Amnistía Selectiva: La Farsa de la Reconciliación en Venezuela

El régimen ha querido vender su ley como un gesto de “reconciliación” en medio de la opresión que aún mantiene el Rodrigato después de la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Pero no es una amnistía integral. Es una amnistía diseñada a conveniencia. Y en esa conveniencia, los militares prácticamente no aparecen.

La ley no reconoce la opresión como un proceso continuo. La divide en episodios. Toma unos. Excluye otros. El “legislador” decide quién entra y quién no. El resultado es claro: la mayoría de los procesos contra militares por rebelión, conspiración o supuestas acciones armadas quedan fuera del beneficio. No es un vacío técnico. Es una decisión política que define quién recibe alivio y quién seguirá bajo la sombra del sistema penal de la dictadura encabezada por Delcy Rodríguez.

Las categorías penales que pesan sobre muchos oficiales no fueron incluidas. Eso significa que el mecanismo utilizado durante años para controlar la disidencia dentro de la Fuerza Armada Nacional sigue intacto. Se pretende reducir —artificialmente— presión en el frente civil; se preserva la capacidad de castigo en el frente militar.

El contraste histórico es evidente. En 1992 hubo dos alzamientos militares, en febrero y en noviembre. Hubo uso de armas. Hubo enfrentamientos. Hubo muertos. Sin embargo, en 1994 Rafael Caldera otorgó el sobreseimiento que permitió la liberación de Hugo Chávez y de los oficiales involucrados. Fue una decisión discutida, pero sustentada en la prudencia y en la idea de proteger el bien comun y la paz de la república.

Hoy ocurre lo contrario. Procesos que en muchos casos no dejaron víctimas ni daños irreversibles quedan excluidos de esta farsa de amnistía y sus protagonistas son tratados como venezolanos de segunda, incapaces de recuperar plenamente sus derechos humanos. No estamos ante una reconciliación, sino ante un envilecimiento selectivo de la opresión.

El régimen presenta las liberaciones civiles como señal de apertura, pero mantiene bajo amenaza a los militares procesados por razones políticas. No es casual. Les teme. Sabe que dentro de la Fuerza Armada Nacional existe el deber constitucional de restablecer el orden cuando este ha sido quebrantado. Sabe que el artículo 333 no es retórica. Y tiembla ante la posibilidad de que ese mandato llegue a cumplirse. Por eso la saña es mayor. Por eso el trato es más severo. Por eso quienes pagan el precio más alto son los militares presos: hombres y mujeres sometidos a aislamiento prolongado, a tratos crueles e inhumanos y, según numerosas denuncias, a algunas de las torturas más brutales del sistema penitenciario venezolano (lo cual es mucho, mucho, decir…).

Todos los venezolanos tenemos el deber de solidarizarnos con ellos y de luchar por su libertad. Con los militares presos y con sus familias. Con las madres que pasan horas bajo el sol esperando una visita que a veces se suspende sin explicación; con las esposas que soportan requisas humillantes, miradas de desprecio y amenazas veladas; con los hijos que crecen aprendiendo demasiado pronto lo que significa la palabra “preso”, que preguntan por qué su padre o su madre no pueden volver a casa y que terminan celebrando cumpleaños frente a una silla vacía. La opresión no se queda detrás de los barrotes: se mete en la mesa donde falta el pan, en el cuarto donde falta el abrazo, en la incertidumbre diaria de no saber si el detenido está sano, si ha sido castigado, si podrá resistir. La cárcel no encierra solo a quien viste uniforme; encierra a toda su familia.

Muchos de esos hombres y mujeres se plantaron convencidos de que defendían al pueblo y a la Constitución. Y todo militar que se plantes para defender al pueblo y la Constitución es inocente. No es un traidor. No es un delincuente. Es un venezolano que cumple con su deber constitucional. El régimen puede llamarlo conspirador. Puede fabricar expedientes. Puede encerrarlo. Pero no puede convertir en delito la defensa de la Constitución.

No puede hablarse de reforma democrática si el cauce jurídico de la opresión —la llamada amnistía— excluye precisamente a quienes forman parte de la institución que, por mandato constitucional, tiene el deber de resguardar el orden republicano.

La reconciliación verdadera solo puede nacer de la justicia y de la soberanía popular expresada en elecciones libres. Y eso vendrá. Porque los militares son venezolanos. Son ciudadanos. No son una categoría aparte ni un sector descartable. Son parte del mismo pueblo que sufre la crisis, que quiere estabilidad y que aspira a un futuro distinto. Somos un solo pueblo, y ese pueblo quiere marchar unido hacia la democracia mediante elecciones libres que respeten el espíritu del 28 de julio de 2024.

Una amnistía sin uniforme no es reconciliación. Es la preservación intacta de los mecanismos de control sobre la Fuerza Armada Nacional. La fulana ley no termina la opresión; la agrava, la maquilla y la tiñe de verde. Los militares presos siguen esperando justicia. Y con ellos, toda Venezuela.