Crisis en la Mina de Coscuez: ¿Por qué Fura Gems Abandona la Tierra de Esmeraldas de Carranza?
Llegaron hace 7 años con una inversión millonaria, pero deudas, peleas laborales e inseguridad los llevaron a pedir liquidación ante la Agencia de Minas y la super.
Cuando el empresario indio Dev Shetty, dueño de Fura Gems, compró en 2017 la mina de Coscuez, una de las más prósperas de Boyacá, que en décadas pasadas le perteneció al entonces zar esmeraldero Víctor Carranza, tenía un objetivo claro: quedarse por muchos años con gran parte de las costosas piedras verdes colombianas, un negocio rentable que durante el año pasado movió cerca de 140 millones de dólares.
El objetivo quedó en el camino. Fura Gems, una de las empresas de extracción de piedras preciosas más grandes del mundo, acaba de pedirle a la Agencia Nacional de Minería la suspensión temporal de sus operaciones en Colombia.
La solicitud llegó después de un año de tropiezos acumulados que fueron minando la operación en Coscuez, una mina con historia de bonanzas y disputas, que durante décadas estuvo asociada al auge del negocio esmeraldero colombiano. En la empresa reconocen que el entorno de segurida se volvió inviable. Grupos organizados tomaron control a la fuerza de sectores de la mina, bloquearon accesos, dañaron infraestructura y expusieron a los trabajadores a riesgos permanentes. A esa presión se sumaron paros, interrupciones operativas y el asedio de mineros ilegales que, atraídos por la riqueza enterrada en los terrenos, entraban a zonas inestables sin atender a las condiciones mínimas de seguridad, lo que obligó a suspender equipos clave para la ventilación y el bombeo de agua.
La crisis no fue solo de orden público. Desde el segundo semestre de 2025, los trabajadores comenzaron a acumular retrasos salariales de dos y hasta tres meses. Para octubre de ese año, las deudas con empleados y acreedores rondaban los 8.000 millones de pesos. La situación escaló al punto de forzar la intervención del Gobierno. El 26 de diciembre, la viceministra de Trabajo Sandra Muñoz ordenó el cierre de la mina hasta que la empresa se pusiera al día en salarios y corrigiera las condiciones laborales. La decisión dejó en evidencia que el plan de modernización prometido años atrás había quedado lejos de su ejecución plena.
La llegada de Fura a Colombia había estado rodeada de expectativas. La compañía venía de operar yacimientos de zafiros, rubíes y esmeraldas en África, Medio Oriente y Australia, y trajo al país un discurso de estandarización de procesos, formalización del empleo e inversiones de largo plazo. Tras la compra de Coscuez en 2018 por 15 millones de dólares, la empresa anunció un programa de modernización de infraestructura, mejoras en seguridad industrial y una transformación del modelo de operación para convertir la mina en un referente global del sector. En 2023 incluso se habló de inversiones por 200 millones de dólares para competir con los grandes productores del mercado internacional.
Pero el terreno resultó más complejo. La mina arrastraba una historia de disputas entre esmeralderos, herencias mal cerradas y acuerdos frágiles. Antes de la llegada de Fura, Coscuez había pasado a manos de Jesús Hernando Sánchez, socio de Carranza y heredero de su influencia en el negocio. Sánchez, quien asumió el control tras la enfermedad y muerte de Carranza en 2013, terminó vendiendo la mina a la firma extranjera. Doce años después, en abril de 2025, Sánchez fue asesinado por un francotirador en su casa del norte de Bogotá, un episodio que volvió a poner sobre la mesa el clima de violencia que ha rodeado históricamente el negocio de las esmeraldas.
En la operación cotidiana de Coscuez, los conflictos laborales se volvieron recurrentes. Trabajadores denunciaron jornadas extensas, retrasos en pagos de segurida social y carencias en equipos de protección. Hubo cierres temporales ordenados desde el ministerio de Minas y Energía por falta de acuerdos entre la empresa y los mineros. En paralelo, los problemas de seguridad se intensificaron. La presencia de guaqueros y grupos ilegales obligó a interrumpir la operación de motobombas y ventiladores, equipos que sostienen la viabilidad de la mina y cuyo costo mensual supera los cientos de millones de pesos. En varias ocasiones fue necesaria la presencia de la Policía para resguardar a los empleados. El desgaste operativo y financiero se acumuló hasta que la compañía concluyó que seguir era, en términos empresariales, un sinsentido.
La decisión de solicitar la suspensión temporal de operaciones se complementó con un movimiento más drástico: la empresa acudió a la Superintendencia de Sociedades para iniciar un proceso de liquidación de activos en Colombia. La salida no implica abandonar el negocio global de piedras preciosas, pero sí replegarse de un mercado que, pese a su potencial, terminó convirtiéndose en una operación de alto riesgo. Para Fura, Colombia pasó de ser una apuesta estratégica a un frente de pérdidas y conflictos.
Con Fura Gems fuera del tablero, quedaría como actor internacional relevante Jamal Daniel, dueño de Crest Investment, firma controlante de Muzo Colombia, que opera minas históricas en Boyacá como Puerto Arturo, que en el pasado también le perteneció al emporio de Víctor Carranza. En Crest Investment trabaja Esteban Santos, el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, quien ejerce como vicepresidente y supervisa el portafolio latinoamericano, incluyendo las inversiones en minería y petróleo.
La historia de Fura en Coscuez hablaba de inversión, modernización y una promesa de formalización laboral que, en algunos frentes, avanzó un poco, pero terminó estallada con millonarias deudas, conflictos laborarles, cierres intermitentes y una relación tensa con los mineros locales y con el gobierno de Gustavo Petro, asuntos que llevaron a la empresa a su fracaso operativo en Colombia y que dinamitó su promesa de convertir a Coscuez en una mina de clase global.
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