Drama postelectoral para largo – La Gran Aldea

Si tuviera que sintetizar en dos palabras lo que hoy sienten los venezolanos con respecto a su país, tendría que trascender las fronteras de nuestra lengua castellana y hurgar en el latín. Quo vadis? Esa sería. “¿A dónde vas?” La expresión viene del libro apócrifo (desde el punto de vista del canon bíblico) “Hechos de Pedro” y ha sido fuente de hitos en el arte durante siglos, desde una bella pintura de Annibale Carracci hasta el título de la novela monumental de Henryk Sinkiewicz. 

Quisiera que su evocación en nuestro país hoy tuviera motivos igualmente alegres, pero es al contrario. Los venezolanos están muy angustiados por lo que ha sucedido en las últimas dos semanas y por lo que pudiera venir más adelante, con toda razón. El más reciente estudio de Psicodata, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, estimó que  90% de los venezolanos «presentaba algún grado de vulnerabilidad en la salud mental antes de las elecciones presidenciales». No me quiero imaginar esa misma proporción ahora.

De más está decir que lo que tiene a la nación entera en vilo es la puja entre gobierno y oposición luego de esos comicios. Lamentablemente, no creo que vaya a haber una respuesta inmediata a la pregunta de quién prevalecerá, ya que los procesos que determinarán el resultado parecen estar encaminándose por marcos cronológicos de varias semanas o hasta varios meses. 

Por un lado, la elite gobernante se atrinchera y exige reconocimiento universal de su versión de los hechos: la victoria de Nicolás Maduro cuya certificación mediante escrutinio público es imposible por una vulneración cibernética del sistema electoral. Imposible y, agregaron más tarde, innecesario, puesto que “nunca se ha hecho algo así”, muy a pesar de que el propio oficialismo ha difundido con entusiasmo los resultados detallados de comicios previos. Quien no acate la referida exigencia de Miraflores debe atenerse a represalias: riesgo de sanciones judiciales muy severas para ciudadanos venezolanos, ruptura de relaciones diplomáticas en el caso de gobiernos extranjeros y campañas de deslegitimación hacia otros entes, como el Centro Carter que el chavismo otrora tanto elogió.

La oposición, por su parte, a todas luces está apostando por una combinación de presiones internas y externas que hagan a la elite gobernante cambiar de opinión y emprender una transición negociada, de preferencia a partir de la admisión de sus señalamientos contra el resultado anunciado hacia la medianoche del 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral, pero quizá no necesariamente con dicho fundamento. 

Podemos pensar entonces en el plan del gobierno como una agudización tremenda del statu quo en términos de restricciones, con un objetivo correctivo y otro preventivo. El correctivo es desactivar el movimiento opositor en torno al resultado electoral lo más rápido posible. El preventivo es evitar que un movimiento opositor de esa naturaleza y magnitud vuelva a articularse, por lo que cabe esperar que varios de los nuevos mecanismos de control se mantengan. Una expectativa oficialista para el largo plazo. En cambio, como ya dije, de la acción correctiva se esperan resultados en el corto plazo. 

¿Por qué digo entonces que quizá no haya respuestas a la gran inquietud de los venezolanos por lo pronto? Pues porque la oposición está jugando en un tablero temporal distinto al del oficialismo. Uno mucho más pausado. Y mientras pueda recurrir a formas de presión a ese paso, el oficialismo no alcanzará su meta correctiva. Está por verse, desde luego, si la oposición logra la referida aplicación.

Volvamos a las presiones. La interna, al consistir en movilización masiva y pacífica de la ciudadanía, es aquella sobre la que la dirigencia puede naturalmente ejercer mayor control. Aquella a la que le puede marcar la pauta. María Corina Machado ha dado bastantes indicios que apuntan a una movilización prolongada pero intermitente, señalando que “no se puede estar en la calle todo el tiempo” y que se necesita una suerte de “pausas tácticas”. Obviando la vigilia en la Plaza Los Palos Grandes el jueves pasado, el liderazgo opositor estableció un paréntesis de dos semanas entre el acto del sábado 3 de agosto y el que convocó para el sábado de esta semana. Ello contrasta con el ritmo frenético de las manifestaciones opositoras de 2017.

De esa manera, y aunque no lo diga, la dirigencia da a entender su negativa a que “todo siga como si nada” pero al mismo tiempo se adapta a dos necesidades de la base aspirante a un cambio político. En primer lugar evita que se acumule el desgaste físico y psicológico que supone manifestarse pese a los riesgos de represalias por parte del oficialismo. En segundo lugar, brinda a los integrantes de susodicha base el tiempo para dedicarse a sus actividades económicas, cosa indispensable en un país donde millones de personas no pueden darse el lujo de dejar de trabajar.

Una posible debilidad de esta estrategia es que… Que haga a la oposición verse débil, pues. Que produzca la impresión de que el descontento “se apagó” o que la gente no está dispuesta a esforzarse mucho por el cambio político. Pero pienso que si eso estuviera pasando, veríamos más manifestaciones espontáneas, sin convocatoria de la dirigencia. Como no las hay, me parece que las masas sí aprecian las “pausas estratégicas” de las que habla Machado. 

Pasemos ahora a la presión internacional. Más allá de los comunicados de gobiernos y entes multilaterales, esta presión se encuentra en este momento en suspenso, a la espera del resultado de las gestiones diplomáticas de México, Colombia y Brasil. Es difícil prever cuánta paciencia tendrá este trío en su manejo de la crisis venezolana, de cara a un oficialismo que, al menos en público, se ha negado a cualquier concesión que comprometa el statu quo. 

Que Maduro y compañía hayan encomendado al Tribunal Supremo de Justicia la “aclaratoria” del resultado electoral parece ser una maniobra para convencer a los tres gobiernos mediadores de que acepten su narrativa. El comunicado tripartito de la semana pasada indica que no ha habido tal persuasión, pues los signatarios insisten en que sea el CNE el que difunda los resultados de manera transparente y verificable. De todas formas, como el texto contrasta con pronunciamientos previos de Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio “Lula” da Silva con guiños al Poder Judicial venezolano, no está claro cuál es la convicción al respecto de esos caballeros. Bogotá ha sido más coherente, tal vez por saber que, de mantenerse el statu quo en Venezuela, habrá millones de nuevos migrantes venezolanos, muchos de los cuales irán a parar a Colombia.

La presión internacional pudiera aumentar si las presentes gestiones diplomáticas fracasan. Pero también pudiera ocurrir que, si se terminan antes del 10 de enero, Estados Unidos y otros gobiernos prefieran abstenerse de tomar medidas adicionales antes de esa fecha, cuando concluye el actual período presidencial venezolano. Está por verse igualmente qué papel desempeñarán México, Colombia y Brasil si sus intentos diplomáticos no les dan el resultado esperado. Si se unen a la presión, eso pondría al gobierno venezolano en un nivel de aislamiento incluso mayor al que ha afrontado hasta ahora. Pero la oposición no puede contar con tal cosa como si fuera segura.

En conclusión, nos toca como sociedad afrontar unos cuantos días más de gran preocupación sobre lo que se viene. Que el resultado sea positivo bien pudiera depender de todos.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.