La polémica vuelta de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tras cumplir su condena

Se sabía que Silvia Gette Ponce estaría de vuelta más temprano que tarde en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. Había perdido el cargo de rectora el 19 de mayo de 2013 y condenada finalmente en 2019 después de varias acusaciones que la llevaron a prisión durante 63 meses por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, mismo tiempo por el que fue inhabilitada para ejercer el cargo como rectora en la institucion de educación superior.

Ahora, tras cumplir su condena , la justicia ha decidido que deben restablecérsele sus derechos y tendrá que ser considerada víctima.

Una trama de película

Gette Ponce, argentina de nacimiento, llegó a Cartagena de Indias en 1980 como bailarina de la compañía Pepe Bronce, un espectáculo itinerante para público adulto, en cuyo acto final ella hacía un show candente. Luego de varias presentaciones, el grupo continuó su gira hacia Bogotá, ciudad en la que Gette se independizó de la compañia y se lanzó al ruedo con su propia presentación. La prensa de la época reportó que Gette hacía bailes exóticos para sobrevivir.

A través de este oficio conoció a Mario Ceballos Araújo, quien había sido magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico durante cerca de 25 años, y había fundado, junto a Julio Salgado Vásquez y Osvaldo Consuegra, la Universidad Autónoma del Caribe en 1967, donde se desempeñaba como rector.

Su relación con Ceballos

Gette Ponce inició una relación sentimental con Ceballos, dejó su show personal y se vinculó a la Universidad Autónoma del Caribe como coordinadora artística, posición desde la que consiguió los contactos para protagonizar dos programas en el canal local Telecaribe, llamados “Risas y lentejuelas” y “El show de Silvia”.

Desde ese momento, a sus 36 años, inició sus estudios en la Universidad Simón Bolívar en la capitál del Atlántico y obtuvo el grado de abogada con especialización en Derecho Procesal. Además, su carrera académica incluye varios títulos honoríficos de distintas universidades.

Una estela de crímenes sin resolver

En 2003, Mario Ceballos Araújo murió por cirrosis hepática, pero su hija María Paulina insistió en que había sido envenenado por Gette, quien no encontró obstáculos para reemplazarlo en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

Durante su estadia en la Universidad, Gette se rodeó de sus parientes en las posiciones administrativas importantes: su hermano, Luis Gette Ponce fue director administrativo, y su primo Cristian Gette Ávalos fue miembro activo de la Corporación, en la Sala General. Ninguno de ellos contaba con historial profesional o académico, lo que le generó fuertes enfrentamientos con la hija de Ceballos, María Paulina.

Acusaciones por cohecho, asesinato y soborno contra Gette

Desde su llegada a la Universidad Autónoma del Caribe, su presencia no fue bien vista por algunos sectores de la comunidad académica barranquillera, hasta el punto de que aparecieron volantes y pasacalles que aludían a su pasado como bailarina y dama de compañía y pedían su salida de la Universidad.

En 1995, Gette se declaró víctima de un complot y denunció penalmente a quienes ella consideraba como los incitadores de esa clase de campañas: el entonces vicerrector Antonio Vallejo, María Paulina Ceballos (hija única del entonces rector Ceballos, producto de una unión anterior) y su esposo, el ganadero Fernando Cepeda. La Fiscalía ordenó la captura de los investigados por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. El proceso fue trasladado a Medellín, donde finalizó en 1999 cuando un juez absolvió a los acusados.

En 1999, el abogado John Jairo Ramírez Vásquez, quien fue el apoderado de Gette en el caso, declaró ante la directora seccional de Fiscalías de Barranquilla que él mismo había sobornado, con recursos de la universidad, a fiscales e investigadores del caso contra Antonio Vallejo, María Paulina Ceballos y Fernando Cepeda. Su declaración dio pie para que le abrieran una investigación a Silvia Gette.

En una nueva indagatoria, en diciembre de 2001, Ramírez ratificó sus denuncias haciendo que Gette, junto a la directora académica de la Universidad, Aida Sarta de Malvar, y el director financiero, Orlando Saavedra, fuera sindicada del delito de cohecho. Por esto, la fiscal delegada Luz Elvira Rojas le dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva y sustituida por detención domiciliaria.

Dos fiscales y un exfiscal también fueron vinculados por la Fiscalía por presunta alianza para manipular un proceso penal en contra del vicerrector Antonio Vallejo. Meses después de esta última declaración, en agosto de 2002, John Jairo Ramírez Vásquez fue asesinado por un sicario en una calle de Barranquilla. Fernando Cepeda continuó promoviendo el proceso contra Silvia Gette que continuaba en Bogotá, hasta agosto de 2003, cuando fue asesinado de un tiro en la cabeza mientras transitaba por la avenida Circunvalar en Barranquilla.

Silvia Gette y su vinculación con los paramilitares

Los asesinatos continuaron sin solución hasta 2011, cuando dos paramilitares desmovilizados dentro del marco de Justicia y Paz señalaron a la exrectora de entregar dinero en 2003 para asesinar a Fernando Cepeda. Édgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, un paramilitar condenado por su responsabilidad en la cadena de mando de 170 hechos criminales, de los cuales 129 fueron homicidios cometidos por los hombres a su mando, y Jhonny Acosta Garizábalo, alias “28”, declararon ante la Fiscalía que Silvia Gette les había pagado COP $150.000.000 por el asesinato de Fernando Cepeda, y que habían oído rumores de la participación de Gette en el asesinato de John Jairo Ramírez Vásquez.

El 18 de febrero de 2012, la revista Semana publicó el artículo “La rectora y los paras”, que inició una amplia cobertura del caso por los medios nacionales. El 5 de marzo de 2012, la Dirección Nacional de Fiscalías ordenó que la investigación contra Gette fuera trasladada a Bogotá.

Investigaciones a Gette

Dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Cepeda, la juez tercera de garantías envió a la Cárcel Distrital de Bogotá al abogado valduparense Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, capturado en flagrancia el 11 de febrero de 2013 cuando le entregaba cerca de COP $250.000.000 a un emisario enviado por el excomandante paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias «Don Antonio». El abogado, presuntamente, actuaba a favor de Gette, su apoderada en el proceso.

Por estos mismos hechos, Silvia Gette fue capturada el 12 de febrero de 2013 a la entrada del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, cuando se disponía a cumplir con la segunda etapa de indagatoria en la investigación que se le adelanta por su presunta participación en el asesinato de Fernando Cepeda.

El 13 de febrero, la juez 53 de control de garantías dictó medida de aseguramiento en domicilio a Silvia Gette, considerando su condición de madre cabeza de familia. Gette negó los cargos y sostuvo su inocencia. La pena que enfrentaba se acercaba a los 12 años solo por el delito de intento de soborno.

El juez 28 de conocimiento en Bogotá revocó en segunda instancia (martes 18 de marzo) el beneficio de detención domiciliaria por considerar que Gette representaba un peligro para la sociedad, y ordenó su traslado a Bogotá a la cárcel El Buen Pastor.

El 19 de mayo de 2013, el Ministerio de Educación envió un grupo de expertos a revisar las finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe. Entre los hallazgos, se detectaron irregularidades contables por COP $4.000.000.000 registrados como préstamos y anticipos a empleados. Entre los movimientos figuraban COP $2.306.000.000 a nombre de Gette: 200 millones correspondían a anticipos de cesantías e intereses.

Una porción significativa del resto de estos desembolsos habría sido rastreada hasta sus familiares o empleados de confianza: Luis Alberto Gette Ponce, Andrés Gette Ávalos (100 millones), Cristian Gette Ávalos (53 millones), Mariano Romero (26 millones), y Shirley Oliveros (76 millones), entre otros. El Ministerio solicitó las hojas de vida de estas personas para establecer el nexo con la universidad y el respaldo y la legalidad de esos préstamos.

Dentro de esta misma diligencia se constató que Gette había permanecido como rectora, bajo licencia remunerada, a pesar de encontrarse encarcelada de manera preventiva sin que finalmente fuera condenada por los hechos en mención. El 2 de abril de 2013 el Consejo Directivo de la universidad suspendió dicha licencia y la sacó del cargo de rectora, decisión que habría sido influenciada por su hijastra María Paula.

Su condena

Finalmente, Silvia Gette fue condenada el 29 de mayo de 2019 en primera instancia por el delito de abuso de confianza calificada y agravada por pasar un millón de dólares de las cuentas de la Universidad a una personal en Estados Unidos y dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022 a 63 meses de prisión.

Tras cumplir su pena y quedar en libertad, un juez de primer instancia determinó que Gette debe ser reconocida como víctima dentro de esta actuación judicial, al considerar que existen elementos que apuntan a una posible falsedad en las actas mediante las cuales fue designado Ramsés Vargas Lamadrid como rector en 2013, hechos por los cuales ya hay imputaciones en curso.

El togado aseguró que la exrectora ya cumplió la condena impuesta en su contra por lo que no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos o administrativos. “En este proceso, Gette figura como víctima, alegando que fue apartada de la rectoría de manera ilegal».