La controversia tras la salida de Llinás y la llegada de Jorge Lemus a la dirección de la UIAF: Implicaciones políticas y financieras

Este paisa contador público de confianza de Petro estuvo en el cargo desde el comienzo y la movida abre el camino a convertirla en un arma de pelea política.

El 2 de noviembre de 2024, cuando huyó a Nicaragua donde encontraría asilo político, el entonces director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, era objeto de un seguimiento por parte de una agencia del gobierno que miraba de cerca sus movimientos patrimoniales, que en este momento registraban al menos cuatro operaciones consideradas inusuales y sospechosas por su cuantía.

La tarea estaba a cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una agencia adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya génesis estaba en la lucha del Estado contra las economías ilegales y el lavado de activos.

Este cargo tenía a Luis Eduardo Llinás, un contador público con todas las credenciales profesionales, pero sobre todo contaba con la confianza de Petro. Nativo de Ciénaga de Oro y contador público de la Universidad de Antioquia, fue clave para la Colombia Humana y el Pacto Histórico en Antioquia; gerenció la última campaña presidencial. Ocupó el delicado cargo donde se le pone la lupa a los movimientos financieros para prender alertas en el tema de lavado de activos y había asumido últimamente el encargo de tomar las riendas de la DIAN.

La UIAF, en cabeza suya, le envió a la Fiscalía un informe de acuerdo con el cual se identifican cuentas de ahorro y depósitos a término en Davivienda con movimientos de altos montos, entre ellos depósitos y CDT por valores de $3.413 millones, $1.000 millones, $12.964 millones y hasta $13.541 millones. De acuerdo con la legislación vigente, cualquier movimiento superior a los $10 millones puede ser objeto de escrutinio en cuatro a su origen.

En la importancia coyuntural del informe consistía en que ese momento estaba a punto de ir a la fase del juicio una investigación contra Carlos Ramón González y otros connotados dirigentes, entre ellos presidentes de Senado y Cámara, los haber dispuesto de millonarios recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para comprar apoyo legislativo en las cámaras para los proyectos del gobierno.

Las operaciones hablaban bien de la independencia y neutralidad a la que está obligado un organismo de inteligencia financiera conectado a una comunidad internacional regulada por tratados internacionales que tienen la misma fuerza que la Constitución Política. Pero las cosas podrían estar cambiando.

La complicada llegada del director de inteligencia Jorge Lemus a la UIAF

Por paradojas del destino, el hombre que sucedió a González en la Dirección Nacional de Inteligencia -ojos y oídos del presidente de la República- llega ahora como nueva cabeza de la UIAF. Se trata de Jorge Arturo Lemus Montañez.

Lemus, abogado y especialista en gestión pública, sucede allí al saliente director de la DIAN Luis Eduardo Llinás. El relevo se produce en un momento crítico por la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa y uno de sus hijos en la lista Clinton, un instrumento unilateral de “inteligencia financiera” del gobierno de Estados Unidos que ocasionalmente se conecta en busca de información con otras agencias del mundo.

Al presidente Petro se le antoja injusto a que él, denunciante de las mafias del narcotráfico y sus aliados en la política, se le incluya en un registro reservado a operadores de la mafia y de lavado de activos, mientras que adversario suyos estén libres de apremios de esa naturaleza pese a sus vínculos, según él probados, con organizaciones criminales.

La reacción del presidente y su decisión de relevar al director de la UIAF, en una decisión que el pasado estaba reservada, en circunstancias excepcionales, al ministro de Hacienda, genera inquietud y preocupación en varios círculos por el nuevo enfoque que por decreto querría darle a una entidad cuya calidad técnica ha sido reconocida internacionalmente.

La preocupación consiste en que su misión podría tener un nuevo foco político y ser puesta al servicio de persecuciones y seguimientos a adversarios del gobierno en plena campaña electoral. El riesgo crece en la medida en que el presidente parece convencido de que figuras de la derecha hicieron cabildeo en Washington para conseguir dos objetivos: que Colombia fuera descertificada y que él fuera sometido a sanciones políticas para afectar su gobernabilidad. Y a esto se le suma el haber sido incluido en la Lista Clinton.

Antecedentes del manejo político de la UIAF en otros gobiernos

Sin embargo, hay antecedentes que muestran que variar de esa manera los cauces naturales de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera no es conveniente ni recomendable. Eso lo saben bien los adversarios de Petro cuando en el pasado quisieron utilizarla para hacer seguimientos a las finanzas personales de sus oponentes y tuvieron que pagar caro las consecuencias.

Maniobras de esa naturaleza, ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, enviaron a la cárcel a un hombre que había dirigido con decoro la DIAN y que cayó en desgracia al asumir las riendas de una UIAF politizada: Mario Aranguren.

Pese a que actualmente es objeto de sanciones internacionales por haber revelado información de pares suyos relacionados con la compra del malware Pegasus, instrumento de espionaje internacional, la UIAF es un patrimonio institucional colombiano que ha liderado organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GALIFAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Sin embargo, por afectos de la propia legislación y la doctrina y la jurisprudencia de las Cortes, la utilidad de la información recabada por la UIAF es limitada. Esta situación obedece al hecho de que la agencia solo está habilitada legalmente para enviar sus productos de información y análisis a la Fiscalía General de la Nación, con propósitos netos de judicialización.

Solo en casos excepcionales y aislados esa información puede ser compartida con otras agencias de inteligencia. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han insistido en que los informes de inteligencia no tienen calidad probatoria y su alcance está limitado por los derechos fundamentales de las personas.