La hipocresía del chavismo: ¿por qué Mary Pili Hernández no exige cuentas a los corruptos del régimen?

En medio de la doble catástrofe (los terremotos de junio y el chavismo destructor), la periodista y exministra Mary Pili Hernández publicó en X un señalamiento a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025:

«La Madre Teresa ganó el Nobel y todo el dinero se lo dio a los pobres de Calcuta. Rigoberta Menchú con su premio creó una fundación para indígenas de Guatemala. ¿Sabe usted si la Nobel venezolana le ha dado siquiera un euro a un solo venezolano para ayudarlo con el terremoto?»

Es una pregunta con trampa, y vale la pena mirarla de cerca. Por lo que dice y por lo que calla.

El millón de dólares del Nobel es dinero privado, entregado por una fundación extranjera a una persona por su trabajo político, sin que nadie —ni sus adversarios más acérrimos— haya insinuado que provenga de malversación, contratos inflados o cuentas en Andorra. Aun así, Hernández se arroga la atribución de exigir cómo debe gastarlo una ciudadana particular. No es una petición de transparencia sobre fondos públicos. Ni soñarlo. Eso no lo hace un chavista nunca. Ser chavista es, en esencia, partir de que el Estado es cosa propia y que sus recursos, instituciones, infraestructura y personal pueden ser usados como a los jerarcas les dé la gana.

Auditoría moral sobre el bolsillo de otro

El reflejo de decidir sobre el dinero limpio de los privados mientras se mira para otro lado ante el dinero público que sí desapareció es el núcleo de la contradicción de un movimiento político que muy pronto devino entramado mafioso.

Hernández fue fundadora del Movimiento Quinta República (MVR), el partido con el que Chávez llegó al poder en 1998; presidenta de Venezolana de Televisión (VTV), que con ella dejó de ser el canal del Estado para convertirse en el de una parcialidad, en violación directa del artículo 145 de la Constitución, que ordena que todo funcionario público esté al servicio del Estado y no de facción alguna.

Fue vicecanciller para América del Norte, en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2005), de manera que fue testigo de cómo se repartió el petróleo venezolano entre cuanto raspicuí se le atravesó a Chávez.

En 2009-2010, en plena crisis eléctrica, el gobierno de Chávez le adjudicó a Derwick Associates, una empresa sin experiencia en construcción de plantas eléctricas fundada por Alejandro Betancourt López y sus socios, doce contratos sin licitación a través de PDVSA, CVG, Corpoelec y Electricidad de Caracas. En 2011, el periodista César Batiz (Últimas Noticias) publicó la investigación que destapó el caso: los dueños de Derwick se embolsaron más de mil millones de dólares en sobreprecios, uno de los desfalcos más audaces de la historia republicana de Venezuela.

Mil millones ahí mismito

El escándalo estalló en 2011, el mismo año en que Mary Pili Hernández asumía el Ministerio de la Juventud, y siguió revelándose durante 2012, mientras ella estaba sentada en el Consejo de Ministros. El funcionario político detrás del negocio eléctrico era Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, su colega de gabinete durante todo ese período. Es el mismo Rafael Ramírez a quien, años después (2022), ella salió a defender cuando el madurismo lo cuestionaba, argumentando que atacarlo era «atacar a Chávez y al Proyecto Bolivariano».

El escándalo de los mil millones de dólares en sobreprecios eléctricos ocurrió frente a ella, mientras era ministra. No hay registro de que lo cuestionara entonces y, cuando alguien más lo objetó años después, ella defendió al implicado.

En abril de 2013 pasó a ser jefa de la REDI Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre) y luego ministra de Estado (julio de 2013-junio de 2014), ya bajo Maduro. Ese año, Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas y su colega de gabinete, admitió que unos 25.000 millones de dólares pudieron haber sido robados a través de Cadivi; el propio Maduro, el 1 de diciembre de 2013, anunció una comisión para investigar el fraude cambiario y reconoció públicamente que había «responsabilidad de funcionarios… hubo fraude». Mientras tanto, en los tres estados que ella misma tenía la misión de supervisar operaban Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa y Petromonagas, filiales de PDVSA donde se documentaron sobornos por 146 millones de dólares dentro de un esquema de contratos sobrevaluados en la Faja del Orinoco que dejó pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares. El saqueo, en ambos frentes, ocurrió en sus narices. De ninguno habló.

Colega de gabinete, socia del silencio

Hernández, que se define a sí misma como «chavista convicta, confesa, absoluta», empezó a criticar a Maduro en 2017 (tres años después de que él la sacara del Ministerio de la Juventud en 2013 y la removiera por completo del gabinete en 2014; antes nunca lo hizo). Pero su cuestionamiento se ha centrado en la gestión y el autoritarismo, no en el tamaño y el origen de la deuda ni en la corrupción sistémica que la produjo, como tampoco en la devastación del país como remate de la iniciada por Chávez.

Y esa corrupción ocurrió, literalmente, a su lado. En 2011, el mismo año en que Hernández asumía el Ministerio de la Juventud, se destapó que Derwick Associates —una empresa sin experiencia previa, favorecida con contratos sin licitación durante la crisis eléctrica de 2009-2010— se había embolsado más de mil millones de dólares en sobreprecios, bajo la sombra de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA y colega suyo de gabinete. Ya como ministra de Estado (2013-2014), Jorge Giordani, ministro de Planificación y también colega de gabinete, admitió que unos 25.000 millones de dólares pudieron haber sido robados a través de Cadivi, y el propio Maduro reconoció públicamente, el 1 de diciembre de 2013, que «hubo fraude». En paralelo, en los tres estados que ella misma tenía la misión de supervisar como jefa de la REDI Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre) operaban las filiales petroleras donde se documentaron sobornos por 146 millones de dólares dentro de un esquema de contratos sobrevaluados en la Faja del Orinoco, con pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares. De ninguno de estos casos la escuchamos hablar.

La Constitución que juró cumplir

No se trata de un reproche moral: el artículo 141 de la Constitución de 1999 obliga a todo funcionario a ejercer la función pública con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, y el artículo 271 equipara los delitos contra el patrimonio público a los crímenes de lesa humanidad y al narcotráfico, al declararlos imprescriptibles. Ese es el estándar —constitucional, no el que ella inventa para Machado— que Hernández incumplió durante veinte años de silencio en el poder.

Y la deuda que dejó todo esto es descomunal. Según Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana superaba los 170.360 millones de dólares hacia marzo de 2026. En junio, el Financial Times reportó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez se preparaba para reconocer una cifra aún mayor: 240.000 millones de dólares, muy por encima de los 150.000-200.000 millones que estimaban hasta ahora los mercados. Esa cifra incluye cerca de 60.000 millones en bonos, 40.000 millones en intereses acumulados desde el default declarado por Maduro en 2017, además de deudas con petroleras, expropiaciones no indemnizadas y compromisos con China y otros acreedores.

Esa deuda no cayó del cielo: es el resultado de dos décadas de PDVSA vaciada, contratos sobrevaluados, divisas preferenciales entregadas a boliburgueses y un aparato de control cambiario que, según organismos como Transparencia Internacional, convirtió a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Nadie ha visto a Mary Pili Hernández pedirle a un solo funcionario o exfuncionario chavista que devuelva lo que se llevó, con el mismo tono perentorio que usó para exigirle cuentas a Machado sobre un premio que ni siquiera ha cobrado en su totalidad.

Si el estándar es «¿cuánto le has dado tú al pueblo venezolano de tu propio bolsillo?», esa pregunta debería dirigirse primero a quienes dilapidaron billones de dólares en renta petrolera durante el boom de los años 2000, no a quien recibió un reconocimiento internacional por oponerse a ese mismo modelo.

Hay que decir, en honor a la precisión, que Machado no ha anunciado públicamente qué hará con el dinero del Nobel y que sí activó su red de voluntarios («600K») para canalizar ayuda tras el sismo, aunque eso no equivale a donar el premio. Ese matiz no invalida el señalamiento sobre la desproporción del reclamo, pero tampoco conviene omitirlo: exigir que aclare el destino de esos fondos es una pregunta legítima de cualquier ciudadano, chavista o no. El problema no es preguntar. Es preguntar solo a un lado.

A Hernández y a los suyos les resulta natural exigirle cuentas a una ciudadana sobre su dinero privado. Lo que roban del Estado, en cambio, parece no incomodarlos. Eso lo asumen como parte del paisage.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.