Excarcelaciones en Venezuela: Kelvi Zambrano alerta sobre la ineficacia del proceso judicial en los derechos humanos

A propósito de las excarcelaciones que siguen ocurriendo en Venezuela desde el pasado 8 de enero de 2026, Kelvi Zambrano, director de la  Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, conversó con La Gran Aldea el lunes 19 de enero de 2026.

Zambrano advierte sobre nuevos reportes de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, así como sobre el estado actual del país.

¿La Coalición tiene nuevos reportes de desaparecidos?

—Sí. Hay muchas personas desaparecidas, incomunicadas o aisladas por un lapso prolongado, algunas desde hace casi un año. Unos están en comisarías o destacamentos y otros, supuestamente, fueron trasladados a centros de reclusión en ciudades.

Esto genera una gran incertidumbre en los familiares, quienes además desconocen los motivos por los cuales sus parientes están privados de libertad y no han tenido acceso al expediente. Hemos atendido a sesenta y ocho personas en lo que va de año y, esta semana, hemos registrado treinta y tres personas desaparecidas.

Ya hemos intentado varias acciones ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar estos casos. Hoy vamos a presentar un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia por los detenidos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes no tienen comunicación con sus familiares desde el 26 de noviembre aproximadamente.

¿Cuál es el perfil de estas treinta y tres nuevas detenciones?

—Todas son personas privadas de libertad por motivos políticos. La mayoría está alineada con algún partido político, se encuentra en sectores muy retirados del centro del país y expresó su opinión disidente, algún descontento o denunció irregularidades en grupos de WhatsApp o redes sociales.

Por ejemplo, está el caso del señor Yorman Vladimir Acevedo, de 57 años, quien hacía videos en TikTok sobre su comunidad en el estado Aragua, emitiendo una opinión contraria al gobierno nacional. Fue detenido el 13 de enero de 2026 y, hasta la fecha, sus familiares desconocen su paradero. Han presentado denuncias en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta.

Las detenciones de este año han ocurrido por haber mostrado felicidad o apoyo a Estados Unidos después del 3 de enero. Creemos que hay más casos, pero todavía existe mucho miedo a denunciar; incluso han amenazado a los familiares.

¿Hay reportes de mujeres detenidas?

—Sí. Alrededor de treinta de las sesenta y ocho personas que hemos verificado son mujeres. Tenemos el caso de una joven con discapacidad que tenía una organización no gubernamental y denunció el uso instrumental de personas con discapacidad por parte del gobierno después de la elección presidencial.

En el resguardo femenino de la PNB en El Valle, al suroeste de Caracas, hay ocho mujeres, en teoría, pero tenemos reportes de que son más: madres e hijas, así como la hija de una dirigente parroquial del estado Lara. También está la profesora Nélida Sánchez, una mujer de avanzada edad con problemas de salud, que no ha sido liberada.

Hay otras detenidas que no tienen relación directa con el contexto postelectoral, aunque todas están privadas de libertad por motivos políticos.

¿Qué interpreta de las excarcelaciones a partir del 8 de enero?

—Lo primero que deberíamos entender es el contexto político que vive Venezuela. Sin duda, lo que está pasando forma parte de una serie de compromisos que estas personas tienen que cumplir para evitar nuevos mecanismos de presión.

El gobierno estadounidense ejerce presión a la fuerza, la tiene y la va a utilizar. Pero no es la única potencia involucrada en estas negociaciones: también está la Unión Europea, aunque España está jugando sola, y Argentina también. Lamentablemente, la situación de Venezuela depende de acuerdos entre potencias y de condiciones favorables para que sus empresas petroleras y de otros sectores puedan operar sin problemas en el país.

La incidencia que podemos tener activistas, periodistas y políticos venezolanos en este proceso es prácticamente nula. Sin embargo, debemos insistir: si no hay respeto por los derechos humanos, civiles y políticos, y por las libertades, habrá un efecto negativo en el sistema económico. En cualquier momento pueden secuestrar a un trabajador extranjero y volveríamos al ciclo de liberar a alguien, levantar una sanción o retirar otra.

Yo no creo en las presiones económicas. El gobierno venezolano ha logrado sortearlas a través de otros sistemas y va a seguir utilizando a los presos políticos como su principal herramienta de negociación. Las excarcelaciones no sirven de nada si estas personas siguen sometidas a un proceso judicial que, en cualquier momento, puede revocar las medidas, que además no son claras. Tienen que ser absueltos de todas las imputaciones.

El gobierno no termina de soltar a las personas y este va a ser un tema determinante en los próximos meses y años.

Para usted, no habrá liberación de todos.

—No lo creo. Seríamos ingenuos al pensar eso. El gobierno necesita tener personas privadas de libertad, porque es lo único que tiene a su favor. No cuenta con respaldo popular y lo que le permite sostenerse, aunque sea medianamente, es el uso del miedo, del control y de la cárcel política.

Es el único mecanismo que le ha funcionado. El mejor ejemplo es que mientras excarcelan a uno, encarcelan a otro, sobre todo en sectores populares, como mecanismo de control político y de inteligencia social. Estos sectores podrían ser la mecha que encienda un movimiento de descontento nacional y de cambio, por lo que el régimen controla esas bases que no tienen acceso a atención comunicacional. Esa operación les resulta bastante efectivas.

Al gobierno ya no le interesa tanto controlar a los grandes dirigentes, porque esos ya han sido neutralizados.

¿Qué esperar de las excarcelaciones?

—Se irán dando sobre la base de los compromisos que adquieran con grupos objetivos, como vimos con los periodistas, los ciudadanos extranjeros o los casos mediáticos. Siempre entendiendo la necesidad que tienen de silenciar a la opinión pública.

¿Por qué estos grupos de excarcelados?

—Por el costo político. En este grupo hay presos políticos por los cuales los organismos internacionales ejercieron presión a través de los Estados y sus gobernantes.

Ahora hace falta que un conglomerado de Estados o de actores políticos involucrados en la negociación con Venezuela se comprometa con casos como los de los militares y las mujeres. Hasta que no estén alineados todos los factores que operan en este proceso, no vamos a ver excarcelaciones masivas.

Lamentablemente, no tenemos acceso a esos factores determinantes. No tengo expectativas positivas: creo que la situación en Venezuela sigue siendo bastante oscura e incierta.

Vuelvo con la misma pregunta: ¿algo más que esperar de las excarcelaciones?

—Ha sido tan atroz la cantidad de personas detenidas como mecanismo de presión para la negociación que también toca evaluar la burocracia y la efectividad del sistema de justicia. Todavía hay jueces que dicen que están esperando órdenes, llamadas, instrucciones. Es evidente que no son independientes.

En un país dominado por el miedo, ningún funcionario se atreve a excarcelar a algún sin consultar con cuatro o cinco superiores. Tenemos casos en los que las boletas de excarcelación ya están en los centros de reclusión, pero el detenido no ha salido.

Desde la Coalición no solo exigimos una lista de nombres, sino el registro de todos los centros de reclusión donde haya al menos una persona privada de libertad por motivos políticos.

Finalmente, hay que entender que esto no se trata solo de excarcelar presos políticos. Implica un cambio institucional profundo, porque aunque liberen a todas estas personas, sigue existiendo una institucionalidad diseñada para la represión.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.