Transición en Venezuela: El laberinto del autoritarismo y la necesidad de recordar la historia

Venezuela tiene una historia que parece repetirse como un mal chiste que nadie pidió, donde las grandes transiciones —esas que tendrían que haber sido puentes hacia un futuro legítimo— terminaron siendo postes de señalización oxidados en medio del desierto. Los intentos de 1936, 1945 y 1958, analizados por historiadores como Germán Carrera Damas, muestran que las rupturas políticas necesitan algo más que discursos grandilocuentes para sobrevivir: requieren instituciones sólidas, ciudadanía activa y una ética política que coloque la justicia por encima de la supervivencia de las élites. Carrera Damas ha recordado en su obra Una nación llamada Venezuela que la historia de este país ha sido una constante tensión entre el proyecto republicano y sus deformaciones estructurales. En contraste, la Venezuela contemporánea parece haber blindado la incapacidad de aprender de esos momentos históricos. Después de décadas de autoritarismo chavista, lo que se esperaba —según narrativas democráticas clásicas— era una sociedad política que hubiese incorporado las lecciones de las transiciones del siglo XX: el valor de la institucionalidad, el imperio del derecho y la alternancia civil en el poder. Pero no ha sido así.

A diferencia de 1936, cuando Eleazar López Contreras intentó una apertura controlada que puso fin al gomecismo sin destruir el Estado; de 1945, cuando el Trienio Adeco se abrió como una oportunidad democrática que la propia fragilidad institucional sepultó; y de 1958, cuando el Pacto de Punto Fijo intentó inventariar una ciudadanía democrática con la cooperación de las élites, el presente parece una parodia en la que nadie quiere tomar en serio las lecciones de la historia. Es irónico —y cruel— que, tras todo ese bagaje de intentos, Venezuela haya llegado a un punto en el que el Estado de derecho es una bruma y los derechos humanos, una palabra de libro. Las transiciones históricas no solo representaron cambios de gobierno: fueron proyectos de nación, aunque incompletos, que buscaban construir formas más legítimas de gobernar.

Hoy, en cambio, lo que vemos es una nomenclatura política que ha convertido el ejercicio del poder en una actividad del crimen trasnacional, consumida por redes de corrupción, clientelismo y violencia estructural. El resultado es un Estado que muchas voces públicas, medios y analistas describen como un régimen con características mafiosas y autoritarias, donde las instituciones han perdido independencia real.

Las grandes rupturas políticas del siglo XX venezolano nunca fueron relatos edificantes ni travesías ordenadas hacia la democracia. No hubo épicas limpias ni finales redentores: hubo conflicto, exclusión, pactos frágiles y traiciones previsibles. Aun así, esos procesos compartían un rasgo que hoy parece casi indecoroso recordar: se disputaban desde dentro. El poder, la legitimidad y las reglas del juego eran objeto de confrontación entre actores nacionales con identidades claras y costos políticos visibles. Nadie fingía neutralidad. Nadie externalizaba la historia.

Aquellos procesos —imperfectos, contradictorios y, en más de una ocasión, abortados— no fueron simples relevos administrativos. Fueron intentos, aunque inconclusos, de construir un proyecto de nación, de ordenar el conflicto político dentro de marcos institucionales y de producir ciudadanía. Fracasaron en muchas cosas y acertaron en otras, pero comprendían algo esencial: sin instituciones, sin reglas compartidas y sin una ética pública mínima, ninguna estabilidad es duradera. La gobernabilidad no era un eslogan; era una tarea incómoda.

Mirar hoy esas experiencias sirve para contrastar. Porque el presente venezolano no es la repetición de aquellas transiciones, sino su caricatura: un escenario donde la institucionalidad se volvió escenografía, el derecho, una noción flexible, y la política, un ejercicio de supervivencia administrada. Todo parece funcionar, pero nada transforma.

Cuando la historia no enseña

A diferencia de las transiciones del pasado, el presente se desarrolla en otra dimensión. La geopolítica, las sanciones y las presiones externas han instalado la percepción —cada vez más extendida— de que el cambio ya no se decide, principalmente, dentro del país. No importa si esa percepción es exacta: funciona como relato. Y los relatos, en política, no describen la realidad; la organizan.

En ese marco surge la idea de una transición tutelada. Una noción tranquilizadora que ordena el caos y desplaza responsabilidades: alguien dirige, alguien espera; alguien escribe el libreto, alguien acata los tiempos. Es una idea funcional porque convierte la política en sala de espera y a la sociedad en espectadora paciente. Si el proceso viene de afuera, los errores también. Pero la historia insiste en una advertencia incómoda: cuando la política se delega, la ética se negocia.

La consecuencia es una normalización silenciosa del deterioro. Se discute quién administra el poder, pero no cómo se transforma. Se habla de gobernabilidad mientras se acepta la erosión del Estado de derecho como inevitable daño colateral. El lenguaje se vuelve un instrumento de maquillaje moral: se llama “estabilidad” a la parálisis, “pragmatismo” a la resignación y “normalización” a la renuncia.

Amnistías, memoria y el precio del silencio

La liberación de presos políticos —parcial, condicionada y reversible— vuelve a abrir una herida que nunca cerró: la de la justicia pendiente. Nadie contesta la urgencia de la libertad. Lo que está en disputa es su precio. Las amnistías prometen reconciliación, pero arrastran el riesgo de convertirse en mecanismos de olvido, en atajos para borrar responsabilidades sin reparar daños.

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos conforman un archivo persistente hecho de testimonios, cuerpos y silencios. Ese archivo no desaparece porque cambie el clima político ni porque se imponga un relato de normalización. La memoria no es obstáculo para la transición; es su condición ética. Sin verdad, la reconciliación es teatro. Sin justicia, la estabilidad es apenas un paréntesis.

Aquí se libra una batalla decisiva: la del relato. El discurso de la normalización compite con la voz de las víctimas; la urgencia del presente con la persistencia del pasado; la promesa de gobernabilidad con la exigencia de responsabilidad. En medio, una sociedad exhausta observa, duda y ESPERA —entrenada durante años para sobrevivir sin preguntar demasiado.

Historia, mito y la pedagogía del autoengaño

El problema no es que el pasado no ofrezca lecciones. El problema es que ninguna sociedad aprende automáticamente de su historia. La experiencia histórica no se hereda como manual de instrucciones: se internaliza —o no— en las prácticas, las instituciones y la cultura política. Cuando eso no ocurre, la historia deja de ser aprendizaje y se transforma en mito: un repertorio de relatos que explican el desastre sin corregirlo.

Venezuela ha aprendido a sobrevivir en la crisis, pero no a desmontar las estructuras que la producen. Ha desarrollado una notable capacidad de adaptación al deterioro y una escasa voluntad colectiva para confrontar sus causas. Esa es la paradoja más cruel: una sociedad que conoce demasiado el sufrimiento y demasiado poco de sí misma para cambiar de rumbo.

Una conclusión que no consuela

La historia no promete salvación ni garantiza finales felices. No absuelve, no consuela y no ofrece atajos. Solo deja rastros, tensos y visibles como cicatrices. Venezuela enfrenta hoy un dilema que no se resuelve con decretos ni con titulares: cómo cambiar sin borrar, cómo liberar sin amnistiar la crueldad, cómo estabilizar sin normalizar la impunidad. Una transición tutelada puede imponer ritmos, ordenar tiempos y administrar silencios, pero no puede fabricar legitimidad ni sustituir la responsabilidad de quienes gobernaron, reprimieron, negociaron y callaron.

En el polvo de las calles, bajo las promesas pulidas como espejos, yace un país que aprende cada día que no existe redención sin memoria, ni futuro sin verdad. Y mientras la transición siga siendo un guión escrito por otros y ejecutado sin preguntas, la historia seguirá cumpliendo su papel más severo: recordarnos que no hay tutela que sustituya la dignidad, ni mañana posible construido sobre el silencio.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.