La controvertida adjudicación de $226 mil millones en obras viales por la Gobernación del Valle a una empresa sancionada
Los representantes de los 10 consorcios que participaron en la licitación para la construcción del proyecto de obras de mejoramiento y complementarias de la vía Cañasgordas, entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, se presentaron el 24 de septiembre en la Audiencia de adjudicación. El proceso, que dejó muchos interrogantes, lo lideró el Secretario de Infraestructura Frank Alexander Ramírez, uno de los funcionarios de mayor confianza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien maneja los contratos de obras públicas menores y mayores en los municipios del departamento.
Frank Ramírez, quien venía de ser secretario en la gobernación de Clara Luz Roldán, fue ratificado en él cargo por la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Una sorpresa grande deparaba al proceso: 9 de los 10 consorcios que entraron en competencia, integrados por reputadas empresas de ingeniería, entre estas reconocidas constructoras del Valle del Cauca con gran trayectoria en obras de ingeniería, fueron descalificados. El único habilitado fue finalmente el consorcio al que favoreció la adjudicación: Av Cañasgordas.
Las evidencias indican que se trató de una decisión sin fórmula de juicio porque los sobres de las ofertas ni siquiera fueron abiertos. Así, no hubo espacio para comparar las calidades de las ofertas ni existía una base objetiva para decidir que la aceptada, por un monto de $226.000 millones, era la más conveniente para el departamento, que dispuso un presupuesto de $240.000 millones para la obra.
La victoria conseguida por AV Cañasgordas no se produjo en franca lid, como lo exigen los principios de la competencia y la transparencia en los procesos de contratación. También quedó en entredicho la debida diligencia de la administración para verificar los antecedentes del consorcio seleccionado. Esto queda claro cuando se advierte que en él participa, con un 40%, la firma Meyan SA, que se ha visto envuelta en problemas judiciales y administrativos.
El representante legal de Meyan es Baltazar Mesa Restrepo y su suplente Juan Ángel Restrepo. Para participar en la licitación, ellos se asociaron con Ingevolco S.A.S y Construcciones e Ingeniería & Inversiones S.A.S.
No era difícil verificar que Meyan SA se encuentra en proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades. El proceso se inició en 2021, cuando el organismo de inspección y vigilancia estaba a cargo de Juan Pablo Liévano, por solicitud de la apoderada Belén Coronado de Gutiérrez, y continúa hoy bajo la gestión del superintendente Billy Escobar.
“Aunque un proceso de reorganización no tiene efectos inhabilitantes, si tiene un gran impacto en los planos de la conveniencia y de la ética en un proceso de esta naturaleza”, comentó un especialista en la materia.
El mecanismo usado para descalificar a las demás firmas competidoras por un supuesto incumplimiento de requisitos terminó creando, en la práctica, el escenario de una adjudicación directa, a dedo, porque de hecho fue asfixiada la pluralidad de oferentes.
La huella de Meyan en otras obras en Cali, Santander, Valledupar y una sanción
Se trata de un modelo recurrente usado ya en otras licitaciones. Una de ellas es la relacionada con el contrato de recuperación de la Malla vial por valor de $90 mil millones de pesos entregado por el entonces alcalde Jorge Iván Ospina al Consorcio Vial Cali 2022. Allí también estuvo la empresa Meyan SA, ganadora merced a la descalificación de los tres proponentes que le competían.
En aquella ocasión, Adolfo León Hincapié actuó como representante legal del consorcio, integrado también por Ingevolco (el mismo de la vía Cañasgordas) e Inversiones Hindel SAS, que logró la adjudicación de la recuperación de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de una estrategia bautizada «ObrasDeCorazón»).
A juicio de los afectados, las causales de rechazo fueron inventadas o impuestas de manera artificiosa. Fueron establecidos plazos perentorios para impedir que otras firmas pudieran presentarse. El comité de selección se limitó a firmar, como lo denunció en su momento la concejal Diana Rojas.

Los tentáculos de Meyan S.A llegaron hasta Santander: el exgobernador Richard Aguilar terminó detenido por un contrato y aún tiene a la Corte Suprema encima.
La empresa de construcción Meyan S.A. ha dejado una estela de investigaciones, procesos judiciales y sanciones en distintos departamentos por repetidas irregularidades en la contratación pública. En Santander, cobraron triste celebridad sus negocios con el entonces gobernador Richard Aguilar, quien fue capturado en el 2021 y posteriormente destituido.
Meyan S.A. y su representante legal, Juan Gonzalo Ángel Jiménez, fueron vinculados en el marco de la investigación contra Aguilar, por el contrato del Corredor Agroforestal, valorado en $180.000 millones, que fue adjudicado al consorcio Promesa de Sociedad Futura Unidos por Santander, en el cual Meyan S.A. tenía una participación del 40%.
Los tentáculos de Meyan llegaron hasta Valledupar en la época de Cielo Gnecco Cerchar. Mientras la mandataria estaba prófuga, la secretaria de Infraestructura, Esther Mendoza Peinado, firmó un contrato por $26.640 millones de pesos para la construcción de la nueva Avenida El Edén de Valledupar con ‘Consorcio Mi Avenida El Edén’.
El consorcio estaba conformado por las empresas Ingeniería y obras de Colombia y Meyan S.A, con 60% y 40% de participación respectivamente. En ese caso, los encargados de la adjudicación pasaron por alto que la empresa había sido sancionada por Invias por incumplimiento en una obra en Córdoba y que se encontraba en proceso de reorganización en la Superintendencia. La oficina jurídica, en cabeza de Sergio Barranco Núñez, dio concepto favorable para que se firmara el contrato de construcción de la Avenida El Edén de Valledupar.
La sanción con multa por parte de INVIAS a MEYAN S.A por obra en el departamento de Córdoba
En el 2022, cuando cumplía un año del proceso de reorganización empresarial, con la lupa de la Superintendente de sociedades encima, Meyan S.A fue multado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), con $295.958.232 como integrante del Consorcio BCM.
El castigo correspondió a un incumplimiento del Contrato para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento del sector Lorica-San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, licitación pública por valor de 45.000 millones de pesos.
La investigación del Invías probó que la constructora no cumplió con la totalidad de las obligaciones adquiridas en la licitación. La Resolución número 2146 y 2669 de 2022 declaró que la obra estaba siniestrada y procedió a hacer efectiva las pólizas de cumplimiento del contrato.
Quién es el poderoso Frank Alexander Ramírez, secretario de infraestructura del Valle del Cauca que quita y pone
Quien lideró y definió el proceso licitatorio fue el secretario de infraestructura Frank Alexander Ramírez Ordóñez. Ingeniero de Sistemas y Telemática de la Universidad Santiago de Cali, sobre quien recae la sombra del exgobernador Juan Carlos Abadía, condenado por corrupción por la Corte Suprema de justicia a 21 años y 7 meses de prisión, detenido en la Escuela de carabineros de Palmira.
Ramírez formó parte de su primer gabinete y fue esa su iniciación en la vida pública como secretario de telemática. Del semillero del Partido de la U, fue Director administrativo de la gobernadora Dilian Francisca Toro en la primera gobernación.
Fue su sucesora, la gobernadora Clara Luz Roldan, quien lo promovió a secretario de infraestructura, cargo que ocupó los cuatro años y fue ratificado por la gobernadora Toro, con lo cual se confirma el nivel de confianza y la funcionalidad de Ramírez Ordóñez a su proyecto político y de gobierno.
La responsabilidad del proceso de licitación y de cualquiera irregularidad en la que se haya incurrido recaería sobre el secretario de infraestructura Frank Ramírez, quien está al frente de la contratación de obra pública del Valle del Cauca.



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