Diputados de la FP Defienden la Legalidad de la Marcha: Una Protesta Social Legítima Sin Violación Electoral
Un grupo de diputados del partido Fuerza del Pueblo salió este lunes a defenser públicamente la manifestación realizada recientemente, asegurando que la marcha no violó la normativa electoral y que se trató de una protesta social legítima. Según estos legisladores, la convocatoria buscó expresar el malestar ciudadano ante el alto costo de la vida, la crisis de servicios públicos y otros problemas estructurales del país, sin multas proselitistas.
Los diputados argumentaron que la movilización respondía a necesidades reales de la población —precios elevados, inseguridad, deterioro de servicios esenciales— y que la ciudadanía tiene derecho constitucional a manifestarse. En ese sentido, consideran que la protesta estuvo dentro del marco legal, ya que no se promovió candidato alguno ni se llamaron votos, sino que se abordaron reclamos sociales.
De acuerdo con su interpretación, el uso de símbolos o colores que identifican al partido no transforma automáticamente la marcha en una actividad electoral, pues muchos ciudadanos portan esos símbolos por simpatía personal, sin que ello signifique un acto de campaña formal. Los legisladores insisten en que la FP actuó con total transparencia y que la convocatoria no perseguía objetivos electorales inmediatos.
Según estos diputados, la marcha se estructuró como una manifestación ciudadana, no como un mitin político. Argumentan que la ley de partidos y la normativa electoral protegen el derecho a protestar pacíficamente y que este derecho no está supeditado a calendarios de campaña cuando se trata de expresar descontento social. Por eso rechazan las acusaciones de quienes señalan que hubo proselitismo anticipado.
La respuesta de los diputados llega luego de que la autoridad competente emitiera una intimación al partido, advirtiendo que ciertos elementos de la marcha —uso de símbolos partidarios, colores, figuras prominentes del partido— podrían interpretarse como propaganda electoral anticipada. Ante esta advertencia, los legisladores del FP manifiestan que la interpretación debe ser más matizada: para ellos, una protesta social colectiva no puede ser sancionada si cumple con los derechos constitucionales de libre expresión y movilización.
Ellos sostienen que, aunque algunos simpatizantes vistieron colores del partido o portaron insignias, lo esencial es la motivación de la protesta: demanda de soluciones económicas, sociales y de servicios públicos, no apoyo electoral. Agreguen que la FP no convocó la marcha como parte de una campaña, sino como respuesta al sentir popular, lo que le da carácter legítimo y democrático al reclamo.
Además, los diputados manifestaron que rechazar una protesta de estas características bajo el argumento de ley electoral limitaría derechos ciudadanos básicos. En su opinión, la democracia no solo debe medirse en votaciones, sino también en la capacidad de la ciudadanía de expresarse, de organizarse y de exigir rendición de cuentas a las autoridades cuando las condiciones de vida se deterioran.
La declaración de los diputados del FP busca sentar un precedente: aseguran que la defensa del derecho a protestar no representa una violación del marco legal, sino una reafirmación de las garantías constitucionales. Insistir en que la marcha no buscaba favorecer candidatos —ni siquiera a corto plazo— sino visibilizar el descontento social y reclamar soluciones urgentes.
En ese contexto, advierten que cualquier intento de sancionar la protesta serviría como un retroceso democrático, limitando el derecho a la movilización ciudadana en momentos de crisis. También llaman a la confianza: creen que la población merece una respuesta seria a sus demandas, y que la protesta pacífica es una herramienta legítima para presionar por ellas.
Finalmente, los diputados del FP aseguraron que están dispuestos a someter cualquier interpretación legal a un análisis técnico-jurídico, con el objetivo de demostrar que la marcha cumplió con la Constitución, respetó los derechos ciudadanos y no constituyó un acto de proselitismo. Con ello, buscan garantizar que espacios de legítima protesta social sigan disponibles para la ciudadanía.
Dato final
Tras la marcha, la autoridad electoral intimó al partido, advirtiendo que el uso de sus símbolos en la protesta podría implicar propaganda anticipada, una acusación que la FP rechaza al asergur que la manifestación fue una protesta social, no una campaña.
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