El Junquito: Más de 1.200 damnificados claman por respuestas tras devastador terremoto

En El Junquito, a dos semanas del doble terremoto, la emergencia se evidencia en comunidades con viviendas sin inspeccionar, familias viviendo bajo carpas, escuelas pendientes de evaluación y comercios cerrados. Los habitantes demandan respuestas oportunas por parte del Estado

Fotos: Luna Perdomo

Más de 15 días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país el pasado 24 de junio, más de 1.200 personas, afectadas directa o indirectamente, siguen esperando respuestas concretas del Estado en El Junquito, una parroquia ubicada en el noreste del municipio Libertador de Caracas. Gran parte de las heridas de este pueblo siguen abiertas: no son solo fisuras que atraviesan viviendas, escuelas y comercios, sino la incertidumbre que transita a los habitantes.

El día que TalCual realizó un segundo recorrido por esta parroquia, llegaron distintas autoridades para realizar inspecciones, era el día 15 de la tragedia; pese a que ellos afirmaron que ya se habían presentado en la zona, los habitantes aseguraron que era la primera vez que se acudía oficialmente a evaluar los daños.

Aunque Protección Civil revisó algunos locales comerciales y viviendas del casco central del pueblo de El Junquito —las etiquetas amarillas, rojas y verdes lo confirmaron—, vecinos del barrio La Toma, ubicado en la parte posterior de la zona turística, sostienen que sus casas siguen sin chequeo.

Una de las lugareñas lleva el registro en un cuaderno: contabilizó 180 familias afectadas y detalló que son cerca de 600 personas que «abandonaron sus casas por miedo a que las estructuras de arriba terminen de colapsar y nos caigan encima». Estas personas desistieron de ir a un refugio y buscaron espacio en casas de familiares, amigos o vecinos.

En un terreno escampado sobreviven, en carpas, 89 personas, 37 son niños y adolescentes de entre cero y 17 años. Estas son familias doblemente damnificadas: antes de los terremotos vivían en las instalaciones del antiguo Gran Hotel porque llevaban 16 años esperando una vivienda de manos del Estado, que jamás llegó.

En este campamento permanecen 22 familias que vivían en el hotel y se sumaron otras cuatro del sector La Toma tras afectaciones a sus viviendas.

Uno de los afectados, apodado como «negro» y que prefierió no dar su nombre, que permanece en una carpa con sus tres niños (15, 9 y 5 años de edad) y su esposa, contó que la alcaldesa Carmen Meléndez visitó El Junquito tras los primeros días del sismo, pero insistió en que no han regresado: «Ninguna autoridad ha venido a decir: ‘Sí, los vamos a ayudar’».

Agregó que a diario han ido representantes de iglesias católicas, cristianas evangélicas, del Sistema de Orquestas y de Cáritas y les ofrecen comida, cobijas y actividades recreativas para los infantes.

«Nosotros lo único que necesitamos es material porque nosotros construimos. Los dueños de este terreno nos dijeron que lo podían regalar para que nos hagan nuestras casas», explicó el habitante de la zona.

A 19 kilómetros de la zona turística de El Junquito, específicamente en el km 4, otras 170 familias atraviesan una situación similar: son 509 personas en total; de las cuales, 178 son menores de edad, 35 adultos mayores, 10 personas con alguna discapacidad, cuatro embarazadas y dos que dieron a luz el mismo 24 de junio como consecuencia de los fuertes sismos; desde hace más de una década ocupan una antigua fábrica de colchones mientras esperan una solución habitacional.

Tras el terremoto dejaron de dormir dentro del edificio de cuatro niveles porque «en piso tres y cuatro hubo pérdida total porque se cayeron las paredes». En piso dos también colapsaron muros y «hay varias casas agrietadas, las escaleras se separaron de las paredes», describió Jessica Montilla, habitante del espacio. Todas estas familias pasan el día y la noche en el patio, bajo carpas donadas por particulares.

«Aquí vino Protección Civil a inspeccionar y permanecemos aquí a ver qué pasa. No ha venido nadie de la Alcaldía (de Caracas). No hemos recibido ayuda de ningún gobierno, pero sí de todos los venezolanos y organizaciones internacionales que salieron a la calle y trajeron comida y ropa», agregó.

En este espacio cuentan con un solo baño apto para las más de 500 personas. Tampoco tienen dónde cocinar y se organizan por grupos: «Yo me arriesgo, me meto a mi casa, cocino para mi cuadrilla y así vamos haciendo», contó Montilla.

Montilla exigió a las autoridades, en nombre de sus vecinos, «que nos vengan a solucionar porque uno quiere estar en su casa».

Los residentes del km 4 denunciaron que, pese a ser una comunidad ampliamente conocida por las autoridades, «usada» en busca de votos y promesas de reubicación, hasta la fecha de publicación de este texto ningún organismo público se había presentado a ofrecerles una mano amiga. Indicaron que solo se llegaron funcionarios de Protección Civil y de los bomberos para evaluar la estructura y que les dijeron que no va a colapsar, pero que no deben habitar.

Casas desplomadas y familias esperando

Las consecuencias del doblete sísmico también son visibles en otras urbanizaciones y barrios de El Junquito, donde las viviendas se desplomaron por completo o penden de un hilo para terminar de caer.

En la urbanización Monte Alto, ubicada en el kilómetro 14, una casa de tres niveles colapsó en el mismo instante del terremoto: la familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niñas, de 12 y 8 años de edad, habían salido 20 minutos antes del sismo. La estructura cayó hacia el lado izquierdo y arrastró consigo la casa contigua, donde residían tres mujeres, entre ellas una adulta mayor de más de 90 años de edad que está en silla de ruedas, todas lograron salir durante el movimiento telúrico.

Protección Civil, Gobierno de Caracas y los bomberos inspeccionaron el lugar al día siguiente del terremoto y recomendaron realizar una demolición controlada; desde entonces, según Lori Rodríguez, vecina de esta estructura, ningún organismo ha regresado.

«La sensación es de miedo y que siga moviéndose la tierra y esto termine de ceder y caiga hacia mi casa. Estoy consciente de que siguen sacando gente en La Guaira, pero pienso que hay personas que estamos afectadas y se puede evitar otra tragedia», expuso Rodríguez.

Afirmó que la vivienda sigue cayendo al pasar de los días y tras las continúas réplicas. Allí permanece una camioneta suspendida entre los escombros, mientras debajo existe otra vivienda habitada por dos adultos mayores.

Precisó que uno de los afectados «tiene un buen cargo en el Seniat» y que «la otra muchacha trabaja con un diputado oficialista». Consideró «injusto que ni trabajando con el Estado les den respuestas. ¿Qué queda para el resto?», interrogó.

Una situación similar ocurre en la urbanización Iberoamericano, donde dos casas cayeron completamente. En ninguna hubo víctimas porque no estaban en sus hogares durante el temblor: en una de las casas se observan dos vehículos aplastados por el concreto que se compactó al caer.

Una vecina de esta vivienda contó que ingenieros contratados por las familias concluyeron que las edificaciones no pueden volver a ser habitadas; sin embargo, aseguró que ningún organismo oficial ha realizado evaluaciones técnicas ni ofrecido alternativas de alojamiento.

En la urbanización Los Molinos, kilómetro 13, «hay varias viviendas afectadas», afirmó en conversación con este medio Carolina Ferreira, quien desconoce la cantidad exacta de casas con daños, pero destacó que en su calle «todas las casas se inclinaron, vistas de frente, hacia la derecha».

«Mi casa se hundió, posiblemente por una falla de terreno, encajó y partió. En mi calle hay por lo menos cuatro casas afectadas y en la parte de abajo de la urbanización hay casas y muros con otros daños», relató.

En este caso eran dos apartamentos, de dos familias diferentes, y Ferreira lamentó que hasta la fecha «no se ha apersonado ningún tipo de autoridad, ni nada que se le parezca. Ni Protección Civil ni los bomberos. Ni el consejo comunal ha pedido información y allí no se puede vivir», destacó.

Así quedó la vivienda de Carolina Ferreira tras los terremotos en el país

En Los Molinos «hay unas casas en el aire», describió Carolina Ferreira, quien quedó damnificada y está consciente de que su vivienda debe ser domolida.

«Tengo una sensación como de una montaña rusa. En 39 segundos nos cambió la vida, nos quedamos en la calle (con su hija) y en el aire. Perdimos los recuerdos y la esperanza. Siento que es misión imposible volver a tener un techo propio en este país por la inflación. Me siento desorientada y desemparada», confesó.

En el kilóemtro 11 también hubo daños en viviendas que fueron desalojadas por sus habitantes. Los afectados de estas zonas de El Junquito se trasladaron a casas de otros parientes.

Escuelas y empleos también esperan respuestas

La incertidumbre y falta de respuesta también alcanza a la infraestructura escolar. Los habitantes del pueblo de El Junquito exigieron al viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien visitó la zona el pasado 9 de julio, examinar el liceo Augusto Pi Suñer, el más grande de la parroquia y donde están inscritos 1.200 alumnos.

Las autoridades prometieron que a la zona enviarían a un grupo de ingenieros «para hacer una revisión profunda» de la edificación de cuatro pisos y enfatizaron que «las actividades educativas se mantienen suspendidas». Uno de los representantes gubernamentales indicó que la información sería enviada al Ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

En la zona turística el impacto económico no fue menor, luego del colapso de una panadería, varios restaurantes y otros comercios, «alrededor de 500 personas quedaron sin empleo», de acuerdo con estimaciones de comerciantes y vecinos.

Más de 15 días después del terremoto y la combinación de viviendas inhabitables, pérdida de empleos e infraestructuras sin evaluar, los afectados de esta zona sobreviven gracias al apoyo de familiares y donaciones de ONG y particulares.

Con base en el recorrido realizado por TalCual y los censos que llevan los locales, al menos 1.200 personas permacen afectadas, directa o indirectamente, y pudiesen ser más, en distintos sectores de El Junquito sin haber sido atendidos por el Estado.

Aunque los habitantes de El Junquito reconocen que en La Guaira hubo mayores daños, insistieron en que no deben dejar que lo ocurrido en esta zona pase a ser una tragedia olvidada. La demanda es la misma desde el primer día: que las autoridades inspeccionen las edificaciones, determinen realmente cuáles pueden seguir siendo habitables y cuáles deben ser demolidas, y que ofrezcan respuestas a quienes, dos semanas después del desastre, siguen viviendo entre grietas, carpas y falsas promesas.