La Fuerza Armada Nacional: ¿Un Pilar de Seguridad o un Instrumento de Represión en Venezuela?

La pregunta circula cada vez más en redes sociales y en conversaciones: ¿Para qué sirve la Fuerza Armada? Para sectores importantes de la sociedad, la respuesta es contundente: para nada. O peor, para reprimir, facilitar el narcotráfico y sostener una tiranía. Y esa rabia, comprensible, plantea un dilema más profundo: si la institución militar ha perdido la confianza social, ¿quién puede restaurarla?

Max Weber explicó que el Estado moderno requiere instituciones capaces de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Ese concepto no es un adorno: la Fuerza Armada existe para proteger a los ciudadanos, defender el territorio y garantizar que ningún actor privado pueda imponer su voluntad mediante la violencia.

La Fuerza Armada forma parte esencial, querámoslo o no, de nuestra identidad como República y de nuestra cultura política como nación soberana. Cuando ha funcionado correctamente, ha resguardado nuestras fronteras, ha apoyado a las autoridades civiles en emergencias y ha actuado subordinada al poder democráticamente elegido. Por un largo período, la institución sirvió al Estado venezolano y a sus ciudadanos, no a un gobierno específico o a un proyecto partidista.

Sin embargo, eso cambió durante el último cuarto de siglo y la Fuerza Armada comenzó a operar de manera opuesta a sus principios. Permitió que guerrillas extranjeras, carteles y mafias mineras colonizaran territorio, dejando amplias zonas fronterizas bajo control de actores irregulares mientras los responsables miraban hacia otro lado o participaban activamente en redes ilícitas. Pasó de ser permisiva a convertirse en sostén de un régimen autoritario, reprimiendo manifestaciones y facilitando un fraude electoral. Estos desmanes están ampliamente documentados, no solo por la prensa, sino en acusaciones judiciales estadounidenses, reportes de inteligencia internacional y en el testimonio de las comunidades fronterizas. El Cartel de los Soles existe, no es un invento: la reputación institucional está en el piso porque fue destruida por quienes debían custodiarla.

Hoy muchos venezolanos consideran que la Fuerza Armada debería eliminarse. El sentimiento es comprensible; la conclusión es estratégicamente inviable. La Venezuela postchavista enfrentará amenazas formidables. Los grupos armados, redes de narcotráfico, mafias mineras y crimen organizado permanecerán activos. Alguien tendrá que enfrentarlos. Alguien tendrá que recuperar el control territorial. Ese alguien podría ser la Fuerza Armada, pero primero debe demostrar que merece ese rol.

El núcleo del asunto es simple: el destino de quienes portan el uniforme dependerá de sus propias decisiones. Nadie los va a salvar. No hay rescate internacional que lave reputaciones destruidas. La transformación debe ser activa, visible, verificable. Tienen que convertirse en profesionales al servicio de la nación venezolana y sus ciudadanos.

El modelo de 1958 ofrece lecciones valiosas. Tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, Venezuela enfrentó el desafío de reintegrar unas Fuerzas Armadas que habían sostenido una dictadura en un orden democrático nuevo. La solución combinó profesionalización técnica con despolitización, subordinación al poder civil mediante mecanismos constitucionales y formación académica seria. Los ascensos se basaron en mérito profesional verificable. Ese modelo funcionó durante décadas, hasta que fue desmantelado bajo el chavismo, particularmente cuando Chávez impulsó la reincorporación de participantes del 4F mediante decreto en 2012. Esa decisión otorgó ascensos retroactivos que destruyeron el principio de mérito, estableciendo que la lealtad política prevalecía sobre la competencia. Repetir ese error sería catastrófico. Si algún día se hablara de asimilación selectiva, tendría que basarse exclusivamente en capacidades actuales demostrables, jamás en rangos previos o conexiones políticas.

Los casos regionales muestran un patrón: las transiciones fracasan cuando quienes operaron bajo patronazgo intentan reconstituir el mismo sistema pero con nuevas etiquetas. El sistema chavista promovió ascensos mediante sumisión al jefe de turno, no por competencia profesional verificable. Esa lógica es incompatible con la subordinación democrática, que exige conocimiento técnico, doctrina coherente y responsabilidad ante autoridades civiles electas. Figuras con participación documentada en estructuras represivas o responsabilidad ministerial durante violaciones sistemáticas de derechos humanos carecen de credibilidad para liderar procesos de profesionalización institucional. Las etiquetas de represores del pueblo venezolano no desaparecen cambiando de interlocutor internacional. Quien fue genuflexo ante potencias externas ayer, buscará nuevos patrones externos mañana. La subordinación democrática real significa rendir cuentas ante el pueblo que alguna vez se reprimió, no sustituir un alineamiento extranjero por otro.

La transformación requiere acciones concretas. Abandonen la mediocridad protegida por padrinazgos. El futuro no evaluará consignas: evaluará qué saben hacer y si pueden adaptarse. Aprendan idiomas, preferiblemente inglés o portugués. Más de 350 millones de personas hablan inglés en el hemisferio, desde Canadá hasta el Caribe. Brasil, con más de 215 millones de habitantes, fronterizo con Venezuela y potencia militar suramericana, habla portugues. La capacidad de comunicarse con contrapartes brasileñas, estadounidenses y caribeñas es un requisito operativo para cooperación hemisférica y para defender efectivamente nuestras fronteras.

Recuperen condición física real para operaciones sostenidas en terrenos hostiles. Dominen sus sistemas de armas: funcionamiento técnico, mantenimiento, capacidades y limitaciones. Estudien doctrina militar moderna. Lean manuales estadounidenses, británicos, colombianos y brasileños. Analicen operaciones exitosas de contrainsurgencia y estabilización. El adoctrinamiento chavista carece de valor operativo; la doctrina profesional basada en evidencia genera resultados.

Desarrollen especialidades técnicas: inteligencia con metodologías contemporáneas, ciberdefensa, operaciones especiales con estándares internacionales, ingeniería militar, logística avanzada. Estas áreas marcan diferencias entre fuerzas competentes y estructuras ceremoniales. Un oficial especializado en análisis de inteligencia vale infinitamente más que cien cuya única habilidad sea repetir discursos.

El escepticismo de la sociedad venezolana es fundado. Los civiles y compañeros de armas que sufrieron represión, que vieron uniformados facilitar crimen, esperan evidencia de cambio. Cada oficial que mejora capacidades lingüísticas, condición física y competencia técnica envía una señal. Cada oficial que estudia doctrina profesional demuestra que la transformación es posible. Y cada oficial que resiste el cambio, se aferra a privilegios inmerecidos u opera con mentalidad de impunidad, confirma que la desconfianza estaba justificada.

La transición requerirá reformas profundas: reestructuración territorial, depuración de elementos criminalizados y mecanismos robustos de control civil. Pero ningún decreto garantiza una transformación real si quienes componen la institución rechazan el cambio. La diferencia entre éxito y fracaso radica en la actitud de los oficiales durante la implementación.

No habrá atajos. Tendrán que ganarse la confianza día tras día. Demostrar que merecen defender la República venezolana y a sus ciudadanos. Que pueden subordinarse al poder civil democráticamente elegido. Que dominan las habilidades que exige la profesión militar moderna. El criterio será competencia demostrable, capacidad operativa y confiabilidad bajo presión. Los mediocres que ascendieron por conexiones políticas competirán con profesionales que ascienden por mérito. A la larga, la mediocridad debería perder ante la capacidad profesional.

¿Para qué sirve la Fuerza Armada? Para defender a Venezuela y a los venezolanos. Para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza que protege a los ciudadanos de actores violentos privados. Para garantizar que nuestra República, nuestra identidad nacional y nuestra soberanía territorial permanezcan intactas. La respuesta la escribirán ustedes con acciones. Pueden reconstruir credibilidad o confirmar que la desconfianza estaba justificada. Pueden convertirse en profesionales respetados o permanecer como instrumentos desacreditados de un proyecto fracasado.

El destino está en sus manos. ¿Qué van a hacer con esa responsabilidad?