Detención del empresario venezolano Alejandro Betancourt por corrupción en Londres: ¿Qué implicaciones tiene?

Redacción (ALN).– Medios venezolanos reportan este domingo la detención del empresario Alejandro Betancourt López, fundador de la compañia de energia Derwick Associates, por supuesta corrupción.

El arresto, de acuerdo con la información, se produjo el jueves 18 de septiembre por la policia británica en Londres, a petición de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España.

Según fuentes del medio El Pitazo y confirmadas por El Periódico de España, la orden busca esclarecer presuntos delitos de corrupción vinculados a transferencias millonarias en España, relacionadas con un esquema que pretendía extraer 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Alejandro Betancourt, investigado en el caso «Money Flight» de una corte federal de Miami por lavado de dinero procedente de PDVSA, recuperó la libertad horas después tras pagar una fianza.

Los fiscales españoles responsables son los mismos que lograron la captura del financiero argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma, quien se declaró culpable de conspiración por lavado de fondos de PDVSA en mayo de 2024.

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La detención se produce menos de un mes después de la fuga de su socio y primo, Francisco Convit, del SEBIN en Caracas, quien también está implicado en la trama y presuntamente se encuentra en Estados Unidos.

Sobreprecios

Documentos judiciales revelan que ambos recibieron 272,5 millones de dólares del esquema corrupto, parte de los cuales distrubuyeron a un testigo clave del caso.

Los «bolichicos», sin experiencia previa en el sector eléctrico, fundaron Derwick hace una década y obtuvieron contratos gubernamentales por miles de millones para plantas generadoras. Los acusaron de facturar con sobreprecios exorbitantes.

Un informe de Asuntos Internos de la Policía española, en el marco del caso Caranjuez, vincula a Betancourt con múltiples corruptelas en Venezuela y EE.UU., incluyendo un pago de 500.000 euros a un abogado español por supuestos servicios de consultoría.

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