La jueza Ayala se retira del caso Magnicidio: polémica dictamen y cuestionamientos sobre su imparcialidad

La jueza María Daniela Ayala se apartó del Caso Magnicidio FV. Su argumento fue tomar un papel de víctma: dijo que le genera “ansiedad” pensar en Amanda Villavicencio —hija de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023— como víctima, pues la percibe como una agresora. Se fue, sí. Pero antes dejó un dictamen de Ripley: cargado de errores, inexactitudes e imprecisiones, según indicó Fiscalía.

Ayala, una figura polémica por su trayectoria —trabajó para Conto Patiño y Juan Carlos Patiño en Todernat, ambos procesados en el caso Sinohydro, y fue funcionaria durante el gobierno de Rafael Correa— expuso en una extensa comunicación del 14 de enero que su salida no respondió al pedido de excusa presentado un día antes por Amanda y Tamia Villavicencio. Afirmó, más bien, que había desarrollado una “enemistad manifiesta” con Amanda.

“Ha habido un ataque que me ha afectado emocionalmente a mí y a mi familia, e incluso en mi salud”, escribió. Ese impacto, dijo, transformó a Amanda —víctima y acusadora particular— en su “enemiga manifiesta”.

Incluso aseguró que la sola idea de tenerla frente a ella en una audiencia le generaba ansiedad:

Solamente el hecho de pensar en tenerle en frente y tener que tratarle como víctima, que es lo que corresponde, me genera ansiedad, toda vez que yo misma tengo duda de si efectivamente puedo verle como algo más que mi agresora”, aseguró Ayala.

Sobre el tema, Amanda Villavicencio indicó que resulta preocupante que una jueza sancionada previamente por la Judicatura por conductas reprobables continúe ejerciendo su rol sin que medie una reflexión pública sobre los límites y responsabilidades que este implica.

La jueza María Daniela Ayala ha optado por presentarse como víctima frente a la hija de un periodista y candidato presidencial asesinado, una postura que, más allá de lo personal, genera confusión sobre los roles que corresponden en un proceso marcado por un hecho de extrema gravedad para el país”, dijo.

Amanda también comentó que es insólito que la jueza declare la enemistad manifiesta e incluso que la califique como victimaria, “cuando mi condición es la de víctima indirecta de un magnicidio que aún no ha encontrado justicia”, explicó.

Advirtió que las palabras de la jueza pueden percibirse como intimidantes.

La independencia judicial no solo debe ser real, sino también parecerlo, especialmente en casos donde la sensibilidad social y el derecho de las víctimas exigen mesura, objetividad y respeto”, comentó.

Un dictamen antes de irse

Pese a que las víctimas pidieron que, por seguridad jurídica, Ayala se abstuviera de emitir decisiones sustanciales hasta que otro juez asumiera la causa, la magistrada firmó una resolución final pocas horas antes de confirmar su excusa. Ese dictamen incluyó tres disposiciones que impactan directamente el proceso.

Ratificación de la audiencia para el 28 de enero de 2026

Ayala mantuvo la fecha fijada por el juez Geovanny Freire para la audiencia de formulación de cargos contra miembros de Los Lobos: 28 de enero de 2026. Freire había aplazado la audiencia más de un mes sin motivacion clara.

La jueza argumentó que el diferimiento estaba “razonablemente justificado” y que, al haber pasado la fecha original, no tenía sentido tramitar el recurso de revocatoria presentado por las víctimas y la Fiscalía.

La Fiscalía, en su respuesta oficial, le recordó que la audiencia fue fijada inicialmente para el 12 de diciembre, luego para el 26 de diciembre, y que el 24 de diciembre de 2025, Freire —“sin motivación fáctica ni jurídica alguna, sin existir petición de ninguno de los sujetos procesales”— la difirió para el 28 de enero de 2026, “causando un retardo totalmente injustificado”.
También le recordó que esa actuación contradice los plazos establecidos en el COIP.

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Requerimiento a Fiscalía sobre la competencia del caso

Ayala dispuso que Luis Arboleda, alias Gordo Luis, cabecilla de Los Lobos recluido en el CPL Santa Elena N.º 1, participe en la audiencia del 28 de enero, mediante enlace virtual habilitado diez minutos antes del inicio.

Pero además pidió a la fiscal del caso que explique por qué, pese a solicitar la vinculación de presuntos líderes de delincuencia organizada —Arboleda, Wilmer Chaverría y Esteban Aguilar— no ha pedido la inhibición de los jueces ordinarios.
La jueza afirmó que los identificó como miembros de un GDO basándose en artículos de prensa.

Sugirió, incluso, que la causa debería pasar a jueces especializados en crimen organizado.

La Fiscalía tuvo que aclararle nuevamente que el delito de asesinato no está en el catálogo de delitos que conocen esos jueces especializados.
También le recordó que sus decisiones deben basarse en los escritos procesales, no en notas de prensa.

La puerta abierta a Marcelo Lasso Saavedra

Marcelo Lasso Saavedra no es parte procesal del caso Magnicidio. Su participación se limitó a un testimonio anticipado.

Aun así, Ayala ordenó incorporar al expediente un escrito presentado por él y dispuso que las notificaciones se envíen al correo del abogado Allynton Corrales Castellanos, quien asumió su defensa.

La Fiscalía le recordó que Lasso Saavedra no es parte procesal, y que ya existe un pronunciamiento previo de la jueza Luz Ortiz en ese sentido.

El abogado de las hijas de Fernando Villavicencio, Patricio Rosero, explicó que el testimonio anticipado de Lasso fue rendido con juramento y contradicción, por lo que tiene validez probatoria para juicio.
La supuesta “retractación” posterior —obtenida fuera del expediente y en conjunto con uno de los procesados— no puede desplazar lo actuado formalmente, pues carece de garantías procesales.

Rosero recordó que ha trascendido la existencia de ofrecimientos de dinero para cambiar versiones en el caso Villavicencio. Por ello, cualquier intento de alterar la verdad procesal mediante presiones o versiones paralelas debe ser investigado bajo los estándares legales correspondientes.

Fiscalía pidió ampliación y aclaración

La Fiscalía pidió aclaración y ampliación del dictamen de la jueza Ayala.

La jueza debe aclarar sobre los links de prensa en los que se basó su dictamen. Esto porque en derecho estos deberían haber sido expuestos por los sujetos procesales.
También pidió que aclare si el recurso de Fiscalía en el que se pedía que revoque la providencia del juez Freire cuando este decidió diferir por más de un mes la audiencia en contra de Los Lobos, fue “rechazado, inadmitido y si es este último caso, fue por improcedente, extemporáneo o alguna otra causal legalmente prevista”.
Además pidió que se amplíe y se pronuncie respecto al recurso de revocatoria presentada por la Fiscalía General del Estado, en el cual pedía se convoque la audiencia de vinculación y formulación de cargos de manera expedita, dentro del plazo previsto en el Art. 593 del Código Orgánico Integral Penal.
Pidió adicionalmente que se aclare si el ciudadano Marcelo Nicolás Lasso Saavedra compareció como sujeto procesal o por qué autorizó su comparecencia en la presente causa. Además la Fiscalía pide que reforme la providencia de la jueza Ayala y deje sin efecto el haber otorgado a Lasso un domicilio judicial y abogado patrocinador en el caso ya que no es sujeto procesal.

Una salida que deja más preguntas que respuestas

La jueza Ayala se despidió del caso Magnicidio FV tomando decisiones que, según la Fiscalía y las víctimas, se apartan del marco legal y afectan el curso del proceso.
Su excusa por “enemistad manifiesta” y su dictamen final dejan abiertas interrogantes sobre la motivación y el impacto real de sus últimas actuaciones en uno de los casos más sensibles del país.