El mexicano Iván Ramírez y el polémico negocio del glifosato: $3 mil millones para la lucha antidrogas de Petro

Antes de la reunión con Trump en la que aumentó la presión, la Policía ya fumigaba coca manualmente y con drones con el pesticida que importa Del Monte Agrosciences

En los registros oficiales de contratación aparece un nombre que se repite desde hace cinco años cada vez que el Estado colombiano decide comprar glifosato: Del Monte Agrosciences SAS. La empresa, dedicada a la comercialización de insumos agrícolas, volvió a quedar en el centro de la política antidrogas tras la decisión del gobierno de Gustavo Petro de reactivar la aspersión terrestre y aérea con drones para enfrentar el aumento de los cultivos de coca, que según reportes internacionales ya rondan las 300.000 hectáreas en el país.

El contrato más reciente fue firmado el 28 de mayo de 2025 entre el Ministerio de Defensa y Del Monte Agrosciences, representada por el mexicano Iván Ramírez García Peralta, por una cifra que en los documentos oficiales aparece precisada en 2.673 millones. La ejecución quedó en manos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y fue formalizada mediante la resolución 0522 con un objeto claro: suministrar glifosato para aspersión para cultivos ilícitos dentro del Programa de Aspersión Terrestre que lidera y ejecuta la Policía.

Del Monte Agrosciences es la empresa colombiana, controlada por un mexicano, que importa y vende el glifosato para la Policía de Colombia.

La aspersión aérea con avionetas permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional desde 2015, cuando condicionó su uso al cumplimiento de estrictos requisitos ambientales y de salud pública. El actual Gobierno ha insistido en que el programa se limita a intervenciones terrestres, realizadas por policías que cargan equipos manuales en campo. Aun así, en las últimas semanas el propio presidente ha planteado la posibilidad de revisar el alcance de esa restricción en zonas donde, según su criterio, la Fuerza Pública ha sido atacada por civiles o por grupos armados.

Mientras el debate jurídico continúa, el contrato avanza. Desde el 10 de junio, fecha en que inició la ejecución, Del Monte ha entregado cargamentos de glifosato a bases militares en Caucasia, Aguachica y Villagarzón. En los primeros dos meses del contrato se reportaron entregas por 789 millones de pesos, equivalentes a decenas de canecas de 200 litros y cientos de bidones de 20 litros.

No es la primera vez que Del Monte Agrosciences abastece al Estado. Entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, la empresa firmó cuatro contratos con la Policía Antinarcóticos que sumaron más de 25.500 millones de pesos. El de mayor cuantía, suscrito en agosto de 2021, superó los 8.100 millones. En junio de 2022, semanas antes del cambio de gobierno, se firmó otro contrato por 12.500 millones para adquirir 263.000 litros del herbicida, el gasto más alto registrado hasta entonces para ese suministro.

Ese antecedente conecta con otra discusión pendiente: el uso de drones. Durante el empalme presidencial, entre los equipos del saliente Gobierno Duque y el entrante de Petro, Felipe Tascón, encargado del equipo de transición en temas de drogas del gobierno de la Colombia Humana, sostuvo que la aspersión con aeronaves no tripuladas contradecía el espíritu del fallo que suspendió la aspersión aérea tradicional. Además, aseguró en su momento que no habría fumigación aérea bajo ninguna modalidad. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha avanzado en un plan piloto con equipos que operan a baja altura, definidos como “método terrestre”, con respaldo estratégico del Departamento de Estado de Estados Unidos. Cada dron tendría capacidad para fumigar hasta cuatro hectáreas por día y el proyecto prevé ampliar el número de equipos en operación.

El argumento del Gobierno ahora es que estas herramientas buscan proteger a policiais y soldados, quienes en el último año han enfrentado secuestros, asonadas y ataques armados durante operativos de erradicación manual. Casos recientes en Antioquia y Putumayo dejaron muertos y heridos, lo que reforzó la presión interna para mostrar resultados en la reducción de cultivos. En paralelo, Estados Unidos evalúa anualmente el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas, un informe que incide en la cooperación bilateral.

Más allá de la controversia política, el dato estructural es el crecimiento de la coca sembrada. Informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos han señalado cifras superiores a 250.000 hectáreas en Colombia, dentro de un total mundial de 376.000. Algunas estimaciones recientes elevan el cálculo nacional hasta las 300 mil hectáreas. En departamentos como Antioquia se reportan entre 5.000 y 20.000 hectáreas; en Putumayo, más de 30.000.

En ese contexto, Del Monte Agrosciences vuelve a ser proveedor estratégico de glifosato para el Estado colombiano. El contrato actual, de menor valor que los firmados en el periodo anterior, mantiene a la compañía como actor central en la cadena de suministro del polémico líquido. Para el Gobierno, se trata de una herramienta legal disponible mientras se fortalecen programas de sustitución voluntaria. Para sus críticos, es una señal de continuidad de políticas que Petro prometió transformar, mientras que el nombre de Del Monte Agrosciences queda, una vez más, como protagonista de un capítulo sensible de la política antidrogas colombiana, mucho más si los drones empiezan a fumigar las matas de coca que muchos campesinos defenden y mantienen.