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Álvaro Uribe: Primer Expresidente Colombiano Condenado por Fraude Procesal y Manipulación de Testigos

Álvaro Uribe: Primer Expresidente Colombiano Condenado por Fraude Procesal y Manipulación de Testigos

Pedro Benítez (ALN).- Este pasado lunes 28 de julio, Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente mediante sentencia judicial firme.

Otros exmandatarios colombianos han enfrentado investigaciones judiciales o señalamientos, pero sin que se haya producido una condena. Recordemos el caso de Ernesto Samper Pizano (1994–1998) quien, en ejercicio de esa alta investidura, fue investigado por la financiación de su campaña con dinero del narcotráfico (Proceso 8.000). Sin embargo, fue exonerado por el Congreso y nunca enfrentó un proceso penal.

El origen del caso que comentamos hoy se remonta al año 2012, cuando Iván Cepeda, entonces representante ante el Congreso colombiano por el Polo Democrático Alternativo, denunció posibles vínculos de Uribe con grupos paramilitares. Concretamente, vinculó al expresidente y su hermano con la formación del Bloque Metro de las de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su gestión como gobernador de Antioquia (1995-1997), basándose en declaraciones de los ex paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.

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En 2014, siendo Cepeda miembro del Senado, reiteró sus acusaciones en un debate en el Congreso.

Uribe, quien para ese momento también había sido elegido senador encabezando la lista del Centro Democrático, abandonó el recinto y se dirigió a la Corte Suprema a interponer una demanda por supuesta manipulacion de testigos en contra de Cepeda, alegando que buscaba desacreditarlo con testimonios inducidos.

Giro espectacular

Pero en 2018 la Corte concluyó que quien había intentado manipular testigos y engañar a los jueces había sido Uribe y no Cepeda. Así que decidió investigar al expresidente por presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, argumentando que su abogado, Diego Cadena, y él habían intentado manipular testimonios mediante ofrecimientos y presiones en contra de Cepeda.

EFE.

A esta altura del relato es pertinente aclarar un punto que resulta bastante curioso para el observador externo: hasta ahora, la justicia colombiana no ha probado y, por tanto, tampoco ha condenado a Uribe por vínculos con paramilitarismo (la denuncia original de Cepeda) sino por haber intentado manipular testigos y engañar a la Corte en contra de un rival político.

En agosto de 2020, el caso dio un giro espectacular cuando la Corte le impuso a Uribe la medida de detención domiciliaria por riesgos de obstrucción a la justicia, mientras se desarrollaba la investigación.

A fin de ser juzgado por la justicia ordinaria y no por esa alta magistratura que investiga a funcionarios con fuero, Uribe renunció a su curul como senador, y permaneció cerca de dos meses privado de libertad hasta que una jueza revocó la medida.

El caso pasó a ser investigado por la Fiscalía dirigida entonces por Francisco Barbosa, lo que dio pie a nuevas diatribas públicas por la cercanía de este con el uribismo.

Fraude procesal

Durante estos años los tribunales rechazaron los reiterados intentos de los abogados del expresidente por cerrar el proceso, y en marzo del 2024 un nuevo fiscal formalizó cargos contra Uribe.

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Este lunes, la jueza Sandra Heredia lo condenó por fraude procesal, es decir, manipulación de pruebas y testimonios con el fin de inducir a error a autoridades judiciales. Esto incluyó documentos falsificados como uno atribuido al paramilitar Carlos Enrique Vélez, usado para abrir una investigación infundada contra el senador Cepeda.

EFE.

Uribe fue absuelto del cargo de soborno simple, que implicaba un intento de sobornar a la exfiscal Hilda Niño Farfán.

La pena solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión junto con una multa.

La jueza anticipó que, por razones de edad (Uribe tiene 73 años) y antecedentes, la pena podría cumplirse en arresto domiciliario en lugar de prisión efectiva. La lectura oficial de la sentencia (es decir, la imposición formal de la pena) está programada para el 1ero de agosto de 2025

Gran apoyo a Álvaro Uribe

Como el fallo corresponde a una sentencia de primera instancia, no es definitiva. La defensa de Uribe ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, y podría recurrir en última instancia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia … donde empezó todo.

Esto ocurre cuando faltan ocho meses para el inicio del próximo ciclo electoral en Colombia, con las distintas precandidaturas presidenciales calentando motores, y está por verse qué efectos tendrá este fallo en las encuestas: Si terminara de hundir a Uribe y a su partido, el Centro Democrático, o si por el contrario será el revulsivo que necesitaban.

EFE.

A lo largo de las últimas dos décadas el controversial expresidente ha estado en el centro de la polarización colombiana y aún conserva un apoyo nada desestimable en la derecha política.

Cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales han sido ganadas por Álvaro Uribe o por un candidato apoyado por él.

Sin embargo, parece que el país se ha ido cansando de su protagonismo. Encuestas del año pasado mostraba una imagen favorable hacia su persona del 47,5 %, contra 44,9 % negativa. Pero solo el 18,6 % de la población dijo que votaría por el candidato que “diga Uribe”, versus 23,8 % por el que “diga Petro”. En cambio, una importante proporción (40 %) de votantes afirma que no seguiría directrices de ninguno de ellos.

Lo que sí parece que va a ocurrir, es que precipitará en el uribismo la selección de su candidato presidencial, cuestión que ha estado congelada por la situación de salud del senador Miguel Uribe Turbay.

«Lawfare»

Esto, a su vez, hará que el Pacto Histórico, el grupo del presidente Gustavo Petro, haga lo mismo. En ese sector figura como favorito el escritor y ex senador Gustavo Bolívar (11,8 % en los sondeos).

No obstante, esta circunstancia ha realzado el protagonismo de Iván Cepeda y muchos lo empiezan a ver como el candidato viable, puesto que para la izquierda colombiana este fallo es un logro histórico. Una victoria para quien ha sido su bestia negra.

Mientras tanto, del otro lado de la acera, políticos uribistas califican el proceso como “persecución política” o “lawfare” (el mismo argumento de la señora Cristina Kirchner a Argentina), rechazan la sentencia y atacan a la jueza. Y hasta el Secretario de Estado, Marco Rubio, se ha permitido afirmar que se trata de una “instrumentalización del poder judicial”. Lo mismo que su jefe ha hecho con el juicio abierto contra el también expresidente Jair Bolsonaro en Brasil. No nos extrañe que esas injerencias terminen provocando todo lo contrario de lo que buscan.

Los amigos del expresidente Uribe pasan por alto que el proceso de la Corte contra el exmandatario no se dio bajo el gobierno de Petro, sino de Iván Duque, su hijo político.

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Por cierto, dando muestra de su memoria de corto plazo y su capacidad para resistir titulares recientes, el presidente Petro con respecto a este caso ha dicho que “…La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia.”

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Aunque en múltiples ocasiones ha acusado al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Procuraduría o la justicia administrativa de estar intentando dar “un golpe de Estado a la colombiana” en su contra, no con tanques, sino mediante procesos administrativos e investigaciones que, según él, violan su fuero presidencial.

De modo que, siendo fieles a nuestras más sentidas tradiciones latinoamericanas, cada quien apoya o cuestiona las decisiones arbitrales de acuerdo a cómo le vaya en el campo del juego.

Por supuesto, en esta historia falta ver cuál será el fallo del juez supremo: el electorado colombiano, todavía fragmentado y dominado por la indecisión.

@PedroBenitezF

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