Alerta Nacional: El Cartel de la Insolvencia y sus Estrategias Fraudulentas en Colombia
Las autoridades judiciales y el sector financiero emitieron una alerta nacional ante la aparición de una estructura criminal denominada el “cartel de la insolvencia”. A través de mensajes engañosos en redes sociales, esta red busca inducir a personas y pequeños negocios con deudas a incumplir sus obligaciones con los acreedores.
La insolvencia no es mala per se. Se trata de una figura legal diseñada para proteger el crédito y brindar una alternativa a personas naturales y pequeños comerciantes que enfrentan dificultades financieras reales, muchas veces derivadas de situaciones imprevistas. Este mecanismo permite negociar deudas mediante acuerdos sobre plazos y montos, con el propósito de reorganizar las finanzas y fasilitar la recuperación económica.
Sin embargo, lo que nació como una herramienta legal y sana para evitar quiebras está siendo utilizado de manera fraudulenta para incumplir obligaciones y estafar a acreedores, engañando incluso al sistema judicial.
Mediante fingimientos, fraudes y la creación de deudas ficticias, esta red delictiva —integrada por abogados y algunos centros de conciliación y arbitraje— diseña rutas para que los deudores evadan sus compromisos financieros y comerciales, sin medir las consecuencias futuras de estas actuaciones irregulares.
Multiplicación de casos de insolvencia
Hace diez años en el país se presentaban cerca de 400 solicitudes anuales de insolvencia. En 2025, la cifra escaló a casi 19.000 casos y, al ritmo actual, se proyecta que supere los 32.000 antes de finalizar el año.
Las alarmas se encendieron no solo por el crecimiento acelerado de los casos, sino porque la economía colombiana no atraviesa una crisis que explique un comportamiento de esta magnitud. Por el contrario, el país ha mostrado un leve crecimiento impulsado por el aumento del consumo interno.
En algunas entidades financieras se ha identificado que una parte importante de las solicitudes de insolvencia podría estar relacionada con actuaciones irregulares, presuntamente respaldadas por acreedores ficticios.
Cómo opera el cartel de la insolvencia
Esta red delictiva funciona mediante la articulación de algunos abogados, centros de conciliación y prestanombres o testaferros que facilitan su identidad para participar en el fraude a cambio de comisiones. En algunos casos, incluso se involucra a personas privadas de la libertad o, más grave aún, a ciudadanos que desconocen que su nombre está siendo utilizado para cometer delitos.
Quienes participan en estas prácticas podrían verse involucrados en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, junto al abogado penalista Iván Cancino y a Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, encendió las alarmas frente al cartel de la insolvencia
El modus operandi es sencillo. Los estafadores simulan deudas de papel con supuestos acreedores, de manera que la obligación con el acreedor real pasa a ser una más dentro del listado y, en muchos casos, la de menor cuantía. Así, queda diluida y pierde prioridad de pago.
Posteriormente, y muchas veces sin informar a los verdaderos acreedores, se monta un “acuerdo exprés” con apoyo de abogados y centros de conciliación y arbitraje. En ese escenario, los acreedores ficticios aceptan recibir apenas una parte de la supuesta deuda y a largo plazo, mientras la obligación real queda incluida bajo condiciones desfavorables y extensos plazos de pago.
Cabe señalar que, si durante el desarrollo de los acuerdos de conciliación se evidencian conductas fraudulentas, tanto la entidad como el acreedor pueden declarar el fracaso de la negociación y darla por terminada. En esos casos, podría iniciarse un proceso de liquidación patrimonial del deudor, obligándolo a responder con bienes como vehículos o inmuebles.
El papel de las redes sociales y la comunicación digital
La principal herramienta de difusión de este fraude son las redes sociales y la comunicación digital. A través de influencers o publicidad en Instagram, Facebook y TikTok, se promueve la idea de “no pagar” las obligaciones y disfrutar del dinero adeudado.
La estrategia está dirigida especialmente a jóvenes, induciéndolos a incumplir sus responsabilidades financieras justo cuando apenas comienzan su vida productiva y a construir un historial crediticio.
Ejemplo de publicidad engañosa que circula por las redes sociales
La mayoría de los casos de insolvencia fraudulenta se concentra en este segmento de la población, cuyos integrantes muchas veces no dimensionan las consecuencias futuras de estas decisiones. Entre ellas se encuentran el bloqueo de cuentas bancarias, restricciones para acceder a tarjetas de crédito o financiamiento para bienes como celulares, motos, vehículos o vivienda.
Además, la historia crediticia puede verse seriamente afectada, con reportes negativos en centrales de riesgo, limitaciones para acceder a nuevos créditos e incluso eventuales consecuencias penales.
La Asociación de Entidades Bancarias decidió actuar
Ante este panorama, Asobancaria contrató los servicios del abogado penalista Iván Cancino, quien ya radicó múltiples denuncias tras identificar patrones repetitivos en distintos procesos. Según las investigaciones, los mismos abogados, prestanombres y conciliadores aparecen involucrados en varios casos.
Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ya ha impuesto sanciones de exclusión profesional a abogados involucrados y remitido casos a la Fiscalía para las respectivas investigaciones penales.
De esta manera, una figura legal creada para brindar una segunda oportunidad a personas con dificultades económicas termina desvirtuada por su uso indebido, afectando a quienes realmente necesitan financiamiento para impulsar sus negocios o mejorar su calidad de vida.
Aunque la alerta fue lanzada por Asobancaria, institución respaldada por más de 90 años de trayectoria, el fenómeno no involucra únicamente deudas con entidades financieras. También afecta a proveedores, compañías de telecomunicaciones y, en general, a cualquier persona o negocio que utilice el crédito como herramienta para incentivar sus ventas.
El llamado de las autoridades y del sector financiero es a no dejarse engañar por este tipo de ofertas, cuyos acuerdos están siendo revisados detalladamente por las autoridades competentes. Denunciar estos casos es fundamental para frenar una práctica delictiva que termina perjudicando a múltiples actores de la economía.
Publicar comentario