Denuncian falta de pago, despidos injustificados y amenazas a exfuncionarios de la Embajada de Arabia Saudita en Venezuela

 Habrían recibido, incluso, amenazas de muerte por parte del ex-embajador saudí Saad Al-Saad.

Por Maibort Petit

   Seis empleados de la Embajada del Reino de Arabia Saudita en Venezuela, fueron objeto de intimidaciones y coacciones por reclamar el pago de sueldos caídos durante once meses. Documentos en nuestro poder muestran que ante el reclamo de sus salarios ante las autoridades de la sede diplomática en Caracas, fueron obligados a firmar cartas de renuncia de manera violenta por el ex-embajador Saudita, Saad Bin Abdullah Al-Saad, quien actuó asistido por el resto de su personal diplomático y guardias de seguridad armados.

 Ahmad Taha, Mohammad Mansour, Mirsa Quintanilla, Omer Abdelgadir, Octavio Aguilar y Riky Zapata, son los nombres que aparecen en los documentos de las diligencias judiciales, y que hicieron el reclamo el 30 de diciembre de 2020, mientras que el despido y las amenazas a su integridad física tuvieron lugar en enero de 2021.

 En los papeles del expediente, se describe que el ahora ex-embajador Al-Saad, profirió ‘amenazas a su integridad física y ordenó el ingreso de guardias de seguridad armados a las instalaciones de la Embajada para entonces proceder a coaccionarlos con la ayuda de María José Nobrega, abogada asesora de la Embajada del Estado de Kuwait en Venezuela’. De estos hechos, según se narra, fueron testigos todo el staff de los empleados locales de la Embajada y todos los diplomáticos.

  En los documentos se precisa que en la fecha indicada, 30 de diciembre de 2020, el embajador Al-Saad, “alrededor de las 2 de la tarde”, dio entrada a la sede diplomática a los hombres armados y procedió requisar a las mujeres y a proferir amenazas a los para entonces empleados de la Embajada de Arabia Saudita en Caracas que reclamaban el pago de sus sueldos. 

  Se sostiene que Al-Saad, aparte de las referidas amenazas, los presionó y obligó a firmar cartas de renuncia bajo la advertencia de que, de negarse a ello, no pagaría los sueldos atrasados ni sus prestaciones sociales. 

 La denuncia ante los tribunales dice que en conjunto con la abogada María José Nobrega, los ex empleados fueron amenazados con asesinarlos dentro de la Embajada y con utilizar sus influencias con la vicepresidenta de la República de Venezuela para hacerles daño’. 

Alternativa de pago

  Ante las irregularidades ocurridas en la cancelación de sus salarios, Ahmad Taha, Mohammad Mansour, Mirsa Quintanilla, Omer Abdelgadir, Octavio Aguilar y Riky Zapata, pidieron a las autoridades de la embajada saudí que se procediera pagarles a través de la plataforma FED Wire y FED ACH que en Venezuela es ofrecido por el banco BNCI, institución con experiencia en la materia que trabaja con varias embajadas en el país. De hecho, en octubre de 2020, Abdulaziz Alazim y Ali Alasqah, funcionarios de la embajada, se entrevistaron dentro de las instalaciones de la sede diplomática con la vicepresidenta de la citada institución bancaria, a quien solicitaron una carta de garantía y toda la información correspondiente a los requisitos para abrir cuentas con el banco, según se lee en los documentos.

  En la denuncia legal se refiere que después de recibir todos los datos y disposición del banco, ‘la Embajada de Arabia Saudita nunca remitió la información al Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita y continuaron sin pagar los sueldos, bajo el argumento de que no era posible realizar transferencias a Venezuela». Los afectados, dijeron que esto no es cierto, puesto que el BNCI garantiza que puede abrir cuenta en dólares a la Embajada Saudita y a sus empleados. 

 Igualmente, en la queja se informa que también propusieron que los pagos se llevaran a cabo mediante la aplicación Shasta, un dispositivo digital al que se asocian los datos bancarios para poder enviar dinero y recibir pagos, desde y hacia cualquier parte del mundo. 

Negligencia

  Por otra parte, los denunciantes hacen referencia que el administrador de la Embajada, Ali Alasqah, se le solicitaron los registros de las transferencias supuestamente devueltas al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita y nunca pidió ni suministró dicha información. 

 Refieren que, para ese momento, la embajada saudí utilizaba los servicios de Bancaribe Curacao Bank, entidad con el cual ha trabajado durante muchos años y que ofreció prestar toda la ayuda necesaria para investigar la situación irregular. 

 Agregan que cuando le solicitaron al embajador Al-Saad que les realizara los pagos de salarios de once meses caídos, este los expulsó de la Embajada a uno de los patios para gritarlos, insultarlos y amenazarlos. Días después procedió al despido en medio de la pandemia por el Covid-19, lo cual estaba prohibido según las leyes laborales venezolanas.

  Ahmad Taha, Mohammad Mansour, Mirsa Quintanilla, Omer Abdelgadir, Octavio Aguilar y Riky Zapata, denunciaron legalmente que desde la llegada de Saad Al-Saad a Caracas como embajador, hecho ocurrido en el año 2018, han renunciado tres personas, dos empleadas de servicio que trabajaban en su casa, María Eugenia Villegas y Gabriela Álvarez, y el traductor Tony Bassim, quienes no soportaron los desmanes del diplomático saudí.