Las Madres de Presos Políticos: Un Costo Humano y Sanitario en Venezuela

Justicia, Encuentro y Perdón ha destacado la urgencia de trascender la documentación de las detenciones arbitrarias para incorporar la figura de daño extensivo y la correlación entre deterioro médico de las familias con las «acciones u omisiones» de los entes judiciales. Cree además que los fallecimientos de las madres de presos políticos deben ser incorporados en el registro de casos de «muertes potencialmente imputables al Estado» por su responsabilidad en las «condiciones extremas de sufrimiento».

Es un calvario ser madre de un preso político en un país donde organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian violaciones a garantías fundamentales, retrasos procesales, desapariciones forzadas y ausencia de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas.

Durante años, en Venezuela, las mamás de personas detenidas por motivos políticos e incluso familiares de desaparecidos han llevado sobre sus hombros una carga que sobrepasaría la capacidad de resistencia de cualquiera: la tristeza y la incertidumbre vestidas de esperanza con cada anuncio que les hace pensar que el fin del peregrinaje por cárceles, fiscalías, tribunales o despachos estatales está cerca. Pero siguen.

Siguen esperando listas de excarcelación, recorriendo centros de detención, cargando carpetas llenas de documentos para conseguir la amnistía. Siguen llamando abogados, sacando de su bolsillo para cubrir, semana a semana, la paqueteria para cárceles, o traslados. Siguen reorganizando sus propios tiempos de descanso alrededor de una sola misión, la de intentar sacar a sus hijos de las cárceles o, en los casos más extremos, conocer la verdad sobre lo que ocurrió con ellos.

En los últimos seis meses, entre noviembre de 2025 y mayo de este año, murieron cinco madres de presos políticos. Tres de ellas fallecieron sin saber que sus hijos fueron excarcelados en días posteriores. Una alcanzó a compartir apenas 13 días con él después de recuperar su libertad. Otra logró reencontrarse con su hijo, pero en circunstancias devastadoras: cuando fue sacado de una fosa común.

Ese último caso, el de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas, estremeció al país. Hasta sus últimos días, a los 81 años, documentó, preguntó, reunió pruebas y sostuvo durante un año y cuatro meses una búsqueda para tratar de reconstruir qué había pasado con su hijo. Murió el 17 de mayo, apenas 10 días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informara sobre el fallecimiento de él bajo custodia del Estado. Las oenegés contabilizaban 16 fallecimientos bajo custodia judicial solo entre abril y lo transcurrido de este mes para ese entonces.

Su nombre, aunque hoy es el más reciente, no es el único.

El registro del colapso: ¿cuántas han muerto esperando?

En 2020 sufrió un fallecimiento María Cristina Evans, madre del director de Punto de Corte, Nicmer Evans, siete días después de que él fuera excarcelado tras casi tres meses detenido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por un mensaje difundido en redes sociales considerado como «apología al odio».

Y apareció otro nombre en noviembre pasado, el de Yenny Barrios. Era paciente oncológica y madre de Diego Sierralta. Él era su único familiar cercano en Venezuela. Fue detenido cuando intentaba conseguir parches de fentanilo para ayudar a paliar los dolores asociados al linfoma no Hodgkin que ella padecía. Murió sin verlo libre.

Después se sumaron otros casos: Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno; Carmen Teresa Dávila, madre del médico Jorge Yéspica Dávila; y Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco. Ella murió después de participar en una vigilia a las afueras del centro de detención donde permanecía recluido su hijo.

El cuerpo de las madres: la zona de impacto

La psicóloga Delis Navas explica que este tipo de procesos exponen a las familias a lo que clínicamente puede entenderse como estrés postraumático complejo: una condición asociada a situaciones traumáticas prolongadas en el tiempo y marcadas por incertidumbre persistente.

«Estamos trabajando con personas que no saben si un familiar está vivo, está muerto, si murió, en qué condiciones murió o dónde está», explica.

La incertidumbre sostenida, añade, obliga muchas veces a las personas a entrar en una especie de “modo supervivencia” durante meses e incluso años.

«Las respuestas de emergencia no pueden mantenerse fisiológicamente durante tanto tiempo (…) La carga fisiológica muy alta, humanamente, no puede sostenerse indefinidamente. El cuerpo siempre busca equilibrio. Si una persona permanece durante períodos prolongados con altos niveles de cortisol y adrenalina, empieza a experimentar consecuencias físicas», señala.

Alteraciones del sueño, ansiedad persistente, deterioro físico y posibles complicaciones cardiovasculares son algunas de esas secuelas. Justicia, Encuentro y Perdón ha ahondado en el deterioro de la salud integral de quienes sostienen el acompañamiento, resaltando, de nuevo, que los altos niveles de ansiedad, agotamiento psicosomático, estrés crónico y abandono de la propia salud aparecen entre las consecuencias más frecuentes.

«Los familiares, principalmente madres y esposas, postergan tratamientos médicos, alimentacion o necesidades propias para priorizar recursos económicos destinados a la persona detenida».

En casos como el de Carmen Teresa Navas aparece además otra dimensión del daño, la interrupción de procesos esenciales del duelo.

«Ella no pudo escoger la ropa para enterrarlo. No pudo velarlo. No pudo cumplir los rituales que son necesarios para que las personas puedan hacer cierres», explica Navas.

Y sí, la ausencia de despedidas, certezas y respuestas también deja otras secuelas.

La Fundación Española del Corazón advierte sobre una condición conocida como síndrome del corazón roto o miocardiopatía por estrés, un trastorno cardíaco asociado a episodios de estrés físico o emocional intenso. La organización señala que cerca del 85% de los casos descritos ocurre en mujeres mayores y explica que eventos como la «muerte inesperada de un ser querido» o noticias traumáticas pueden desencadenar una liberación excesiva de hormonas del estrés que afecta temporalmente el funcionamiento cardíaco.

Los signos se manifiestan igual que los de un infarto, con dolor de pecho, dificultad respiratoria y sensación de presión en el tórax. Aunque es una afección temporal que puede ser tratada, los episodios graves pueden generar complicaciones que generalmente terminan conduciendo a la muerte.

Los especialistas consultados por TalCual aclaran que establecer relaciones médicas individuales exige evaluaciones clínicas específicas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que existe una relación difícil de ignorar entre el desgaste prolongado y las consecuencias físicas y psicológicas que terminan atravesando muchas familias.

¿Y la responsabilidad del Estado?

Pero el desgaste no es únicamente emocional o físico, pues también tiene una dimensión jurídica que activistas y sus organizaciones han venido documentando durante años. La incertidumbre prolongada, la ausencia de información oficial, las desapariciones forzadas, la espera sin respuestas y las cargas que terminan asumiendo las familias pueden constituir formas de trato cruel, inhumano y degradante.

Un documento de la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP) señala la urgencia de trascender la simple documentación de las detenciones arbitrarias para incorporar la figura del daño extensivo. Para la organización, es necesario registrar también el estado de salud de las familias, correlacionando directamente el deterioro médico de las madres y allegados con las acciones u omisiones de los entes penitenciarios y judiciales.

«Estos fallecimientos deben ser incorporados en el registro de casos de violaciones al derecho a la integridad personal del grupo familiar y como muertes potencialmente imputables al Estado por su responsabilidad en las condiciones extremas de sufrimiento», se lee en la publicación compartida por la oenegé.

Pero esa organización ya advertía sobre «la espera como tortura», que implica horas bajo el sol o la lluvia a las afueras de cárceles o tribunales, sin acceso a servicios básicos, traslados constantes, incertidumbre y ausencia de información oficial que obliga a madres, esposas y familiares a peregrinar entre centros de detención guiados muchas veces por rumores o versiones extraoficiales.

«Para las familias, la ausencia de cronogramas y listados oficiales no es una omisión administrativa, sino un trato cruel prolongado», sostiene el informe.

Martha Tineo, coordinadora general de la organización, consideró que el impacto acumulado no puede analizarse separado del contexto en el que ocurre. Además, todo esto abre la puerta para que organismos como la Misión Independiente de Hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías de la ONU determinen la responsabilidad del Estado, y para que la Fiscalía de la Corte Penal Internaacional integre estos casos en sus investigaciones por crímenes de lesa humanidad, al ser parte de una política sistémica de ataque contra la sociedad civil.

«Ellas son en sí mismas víctimas directas de otras violaciones a los derechos humanos que sufrieron en primera persona, ¿cuáles? Se les violó el derecho a la tutela judicial efectiva, se les violó el derecho a la información segura y todas ellas fueron sometidas a tratos crueles. Y cuando hablamos de desaparición forzada, evidentemente es un crimen que no solamente afecta la integridad del detenido y desaparecido, sino también de su entorno familiar, es decir, de las víctimas indirectas que son en este caso estas madres… (es) también el tema de la violencia estructural contra ellas», dijo Tineo a TalCual.

Con la presentación de estos informes y testimonios, defensores de derechos humanos insisten en que la atención médica y psicológica de los familiares no puede seguir siendo un factor invisible en los balances de la prisión política. El caso de las Carmenes, Teresa Navas y Teresa Dávila Yespica, el de Yenny, Omaira, Yarelis, madres que fallecieron en la espera, dejan un precedente en el registro de un deterioro de la salud donde todo un núcleo familiar empieza a ser considerado como una consecuencia directa de las acciones del sistema de administración de justicia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.