Kiko Gómez pierde mansión en Barrancas tras 13 años de investigaciones por crímenes en La Guajira

Único bien recuperado de los 17 que están en el ojo de la Fiscalía; allí se planearon crímenes como el de la alcaldesa Yandra Brito por el que paga 55 años de cárcel

La lujosa mansión de muros altos, de más de mil metros cuadrados, levantada en Barrancas, un pueblo donde todavía hay calles sin pavimentar dejó de formar parte de la fortuna de Kiko Gómez construida en medio de la ilegalidad y delitos como asesinato que lo tienen condenado a 55 años de cárcel en la Picota de Bogotá. Jaime Avendaño, director de la Sociedad de Activos Especiales en La Guajira, se presentó escoltado por la Policía, el Ejército, la Procuraduría y la Alcaldía municipal para tomar posesión del predio que la justicia había ordenado incautar hace 13 años.

Historia de un poder oscuro

Nacido en la región y formado políticamente allí, Gómez fue alcalde de Barrancas en 1997, mucho antes de llegar a la Gobernación de La Guajira. Desde ese primer cargo, la Fiscalía reconstruyó una red de alianzas con estructuras armadas ilegales que operaron en el sur del departamento en los años noventa y comienzos de los dos mil. El expediente judicial sostiene que hizo parte de las dinámicas de expansión del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado en esa zona por Rodrigo Tovar Pupo y Salvatore Mancuso.

Lucho Díaz nació y se crió en Barrancas, el pueblo donde Kiko Gómez era el rico y mandamás y quien junto a paramilitares como Jorge 40 y asesinos como Marquitos Figueroa, se volvieron intocables y temidos.

Este no es el único crimen que pesa sobre el también exgobernador. Fue señalado de estar comprometido en el asesinato del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, ocurrido en febrero de 1997 en Barrancas, pero en octubre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente esta sentencia emitida en 2017 por el Juzgado Noveno Especializado que lo había condenado a 40 años por ese caso.

La recuperación de la casa ocurre trece años después de que se iniciaran los procesos de extinción de dominio. El proceso se había comenzado formalmente en 2013, cuando la Fiscalía 38 Especializada documentó un entramado patrimonial que incluía 17 bienes, tres de ellos en Barrancas, un municipio que aprendió a convivir con el contraste entre la ostentación de algunos y la precariedad de muchos.

Precisamente, las declaraciones de Mancuso fueron determinantes en esa reconstrucción para que la Fiscalía empezara a buscar los bienes de Kiko Gómez. El exjefe paramilitar, que recuperó la libertad en febrero de 2024 tras cumplir una condena de ocho años en Estados Unidos y quien hoy actúa como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, explicó ante la justicia cómo se organizaron los frentes paramilitares en La Guajira y cómo buscaron apoyos políticos locales. En esa versión, el nombre de Gómez Cechar apareció como parte de la estructura que facilitó el asentamiento y la operación de esas fuerzas en municipios como Barrancas.

Las investigaciones sostienen que esa alianza permitió consolidar un dominio territorial que combinaba control político, presión armada y capacidad económica. Barrancas, Fonseca y otros municipios cercanos quedaron bajo la influencia de esas estructuras. La Fiscalía describió un contexto de ilegalidad en el que el concierto para delinquir y los homicidios agravados fueron parte de una estrategia para neutralizar opositores y asegurar el control local.

Cadena de crímenes

El caso del concejal Luis López Peralta es uno de los ejemplos citados en el expediente. El exconcejal fue asesinado en un hotel de Barrancas por sicarios vinculados a la banda de Figueroa. Para la justicia, ese crimen no fue un hecho aislado sino parte de una cadena de violencia que incluyó también el asesinato de la exalcaldesa Brito. La condena contra Gómez por esos hechos consolidó la tesis de que su poder no se limitó a la administración pública, sino que estuvo respaldado por estructuras armadas ilegales.

Mientras tanto, el patrimonio crecía. Fincas como El Chaparral, El Refugio, Santa Rita y La Querencia, además de otras propiedades urbanas, quedaron bajo la lupa. Fue ahí cuando la Fiscalía 38 Especializada incluyó 17 bienes en el proceso de extinción de dominio. La casa recién recuperada era uno de los inmuebles más visibles. Su tamaño y ubicación contrastaban con la realidad de un municipio donde muchas viviendas siguen siendo de construcción sencilla.

La diligencia de recuperación fue presentada como un acto de restitución institucional. La SAE informó que el inmueble hacía parte del entramado patrimonial asociado a actividades criminales y que fue restituido al Estado en desarrollo del proceso de extinción de dominio. La propiedad quedó bajo custodia de la Policía Nacional mientras se define su rol. Puede convertirse en sede institucional, en espacio comunitario o en cualquier otra destinación social, como ha pasado en el gobierno de Petro.

Ahora, en Barrancas, la imagen de la casa vacía marca un cambio simbólico. Durante años representó la consolidación de un liderazgo que se apoyó en redes formales e informales. Hoy es evidencia material de un proceso judicial que tardó más de una década en traducirse en hechos concretos sobre el terreno.

El poder de Kiko Gómez en Barrancas no se explica solo por elecciones ganadas ni por cargos ocupados. Según las decisiones judiciales, se sostuvo en alianzas con jefes paramilitares, en la articulación con bandas locales y en una estructura que mezcló política y violencia. Ese entramado fue desmontado lentamente por la justicia, con condenas penales y procesos de extinción de dominio que han caminado lento, aunque otras se han engavetado.