La Paradoja Venezolana: ¿Petróleo Primero y Democracia Después?

En la actualidad, las grandes potencias no ocupan países para apoderarse de su petróleo. Eso ocurrió en el siglo pasado. En el XXI se emplean métodos más astutos: licencias, contratos, garantías financieras, participaciones accionarias, derechos de gobernanza y acuerdos lo suficientemente prolongados como para sobrevivir múltiples generaciones de presidentes.

Venezuela parece estar entrando en este nuevo mundo.

El llamado “mayor acuerdo petrolero de la historia”, que Donald Trump anunció como una victoria sobresaliente para Estados Unidos, presenta una paradoja que debería inquietar a cualquier venezolano, sea parte o no del interinato en Caracas: el petróleo podría estar hallando una solución antes que la democracia.

Trump ha afirmado que Estados Unidos tendrá control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela, obtendrá condiciones favorables de suministro y reforzará su seguridad energética sin costo, así lo expresó, para el contribuyente estadounidense.

Desde Washington, la operación tiene su lógica.

Las grandes potencias no hacen caridad internacional. Protegen sus intereses.

Estados Unidos necesita petróleo. Necesita seguridad energética. Necesita reducir su vulnerabilidad ante crisis como las de Oriente Medio y restringir la influencia que China y Rusia han ganado durante años en un país situado frente al Caribe y a pocos días de navegación de las refinerías estadounidenses.

La pregunta, por lo tanto, no es qué gana Estados Unidos. Eso está bastante claro.

La pregunta realmente incómoda es: ¿qué está construyendo Venezuela a cambio?

Porque hay una diferencia esencial entre poseer un recurso y controlar su explotación.

Venezuela puede mantener constitucionalmente la propiedad del petróleo bajo su territorio. Puede afirmar solemnemente que los hidrocarburos pertenecen a la República. Puede incluso erigir la bandera nacional sobre cada torre de perforación. Pero si durante décadas otros manejan el capital, la tecnología, las garantías financieras, ciertos derechos corporativos, el acceso preferencial a la producción y gran parte de las decisiones estratégicas, la propiedad jurídica se convierte en una soberanía bastante más modesta de lo que aparenta.

El país puede tener la escritura. Otros pueden terminar administrando las llaves. Y las llaves son importantes.

El Pentágono entra al negocio

Además, hay un elemento que transforma esta operación en algo mucho más atractivo que otro acuerdo petrolero.

En su estructura aparece la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono y, como vehículo empresarial, North American Blue Energy Partners, NABEP, perteneciente a Alejandro Betancourt.

La mera presencia de una estructura financiera ligada al Departamento de Guerra cambia la naturaleza política de la operación. Porque cuando el Pentágono mira un barril de petróleo no necesariamente lo ve como una mercancía.

Ve seguridad nacional.

Ve capacidad industrial.

Ve vulnerabilidades estratégicas.

Ve a China.

Ve a Rusia.

Ve guerras futuras.

Y, sobre todo, ve tiempo.

El petróleo venezolano dejaría de ser exclusivamente un negocio energético y se transformaría en una pieza del tablero geopolítico estadounidense.

No sería necesario administrar PDVSA desde Washington ni desplegar soldados estadounidenses alrededor de cada pozo.

El poder puede ejercerse de una manera mucho más sutil.

Una licencia de la OFAC puede lograr lo que antes necesitaba una división militar. Una participación accionaria puede otorgar influencia donde antes era necesaria una ocupación. Un contrato de cien años puede resultar geopolíticamente más fuerte que una base militar.

Eso no convierte necesariamente el acuerdo en algo malo. Pero sí obliga a llamarlo por su nombre. Esto no es solamente petróleo.

Es poder.

La tentación venezolana

Sin embargo, para Venezuela existe una tentación aún más peligrosa.

Durante años, quienes defendieron una transformación política del país mantuvieron una secuencia lógica: primero democracia, instituciones y Estado de derecho; luego inversiones, crecimiento y reconstrucción petrolera.

Ahora puede estar imponiéndose la secuencia inversa.

Primero petróleo. Después democracia.

Primero estabilizar. Después institucionalizar.

Primero producir. Luego elegir.

La fórmula tiene una enorme seducción porque Venezuela necesita urgentemente inversiones, empleos, electricidad, infraestructura y crecimiento.

Pero la historia latinoamericana debería enseñarnos que la prosperidad no trae automáticamente democracia.

Los autoritarismos también aprenden. Pueden modernizarse. Pueden abrir mercados. Pueden firmar contratos con multinacionales. Pueden permitir empresarios privados. Pueden incluso volverse socios útiles de democracias occidentales.

Lo único que no hacen, necesariamente, es entregar el poder.

Ese es el verdadero riesgo del acuerdo. No que fracase. Sino que funcione. Que aumente la producción. Que regresen inversiones. Que mejoren las exportaciones. Que entren dólares. Que Washington logre seguridad energética. Que las empresas obtengan rentabilidad. Y que, precisamente porque todo eso funciona, la urgencia de la transición democrática comience a desvanecerse lentamente.

Una dictadura más cómoda

La Venezuela del futuro podría no parecerse mucho a la Venezuela arruinada que conocemos.

Podría ser más estable. Más abierta. Más petrolera.

Más occidental. Más amigable con Washington. Y aún no ser plenamente democrática.

Ese escenario debería alarmar mucho más que las discusiones semánticas sobre quién retiene jurídicamente la propiedad del subsuelo y NABEP. Porque un régimen violador de derechos humanos genera repulsa internacional. Una autocracia estable que produce petróleo es bastante más tolerable.

Aquí surge el concepto incómodo que pocos quieren expresar: Estado tutelado.

Una tutela internacional puede ser necesaria durante una situación política inestable. Después de décadas de destrucción institucional, sería ingenuo pensar que Venezuela puede reconstruirse sin capital extranjero, tecnología, garantías internacionales y apoyo estadounidense.

El problema no es necesariamente entrar en la tutela. El problema es no saber cómo salir.

Toda excepcionalidad democrática necesita tener una fecha de caducidad. Todo poder extraordinario necesita límites. Y toda transición necesita desembocar en instituciones que puedan sobrevivir a quienes la diseñaron. Y todo acuerdo petrolero que comprometa generaciones debería terminar fortaleciéndolas, no reemplazándolas.

El recurso más escaso

Venezuela tiene petróleo de sobra. Lo que no tiene en abundancia es confianza.

Puede haber 65.000 millones de barriles comprometidos en un acuerdo o cientos de miles de millones bajo tierra. Ninguno construirá por sí mismo tribunales independientes, seguridad jurídica, separación de poderes, elecciones competitivas o respeto por la propiedad.

La riqueza más escasa de Venezuela no está enterrada en la Faja del Orinoco. Es institucional.

Estados Unidos puede garantizar contratos. Puede proporcionar financiamiento. Puede facilitar tecnología. Puede reconvertir a Venezuela en un proveedor energético estratégico del hemisferio.

Lo que no puede crear desde Washington es legitimidad democrática. Y allí se decidirá finalmente si este acuerdo representa el inicio de la reconstrucción venezolana o simplemente una versión más sofisticada de nuestra antigua tragedia petrolera.

Porque existe un desenlace perfectamente posible y profundamente inquietante.

Estados Unidos obtiene su petróleo.

Las empresas obtienen sus campos.

Los inversionistas obtienen garantías.

Quienes gobiernan obtienen ingresos.

China y Rusia pierden influencia.

Washington declara victoria.

Y los venezolanos siguen esperando elecciones, instituciones y soberanía. Entonces descubriremos que el problema nunca fue que Estados Unidos se quedara con el petróleo de Venezuela.

El verdadero peligro era mucho más sutil:

que todos consiguieran lo que querían antes de que los venezolanos recuperaran su país.

@antdelacruz_