Delcy Rodríguez: Corrupción y Derechos Humanos en el Auge de la Crisis Venezolana

Como Vicepresidenta Ejecutiva de la República, tuvo autoridad directa sobre Ministerios y organismos de seguridad. Entre 2018 y abril de 2021, bajo su cadena de mando, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue documentado como responsable de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas temporales y vigilancia masiva.

La Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2020 que existían “motivos razonables para creer” que Rodríguez conocía o debia conocer crímenes cometidos por el Estado y no actuó para impedirlo, pese a su posición de autoridad. Estas conclusiones fueron reiteradas y ampliadas en resoluciones posteriores que mantuvieron activa la investigación internacional sobre Venezuela.

Corrupción, oro y tramas internacionales

Más allá de su rol en la cadena de mando de violaciones de derechos humanos, Delcy Rodríguez ha sido vinculada a tramas de corrupción transnacional que involucran oro, empresarios extranjeros y circuitos financieros opacos.

El 20 de enero de 2020, Rodríguez (sancionada por la Unión Europea desde 2018) ingresó a España pese a la prohibición vigente y se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos, detonando el escándalo conocido como Delcygate. Investigaciones apuntan a que, días antes del viaje, facilito la venta de 104 barras de oro venezolano valoradas en más de 60 millones de dólares a empresarios españoles. La Guardia Civil halló comunicaciones entre Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama que vinculan directamente a la vicepresidenta con esta operación.

Este caso se inscribe en un patrón más amplio de extracción ilegal y lavado internacional del oro venezolano mediante sociedades pantalla, un esquema que refuerza la corrupción y la evasión de controles financieros. En el plano político y mediático, el Delcygate también ha sido asociado a otras controversias en España, como el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, cercana a figuras del chavismo, aunque sin pruebas judiciales directas que involucren a Rodríguez.

Otra pieza clave es Jorge Giménez, empresario venezolano y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF); una investigación de Armando.info lo expone como operador del chavismo y hombre de confianza de Rodríguez, involucrado en contratos opacos vinculados a los CLAP y Pdvsa, con deudas y acuerdos irregulares que superan los 1.200 millones de dólares. Además, aparece mencionado en chats del caso español como interlocutor directo de su “jefa”, consolidando la conexión entre el poder político venezolano y redes internacionales de corrupción.

El 17 de enero de 2025, la agencia AP publicó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha tenido durante años en el radar a Delcy Rodríguez, que en 2022 fue clasificada como un «objetivo prioritario», una categoría reservada para personas consideradas con un «impacto significativo» en el tráfico de drogas.

La información fue obtenida por Associated Press (AP), que tuvo acceso a registros de la DEA y consultó a más de media docena de actuales y exfuncionarios de seguridad estadounidenses. De acuerdo con esos documentos, la agencia antidrogas elaboró desde al menos 2018 un expediente de inteligencia sobre Rodríguez, en el que se registran presuntas vinculaciones con tráfico de drogas, contrabando de oro y lavado de dinero. Uno de los reportes citados por AP recoge el testimonio de un informante confidencial que aseguró en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la isla de Margarita «como fachada para lavar dinero».

La agencia señala que no ha podido confirmar de forma independiente esa afirmación. Los registros también vinculan a Rodríguez con Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro, arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero y posteriormente indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros.

Pese al interés sostenido de la DEA, el gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Tampoco figura entre los más de una decena de altos funcionarios venezolanos formalmente imputados por narcotráfico junto a Maduro, capturado a inicios de enero para enfrentar cargos en EEUU.

Según AP, el nombre de Rodríguez aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas aún abiertas, con participación de oficinas en Paraguay, Ecuador y varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix y Nueva York. Tres agentes actuales y retirados que revisaron los documentos indicaron que estos reflejan un seguimiento intenso, aunque subrayaron que la designación como «objetivo prioritario» no implica necesariamente que existan pruebas suficientes para una acusación penal.