Motopiruetas, muerte segura en Venezuela

El pasado 25 de mayo, el rugir de las motocicletas de un grupo de jóvenes que hacían acrobacias en las calles de Carapita, un barrio popular de Caracas, quedaron en silencio tras varios disparos provenientes de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Uno de los proyectiles provocó la muerte de un joven de 17 años.

Entre lágrimas, estruendos y piruetas, cientos de motorizados se abalanzaron sobre las principales avenidas de Caracas exigiendo justicia. Durante varias horas, usuarios en redes sociales reportaron que los manifestantes hicieron maniobras peligrosas en la autopista Francisco Fajardo en honor al adolescente asesinado. 

En la historia contemporánea de Venezuela, los motorizados han jugado un papel clave en los movimientos sociales, especialmente en la confrontación política entre chavismo y oposición. Pareciera que estar del lado de los motorizados es un guiño a los sectores populares del país.

En el chavismo, los motorizados han estado vinculados con los colectivos y líderes negativos en los barrios. Estos grupos armados han sido los principales responsables del control social y han sido ampliamente documentados como parte de la política del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Recientemente, del lado oposición, se les ha visto acompañar a María Corina Machado en sus principales concentraciones políticas. También forman parte de los «comanditos» y, en general, son altamente funcionales en la movilización ciudadana en los sectores populares del país.

Más allá del rol que puedan tener los motorizados en estos temas,  ellos lideran la mayoría de los accidentes de tránsito que se registran en la ciudad. Según un trabajo de El Pitazo, alrededor de 40 accidentes en la semana involucran motorizados. 

Las motopiruetas son frecuentes en los barrios populares de diferentes ciudades venezolanas. Este fenómeno surgió como una forma de expresión juvenil y de resistencia cultural en contextos de pobreza y exclusión social. Para muchos jóvenes, las motocicletas no solo representan un medio de transporte asequible, sino también son una herramienta para ganar reconocimiento y respeto en sus comunidades.

El homicidio de Carapita forma parte de un patrón sistemático de violencia dirigida hacia los jóvenes en sectores desfavorecidos. Entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado en los barrios populares de Venezuela, según PROVEA. 

Esta situación no es coincidencia, debido a que los perpetradores del homicidio en Carapita forman parte de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana, una nueva división creada por el Estado tras la disolución de las FAES, quienes fueron señaladas como un brazo letal del gobierno de Maduro. En un informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, se afirma que el Gobierno venezolano no suprimió las FAES, sino que las rebautizó como el DAET.

La conversión de las antiguas FAES en DAET tampoco supuso un cambio en la forma de actuar de sus efectivos tanto en el marco de operaciones de seguridad contra el crimen organizado, como en la represión selectiva de personas opositoras o percibidas como tales.

En el caso de los procedimentos de seguridad, la Misión afirmó que el modus operandi coincide con el modos de actuación de las OLP/OLHP (Operación Liberación del Pueblo o Operación de Liberación Humanista del Pueblo) y de los operativos de las FAES de lucha contra la criminalidad.

Recientemente, varios relatores de Naciones Unidas, entre ellos, el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator de Extrema Pobreza, emitieron una comunicación conjunta a propósito de las denuncias radicadas por Defiende Venezuela a favor de varias víctimas de las FAES, donde se asegura que “se asesinan con carácter sistemático a hombres, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, en barrios y comunidades marginales o empobrecidas de Venezuela por parte de agentes militares y policiales venezolanos”

También alertaron su preocupación sobre la falta de investigaciones ajustadas a estándares internacionales requeridos ante estos casos, en particular el Manual Revisado de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota).

Los relatores instaron al Estado venezolano a aplicar medidas para que las investigaciones sean prontas, efectivas, exhaustivas, imparciales y transparentes, así como impulsar los correspondientes procedimientos judiciales para asegurar una determinación de responsabilidades y rendición de cuentas efectivas ante la justicia, que incluya las cadenas mando.  Además exhortaron a que garantice un proceso de reparación integral y de rehabilitación para los familiares de las víctimas, que incluya medidas de no repetición de hechos similares. 

Ahora bien, lejos de implementar las recomendaciones de los organismos internacionales para erradicar los abusos de la policía en los barrios venezolanos, Nicolás Maduro, en un intento aparente de aglutinar votos, acude a una medida populista decretando las motopiruetascomo deporte nacional.

Esta decisión no solo ignora de manera flagrante la crítica situación de violencia y las ejecuciones extrajudiciales en las zonas populares, sino que podría exacerbar el ya caótico panorama de los accidentes de tránsito en Caracas. 

En lugar de dirigir sus esfuerzos hacia la formación y regulación de las fuerzas de seguridad, o en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, el gobierno opta por una medida superficial que no solo aumenta los riesgos de accidentes, sino que también fomenta un ambiente de mayor descontrol vial.

Por ahora, los cuatro funcionarios del DAET permanecen encarcelados, mientras la familia Fuentes Mendoza vive su duelo, y el Estado venezolano, sin mostrar intención de reparaciones, nacionaliza las motopiruetas con la intención de reconectarse con la comunidad motorizada. 

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir a nuestras instituciones una investigación exhaustiva que incluya a todos los niveles de mando y de levantar nuestras voces para que el DAET sea reformado. Es imperativo establecer un mecanismo de supervisión independiente que garantice un cambio real, efectivo y duradero en sus prácticas. Solo así podremos aspirar a una justicia que no se limite a gestos simbólicos, sino que se traduzca en una verdadera transformación social.

Esta columna forma parte de una alianza entre La Gran Aldea y la ONG Defiende Venezuela.

Ezequiel Monsalve es coordinador legal de Defiende Venezuela,

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.