La Doble Vida de Lobo Menor: ¿Terapeuta o Jefe del Narcotráfico en Ecuador?

Durante al menos dos años, Esteban Aguilar (alias Lobo Menor), cabecilla de Los Lobos y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, habría engañado a la Justicia. Hizo creer al sistema que estaba cumpliendo estrictamente sus condiciones de prelibertad, cuando en realidad ni siquiera habría estado en el país.

¿Cómo logró este líder de una banda criminal relacionada con el narco y la minería ilegal simular presentaciones periódicas ante la Unidad de Reinserción Social Quito N 1 del SNAI? ¿Quiénes hicieron las verificaciones? ¿Por qué las autoridades del SNAI no levantaron alertas a tiempo? ¿Quiénes lo ayudaron?

Este es un recorrido por los hechos y personajes que habrían permitido a alias Lobo Menor seguir siendo parte de una estructura de delincuencia organizada, mientras en papeles supuestamente cumplía con la Ley en Ecuador.

SNAI ignoró las inconsistencias

En primer lugar, los funcionarios del SNAI son quienes debían supervisar el cumplimiento de las condiciones de la prelibertad. Sin embargo, no se dieron cuenta o no les pareció sospechoso que entre el 3 de enero del 2024 y el 17 de diciembre del 2025, Aguilar presentara fotos repetidas y con el rostro cubierto dentro de los reportes semanales ante el Sistema Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Parte del informe de la UIAD sobre Esteban Aguilar, alias Lobo Menor.

Además, supuestamente se presentaba vía telemática, pero no estaba localizable en el lugar donde había fijado su domicilio (en el sector de El Bosque, en Quito).

Incluso presentó certificados de que era “terapeuta” en una Fundación llamada “Casa de Acogida-Promesa de Salvación”. La institución supuestamente ayuda a personas con problemas de adicción. Resulta por decir lo menos, paradócico, que una persona que sería líder de una organización narcodelictiva pueda dar terapia a personas atrapadas en la adicción a la droga.

Fue Gastón Toro, abogado de Aguilar en el caso Magnicidio FV, quien justamente en la audiencia de formulación de cargos, dio a conocer esta supuesta faceta de alias Pipo como terapeuta. Para ello mostró el certificado del 9 de febrero del 2026, firmado por Pablo Vergara, director de dicha Fundación, quien aseguraba que Aguilar estuvo trabajando en esa institución desde el 23 de junio del 2024 hasta la actualidad como terapeuta.

Certificado otorgado por la Fundación Casa de Acogida Promesa de Salvación

Toro pretendía mostrar que su defendido habría estado cumpliendo las condiciones de prelibertad, que estaba siguiendo una carrera en la UTPL y aseguró que sí se encontraba en el país. Todo ello, pese a que para esa fecha ya se sabía de la existencia de informes oficiales que se contradecían de manera explícita, lo que le habría podido inducir al error al juez Giovanny Freire, encargado del caso Magnicidio FV.

Los informes se contradicen

Efectivamente, existen al menos dos informes oficiales que se contradicen: uno de la Policía y otro del SNAI.

El informe de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial (UIAD), emitido el 26 de enero del 2026, cuestiona los informes del SNAI y establece que hubo varias irregularidades en la documentación sobre las presentaciones que hizo alias Lobo Menor frente a la autoridad del SNAI. Así no se puede verificar su paradero.

En cambio, el 2 de febrero pasado, el SNAI presentó un informe en el que ratifica todos los reportes anteriores y dice que Aguilar sí cumplió con 207 capacitaciones entre el 2022 y el 2026. También justificaba que se le haya permitido presentaciones telemáticas, luego de que en abril del 2022 se diera un ataque supuestamente dirigido a Aguilar en el cual resultó herido un funcionario del SNAI.

Así, mientras para el SNAI Lobo Menor estaba cumpliendo con las reglas de su prelibertad obtenida en 2022, en el caso Magnicidio FV (que investiga a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio); hay otras versiones y testimonios en los cuales se establece una realidad distinta. Se asegura que fue parte de la estructura para asesinar a Villavicencio y que estaba fuera del pais.

Versiones de que estuvo en Turquía y en Cali

El testigo LVV aseguró (abril del 2024) que Jorge Robinson Chonillo Mendoza o “Negro Yorkis” le contó a que se reunió en Cali con gente de los GDO “Los Lobos” y habló de un vínculo directo con alias “Menor”. La reunión fue en julio del 2023 (pocos días antes del asesinato de Villavicencio).

Además, el testigo MNLS, en su testimonio jurado de septiembre del 2025, explicó que tanto Wilmer Chavarría alias Pipo como Esteban Aguilar (hijastro de Pipo), estaban en Turquía. Se habían trasladado a ese lugar pues ahí no había extradición.

Parte de la versión de MNLS.

Lo dicho por MNLS resulta creíble, pues hasta ese momento se pensaba que alias Pipo (padrastro de alias Lobo Menor) estaba muerto, pero hace pocos meses se conoció que fue capturado en Málaga, luego de haber estado en Marruecos. Ahora mismo se tramita una extradición a EEUU, pues está acusado de una serie de delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Alias Pipo, el lobo que ‘dio permiso’ para el Magnicidio FV

Y aquí otro dato curioso. Aunque el paradero de alias Lobo Menor es incierto, su defensa pidió la comparecencia de Carlos Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo Belín, alias la Flaca en el caso Magnicidio FV. El juez Giovanny Freire fijó la audiencia para este 23 de febrero a las 11.30.

El informe de la UIAD desnuda fallas y falta de alerta

Entre las conclusiones más importantes del Informe de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) se indica que:

Ángel Esteban Aguilar realizó actividades virtuales y presentación de fotografías de su asistencia a dichas actividades, pero se puede evidenciar que estaría utilizando en muchos casos las mismas fotografías en diferentes informes.
En las fotografías, Aguilar sale con el rostro tapado, o imágenes distorsionadas donde no se puede asegurar si se trata o no de la misma persona.
También destaca que el Servicio Nacional de Atención Integral a personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), mediante la Unidad de Reinserción Social Quito 1, “no ha realizado ningún informe dando a conocer esta novedad a la unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga” en este caso.
Que tampoco cumplieron las disposiciones dadas por el señor Juez de Garantías Penitenciarias de realizar una visita mensual del lugar de vivienda: “no existe ninguna verificación del posible domicilio donde se encuentra habitando el mencionado ciudadano”.

SNAI, la defensa y el preliberado, bajo la lupa

Para buscar respuestas sobre estas falencias, una jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias convocó, en cambio, a una “audiencia oral, pública y contradictoria de verificación de cumplimiento de las condiciones impuestas en la fase de prelibertad”. Esta audiencia se realizará el miércoles 25 de febrero del 2026, en el Complejo Judicial de Latacunga a las 09:30.

¿Quiénes deben asistir este 23 de febrero?

En esta audiencia, se deberán presentar de manera telemática “el preliberado”, es decir Esteban Aguilar (alias Lobo Menor); su defensa técnica (abogado Pablo Alberto Almeida Narváez) y el representante de la Unidad de Reinserción Social Quito (SNAI). A la vez todos deben presentar: “toda la documentación que acredite el cumplimiento de condiciones”.

Por el SNAI: No se conoce exactamente quién fue el funcionario que pasó por alto las irregularidades en la presentación, sin embargo, están convocados al menos una decena de funcionarios del SNAI a dicha diligencia.

El abogado de alias Lobo menor: Para este caso es Pablo Alberto Almeida Narváez, un ex juez destituido por la Judicatura debido a un caso de negligencia manifiesta (en un caso de injurias) por parte del Consejo de la Judicatura.

El nombre del juez Almeida también hizo noticia cuando presentó una medida de acción de protección para evitar su destitución. Él alegó que se le estaba tratando de manera discriminatoria pues a los otros jueces del tribunal (Patricio Vaca y Marco Maldonado) no les dieron la misma sanción. El tema llegó hasta la Corte Constitucional, pero se le negó su acción de protección. Su abogado en este caso fue Diego Chimbo.

El preliberado: No se conoce el paradero de Esteban Aguilar, alias Lobo Menor.

¿Cómo se tejió la prelibertad de alias Lobo Menor?

En septiembre del 2012, Esteban Aguilar asesinó de una puñalada a Juan Antonio Serrano, hermano de José Serrano, en medio de una fiesta. Por ello fue sentenciado, en 2013, a 20 años de prisión. Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena, el 14 de enero del 2022 (Gobierno de Guillermo Lasso), Aguilar solicitó ingresar al régimen semiabierto (prelibertad). El juez de garantías penitenciarias Víctor Darío Barahona Cunalata se la concedió.

En su resolución, le ordena presentarse una vez por semana. Además debía acreditar una actividad laboral o educativa. Tenía la obligación de pernoctar en su domicilio y no salir de la ciudad. Adicionalmente, debía someterse a tratamiento de salud mental y debía recibir visitas mensuales.

No pasaron ni tres meses y el 7 de abril, la defensa técnica Aguilar solicitó al SNAI que se designe una nueva unidad para que este ciudadano realice sus presentaciones periódicas. Días antes, se informó que hubo un incidente durante una de las presentaciones presenciales en el que resultó herido un agente del SNAI.

Así, el subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria encargado a través de Memorándum SNAI-STPSP-2022-1028-M recomienda que en casos de connotación pública y de PPL de alta peligrosidad, se solicite a la autoridad competente la posibilidad de que se realicen presentaciones de forma virtual: en razón de precautelar la seguridad de las Personas Privadas de Libertad con beneficios.

Revisando la documentación de ese momento, el director del SNAI era Pablo Romero, quien fue condenado a 9 años por el caso Metástasis, al ser parte de una estructura de delincuencia organizada. El subdirector (e) de Protección y Seguridad Penitenciaria era en ese momento Marlon Karolys.

Con fecha 13 de mayo del 2022, el juez Barahona da luz verde para que la Unidad de Reinserción Social quito N°1, a su discreción, realice las acciones necesarias a fin de precautelar la seguridad de sus funcionarios y de las personas que han accedido a un beneficio penitenciario. Es entonces cuando se flexibilizan las condiciones (aunque estarían en contra de la ley). Barahona es ahora juez de la Unidad anticorrupción.

La ley

El artículo 5 del Instructivo Interno para la Aplicación de los Beneficios Penitenciarios indica que en la etapa de prelibertad un sentenciado puede desarrollar sus actividades fuera del centro de rehabilitación social “bajo supervisión y control de la Unidad de reinserción social correspondiente”.

También indica que si se incumplen las condiciones o si el beneficiado comete otro delito, la máxima autoridad del centro comunicará en el término máximo de 24 horas a la autoridad judicial competente para que resuelva lo que en derecho corresponda.