Iniciativas Diplomáticas del Canciller Yván Gil: Encuentros con 46 Países en la ONU y el Mapa de Regímenes Autoritarios en 2025

El mapa diplomático que trazó Yván Gil en la ONU 2025 habla por sí solo. De los 46 países con los que sostuvo encuentros bilaterales, más de la mitad son regímenes autoritarios y apenas cuatro están considerados “Libres” por Freedom House, entre los 193 Estados miembros de la organización. Venezuela consolida así una política exterior anclada en gobiernos no democráticos o señalados por violaciones de derechos humanos.

En el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 2025), el canciller venezolano Yván Gil sostuvo encuentros bilaterales con representantes de 46 países. A través de su canal de Telegram, el funcionario fue divulgando fotografías de sus sucesivos encuentros con los de otras naciones. La lista dibuja con claridad el mapa diplomático de Nicolás Maduro: una red de aliados marcada por regímenes autoritarios, economías extractivistas y gobiernos cuestionados en materia de derechos humanos.

De los 46 países, 28 (61%) están clasificados por Freedom House 2025 como “No Libres”, un grupo donde figuran Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Tayikistán, Ruanda y varios gobiernos africanos como Chad, Sudán, Mali o Burkina Faso. Otros 10 (22%) son considerados “Parcialmente Libres”, entre ellos Serbia, Sri Lanka, Mozambique, Bolivia y Benín, caracterizados por instituciones débiles y restricciones políticas crecientes.

De los que se reunieron con Gil, solo ocho países (17%), como Barbados, Ghana, Namibia, Kenia o Senegal, son catalogados como “Libres”, lo que evidencia que la mayoría de los interlocutores de Caracas pertenecen a entornos donde las libertades políticas y civiles están severamente limitadas o bajo amenaza.

Esos ocho países equivalen al 4% de las naciones reconocidas como parte de la Organización de las Naciones Unidas (193).

Por su parte, de los 46 países, 25 (54%) son catalogados como regímenes autoritarios según el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit. En esa nómina destacan Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Tayikistán, Vietnam y varios gobiernos africanos como Chad, Sudán, Mali o Burkina Faso. Otros 11 operan bajo regímenes “híbridos” o democracias frágiles, mientras apenas un puñado —entre ellos Barbados, Ghana, Namibia o Senegal— mantienen estándares democráticos aceptables.

El dato confirma que más de la mitad de los interlocutores escogidos por Caracas no celebran elecciones libres ni cuentan con instituciones independientes. Comparten con el chavismo una visión de soberanía centrada en la no injerencia y una lectura flexible de los derechos humanos.

El componente energético es otro eje clave. Entre los países contactados, cinco (10,9%) pertenecen a la OPEP —Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial, Irán y Emiratos Árabes Unidos—, con los cuales Venezuela busca reactivar acuerdos técnicos y comerciales en un contexto de sanciones.

A ellos se suman diez (21,7%) miembros de Petrocaribe. El listado incluye Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y San Cristóbal y Nieves, entre otros pequeños Estados insulares que suelen votar en bloque a favor de Venezuela en organismos multilaterales.

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Más allá del petróleo o la cooperación técnica, los perfiles de estos gobiernos revelan un patrón: 46 de 46 (100%) han sido objeto de observaciones o denuncias recientes de organismos internacionales de derechos humanos, ya sea Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las denuncias varían en gravedad y contexto, pero muestran una constante: la represión interna como herramienta de control político. En Rusia, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, Irán y Vietnam se documentan detenciones arbitrarias, juicios políticos y persecución judicial contra opositores y periodistas. En Irán, activistas relataron descargas eléctricas y golpizas durante interrogatorios, mientras en Nicaragua decenas de críticos han sido despojados de su nacionalidad.

En África, la ONU ha señalado ejecuciones extrajudiciales y masacres contra civiles en Sudán, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso, muchas veces cometidas por fuerzas regulares o mercenarios aliados, como los grupos vinculados a la organización rusa Wagner. En Uganda, Burundi y Zimbabue los reportes incluyen uso letal de la fuerza en protestas, torturas en detención y censura sistemática.

La censura y las leyes mordaza son otra constante. Vietnam e Irán figuran entre los países con más periodistas presos, mientras Uganda y Zimbabue imponen restricciones severas a la cobertura electoral. En Cuba y Nicaragua, medios independientes enfrentan cierres y confiscaciones.

También hay denuncias de violencia sexual y de género, especialmente en contextos de conflicto o detención. En Sudán del Sur y Burundi se reportan violaciones sistemáticas cometidas por fuerzas estatales, mientras en Nicaragua y Cuba exreclusas describen abusos y amenazas sexuales como forma de castigo.

Los organismos internacionales alertan además sobre violaciones de derechos de niños y adolescentes: en Irán se han registrado ejecuciones de menores infractores, y en países del Sahel como Mali, Níger y Chad persiste el reclutamiento forzoso infantil. En Rusia y Cuba, adolescentes han sido detenidos por participar en protestas.

Por último, la corrupción estructural y la impunidad judicial atraviesan la mayoría de los casos, desde Guinea Ecuatorial y Angola hasta Rusia y Nicaragua, donde la captura del Estado y el control de las cortes garantizan protección política a las élites.

No es coincidencia: estos gobiernos comparten una narrativa de resistencia frente a Occidente, rechazan las sanciones y se amparan mutuamente en foros internacionales. De hecho, 11 (23,9%) —entre los que figuran Bielorrusia, Tayikistán, Irán, Mali, Burkina Faso, Níger, Sudán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Rusia— pueden considerarse parte de la órbita de Moscú, con acuerdos de defensa o cooperación militar activa.

El periplo de Gil en Nueva York confirma que la política exterior venezolana ha mutado: ya no busca reconocimiento occidental, sino legitimidad cruzada entre regímenes afines. La estrategia pasa por construir una diplomacia de supervivencia, donde cada voto en la ONU, cada comunicado conjunto o cada abstención valen más que un tratado comercial.

Así, Caracas consolida un cinturón de aliados autoritarios, donde la afinidad ideológica, el petróleo y la impunidad funcionan como moneda común. En lugar de apertura o reinserción, el resultado es una internacional del aislamiento, en la que Venezuela se siente menos sola, pero también más lejos de la comunidad democrática.

País
Estatus (Freedom House 2025)
¿Es petrolero?
Denuncias de violaciones de DDHH

Angola
No democrático
Sí
HRW: represión de protestas y corrupción

Antigua y Barbuda
Democrático
No
Amnistía: falta de leyes contra violencia de género

Argelia
No democrático
Sí
HRW: detenciones arbitrarias y restricciones a prensa

Barbados
Democrático
No
Amnistía: rezagos en justicia y derechos de género

Belice
Democrático
No
Amnistía: violencia de género y deficiencias judiciales

Benín
Parcialmente libre
No
HRW: uso excesivo de fuerza y detenciones políticas

Bielorrusia
No democrático
No
HRW y ONU: tortura, censura y represión masiva

Bolivia
Parcialmente libre
Sí (gas)
HRW: persecución judicial y violencia política

Burkina Faso
No democrático
No
HRW y ONU: ejecuciones extrajudiciales y ataques a civiles

Burundi
No democrático
No
HRW y ONU: ejecuciones, represión y tortura

Catar
No democrático
Sí (gas)
Amnistía: abusos laborales y restricciones a libertades

Chad
No democrático
Sí
HRW y ONU: ejecuciones extrajudiciales y represión política

Corea del Norte
No democrático
No
ONU: trabajo forzado, tortura y detenciones arbitrarias

Cuba
No democrático
No
HRW y Amnistía: presos políticos, censura y represión sistemática

Dominica
Democrático
No
Amnistía: falta de protección a mujeres y LGBTIQ+

Emiratos Árabes Unidos
No democrático
Sí
HRW: detenciones arbitrarias y censura

Gambia
Democrático
No
HRW: impunidad por crímenes del régimen anterior

Ghana
Democrático
Sí (productor medio)
HRW: abusos policiales y represión de protestas

Granada
Democrático
No
Amnistía: carencias en derechos sexuales y reproductivos

Guinea Ecuatorial
No democrático
Sí
HRW y ONU: torturas, corrupción e impunidad

Irán
No democrático
Sí
HRW y Amnistía: ejecuciones, torturas y represión de mujeres

Kenia
Democrático
No
HRW: violencia policial y abusos en manifestaciones

Mali
No democrático
No
HRW y ONU: masacres y violaciones cometidas por ejército y Wagner

Mongolia
Democrático
No
Amnistía: tortura policial y corrupción

Mozambique
Parcialmente libre
Sí (gas)
HRW y ONU: abusos en Cabo Delgado y desplazamientos

Namibia
Democrático
Sí (productor emergente)
Amnistía: violencia de género y discriminación

Nicaragua
No democrático
No
HRW y Amnistía: presos políticos, exilio y despojo de nacionalidad

Níger
No democrático
No
HRW: ejecuciones y represión tras golpe de Estado

Omán
No democrático
Sí
Amnistía: censura, persecución a activistas y pena de muerte

República Árabe Saharaui Democrática
No (no reconocido plenamente)
No
HRW y ONU: represión en campamentos y falta de autogobierno

Ruanda
No democrático
No
HRW: asesinatos de opositores, tortura y represión

Rusia
No democrático
Sí
HRW y ONU: crímenes de guerra, represión y censura total

San Cristóbal y Nieves
Democrático
No
Amnistía: deficiencias en derechos de mujeres y LGBTIQ+

San Vicente y las Granadinas
Democrático
No
Amnistía: vacíos en acceso a justicia y derechos sexuales

Santa Lucía
Democrático
No
Amnistía: rezagos en derechos de mujeres

Senegal
Democrático
Sí (gas/petróleo emergente)
HRW: muertes en protestas y detenciones arbitrarias

Serbia
Parcialmente libre (democracia frágil)
No
HRW: violencia policial y hostigamiento a prensa

Sri Lanka
Parcialmente libre
No
HRW: represión a manifestantes y tortura en custodia

Sudán
No democrático
Sí
HRW y ONU: crímenes de guerra y limpieza étnica en Darfur

Sudán del Sur
No democrático
Sí
ONU: violencia sexual sistemática y desplazamientos forzados

Surinam
Democrático
Sí (emergente)
Amnistía: impunidad y corrupción

Tayikistán
No democrático
No
HRW: represión política y torturas

Togo
No democrático
No
HRW: represión política y detenciones arbitrarias

Uganda
No democrático
Sí (productor medio)
HRW y Amnistía: represión de protestas, torturas y censura

Vietnam
No democrático
No
HRW: presos políticos, censura y tortura

Zimbabue
No democrático
No
HRW: represión política, censura y tortura a disidentes

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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