Venezuela: Economía, Recuperación y Necesidad de Redemocratización tras el 3E

La extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de los Estados Unidos en la madrugada del pasado 3 de enero cerró un ciclo político que, durante más de dos décadas, arrastró a Venezuela y a sus habitantes hacia una profunda degradación de su tejido social, institucional y económico.

Los hechos del último mes han significado una mejora sustancial de las expectativas sobre nuestro futuro económico, pero el entendible —y bienvenido— brote de optimismo no debe llevarnos a subestimar los retos que enfrentamos: la salida del autócrata no nos sitúa, ni de lejos, automáticamente sobre los rieles de una recuperación sostenible. Es más, enfrentamos el riesgo de creer que el relativo deshielo mostrado por las autoridades encargadas —incluida la disposición a la liberalización de áreas económicas clave— es suficiente para iniciar un proceso vigoroso de reconstrucción de la economía nacional. No lo es. Veintisiete años de deliberada demolición institucional, sostenida concentración del poder, anulación total de la representación democrática y sustitución masiva de reglas por discrecionalidad demandarán mucho más que gestos amables y medidas “potables”.

El debate central para Venezuela en este momento no es si las medidas que se toman y las políticas a implementar son «correctas» en el sentido puro del término. El dilema radica en que incluso medidas económicas que puedan considerarse beneficiosas no tendrían los efectos deseados si, a su alrededor, no existen los consensos sociales que aseguren su estabilidad futura. Los agentes económicos siempre reaccionarán con cautela ante la discrecionalidad del poder, sobre todo cuando este no incorpora mandato popular alguno. Repito: incluso cuando estas medidas sean consideradas «razonables», la ausencia de certificación popular mayoritaria funcionará siempre como un disuasivo.

En un país desinstitucionalizado como Venezuela importa tanto el qué como el quién de las políticas económicas y sociales. En este contexto, la representatividad popular deja de ser una exquisitez y se transforma en el reflejo de las prioridades de la sociedad, sirviendo como un elemento de certidumbre frente a cambios abruptos. Es evidente que el país necesita tomar medidas para estabilizar su economía, abrir su sector petrolero, atraer inversión extranjera directa o renegociar su deuda; pero en todas estas áreas de política pública, la representatividad de las autoridades será un factor clave para la obtención de resultados óptimos.

Será el sector petrolero el primer ámbito de la economía donde se pondrán a prueba los límites de la recuperación económica sin rehabilitación institucional. Tras la salida de Maduro, se dice que bastan cambios en el marco legal para desatar el potencial total del sector y que la inversión llegará masivamente. Sin embargo, resulta improbable que un país que requiere decenas —si no cientos— de miles de millones de dólares de inversión sostenida durante décadas, y que además enfrenta un contexto energético global mucho más restrictivo que el del pasado, logre que algún jugador relevante del mercado petrolero comprometa su capital, al menos en los montos necesarios, bajo un marco legal no refrendado por la representación mayoritaria del país. El efecto wait-and-see será la estrategia dominante para cualquier inversionista que anticipe que dicho marco legal pueda cambiar —incluso para mejor— en el futuro.

Lo mismo aplica para otras áreas. Venezuela necesitará ingentes cantidades de inversión nacional y extranjera para la reconstrucción de sus servicios públicos —electricidad, agua, gas doméstico, transporte, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, entre otros—. Así, la participación masiva del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos se enfrenta exactamente a las mismas restricciones: sin un certificado de mandato popular, será muy difícil movilizar capitales en la magnitud requerida.

Pero quizá el área más sensible a los efectos de la falta de legitimidad democrática sea la de los mercados financieros internacionales. Venezuela tiene la urgente necesidad de emprender un proceso integral de renegociación de su deuda externa y salir de la situación de default financiero que pesa sobre la República. Esta es una condición impostergable para cualquier estrategia fiscal y monetaria creíble. Aquí resulta poco probable que los acreedores de Venezuela muestren la misma disposición a negociar con contrapartes que, por su naturaleza accidental, no encarnan compromisos institucionales de largo plazo. Sin democracia puede haber un acuerdo con los acreedores, pero este será percibido como provisional y vulnerable a impugnaciones futuras, lo cual implicará menores descuentos, deserción de acreedores, primas de riesgo más altas, plazos más cortos y, en general, condiciones más duras para el país.

Finalmente, merece una mención especial el tema del capital humano. La diáspora venezolana es uno de los mayores activos estratégicos con los que cuenta el proceso futuro de recuperación del país. Por sus características demográficas, sus experiencias laborales y su formación, los migrantes venezolanos conforman hoy el mayor acervo de capital humano nacional, un acervo que actualmente se encuentra depositado en el exterior.

De darse las condiciones adecuadas, es previsible que una fracción de esa diáspora regrese al país, mientras que otra se inserte en la dinámica económica desde sus lugares de nuevo arraigo. Dentro o fuera, muchos emprenderán iniativas empresariales, intercambios académicos y culturales, proyectos familiares, y retornarán por motivos de negocios o de placer; todos aportarán nuevos conocimientos, experiencias, estándares e innovaciones que se integrarán al renovado proceso productivo nacional. Resulta claro que el retorno —físico o económico— de la diáspora requiere garantías concretas de seguridad personal, libertades civiles, derechos políticos y una posibilidad real de incidir en el rumbo del país. Sin avances en el proceso de democratización, el involucramiento de la diáspora seguirá limitado a los flujos de remesas y poco más.

No existe tal cosa como una reconstrucción nacional sin ciudadanía. Un esquema en el que las decisiones clave de política económica sean tomadas por los remanentes de las élites políticas, económicas y militares que han gobernado al país durante los últimos veintisiete años ofrecerá, en el mejor de los casos, resultados mediocres desde el punto de vista económico. Más allá de la conveniencia política, la legitimidad democrática funciona como el mecanismo social que le señala al resto del mundo los compromisos que estamos dispuestos a sostener en el tiempo. El mantra de “primero la recuperación, luego la transición” puede traducirse en reformas frágiles, captura de rentas y magros resultados, alimentando nuevas frustraciones.

Venezuela necesita que los consensos y anhelos de su población se vean reflejados en la conducción de la nación. Quienes insisten en que se puede postergar la democracia en nombre de una supuesta urgencia económica ignoran —o fingen ignorar— que la credibilidad de los tomadores de decisiones es un insumo tan indispensable como el capital o la tecnología. No habrá recuperación económica robusta, sostenible ni inclusiva sin legitimidad democrática. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto: no es el crecimiento el que abrirá paso a la democracia, es la democracia la que hará posible un crecimiento sostenible a largo plazo. Pretender lo contrario es repetir los errores que nos condujeron al colapso de la economía luego de 2013 y su mediocore recuperación posterior. Venezuela no puede darse ese lujo. La restitución plena de los derechos civiles, políticos y económicos no es una concesión ni un gesto simbólico: es la condición indispensable para reconstruir el país, recomponer el contrato social y volver a insertarnos en el mundo como una nación soberana, viable y gobernada por sus ciudadanos.