El informe japonés que advirtió sobre el desastre en Venezuela: Negligencia y corrupción institucional
La naturaleza es, por definición, impredecible. Sin embargo, cuando la ciencia y la investigación técnica le proporcionan a un Estado el mapa exacto de sus debilidades y las proyecciones milimétricas de sus riesgos, la tragedia deja de ser un asunto fortuito. Proteger a los ciudadanos o blindar a la élite en el poder es, estrictamente, una decisión política.
La historia demuestra que los desastres naturales suelen tener un costo para los gobiernos. Algunos emergen fortalecidos; otros, destruidos. Es todavía muy temprano para saber qué rumbo tomará el país ante este nuevo zarpazo geológico, pero hay algo que sí podemos aseverar: las dimensiones de este drama habrían tenido una contención y una gestión infinitamente superiores si las instituciones no hubiesen sido sistemáticamente desmanteladas, asfixiadas por la corrupción y anestesiadas por años de politización inútil.
El régimen actual tenía en sus manos información clara, contundente y detallada sobre las zonas de alto riesgo. Paradójicamente, fue un plan solicitado por el mismísimo Hugo Chávez el que terminó engavetado, congelado en el tiempo y desprovisto de cualquier implementación.
Para desentrañar el origen de esta negligencia, en La Gran Aldea conversamos con el Dr. Alejandro Liñayo, ingeniero especializado en gestión de riesgos y presidente del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (CIGIR). El Dr. Liñayo no es un observador cualquiera: cuenta con más de treinta años trabajando en emergencias a nivel global, una trayectoria que en 2011 lo llevó a ser nominado al prestigioso Premio Sasakawa de las Naciones Unidas —el equivalente al Óscar para los expertos en manejo de desastres—. Su conocimiento era tan incontestable que, durante el programa Aló Presidente N.º 212 (13 de febrero de 2005), Hugo Chávez dedicó casi diez minutos en televisión nacional a elogiar un artículo suyo, anunciando con bombos y platillos que daría carácter permanente al Comité Nacional de Gestión de Riesgo, del cual Liñayo pasó a formar parte.
El precio de la ceguera: del mapa científico al olvido institucional
La primera gran conclusión tras hablar con el Dr. Liñayo es demoledora: no hay sorpresa en la tragedia que hoy vive Venezuela. Los científicos sabían con precisión qué ocurriría y dónde ocurriría; solo faltaba el cuándo.
A principios de la década del 2000, el gobierno venezolano encargó un estudio profundo a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Liñayo formó parte del equipo técnico de la agencia nipona. El objetivo del Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas (puede leer el estudio aquí: https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11789229_01.pdf) era inequívoco: aplicar un método determinístico basándose en los sismos históricos de 1812 y 1967 para establecer un plan de respuesta inmediata. El informe advertía con lucidez:
«Los escenario considerados no son predicciones ni profecías, pero deberán ser usados para poder entender la magnitud del daño en caso de que un terremoto de igual magnitud ocurriese hoy en día».
Este documento fue entregado a la Presidencia en 2005.
El estudio estuvo restringido inicialmente a los municipios Libertador, Chacao y Sucre, donde los expertos tuvieron que enfrentarse a varios desafíos técnicos, entre ellos las limitaciones catastrales en las zonas estudiadas. Aun así, el informe arrojó proyecciones contundentes sobre lo que ocurriría si se ejecutaban las medidas de refuerzo estructural.
Las cifras de JICA eran claras: ante un escenario similar al sismo de 1967, el número de edificios seriamente dañados se reduciría de 10.000 a solo 1.300 y las víctimas mortales bajarían de 4.900 a 400. En un escenario catastrófico como el de 1812, el plan prometía reducir el colapso de 32.000 estructuras a 5.300, salvando la vida de más de 17.000 personas.
Para ese momento, la inversión necesaria para aplicar integralmente el plan de los ingenieros japoneses fue estimada en aproximadamente el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Una cifra perfectamente asumible para una nación que disfrutaba de la mayor bonanza petrolera de su historia, pero que el régimen prefirió ignorar, dejando desamparada a una población que hoy ronda los 28.5 millones de habitantes, de los cuales nueve millones viven en pobresa extrema, según la encuesta ENCOVI.
Cuando la militancia prima sobre la competencia técnica
«Venezuela está catalogada como un país con amenaza sísmica moderada debido a la distancia temporal entre los eventos sismológicos», explica el Dr. Liñayo.
«Históricamente habíamos ido mejorando. Tras el terremoto del 67 se creó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), que llegó a ser una de las redes más modernas de América Latina. También se actualizaron de manera rigurosa las normas en 1997, después del sismo de Cariaco. Pero el problema crónico en nuestro país nunca ha sido la capacidad de nuestros científicos, sino la precariedad de las instituciones y la falta de implementación de las normas».
El testimonio del Dr. Liñayo apunta directamente al corazón de la corrupción estructural del chavismo y señala proyectos emblemáticos como la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la que define como una auténtica «caja negra»:
«Si algún experto o científico del área señalaba que había que hacer verificaciones, inspecciones y auditorías técnicas en los proyectos de Misión Vivienda, inmediatamente era despedido y sustituido por un militar. Bajo este esquema, cualquier propuesta técnica o advertencia científica era percibida de inmediato como una amenaza para la revolución».
Esta sustitución de la ingeniería por la lealtad ciega abrió las compuertas a un desfalco multimillonario. En una reciente y desgarradora entrevista con Carla Angola, la arquitecta Rosana Jaimes —quien trabajó en la construcción de viviendas sociales en Corpozulia— describió fallas estructurales graves, negligencia criminal y un sistema de corrupción monumental cuyas consecuencias hoy se miden en vidas humanas.
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El dinero que debió proteger las estructuras y preparar los hospitales se disolvió en la cleptocracia, una dinámica que no cambió tras la muerte de Hugo Chávez. Sirva como referente obsceno el caso de Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, acusado de haber robado 23.000 millones de dolares. Con una fracción de lo saqueado en ese solo escándalo se habría financiado sobradamente el plan preventivo de la JICA para blindar el norte del país.
El destino de aquella Comisión Nacional de Gestión de Riesgo creada por Chávez, en la que participaba Liñayo junto con ocho ministerios y un representante de Protección Civil, corrió la misma suerte que el informe de los japoneses: la asfixia burocrática.
«Fue una experiencia lamentable, canibalizada por feroces luchas de poder internas. No duré mucho tiempo allí», confiesa el ingeniero.
Al mismo tiempo, el especialista reflexiona sobre la necesidad de democratizar informes como el elaborado por la JICA. En lugar de entregarlos exclusivamente a las autoridades, deberían ser de conocimiento público. Esto permitiría a los ciudadanos exigir, tomar decisiones con conocimiento de causa y evitaría que advertencias tan cruciales quedaran ocultas o fueran ignoradas por quienes tienen la responsabilidad de implementarlas.
Hoy, mientras los ciudadanos remueven bloques con las manos y las cifras de desaparecidos entran en terrenos espeluznantes, las páginas del informe de la JICA adquieren el peso de una acusación judicial. El conocimiento técnico existía, los recursos se desperdiciaron y las advertencias se ignoraron. Es la condena de una nación atrapada entre los escombros.
El sismo actual destruyó el concreto, pero lo que verdaderamente mató a miles de venezolanos fue la decisión política de cambiar la ciencia por el dogma y la seguridad por el control militar.
Como concluye con gravedad el Dr. Liñayo:
«Una reconsrucción sin una verdadera reflexión sobre las condiciones técnicas, sin protocolos de emergencia y sin aplicar las normas es, simplemente, girar el reloj de arena hasta el próximo desastre».
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