Washington y su mensaje en la posesión de Abelardo de la Espriella: más DEA que diplomacia
Cali amaneció el 7 de agosto con una señal diplomática que, más que por la cantidad de funcionarios, llamó la atención por sus cargos. Donald Trump no envió a su vicepresidente, J.D. Vance; tampoco al secretario de Estado, Marco Rubio, ni al subsecretario Christopher Landau. En cambio, la delegación estadounidense para la posesión de Abelardo de la Espriella estuvo encabezada por Todd Blanche, fiscal general encargado de Estados Unidos, y tuvo una fuerte presencia de funcionarios cuya agenda está directamente relacionada con la lucha contra las drogas y el crimen organizado.
La lectura política parece bastante clara: Washington quiere recomponer la relación con Colombia, pero la puerta de entrada ya no es la diplomacia tradicional, es la seguridad. Y dentro de la seguridad, el narcotráfico ocupa el primer renglón.
La delegación estadounidense estuvo integrada por nueve funcionarios. Además de Blanche, estuvieron Terrance C. “Terry” Cole, administrador de la DEA; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), conocida como la “zar antidrogas”; Hugo Guevara, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá; y el congresista republicano Mario Díaz-Balart, uno de los aliados políticos más visibles de De la Espriella en Washington. La composición fue reportada por EL PAÍS y coincide con la comunicación pública sobre la delegación.
No es un detalle menor. Cuando una delegación de alto nivel llega a una posesión presidencial encabezada por el responsable del Departamento de Justicia y acompañada por los principales funcionarios estadounidenses de política antidrogas, el mensaje va mucho más allá del protocolo.
Como fiscal general encargado, Todd Blanche supervisa el Departamento de Justicia y, con él, un aparato que incluye al FBI, la DEA, los Marshals, la ATF y las fiscalías federales.
Todd Blanche llegó a Cali con un peso político superior al que tendría un enviado protocolario. Como fiscal general encargado, supervisa el Departamento de Justicia y, con él, un aparato que incluye al FBI, la DEA, los Marshals, la ATF y las fiscalías federales. El propio Departamento de Justicia describe entre las prioridades de Blanche la lucha contra la inmigración ilegal, las organizaciones transnacionales de narcotráfico y el crimen violento.
Su presencia abre una conversación especialmente relevante para Colombia: extradición, investigaciones financieras, cooperación judicial, inteligencia y persecución de las estructuras que Washington denomina organizaciones narcoterroristas. Es decir, la relación bilateral vuelve a mirar hacia el terreno en el que Estados Unidos y Colombia construyeron durante décadas una de sus alianzas más estrechas.
Blanche no es un diplomático de carrera. Es un hombre de justicia y seguridad. Que sea él quien encabece la delegación sugiere que la administración Trump quiere que el nuevo gobierno colombiano entienda que la cooperación bilateral tendrá un componente operativo mucho más marcado.
El administrador de la DEA, Terry Cole, tiene más de tres décadas de experiencia en seguridad y pasó 22 años dentro de la agencia.
El perfil de Terrance C. Cole es quizás el que mejor conecta la nueva etapa con la historia de cooperación entre ambos países. El administrador de la DEA tiene más de tres décadas de experiencia en seguridad y pasó 22 años dentro de la agencia. Su trayectoria incluyó destinos en Colombia, además de México, Afganistán y otras operaciones internacionales.
La DEA dice que bajo su administración la prioridad es desmantelar organizaciones criminales transnacionales, atacar sus estructuras financieras y amplicar las alianzas internacionales. Cole, además, ha destacado públicamente la cooperación con Colombia en investigaciones contra redes que operan desde Suramérica hacia México, Estados Unidos y Canadá.
Su presencia en Cali puede leerse como una invitación a recuperar una relación operacional que en los últimos años sufrió tensiones políticas. Para Washington, Colombia no es simplemente un país productor: es un socio indispensable para inteligencia, interdicción marítima y aérea, extradición, captura de cabecillas y desmantelamiento de redes financieras.
La oficina de Sara Carter coordina la política nacional de drogas de Estados Unidos, en un momento en que la administración Trump ha convertido la crisis de drogas ilícitas en una prioridad.
Sara Carter aporta otra dimensión. Como directora de la ONDCP, su tarea no se limita a Colombia ni a la cocaína. Su oficina coordina la política nacional de drogas de Estados Unidos, en un momento en que la administración Trump ha convertido la crisis de drogas ilícitas en una prioridad de seguridad nacional y de salud pública.
Carter llegó al cargo con un perfil particular: antes de dirigir la política antidrogas de la Casa Blanca fue periodista de investigación y trabajó durante años sobre carteles y rutas del narcotráfico. En marzo de 2026, ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, defendió una respuesta internacional más agresiva frente a las redes criminales.
Su presencia también recuerda una realidad incómoda: Colombia puede destruir laboratorios, incautar toneladas y capturar capos, pero mientras exista un mercado estadounidense dispuesto a pagar por la cocaína, el negocio seguirá teniendo incentivos. La nueva agenda de Washington parece querer atacar simultáneamente producción, transporte, dinero y organizaciones criminales.
El congresista Mario Díaz-Balart representa otro componente del mensaje. Republicano por Florida y durante años uno de los congresistas estadounidenses más activos en asuntos latinoamericanos, Díaz-Balart respaldó públicamente a De la Espriella durante la campaña. Su presencia conecta al nuevo gobierno colombiano con el Congreso estadounidense y, especialmente, con sectores republicanos de Florida que han defendido una política hemisférica más dura frente al narcotráfico, Venezuela y los gobiernos de izquierda.
Hugo Guevara, por su parte, representa la continuidad institucional en Bogotá. Como encargado de negocios de la embajada, conoce de primera mano el estado de la relación bilateral y será una pieza importante para convertir los anuncios políticos en acuerdos concretos.
La combinación resulta reveladora: Blanche aporta Justicia; Cole, DEA; Carter, política antidrogas; Díaz-Balart, Congreso; y Guevara, la operación diplomática en Bogotá. No parece una delegación diseñada para hablar solamente de comercio, turismo o cultura.
La preocupación estadounidense tiene un fundamento cuantificable. El más reciente dato de Naciones Unidas disponible para Colombia señala que en 2024 había aproximadamente 261.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento de 3,5 % frente a las 253.000 hectáreas registradas en 2023. El dato de 2024 fue publicado finalmente en junio de 2026, después de una larga controversia metodológica entre el Gobierno colombiano y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La tendencia es particularmente significativa porque la cifra prácticamente duplica el área registrada en 2016, el año del Acuerdo de Paz con las FARC. La expansión de los cultivos ha coincidido con el fortalecimiento de grupos armados que financian sus operaciones mediante la economía de la cocaína.
En documentos presentados ante Naciones Unidas, Estados Unidos ha utilizado además una estimación de alrededor de 3.001 toneladas métricas de cocaína producidas en Colombia durante 2024. Aunque las metodologías de medición pueden variar y las cifras de producción requieren cautela, el dato ayuda a explicar por qué Washington considera que el problema dejó de ser únicamente colombiano.
La DEA también ofrece un indicador del lado estadounidense del problema: sus laboratorios regionales analizaron en 2024 aproximadamente 97,5 toneladas métricas de cocaína incautada. La propia DEA mantiene a Colombia como la principal fuente de cocaína que llega al mercado estadounidense. En otras palabras, las hectáreas sembradas en Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Cauca o Guaviare terminan conectándose con redes de distribución que alcanzan ciudades estadounidenses y otros mercados internacionales.
El otro punto de convergencia será la relación entre narcotráfico y grupos armados. ELN, disidencias de las antiguas FARC y otras organizaciones criminales se disputan territorios donde la coca, la minería ilegal, el contrabando y otras economías ilícitas generan recursos.
Para el gobierno de De la Espriella, el modelo de negociación y ceses de fuego impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro llegó a su límite. Su discurso de posesión fue explícito: los grupos que no se sometan al Estado enfrentarán una respuesta militar. Para Washington, ese cambio es particularmente importante porque coincide con la visión de Trump de combatir a las organizaciones criminales como amenazas transnacionales y no solamente como actores del conflicto interno colombiano.
Esto puede producir una cooperación mucho más estrecha entre Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, DEA, FBI y otras agencias estadounidenses. También puede traducirse en mayor intercambio de inteligencia, operaciones contra finanzas ilícitas y presión para que Colombia vuelva a poner la erradicación de cultivos en el centro de su política antidrogas.
Aquí aparece quizá la señal estratégica más importante. El llamado “Escudo de las Américas” fue impulsado por Donald Trump en 2026 como una coalición hemisférica para enfrentar carteles, organizaciones narcoterroristas, interferencia extranjera e inmigración ilegal. En marzo, Estados Unidos reunió en Florida a varios gobiernos aliados para discutir una cooperación de seguridad más agresiva.
Colombia quedó por fuera de aquella primera cumbre durante el gobierno de Petro. Pero después de ganar las elecciones, De la Espriella anunció que Colombia se incorporaría al mecanismo a partir del 7 de agosto. Esa decisión fue reiterada como parte de su nueva política exterior y de seguridad.
La incorporación tiene implicaciones que van más allá de una fotografía diplomática. Colombia posee algo que pocos miembros de la coalición pueden aportar: experiencia de combate contra organizaciones armadas, décadas de cooperación con Estados Unidos, infraestructura de inteligencia, capacidades de interdicción y conocimiento del principal territorio productor de coca del mundo.
En ese sentido, Colombia podría convertirse en uno de los países más importantes del Escudo de las Américas, incluso en su eventual centro operativo sudamericano. Pero también aparecen riesgos. Una participación más militarizada podría generar tensiones sobre soberanía, derechos humanos y la posibilidad de operaciones estadounidenses en territorio colombiano. El desafío para De la Espriella será obtener el máximo de inteligencia, tecnología, entrenamiento y recursos sin convertir la cooperación en una dependencia que termíne condicionando la política de seguridad colombiana.
También habrá que observar qué significa exactamente “formar parte” del Escudo. Hasta ahora, la iniciativa no equivale automáticamente a un tratado de defensa colectiva como la OTAN. Su estructura y compromisos concretos todavía dependen de acuerdos bilaterales y multilaterales. Por eso, la declaración política de adhesión es importante, pero no debe confundirse con una alianza militar formal.
La imagen de Cali puede terminar siendo más importante de lo que parece. Durante el gobierno Petro, Washington y Bogotá discutieron sobre cambio climático, transición energética, política de drogas, paz y derechos humanos, mientras la relación sufría choques por las deportaciones, Venezuela y la estrategia contra el narcotráfico.
Con De la Espriella, el vocabulario cambia. La palabra “seguridad” vuelve al centro. Y con ella aparecen DEA, extradición, inteligencia, carteles, erradicación, interdicción y cooperación militar.
Eso no significa que desaparezcan el comercio, la migración, la inversión o la agenda ambiental. Significa que, para la administración Trump, Colombia vuelve a ser vista ante todo como un socio estratégico en la lucha hemisférica contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Por eso la delegación enviada a la posesión dice tanto. Si Washington hubiera querido enviar únicamente un saludo protocolario, habría bastado con un embajador or un funcionario del Departamento de Estado. En cambio, llevó al hombre que dirige el Departamento de Justicia, al administrador de la DEA, a la máxima responsable de la política antidrogas y a un congresista republicano cercano al nuevo presidente.
El mensaje, entonces, parece menos diplomático que operativo: Estados Unidos está dispuesto a abrir una nueva etapa con Colombia, pero espera resultados concretos. Y esos resultados, en buena medida, se medirán en hectáreas de coca destruidas, toneladas de droga interceptadas, laboratorios desmantelados, cabecillas capturados, estructuras financieras golpeadas y grupos armados debilitados.
Para Colombia, el reto será demostrar que puede aprovechar ese renovado interés de Washington sin renunciar a su autonomía. Para Estados Unidos, el reto será demostrar que una estrategia más dura contra los carteles puede producir resultados sostenibles donde décadas de guerra contra las drogas todavía no han logrado resolver el problema.
La presencia estadounidense en Cali fue, en ese sentido, una señal de confianza hacia el nuevo gobierno. Pero también fue una especie de contrato político no escrito: Washington está ofreciendo cooperación. Ahora espera resultados.
Departamento de Justicia de EE. UU. – Perfil de Todd Blanche
DEA – Perfil de Terrance C. “Terry” Cole
Casa Blanca – Confirmación de Sara Carter como directora de ONDCP
Casa Blanca – Reunión sobre interdicción de drogas
DEA – Informe anual de cocaína, 2024
EL PAÍS – Delegación de EE. UU. a la posesión
Reuters – Nuevo presidente colombiano y cooperación de seguridad
EFE – Anuncio de Colombia sobre el Escudo de las Américas
Departamento de Estado – INCSR, ColombiaONU – Registro del Consejo de Seguridad con datos sobre coca y cocaína
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