilegal se emparejan con documentación de títulos mineros colombianos legítimos, a menudo incompletos o fraudulentos. “Estos títulos también sirven para legalizar minerales que vienen de otras regiones y hacerlo pasar [como] si fuera explotación dentro de un título donde no ocurre. Lo único que necesitan es colocar esas grandes cantidades de material y formalizarlo”, explica Olaya.

El esquema explota frecuentemente permisos de minería a pequeña escala dentro de resguardos indígenas, donde el Estado colombiano —incluyendo las tropas de Olaya— enfrenta restricciones de acceso y no puede monitorear si en efecto está ocurriendo una explotación real.

Mineros indígenas consultados por Amazon Underworld indican, no sin antes pedir protección de su identidad, que la información sobre operativos militares se filtra con antelación a las redes criminales que controlan el equipo minero: “Y antes de que pase eso, ya en Inírida [capital de Guainía, otro departamento de la Orinoquia colombiana], avisan unos cinco días antes: Va a ir el gobierno para allá, ya uno sabe, ya da chance para uno guardar, cómo decir, las balsas [mineras], todos los materiales que se trabajan ahí. Las minas, los tambores, esconder el combustible, todo”, asegura uno de ellos.

Ocultar el equipo requiere un esfuerzo enorme: “Cuando estuve allá me tocó esconder cuatro veces la balsa. Tuvimos que abrir una pica, abríamos una zanja grande, de 500 metros, recogíamos unos días antes de que pasara el gobierno e íbamos simulando que sembrábamos matas, porque apenas estaban puestas, nada más”.

Entre manipular documentos y sortear la vigilancia se crea el vacío legal perfecto que permite que toneladas de minerales venezolanos fluyan a través de Colombia.

Las balsas flotan, las verdades se hunden

En Amanavén, una población ribereña de Vichada frente a la localidad venezolana de San Fernando de Atabapo, estado Amazonas—un punto principal de partida hacia las minas del Parque Nacional Yapacana—, están atracadas menos de una docena de embarcaciones. En ellas funcionan tiendas, con nombres como La Cuñada, La Cariñosa o Las Toninas, que venden suministros básicos y productos alimenticios. Pero según la Armada colombiana, estas casas flotantes son parte de la infraestructura crucial donde se almacenan las arenas negras.

Este es uno de los puntos críticos de la recolección de minerales, rodeada de circunstancias que resaltan la informalidad del negocio. “En algunos lugares hemos encontrado ese tipo de arena, se han hecho las diferentes incautaciones y verificaciones cuando no tienen la documentación, y es puesta a disposición de las autoridades competentes”, dice el coronel Higuera, un joven oficial colombiano de la Fuerza Naval de la Orinoquia.

“Es muy probable que aquí, en este momento, haya integrantes de grupos armados”, añade. En diciembre de 2024, la Armada allanó una de esas embarcaciones e incautó 13 toneladas de concentrado de arenas negras, perteneciente a una empresa comercializadora de minerales, de nombre Gracor. Posteriormente, en abril de este año, la jueza municipal de Cumaribo, Vichada, Ximena Ramírez Zambrano, ordenó devolver los minerales incautados a Gracor, citando irregularidades en el proceso, a pesar de las objeciones de la Fiscalía y de los argumentos de la Armada.

Amazon Underworld visitó Amanavén en mayo de 2025 junto a un equipo de la Armada colombiana, en medio de un ambiente tenso donde los lugareños comenzaron a filmar y cuestionar la presencia de los reporteros en el lugar. El coronel Higuera se acercó a tres nerviosos hombres venezolanos vestidos de negro en el restaurante del caserío para estrecharles la mano. “Estos colaboran con el ELN. Esos tres sujetos que están ahí”, dijo luego Higuera sobre los individuos, citando datos recolectados por la inteligencia naval, pero argumentando que no podía actuar por la falta de órdenes de captura.

Hay una extraña mezcla de fuerzas estatales venezolanas cercanas, comerciantes de minerales y la guerrilla colombiana en Amanavén -población ubicada en plena Estrella Fluvial de la Amazonía, donde confluyen los ríos Atabapo, Guaviare y Orinoco, a tiro de piedra de San Fernando-, que ejemplifica la incapacidad para actuar contra esta economía ilícita mientras el marco legal va a la zaga y las herramientas legales y técnicas para identificar minerales críticos y tierras raras son insuficientes.

El brigadier general Olaya estima que cerca de 80 toneladas de arenas negras transitan cada mes por los departamentos colombianos de Guainía y Vichada, aunque su cálculo probablemente represente solo el extremo inferior de los volúmenes reales. “Están sacando tierras raras a diestra y siniestra”, afirmó.

El movimiento desde los sitios de extracción venezolanos hacia territorio colombiano depende de una red de intermediarios y puntos de recolección estratégicamente situados a lo largo de la frontera. Compradores indígenas y otros recolectores sirven como enlaces entre mineros y empresas o compradores colombianos, facilitando el frecuente movimiento transfronterizo de minerales.

Estos puntos de recolección están deliberadamente ubicados para explotar la naturaleza porosa de la frontera. Cuando las autoridades militares venezolanas amenazan las actividades de tráfico, los operadores pueden mover rápidamente los minerales a través del río hacia Colombia, y viceversa. Algunos operadores prefieren esconder minerales en las orillas colombianas del río para prevenir el robo por parte de unidades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, cuya participación en la explotación y comercialización ilegal, del oro desde la reventa para beneficio personal hasta sus asociaciones con grupos armados, está ampliamente documentada.

Frente a Amanavén, ya en territorio venezolano, varios botes equipados de la GNB permanecen atracados. En febrero de 2025, miembros de ese cuerpo militar intentaron secuestrar a personal de Gracor, la empresa colombiana de comercio de minerales antes mencionada, cuya gente saltó al agua para evitar su captura. Sin embargo, con ello no lograron evitar que los uniformados venezolanos les robaran más de 400 kilogramos de arenas negras.

En centros de recolección en territorio colombiano, como Amanavén, Puerto Inírida y Carlos Lata, los minerales se someten a procesamiento básico y evaluación de calidad. Amazon Underworld tuvo acceso a un video en el que aparecen compradores transfiriendo minerales de sacos a cubetas para un pesaje preciso, un proceso diseñado para prevenir el fraude mediante la mezcla de minerales valiosos con arenas oscuras de calidad inferior. Los sacos se marcan sistemáticamente con cinta de colores para identificar la propiedad, y a veces se emplean espectrómetros, aparatos para verificar la calidad del material.

Los actores armados controlan puntos críticos de tránsito a lo largo de rutas de contrabando, cobrando sobornos en lugares como Isla Ratón del lado venezolano del río Orinoco y Carlos Lata, donde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado irregular con origen en Colombia pero que se ha hecho fuerte del otro lado de la frontera. Estos esquemas de extorsión demuestran cómo los grupos armados monetizan su control territorial.

En la ribera contraria

La mayor parte de la extracción ocurre en dos estados de la Guayana venezolana: Amazonas, donde la minería está prohibida por decreto, y Bolívar, en donde se extiende la zona minera decretada por el gobierno en 2016, llamada Arco Minero del Orinoco.

En el caso del estado Bolívar, y aunque resulta difícil precisarlo, hay cierto consenso en que la extracción rudimentaria comenzó hace 15 años en el municipio Cedeño, cerca de un lugar llamado Morichalito, en el área de Parguaza.

Los mineros indígenas han estado extrayendo coltán allí desde principios de la década de 2010, llevando secretamente las piedras a compradores al otro lado de la frontera. “Nosotros pasábamos bastante coltán para [Puerto] Carreño, bien escondido porque, si no, nos lo quitaban”, dice un minero, Josué, un nombre ficticio para el resguardo de su identidad.

En la entrevista describe cómo llevaban sacos de piedras hacia El Burro, un caserío y punto de conexión clave entre los estados Bolívar y Apure sobre el río Orinoco, antes de transportarlas por las noches, a través del río, hacia Colombia, a un asentamiento informal en las afueras de Puerto Carreño, llamado La Rampla.

A partir de 2010, cuando se aceleró la carrera global por los minerales críticos, los compradores comenzaron a aparecer y los mineros locales fueron desplazados de sus sitios de extracción. Carlos y Josué cuentan que cientos de combatientes armados del ELN comenzaron a apoderarse de los sitios mineros más productivos en 2023, trayendo más trabajadores a la región.

Cuando la guerrilla tomó el control, los líderes indígenas fueron cooptados, amenazados y comprados por las fuerzas irregulares. Aquellos que no querían trabajar bajo el régimen guerrillero solo pudieron continuar la actividad en secreto, por las noches y en puntos de minería ocultos.

En Amazonas y el noroeste del estado Bolívar, donde se localizan la mayoría de las minas de minerales críticos, el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el grupo disidente de las antiguas FARC, el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, ambos incluidos en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, operaron en una alianza que dividía el territorio y las minas entre ambos, mientras compartían rutas de narcotráfico.

Una reunión para discutir este pacto de no agresión, renegociado a principios de 2025, contó con la asistencia de varios empresarios que comercializan minerales críticos. El acuerdo tenía como objetivo continuar con el comercio, sin interrupciones inoportunas en el negocio compartido. Sin embargo, esta alianza de conveniencia llegó a un final brutal en agosto de 2025, cuando miembros del ELN emboscaron y mataron a varios mandos de liderazgo del Frente Acacio Medina, de las disidencias de las FARC, en un intento por tomar el control total de las tierras fronterizas, ricas en recursos.

Desde 2023, las minas bajo control guerrillero se expandieron rápidamente cuando mineros externos fueron traídos al área. Los mineros de la región dicen que pagan una cantidad de mineral (piedras que contienen coltán y estaño, usualmente de un kilogramo) para acceder a las minas. En lo profundo de la selva, a veces a una distancia de tres a siete días de caminata, los mineros indígenas se encuentran trabajando las rocas, mientras las fuerzas guerrilleras observan y compradores “chinos” llegan en helicópteros, según varios testimonios recopilados por Amazon Underworld.

La destrucción significativa de la selva y la rápida deforestación que acompaña las operaciones a gran escala alarman a los mineros locales. “Derrumbaron todo, derrumbaron los caños, hicieron un aeropuerto, eso está horrible”, describe un minero, el de mayor edad entre todos con los que los reporteros pudieron conversar.

“En dos o tres años, todo ese río Parguaza estará contaminado porque ya están entrando muchas máquinas, máquinas de alto calibre. No es lo que yo quiero. Estamos dañando el ambiente. Trabajando en la tierra, en las balsas [mineras], uno daña el ambiente, contamina el agua, el aire. Son muchos químicos los que se utilizan para trabajar ahí. No es lo que yo quiero, uno no sabe lo que puede pasar en el futuro”, reflexiona otro trabajador, que habla lento y bajo, casi en susurros, a pesar de que sabe que está en territorio colombiano y, por lo tanto, presumiblemente a salvo.

En Amazonas, el estado vecino al suroeste de Bolívar, la extracción de minerales críticos también ocurre en tierras indígenas. En territorio de la etnia piaroa en Manapiare, Autana y en el municipio de Atabapo, balsas fluviales que también extraen oro buscan y sacan minerales críticos.

Crédito: Natalie Barusso / Laura Alsina (Amazon Underworld)

Menudeo mineral

No hay ni transparencia gubernamental ni datos abiertos en lo que respecta a la producción, transporte y comercialización de coltán y casiterita. Fuentes consultadas en el noroeste del estado Bolívar cuentan que el material es vendido en la mina a nueve dólares el kilo, o ya en poblados como Morichalito y Los Pijiguaos, a 14 dólares el kilo. Coinciden en que chinos y brasileños participan en la compra del material. “En Mina Nueva hay un comprador que compra en 9 ó 10 dólares, es brasileño de la misma mina de La 40”.

“Traer el mineral es forzoso porque son tres días caminando hasta donde llega la moto. Y lo pagan muy barato, a 14 dólares el kilo”, señala un cacique indígena, que pidió mantener su nombre en reserva.

El líder explica que el mineral es vendido en las minas de manera directa o en centros de acopio de Los Pijiguaos -un sitio conocido antes por la explotación industrial de bauxita- y la vecina aldea de Morichalito, muy cerca del enclave ancestral de los mapoyo, tradicionales recolectores de sarrapia y custodios, según la leyenda, de una espada que El Libertador, Simón Bolívar, les entregó hace dos siglos. “Son pocos los mineros que vienen con el material. Se lo venden a las alianzas de la Corporación Venezolana de Minería [CVM] que están en la zona. Hay chinos con centro de acopio en Los Pijiguaos con permiso de la CVM. Los brasileños están en la propia mina”.

Anteriormente, la comercialización se concentraba en Morichalito y Los Pijiguaos, “luego vinieron las cooperativas brasileñas y van para allá, hacen campamento y compran las piedras allá mismo”.

Pero en Morichalito aún están activos los locales de 10 centros de acopio identificados con el logo de la CVM, dos de los cuales tienen registros de exportaciones a China y Estados Unidos.

Un comercializador de minerales del moroeste del estado Bolívar explicó que se les hace muy difícil identificar cuál es el material que se extrae en las minas. “Lo que comercializamos más es estaño-casiterita. En cuatro años que tengo acá no he visto juntas cinco toneladas de coltán. El coltán se compra entre 18 y 20 dólares el kilo, pero el coltán superficial ya se trabajó. Queda el que está más profundo, pero acá lo que más hay es minería artesanal. El acceso es muy difícil. Las minas están a tres días caminando”.

“Esta extracción se vendía toda a Colombia, hay una zona que se llama Los Gallitos y de allí salía el coltán. El estaño lo botaban porque no había quien lo comprara. Costaba medio dólar. Ahora la mayoría de las alianzas tienen problemas porque no tienen dinero para comprar. Todo el negocio se maneja en efectivo, dólares banda azul y pesos, y necesitas un contenedor de 26 toneladas, eso es bastante inversión”, completa.

De acuerdo con el cacique indígena o capitán que pidió la reserva de su nombre, una empresa llamada Oro Azul habría sido la única que, bajo la figura de empresa mixta, cumplió con el debido proceso de consulta a los pueblos originarios. “Probablemente este año van a explotar. Es la única empresa que se apegó a la Gaceta [Oficial, diario donde se publican las leyes y otras normativas que el Estado venezolano promulga]. Está como a media hora de Morichalito, en territorio mapoyo”.

“Las alianzas se llevan el material y lo procesan. Cada centro de acopio tiene un transporte, lo trasladan en gandolas. De esas alianzas no se ha tenido ningún aporte social al pueblo. Así como se está extrayendo ese material, bueno sería que se viera el beneficio para la comunidad. Lo que se ve es el desastre que está quedando en esa mina y la contaminación, el río se está contaminando y la gente no dice nada”, denuncia el cacique, quien precisa que el río Parguaza empieza a mostrar señales de contaminación y “ya la gente no se puede bañar ni puede tomar agua como antes. Ellos que son los dueños no dicen nada, pero nos están afectando a nosotros en el territorio. Hemos hablado con el Ejército y la Guardia Nacional hace cuatro meses ya y nada”.

Una economía ilícita y violenta

Combatientes armados colombianos, compradores brasileños, “chinos” y fuerzas estatales cómplices actúan, juntos, para explotar los minerales, sin reparar en que pudieran estar invadiendo territorios indígenas. La historia se repite: valiosas materias primas provenientes de tierras ancestrales, como antes fueron el caucho o, más recientemente, el oro, están siendo extraídas mediante graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y redes comerciales ilegales.

“Tenía 13 años cuando comencé a trabajar en esto”, dice una fuente, refiriéndose a la extracción de minerales críticos. “Hay muchas reglas que cumplir y si no las cumples, te matan”, asegura. Tanto en Amazonas como en Bolívar, los grupos armados controlan las áreas mineras con puño de hierro. Un informe de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que en las regiones mineras de Venezuela se implementa el trabajo infantil forzado y se ejecutan asesinatos masivos, desapariciones forzadas, además de violencia sexual.

Los grupos guerrilleros también controlan el trabajo sexual en las áreas mineras. “La guerrilla es la que vende a las mujeres por oro”, explicó una fuente, describiendo cómo los grupos armados obtienen ganancias de la explotación de las mujeres.

Mineros y miembros de la comunidad aseguran que los grupos armados controlan las rutas de acceso, intimidan a la gente, imponen a los lugareños exigencias como la de no llevar teléfonos celulares a las minas o de mostrar sus teléfonos para inspecciones.

También describen torturas, castigos corporales y ejecuciones sumarias. Aquellos que roban de manera reiterada son objeto de castigos brutales. “Agarraron a un muchacho que ya había robado tres veces, le dieron tres oportunidades y no supo aprovecharlo. Llegó una mujer guerrillera, lo arrodilló. Yo llegué en ese instante, lo vi arrodillado con las manos atrás. Le dio dos tiros en la cabeza”, relata una fuente originaria de ese territorio. Asegura que la verduga era integrante del ELN.

Otro minero refirió la existencia de calabozos improvisados en la selva, donde los prisioneros pueden permanecer sin comida durante días. “Ahí tienen una cárcel con alambre de púas. No tienen ni comida ni agua porque están castigados, pero no podemos hacer nada o nos meten ahí también”, admite.

Los grupos armados también reclutan nuevos miembros de las comunidades locales, incluyendo menores de edad. En el estado Amazonas, un minero narró cómo fue citado por la guerrilla. “Cuando llegué allá había muchos guerrilleros, eran más que la población indígena y ellos eran los que mandaban ahí”, recuerda. Cuando le pidieron unirse, la intervención del jefe indígena local de la comunidad le dio tiempo. “Tuve que salir de urgencia sin que nadie se diera cuenta”. En áreas bajo control de disidentes de las FARC, el reclutamiento se volvió tan extendido que en 2022, una comunidad entera de la tribu Warekena se fue para prevenir que sus jóvenes fueran llevados.

La situación reproduce un patrón global que se extiende. “Una amenaza inminente crece cada vez más: la carrera por los minerales críticos para la transición energética global, gran parte de los cuales se encuentran en territorios de Pueblos Indígenas o cerca de ellos», dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, a principios de este año. “A medida que aumenta la demanda presenciamos desposesión, exclusión y marginación en la toma de decisiones, además de que los derechos de esos pueblos son pisoteados y su salud puesta en peligro, todo mientras se les niegan los beneficios que merecen”.

Mientras más de ocho millones de venezolanos han huido del país debido a la profunda crisis humanitaria, política y económica, quienes se quedaron luchan por subsistir. Los salarios del sector público ascienden a algo más que unas pocas decenas de dólares estadounidenses al mes y trabajar en las minas puede aumentar sustancialmente los ingresos de una persona. De esta manera, la pobreza se convierte en el músculo de la industria minera ilegal, impulsando a venezolanos desesperados hacia trabajos de extracción peligrosos en áreas remotas de la selva controladas por grupos armados.

“Bueno, el sueldo mínimo son tres dólares. Y el bono que dan es de 100 dólares”, explica un maestro indígena. “En un día que logre sacar ocho kilos [de piedras que contienen minerales críticos] sobrepaso ese valor y me da para sostenerme. La comida deja de ser un problema porque hay bastante piedra, claro, cuando uno la consigue. Pero no me siento humillado haciendo esto, como sí me siento allá en Puerto Ayacucho”, dice, refiriéndose a la capital del estado Amazonas, a orillas del río Orinoco.

“¡Qué voy a estar haciendo yo ganando en un mes lo que puedo ganar en un día! Con esto podemos sustentarnos varios días. Yo me quedo por lo menos dos semanas y luego vengo para acá a visitar a mi familia. Mi papá es profesor y no le alcanza para comer, come solo tres días con el sueldo que tiene. Él solo, sin hijos, y nosotros somos seis”, dice otro minero.

Sin embargo, la mayoría de los mineros locales e indígenas no tienen conocimiento sobre el verdadero valor de lo que extraen y venden. Reciben entre 10 y 25 dólares por kilogramo, en transacciones por las que los compradores pagan a precio de huevos lo que en realidad se trata de caviar.

Los grupos armados obtienen ingresos de diferentes formas de la minería ilegal. Las operaciones mineras son “gravadas”, lo que significa que una parte de la producción es entregada a manera de tributo a grupos armados no estatales; eso, cuando no son los propios grupos armados los que controlan directamente el yacimiento y, por lo tanto, hacen usufructo del producto de las minas. A veces también negocian en nombre de otros compradores que requieren el mineral.

Pero el despojo no para ahí. Tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en pleno, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) -uno de los componentes de aquella-, lejos de garantizar la soberanía e integridad territorial del Estado, el orden interno, la protección de las fronteras o la seguridad ciudadana y ambiental ante la presencia de estos grupos armados extranjeros, vigilan el acceso de terceros a las minas y recolectan sobornos, relatan múltiples fuentes. Esto sucede en puntos de control en carreteras de tránsito local o cerca de las minas. “De entrada para las minas están los puntos de control. Por ahí nadie sale, solamente ellos, que están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela”, dice un minero de la región.