El recorrido del oro venezolano: De Guayana a las refinerías suizas y Silicon Valley

El bimotor King Air 200 tenía previsto aterrizar en Miami a las cuatro de la tarde, a tiempo para que su carga pasara por la aduana, siguiera su tránsito en otro avión y llegara a Zúrich ese mismo día. Las 10 maletas contenían oro valorado en más de 7 millones de euros, destinado a un complejo de edificios grises al pie de los Alpes: una de las refinerías más grandes del mundo, la suiza Argor-Heraeus.

Pero cuando el avión procedente de Curazao, la isla de las Antillas Neerlandesas en el Caribe a 70 kilómetros de la costa venezolana, aterrizó en el aeropuerto de Miami el 17 de marzo de 2015, no hubo forma de que siguiera su viaje como estaba previsto. «No es posible realizar la conexión hoy… Nuestro equipo en Miami la cambiará al vuelo de mañana», escribió el encargado de logística de transporte de valores, Brink’s, al cliente exportador de la carga.

Aquel contratiempo trastocó algo más que el plan de vuelo, pues esa noche en la aduana los lingotes de oro fueron incautados. Oficialmente, el decomiso se debió a una inconsistencia en la documentación. Sin un plan comercial utilizó documentación engañosa para trasladar unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3000 millones de dólares, desde Curazao, lo que contribuyó a perpetuar la catástrofe medioambiental y de derechos humanos en el sur de Venezuela. La refinería europea Argor-Heraeus, que forma parte de la cadena de suministro de gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, procesó el metal que se coló por las grietas del régimen de control del oro. Los agentes estadounidenses intentaban comprender algo más sustancial: ¿de dónde provenía realmente el oro, declarado como «chatarra», es decir, material reciclado, transportado desde Curazao?

«[Los agentes] se centraron mucho en el origen del oro y en si provenía de Venezuela», escribió un ejecutivo de Brink’s en un intercambio interno de correos electrónicos. En aquel entonces, la industria minera venezolana ya estaba ampliamente asociada con graves violaciones de derechos humanos, delitos ambientales y la participación de grupos armados y redes criminales.

El oro fue liberado dos años después tras el pago de una multa de 300.000 dólares, según declaró el proveedor en una declaración judicial de un procedimiento conocido como “decomiso civil”, útil para evitar litigios penales. Así, pues, el caso se cerró sin que se presentaran cargos formales. Diez años después, una colaboración periodística entre el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), IrpiMedia (desde Italia) y Armando.info, revela que ese cargamento fue uno de muchos dentro de un esquema de flujo de oro cuya fuente se encontraba, al menos en parte, en las minas ilegales al sur de Venezuela.

Cientos de documentos confidenciales, incluyendo facturas, extractos bancarios, correos electrónicos, certificados de refinación y declaraciones judiciales, revelan por primera vez el funcionamiento de una cadena de suministro que, entre 2012 y 2018, transportó más de 90 toneladas de oro venezolano, con un valor aproximado de 3.000 millones de dólares, a refinerías de Italia, Turquía y, sobre todo, Suiza. Estas refinerías abastecen al sector joyero, pero sobre todo a grandes empresas tecnológicas como Apple, Tesla y Nvidia. El oro es, de hecho, un material esencial para la industria tecnológica: según el Consejo Mundial del Oro, el sector electrónico consume más de 270 toneladas al año, más que cualquier otro sector industrial.

Esta investigación periodística ha reconstruido cómo el oro era vendido a refinerías europeas como “oro chatarra”: trozos del metal supuestamente viejo, como joyas usadas, piezas dentales o lingotes antiguos que se funden para ser reusados. En la práctica, esa etiqueta funcionó como disfraz, pues, una vez fundido, el oro pierde cualquier rastro visible de su origen, lo que permite que el metal extraído en zonas de violencia y destrucción ambiental entre al mercado global como si fuera legítimo.

Clasificar el metal de esa forma permite evitar los controles más estrictos. Expertos advierten que esta categoría se ha convertido en una de las principales grietas del sistema de regulación internacional.

La refinería suiza y otras aseguran que sus análisis descartaron la presencia de oro de origen minero, incluido el doré, una aleación semipurificada que se produce en las minas antes del refinado. Pero esta investigación obtuvo parte de los resultados de pruebas internas realizadas por la propia refinería suiza. Esos documentos, revisados por especialistas independientes, apuntan a una conclusión distinta: que el material provenía, al menos en parte, de minas venezolanas donde se han documentado durante años abusos contra comunidades locales, explotación laboral y graves daños ambientales. Estas revelaciones plantean una pregunta más amplia: ¿cuánto oro extraído en condiciones violentas o ilegales ha ingresado al mercado internacional etiquetado como reciclado?

La isla dorada sin minas de oro

Aguas turquesas, playas de arena blanca, icónicas fachadas coloniales pintadas de amarillo, rosa y azul. Curazao es un destino caribeño de postal, ideal para cruceros y lunas de miel. Pero la isla tiene otra faceta: a solo 45 minutos de vuelo de Venezuela, con zona de libre comercio y conexiones directas a Europa, es un punto de tránsito ideal tanto para el comercio legal como para el ilícito.

En la década de 2010, Curazao se convirtió en uno de los centros de comercio de oro más importantes del continente. En menos de una década, más de 110 toneladas del metal, con un valor de 4.500 millones de dólares, salieron de la isla. Esta es una circunstancia difícil de explicar, pues la isla, con una población de tan solo s150.000 habitantes, no tiene minas de oro. En comparación, la producción anual de oro de Colombia, uno de los mayores productores de Suramérica, ronda las 50 toneladas.

«No había ninguna razón plausible para que grandes flujos tuvieran que pasar por Curazao», explica Alan Martin, director de abastecimiento ético de la London Bullion Market Association (LBMA), la entidad que fija los estándares internacionales de trazabilidad y debida diligencia para el comercio de oro, incluyendo controles contra el lavado de dinero y el financiamiento de conflictos. Alrededor de 2018, cuenta Martin, la LBMA pidió a sus miembros que dejaran de aceptar oro de la isla. «Si nos fijamos en los volúmenes, no hay suficientes joyerías que lo justifiquen. Nos quedó claro que no era una fuente legítima».

A pesar de esta decisión, algunas preguntas seguían sin respuesta. ¿De dónde provenía todo ese oro? ¿Quién lo transportaba? ¿Y quién lo refinaba, abriendo así las puertas a los mercados globales?

El rastro conduce a las minas de Guayana, región selvática al sur del río Orinoco, donde comienza esta historia.

Este oro cuesta más

Durante años, en Venezuela la minería ha sido sinónimo de violencia, corrupción y devastación ambiental.

En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro estableció el Arco Minero del Orinoco, una zona de explotación de 110.000 kilómetros cuadrados en el corazón de la Amazonía venezolana. El objetivo declarado era atraer inversión extranjera, la que nunca se materializó, y compensar el colapso de los ingresos estatales. El resultado fue una aceleración de la catástrofe. Los niveles descontrolados de corrupción llevaron a un aumento de la minería ilegal, a veces dirigida por una oligarquía cercana al propio Maduro, que agotó los fondos estatales mientras llenaba los privados.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una parte significativa de ese oro venezolano se ha contrabandeado por las mismas rutas utilizadas para economías criminales, tráficos ilícitos y lavado de dinero. La rama venezolana de Transparencia Internacional estima que entre 70% y 90% del oro extraído en el país en 2018 se exportó ilegalmente, a menudo a través de países vecinos. Uno de ellos es Curazao, una antigua colonia neerlandesa que desde 2010 posee el estatus de nación autónoma dentro del Reino de los Países Bajos, que en 2019 prohibió las importaciones del metal precioso desde Venezuela, reconociendo de facto su vinculación con actividades delictivas, narcotráfico y lavado de dinero en la vecina tierra firme.

Documentos y entrevistas con algunas de las personas que transportaron estos cargamentos desde Curazao confirman que el oro caribeño que llegó a Suiza salió principalmente de Venezuela y fue comprado por intermediarios con empresas registradas en Estados Unidos. Entre ellos destaca Héctor Óscar Castellón, un intermediario venezolano de oro desde los años ochenta. Al declarar como testigo en un proceso judicial en Estados Unidos –ante el circuito judicial número 11 del condado de Miami-Dade, donde fue citado en el caso registrado como Pataro vs. Castellón (número 1:22cv20866)– explicó de dónde obtenía el material: «Una parte procedía de casas de empeño, pero la mayor parte de minas».

Para operar, Castellón utilizaba numerosas empresas a nombre de conocidos y familiares, que, según su testimonio, servían para no llamar la atención de los bancos. Estados de cuenta y transferencias bancarias analizadas en esta investigación muestran que empresas a nombre de personas cercanas a él recibieron alrededor de 400 millones de dólares por las ventas de oro destinadas a Europa.

Un segundo proveedor, Marco Antonio Flores Moreno, recibió más de 30 millones de dólares a través de empresas registradas a su nombre o el de familiares cercanos por oro que luego fue enviado a Suiza. Flores fue solicitado en 2021 en Brasil como presunto miembro de una organización venezolana de tráfico de oro en un juicio que sigue en curso.

Una vez en las Antillas Neerlandesas, los proveedores de oro recurrieron a un intermediario que les abría las puertas de las refinerías europeas: Mario Pataro, un empresario que por más de tres décadas ha operado entre Panamá y Miami. Su familia, que emigró de Italia tras la Segunda Guerra Mundial, construyó un negocio de comercio de oro y joyas que con el tiempo los convirtió en mayoristas en la Zona Franca de Colón, Panamá, uno de los principales centros de comercio libre de impuestos del mundo.

En 2010, Mario Pataro fundó Curacao Precious Metals & Co (Cupremeco), una empresa especializada en la importación y exportación de metales preciosos, en la Zona Libre de Willemstad, ciudad capital de la antilla. Pataro enfatizó para este trabajo que sólo comerciaba a través de Curazao. También alegó que no había verificado el tipo de oro que transaba y confiaba en las declaraciones de sus socios. «Si provenía de la mina o de los dientes de algún pobre hombre, qué sé yo», dijo.

Documentos de la empresa de logística Brink’s, contrastados con datos de la aduana suiza, revelan que la mayor parte de las 90 toneladas de oro hecho en Curazao —unas 70 toneladas, con un valor declarado de 2.200 millones de dólares— llegó a la refinería Argor-Heraeus, con sede en el cantón de Tesino, procedente de la isla de las Antillas Neerlandesas. Según las normas de comercio internacional, el país de origen de una materia prima es el último en el que fue «sustancialmente transformada”.

En el mismo juicio de Estados Unidos, una colaboradora del intermediario venezolano Héctor Castellón explicó que el oro se volvía a fundir en Curazao para declararlo como procedente de allí. De hecho, en 2015, Cupremeco se presentaba en su página web como «una de las principales refinerías del Caribe, especializada en el ensayo, la fusión y el refinado de metales preciosos». Sin embargo, Pataro negó haberse ocupado nunca de la transformación del oro, limitando su papel a la mera intermediación; cuando se le señaló que el metal figuraba declarado con origen en Curazao, se mostró sorprendido: «Debe de haber habido un error».

La llave suiza

Una vez en Curazao, el oro se empacaba y enviaba a Europa. En ocasiones, transitaba por Miami, Florida. Con mayor frecuencia, tomaba un vuelo directo de KLM, la aerolínea nacional neerlandesa, a Suiza.

En los documentos de venta del oro enviado a Argor-Heraeus, el comprador no era directamente la refinería suiza, sino otro intermediario, un contacto de Mario Pataro.

«Mario [Pataro] tenía una llave que yo no tenía», explicó Castellón en uno de los testimonios que rindió ante el circuito judicial de Miami-Dade. Esa llave era otra empresa intermediaria, también ubicada en Suiza, en el mismo cantón de Tesino: Precious Metals Services (PMS), a nombre de Marco Briccola.

Briccola es un comerciante de oro del Tesino con una historia como proveedor de Argor-Heraeus. Los documentos revelan que PMS tenía simultáneamente un acuerdo comercial con Cupremeco: compraba oro a la empresa de Curazao, lo vendía a Argor-Heraeus y cobraba las ganancias. Tras deducir una comisión para sí misma y para Cupremeco, la empresa transfería los fondos a proveedores venezolanos (Castellón, Flores y otros) en cuentas bancarias en Estados Unidos.

Los registros bancarios muestran que, a lo largo de los años, Argor-Heraeus pagó a PMS aproximadamente 1.000 millones de dólares. Esta investigación no pudo determinar por qué, de los 2.200 millones de dólares en oro registrados como enviados, Argor solo pagó la mitad a PMS.

Briccola explicó, para este trabajo, que este complejo sistema de transferencias y pagos de oro servía para eludir los controles cambiarios venezolanos, permitiendo la conversión de bolívares a dólares con comisiones reducidas. Describió el mecanismo como «una ayuda que estábamos brindando al país».

Al ser contactada para esta investigación, Argor-Heraeus aseguró que desconocía este sistema y que nada en la cadena de suministro de PMS había despertado alarma. Una porción menor del oro exportado desde Curazao también llegó a Italia, a la refinería de Italpreziosi en Arezzo. Según los documentos de embarque de Brink’s, 900 kilos ingresaron a la refinería de Arezzo en 2018, un año después de que Estados Unidos impusiera sanciones financieras a Venezuela. En una declaración jurada, Héctor Castellón identificó a Italpreziosi como uno de los destinos del oro enviado a través de Cupremeco por empresas asociadas a él.

Italpreziosi declaró para este trabajo que no tenía relación comercial con Cupremeco, pero que prestaba servicios de logística y transporte a proveedores de oro con orígenes declarados en Curazao y Panamá, negando que Héctor Castellón estuviera entre ellos. Al igual que en el caso de Argor-Heraeus, Italpreziosi también afirmó que el oro era «chatarra», es decir, reciclado, y que los análisis de laboratorio lo confirmaron. Italpreziosi también sostuvo firmemente que «el proceso de debida diligencia adoptado por Italpreziosi no reveló nada que pudiera razonablemente llevar a creer que las mercancías eran de origen venezolano».

Argor-Heraeus, por su parte, afirmó haber recibido oro venezolano, colombiano y ecuatoriano a través de PMS, y sostuvo que dejó de aceptar oro de Venezuela a partir de 2017. Tanto Mario Pataro como Marco Briccola dicen, por el contrario, que el material que trataron a través de Curazao no tenía otro origen que Venezuela.

Independientemente de si provenía exclusivamente de Venezuela, las cantidades eran anormales para el mercado del oro reciclado.

«La idea de que grandes cantidades de oro reciclado provengan de Venezuela es imposible», afirmó Mark Pieth, expresidente del Instituto de Gobernanza de Basilea y autor del libro Lavado de Oro. «La población está empobrecida. Si el oro proviene de Venezuela, la conclusión de que es doré [de la mina] es inevitable».

Entonces, ¿qué había realmente en esos lingotes? ¿Oro viejo u oro recién extraído?

La huella geológica

Obtener oro primario —es decir, el que proviene directamente de la minería— es un proceso largo y complejo. Según las directrices de la London Bullion Market Association (LBMA), es necesario conocer la procedencia exacta del metal, realizar visitas in situ y extremar las precauciones al aceptar oro de países afectados por conflictos o con alto riesgo de violaciones de derechos humanos. En cambio, aceptar oro reciclado es más sencillo: los controles suelen limitarse al agregador, a menudo un comprador de oro.

«Es imposible rastrear a la persona que vendió los anillos y cadenas», comenta Bernhard Schnellmann, codirector de Argor-Heraeus entre 2001 y 2020. Todos los actores (Cupremeco, PMS, Argor-Heraeus e Italpreziosi) respondieron, para este trabajo, que el oro en cuestión era reciclado y no tenía conexión con minas venezolanas.

Argor-Heraeus afirma haber realizado un análisis de fluorescencia de rayos X sobre el oro procedente de Cupremeco, y haber detectado que «los niveles de pureza y las cantidades son coherentes con el oro reciclado procedente de una mezcla de residuos de joyería y lingotes». Estas pruebas son utilizadas por las refinerías para determinar las cantidades de oro, plata y otros elementos en los lingotes que reciben. La refinería envió los resultados de estas pruebas a un experto independiente, GeoBlock International, que confirmó lo afirmado.

«Ambos análisis confirman sin lugar a dudas que no existía evidencia de un origen primario», escribieron los abogados de la refinería.

Occrp, IrpiMedia y Armando.Info obtuvieron de forma independiente 469 análisis emitidos por Argor-Heraeus a PMS. La muestra, que abarca aproximadamente 6,5 toneladas de oro refinado, es casi en su totalidad de 2016, con algunos análisis que datan de 2014 y 2015. Los datos fueron evaluados por seis expertos en geología y metalurgia forense, quienes concluyeron que el material incluía una fracción relevante de oro de origen primario (doré) y presentaba características geoquímicas compatibles con los yacimientos del Arco del Orinoco.

La clave reside en la proporción oro/plata.

«Es irreal obtener una cantidad tan grande de oro solo a partir de oro antiguo. La explicación más lógica es que se trata de oro en lingotes extraídos, o una mezcla de oro reciclado y oro extraído, siendo este último el componente principal», declaró Richard Goldfarb, profesor de geología de la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos.

En los casi 500 análisis analizados, surge una precisa regularidad matemática: cada vez que disminuye la pureza del oro, la cantidad de plata aumenta proporcionalmente. En la jerga técnica, esto se denomina “correlación inversa”. Si alguien fundiera cientos de anillos, pulseras, dientes de oro y lingotes antiguos, los datos revelarían un caos químico. Las joyas contienen cobre, zinc y diversas aleaciones, en proporciones que varían con frecuencia. En cambio, los análisis de Argor-Heraeus revelan un orden limpio, casi clínico. Es extremadamente improbable que 469 cargas de oro antiguo se comporten como si provinieran de la misma veta geológica.

El geólogo forense Wendell Fabricio-Silva también llegó a la misma conclusión. «La firma compositiva observada es más consistente con el oro primario parcialmente refinado que con el oro previamente refinado que se reintroduce en el mercado como chatarra», declaró Wendell. «Los resultados no descartan un origen minero; de hecho, en general, son más consistentes con el oro doré procedente de operaciones mineras, incluso potencialmente artesanales».

Más de un tercio de la muestra analizada presenta una pureza igual o superior a 90%. Un dato difícilmente compatible con el oro «de desecho» de joyería, cuya pureza suele rondar 75%, lo que corresponde a 18 quilates, y rara vez lo supera. Por el contrario, la literatura geológica indica que esos niveles de pureza son compatibles con los que se encuentran naturalmente en el oro extraído en el Arco Minero del Orinoco.

«Rechazamos las conclusiones contrarias de expertos no identificados, cuya metodología y resultados no nos han sido comunicados en su totalidad», declaró Argor-Heraeus. «Las acusaciones se basan en un conjunto de datos declaradamente incompleto, que solo cubre el año 2016 con algunos datos relativos a 2014 y 2015, y se limita únicamente al contenido de oro y plata», y añadió que «siempre ha superado los requisitos de la LBMA previstos por las normas y reglamentos vigentes en ese momento».

Buena intención, poco control

La LBMA define el oro reciclado como «cualquier material que contenga oro que no provenga directamente de una mina en su primer ciclo de vida». Esta definición tan amplia deja la puerta abierta al oro extraído ilegalmente que haya pasado incluso por un solo paso intermedio de procesamiento. Se han reportado casos de mineral recién extraído que fue fundido a propósito para fabricar brazaletes rudimentarios.

Este es un problema de larga data. La OCDE advirtió en 2016 que la etiqueta de «oro reciclado» podría convertirse en una tapadera para el metal ilícito. Las directrices de la organización con sede en París, que agrupa a las principales economías del mundo, alertan cuando el oro que se declara como reciclado se ha refinado en un país conocido por ser una ruta de tránsito para el mineral procedente de zonas de conflicto o de alto riesgo. Este es el caso de Curazao.

«Las empresas que se abastecen de oro no pueden basarse en declaraciones de origen ni en afirmaciones sobre material reciclado», explicó Luca Maiotti, analista de políticas de la OCDE. «Se espera que las refinerías monitoreen proactivamente la evolución de los riesgos como parte de su proceso de diligencia debida».

La Comisión Europea reiteró la misma preocupación en un informe de febrero de 2025, que consideró que el marco de la LBMA solo estaba «parcialmente alineado» con las normas europeas. Entre las deficiencias más graves identificadas, el informe señaló que «es necesario reforzar la diligencia debida en las cadenas de suministro de oro reciclado, tanto en lo que respecta a los requisitos del marco como a su implementación por parte de las refinerías y los auditores». El informe concluye que este sistema de control, «por bienintencionado que sea, no funciona eficazmente» y potencialmente permite a las refinerías de la LBMA «apoyar indirectamente a blanqueadores de dinero o grupos armados, a la vez que pueden demostrar que su oro proviene de fuentes legítimas».

El problema surge de los propios datos de la LBMA. Según las estadísticas más recientes disponibles, correspondientes a 2022, el oro reciclado representa aproximadamente 64% del metal refinado por los miembros de la Lista de Buena Entrega (Good Delivery), las refinerías acreditadas por la asociación. Solo 1% parece provenir de la minería artesanal y de pequeña escala, que es la más difícil de monitorear y a menudo está asociada con actividades ilegales y violaciones de derechos humanos. Esta cifra es difícil de conciliar con los datos del Banco Mundial, según los cuales las minas artesanales producen aproximadamente 20% del oro mundial. Las cifras no cuadran. Al ser contactada para este trabajo, la LBMA respondió a través de un portavoz que sus directrices «se basan en el principio de mitigar, pero no eliminar, los riesgos a lo largo de la cadena de suministro», señalando que los mecanismos de supervisión evolucionan constantemente para adaptarse a la evolución de las vulnerabilidades y los cambios en el panorama del abastecimiento ético.

Un último favor

En 2017, en respuesta a la represión del gobierno de Maduro contra la oposición y la creciente crisis humanitaria, Estados Unidos impuso sanciones contra Venezuela, lo que también afectó al comercio de oro. Suiza acató la medida y la LBMA cerró oficialmente sus puertas al oro venezolano. Sin embargo, durante los dos años siguientes, Cupremeco continuó enviando a Argor-Heraeus, nuevamente a través de PMS, al menos otras 16 toneladas del metal precioso, con un valor declarado de casi 500 millones de dólares. Briccola y Pataro sostienen que seguía siendo oro venezolano, una afirmación que Argor-Heraeus niega rotundamente.

Al año siguiente, sin embargo, fue Curazao quien bloqueó las entradas. El oro de Venezuela se consideraba ya demasiado comprometido: las conexiones con el crimen organizado y la extracción ilegal estaban comprobadas y documentadas. Para Cupremeco y la ruta de las Antillas Neerlandesas fue el fin.

Hubo aún así un último envío, que el importador suizo, Marco Briccola, describió como «un favor» para un cliente de confianza.

Era mayo de 2019. La ruta de Curazao era entonces intransitable, por lo que el oro tomó una ruta: primero República Dominicana, luego Islas Caimán. El proveedor era Marco Flores Moreno, solicitado en Brasil por tráfico de minerales. El primer envío llegó a su destino. El segundo no. Las autoridades británicas y de Islas Caimán incautaron el cargamento e iniciaron una investigación, que, sin embargo, no logró determinar si el oro incautado estaba vinculado a actividades delictivas.

Esto, sin embargo, fue suficiente para poner fin a la relación entre Argor-Heraeus y Cupremeco, después de casi una década. «De acuerdo con nuestras estrictas directrices, nos desvinculamos inmediatamente de las cadenas de suministro o socios comerciales ante cualquier sospecha de comportamiento fraudulento», declaró Argor-Heraeus. Pero para entonces, el oro ya había entrado al mercado.

«Una vez que la refinería lo transforma en esos brillantes lingotes con su propia marca, el oro se vuelve legítimo. Se pierde toda trazabilidad: entra en el sistema monetario internacional, en productos electrónicos de consumo, en joyería. En todo», declaró para esta investigación Quinn Kepes, de Verité, una organización sin fines de lucro que ayuda a las empresas a identificar riesgos de explotación laboral en sus cadenas de suministro.

Decenas de toneladas de oro de la minería ilegal venezolana se encuentran ahora dispersas por las cadenas de suministro globales. Mientras tanto, su valor se ha más que cuadruplicado de acuerdo con las alzas del mercado: lo que una década atrás eran 4.000 millones de dólares ahora supera los 16.000 millones.

(*) Este trabajo fue coordinado por Marco Dalla Stella