Audiencia de Confirmación de Cargos contra Duterte: Clave en el Proceso de la Corte Penal Internacional

Lo que comenzó el 23 de febrero de 2026 en La Haya no es todavía un juicio contra Rodrigo Duterte, pero sí es una etapa crucial de su proceso ante la Corte Penal Internacional. La audiencia de confirmación de cargos en el caso “Prosecutor (La Fiscalía) v. Rodrigo Roa Duterte” marca el momento en que los jueces de la CPI deben decidir si la acusación tiene suficiente sustento probatorio para avanzar hacia un juicio formal. No se está decidiendo aún si el expresidente es culpable o inocente, sino si la Fiscalía ha presentado evidencia que alcance el umbral exigido en esta fase preliminar para avanzar al juicio.

La acusación sostiene que Duterte es penalmente responsable de crímenes de lesa humanidad de asesinato y tentativa de asesinato presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas” en Filipinas, primero como alcalde de Davao y luego como presidente. La clave jurídica no es si existía un problema real de narcotráfico, ni si esa política de seguridad tuvo respaldo popular, sino si se produjo un ataque generalizado o sistemático contra la población civil conforme a una política, con conocimiento de ese ataque. En el derecho penal internacional, la figura de crimen de lesa humanidad exige precisamente ese elemento estructural: no hechos aislados, sino un patrón que revele organización o tolerancia institucional en graves violaciones de derechos humanos.

El hecho de que el acusado sea un expresidente tiene un peso simbólico y jurídico importante. El Estatuto de Roma establece que el cargo oficial no exime de responsabilidad penal. La Corte fue creada para juzgar a individuos, incluidos a quienes ejercieron poder estatal, cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo. En este caso hay además un elemento institucional relevante: Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019, durante el examen preliminar que se abrió el mismo día que el de Venezuela, pero la Corte mantiene su competencia respecto a los crímenes presuntamente cometidos mientras el país era Estado parte, así que por eso siguió a fase de investigación y posteriormente su detención. La entrega de Duterte a la Corte en 2025 demuestra que la salida del tratado no borra automáticamente la jurisdicción sobre hechos anteriores ni impide la cooperación posterior de Filipina, donde fue capturado al ingresar al aeropuerto de Manila.

Para comprender el proceso es necesario distinguir los distintos estándares probatorios que se aplican en cada etapa. Cuando la Sala emitió la orden de arresto en marzo de 2025 lo hizo bajo el estándar de “motivos razonables para creer” que se habían cometido crímenes de competencia de la Corte y que el arresto era necesario para garantizar la comparecencia ante el tribunal o evitar obstrucciones. Ese es un umbral inicial que es suficiente para justificar una detención, pero no para abrir un juicio. Para eso está la audiencia de confirmación de cargos que está ocurriendo en febrero de 2026 (estructurada en cuatro días: 23, 24, 26 y 27) y que tiene un estándar más exigente. Los jueces deben determinar si existen “motivos sustanciales para creer” que el acusado cometió los crímenes imputados. Solo si se supera ese umbral, el caso pasará a una Sala de Juicio, donde la culpabilidad deberá probarse “más allá de toda duda razonable”.

El tiempo transcurrido entre la detención en 2025 y la audiencia de febrero de 2026 no es señal de inactividad, sino consecuencia de la propia estructura del proceso y de las garantías que incorpora. Tras la entrega del acusado, se celebró su primera comparecencia y se había fijado inicialmente una fecha para la confirmación de cargos en septiembre de 2025. Sin embargo, la defensa solicitó un “aplazamiento indefinido” alegando que Duterte no estaba médicamente apto para participar en el procedimiento debido a un deterioro cognitivo. Los jueces no podían ignorar esa alegación. Ordenaron la conformación de un panel independiente de expertos en psiquiatría forense, neurología geriátrica y neuropsicología, recibieron sus informes, escucharon observaciones de las partes y resolvieron finalmente en enero de 2026 que el acusado estaba apto para participar en esta etapa. Ese litigio sobre la aptitud explica buena parte de la demora.

A ello se suma el tiempo necesario para que la Fiscalía presentara el documento que contiene los cargos y su informe previo a la confirmación, donde se detallan hechos, calificación jurídica y material probatorio. La defensa debe contar con tiempo razonable para examinar ese material y preparar su respuesta. Además, cientos de víctimas filipinas solicitaron participar en el proceso y los jueces debieron revisar esas solicitudes para determinar quiénes cumplían con los requisitos legales. Todo esto forma parte de un diseño procesal que busca equilibrar el derecho del acusado a un proceso justo con el derecho de las víctimas a que sus denuncias sean examinadas con seriedad. Es parte de la tensión que intenta equilibrar el sistema penal internacional.

En la audiencia participan la Fiscalía de la CPI, que expone su teoría del caso y resume la evidencia; la Defensa de Duterte, que cuestiona la competencia, la caracterización de los hechos y la solidez probatoria; y también los representantes legales de las víctimas autorizadas, que pueden presentar observaciones sobre cómo los cargos reflejan la experiencia de quienes alegan haber sufrido daños. En esta etapa, las víctimas no intervienen personalmente en la sala, sino a través de sus abogados. Los jueces escuchan, formulan preguntas y administran el ritmo de las sesiones, que en este caso había sido ajustado siguiendo recomendaciones médicas (hacer sesiones más cortas, pausas frecuentes y límite de horas diarias), antes de que Duterte se negara a asistir presencialmente a la sala. Ha sido su decisión quedarse en el centro de reclusión de Scheveningen, ubicado a 1km de la Corte.

La defensa de Duterte ha intentado frenar o desacelerar el proceso por distintas vías. Además del litigio sobre la aptitud, se han planteado objeciones relacionadas con la jurisdicción derivada del retiro de Filipinas del Estatuto y solicitudes procesales diversas. En el plano de la opinión pública, sectores pro-Duterte han impulsado campañas que presentan el caso como una persecución política extranjera o como una interferencia en la soberanía nacional. Tienen manifestantes en Países Bajes y campañas en redes sociales que tratan de exculpar de responsabilidades al acusado. También circula desinformación que afirma que la Corte ya condenó al expresidente, lo cual es incorrecto. La audiencia actual no decide culpabilidad, sino si el caso avanza a juicio. La Fiscalía, por su parte, no está encabezada en este expediente por Karim Khan, quien fue apartado del caso por decisión judicial para evitar cualquier apariencia de parcialidad relacionada con su participación previa en comunicaciones sobre Filipinas antes de asumir el cargo, lo que busca reforzar la imparcialidad institucional del proceso. Ahora se encarga el Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang, el mismo que coordina la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En este momento el proceso se encuentra exactamente en el punto intermedio entre la detención y el eventual juicio. Es una fase técnica, pero esencial. La confirmación de cargos funciona como un filtro judicial independiente. Obliga a la Fiscalía a exponer su caso ante jueces que no participaron en la investigación y permite a la defensa confrontar esa presentación antes de que se abra un juicio formal. Para las víctimas, a su vez, representa el reconocimiento de que las muertes denunciadas no son solo un debate político, sino posibles crímenes internacionales que merecen examen judicial. Para el acusado, significa que ninguna acusación en su contra avanza sin pasar por un control probatorio previo. Es parte del debido proceso.

En los próximos sesenta días, una vez concluida la audiencia, los jueces emitirán una decisión escrita. Ellos podrán confirmar todos los cargos, algunos de ellos o ninguno. También podrían solicitar a la Fiscalía que presente evidencia adicional. Solo si los cargos son confirmados se constituirá una Sala de Primera Instancia distinta que conducirá el juicio, que es la siguiente parte del proceso. Lo que ocurre ahora en La Haya no es el final del camino, sino el momento en que la justicia internacional decide si la acusación tiene la solidez suficiente para sostener un proceso penal completo contra un exjefe de Estado. Serán 4 días de noticias, argumentos y campañas desde La Haya, Filipinas y otros focos interesados en la justicia internacional.

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