Julio García Zerpa: Ministro del Servicio Penitenciario en el Ojo del Huracán tras la Muerte de Víctor Quero Navas y Demandas de Destitución
Julio García Zerpa pasó de ser un diputado de bajo perfil del chavismo a encabezar el Ministerio para el Servicio Penitenciario en medio de una crisis carcelaria marcada por huelgas de hambre, denuncias de retardo procesal, muertes bajo custodia y reclamos de organizaciones de derechos humanos. Su gestión, presentada por el oficialismo como una etapa de “dignificación” y “reinserción”, enfrenta ahora pedidos de destitución tras el caso de Víctor Hugo Quero Navas y la denuncia del OVP sobre al menos 16 fallecidos en cárceles venezolanas entre abril y mayo de 2026
Julio García Zerpa asumió el Ministerio para el Servicio Penitenciario con la promesa de “dignificar” las cárceles venezolanas, pero su llegada al cargo ocurrió en medio de una de las protestas carcelarias más extendidas de los últimos años.
Su designación fue anunciada por Nicolás Maduro el 11 de junio de 2024 mientras privados de libertad en 19 cárceles y más de 30 calabozos policiales mantenían una huelga de hambre pacífica para denunciar retardo procesal, violaciones de garantías judiciales y desidia en la administración de justicia. Dos años más tarde, su gestión está bajo la mirada y la presión pública tras la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
Designé como nuevo Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa, para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los Derechos Humanos. Agradezco a la Vicealmirante Celsa Bautista, su importante… pic.twitter.com/GIZ0ckaJMl
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 11, 2024
La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió el 8 de mayo la destitución “inmediata” de García Zerpa luego de que el ministerio a su cargo confirmara que Quero Navas había muerto nueve meses antes. Tiempo en el que su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscó incansablemente sin obtener respuesta oficial.
“Exigimos la destitución inmediata del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y una investigación contra todos los funcionarios involucrados en la desaparición forzada, ocultamiento de información y muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas”, señaló la organización en X.
Las protestas en las cárceles no han cesado. En abril, familiares de presos políticos en el Rodeo I (Miranda) alertaron sobre una protesta en la cárcel que fue reprimida con gas lacrimógeno y dejó varios heridos. Unas semanas después, se registró un motín en la cárcel Yare III, ubicada también en el estado Miranda, que dejó cinco fallecidos.
El 13 de mayo, el OVP denunció que al menos 16 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026. La organización advirtió que la situación “cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales” y alertó sobre reclusos que enferman sin atención médica, mientras sus familias deben cubrir medicamentos, alimentos e insumos básicos.
Desde la creación de la cartera penitenciaria en 2011, las denuncias sobre hacinamiento, retardo procesal, corrupción, control irregular de centros de reclusión y condiciones infrahumanas han sido constantes.
Un diputado tachirense que llegó al gabinete
Julio García Zerpa es abogado, oriundo de San Cristóbal, estado Táchira, y tenía 38 años al momento de su designación. Antes de llegar al ministerio se desempeñaba como diputado a la Asamblea Nacional de mayoría oficialista por su estado natal y era primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior.
Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), también formó parte de distintos grupos de amistad parlamentaria, entre ellos Venezuela-Colombia, Venezuela-Costa Rica, Venezuela-Italia y Venezuela-Ecuador.
En sus redes sociales se presenta como “luchador por las causas justas”, fanático de la Vinotinto, del Deportivo Táchira y “bolivariano”. Su apellido tampoco es nuevo dentro del chavismo: es hijo de Julio García Jarpa, dirigente político cercano a Cilia Flores y Nicolás Maduro cuando ambos eran diputados. García Jarpa fue parlamentario entre 2000 y 2005, fundador del extinto Movimiento V República (MVR) y miembro de la dirección regional del PSUV en sus primeros años.
Aunque García Zerpa no figuraba entre los nombres más visibles del chavismo a nivel nacional, ya había ocupado cargos dentro del Ejecutivo. Según registros de Vendata, en 2013 fue miembro principal del Ministerio para la Juventud y, entre abril y agosto de 2014, se desempeñó como director de Asuntos Laborales y Gremiales del Ministerio de Educación.
También formó parte del equipo promotor del Movimiento Futuro, organización social coordinada por el entonces gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.
El primer hombre al frente del ministerio
García Zerpa se convirtió en el cuarto titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario y en el primer hombre en ocupar esa cartera, que desde su creación había estado encabezada únicamente por mujeres.
La primera fue Iris Varela, quien dirigió el despacho en tres períodos: 2011-2013, 2013-2017 y 2018-2020. Luego estuvo Mirelys Contreras, entre 2017-2018 y 2020-2023. Finalmente, Celsa Bautista Ontiveros ocupó el cargo entre 2023 y 2024, siendo la ministra que menos tiempo permaneció al frente del servicio penitenciario.
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Trece años después del nombramiento de Varela, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones sostienen que los principales problemas del sistema —hacinamiento, retardo procesal y condiciones de reclusión precarias— siguen sin resolverse.
Vinculado al área judicial
Aunque no cuenta con una trayectoria especializada en gestión carcelaria, García Zerpa ya había tenido contacto con el área judicial y penitenciaria desde la Asamblea Nacional. Formó parte de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial y participó en la supervisión de los operativos denominados Liberación Gran Cacique Guaicaipuro.
Esos operativos, ejecutados entre septiembre y diciembre de 2023, intervinieron siete cárceles con el objetivo declarado de desarticular bandas criminales que operaban dentro de los penales.
En enero de 2024, durante una entrevista en el programa Hablando Claro, García Zerpa aseguró que la población penitenciaria venezolana se había reducido en 45%. Según dijo, ese resultado respondía a beneficios procesales otorgados a personas que ya habían cumplido su pena o reunían condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
“Lo que hicimos fue darle justicia, lo que le correspondía a cada quien”, afirmó entonces.
En esa misma entrevista aseguró que una vez al mes se realizaban mesas de trabajo dirigidas por el entonces ministro de Interiores, Remigio Ceballos, con participación del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, cuerpos policiales y la Asamblea Nacional, para planificar políticas criminales y judiciales.
También sostuvo que todos los privados de libertad del país estaban bajo un “nuevo régimen”, con rutinas desde las seis de la mañana, orden cerrado, ausencia de armas, prohibición de drogas y sin presencia de “líderes negativos” o pranes. Según su versión, el Estado habría recuperado el control total de los centros de reclusión.
Sin embargo, al hablar del retardo procesal, reconoció que el problema “aún no se ha acabado”, aunque afirmó que la comisión judicial había hecho “un buen trabajo”, sin ofrecer mayores detalles.
Su defensa de la ley contra las ONG
Antes de asumir el ministerio, García Zerpa ganó visibilidad como uno de los voceros de la cuestionada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, conocida por sus críticos como la ley contra las ONG.
Como diputado, fue el encargado de presentar el proyecto en segunda discusión y defendió su aprobación pese a las advertencias de organizaciones nacionales e internacionales sobre sus posibles efectos contra el espacio cívico.
En una entrevista con Unión Radio, afirmó que la norma no buscaba acabar con las ONG, sino establecer un “régimen de supervisión especial” basado en transparencia y rendición de cuentas.
“Lo que se está pidiendo es transparencia, rendición de cuentas y que digan quién envía ese dinero, en qué se va a emplear y que se demuestre”, dijo.
García Zerpa también acusó a organizaciones no gubernamentales de elaborar informes “sin basamento científico” para presentarlos en instancias internacionales y acusar al Estado venezolano de violaciones de derechos humanos. En su opinión, alrededor de esa dinámica se habría creado “un gran negocio”.
Sus declaraciones generaron críticas entre defensores de derechos humanos, que habían advertido que la normativa se convertiría en un mecanismo de control contra organizaciones independientes, incluidas aquellas que monitorean cárceles, presos políticos y condiciones de detención.
Lo que recibió y el reto pendiente
La llegada de García Zerpa al Ministerio para el Servicio Penitenciario ocurrió con un discurso oficial centrado en reinserción, control estatal y respeto a los derechos humanos. Pero el contexto planteaba en ese momento otra lectura: cárceles en protesta, familiares denunciando retardo procesal y organizaciones no gubernamentales alertando sobre un sistema penitenciario que no garantiza condiciones mínimas y que se mantienen hasta la fecha.
Su gestión comenzó con una contradicción de fondo. Por un lado, el gobierno lo presentó como el rostro de una nueva etapa penitenciaria. Por otro, su nombramiento ocurrió cuando privados de libertad protestaban precisamente contra la falta de justicia y el abandono institucional. Llegó al cargo con experiencia parlamentaria y cercanía política con el chavismo, pero sin una trayectoria técnica conocida en materia penitenciaria.
El perfil de García Zerpa queda atravesado por una pregunta incómoda: ¿podrá sostenerse al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario mientras aumentan las denuncias por muertes bajo custodia estatal?
La promesa oficial de un sistema penitenciario “adaptado a los nuevos tiempos” sucumbe ante a una dura realidad: muertes bajo custodia, protestas, cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, opacidad y abandono de los recintos carcelarios.
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