Venezuela: Ley de Amnistía ¿Un Eufemismo para la Impunidad en la Transición Política?

Transiciones a la democracia

Está estudiado por la Ciencia Política desde hace décadas (O’Donnell, Schmitter, Sartori, Przeworski, etc.) que para que una dictadura caiga y vuelva la democracia se requieren pasos que en general suceden con la suficiente presión internacional e interna que logran hacer crecer los costos de la represión y los agentes “duros” (digamos en este caso Maduro, Diosdado, etc.) entienden que es demasiado costoso reprimir y sostenerse y dan un paso al costado permitiendo que los agentes “blandos” tomen el poder para permitir algo de oxígeno al régimen. En este paso se abre la oportunidad de negociar más libertad, más expectativas a cambios que hagan que a la larga caiga la dictadura y vuelva la institucionalidad democrática. Ese sería el final ideal, asumiendo que se pasa por varios capítulos (etapas) y se llega al mejor escenario a largo plazo, pero hay que ser conscientes de que ese final no es lineal ni está asegurado. 

Hoy, febrero de 2026, con la salida del poder de Maduro y el “interinato” (figura que no existe en la constitución venezolana) de Delcy Rodríguez, se puede entender que los hermanos Rodríguez serían los actores “blandos” que ejercen esa tan esperada transición. Pero como siempre el diablo está en los detalles, y el chavismo ha estado siempre en los detalles.

Actores

¿Quiénes son los hermanos Rodríguez? ¿Son actores “blandos” que están dispuestos a transicionar hacia la democracia?
Delcy y Jorge Rodríguez son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, un militante/guerrillero de izquierda que en 1976 participó en el secuestro de William Niehous (secuestrado por más de tres años), y que por esto, entre otros hechos, fue detenido y torturado por el Estado y terminó muerto bajo custodia de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), lo que hoy es el también lamentablemente famoso SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia). Como se puede ver la tortura y muerte es marca registrada de los Servicios de “inteligencia”.

Esta historia es necesaria para contextualizar a los hermanos Rodríguez, Delcy ha declarado públicamente “felices de estar en la Revolución Bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra vengaza personal”. Más allá de lo que internamente considere, Delcy ha ocupado innumerables cargos de responsabilidad en el régimen chavista; Vicepresidenta desde 2017, Canciller entre 2014 y 2017 (los años más conflictivos en la OEA), Ministra de Economía desde 2020, Presidenta de la “Asamblea Nacional Constituyente” de 2017 (Parlamento paralelo cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional y esta fue “anulada”).

Por su lado Jorge Rodríguez entre 2003 y 2006 dirigió el Consejo Nacional Electoral (organismo encargado de las elecciones, cual Corte Electoral uruguaya), en 2007 y 2008 fue vicepresidente de Hugo Chávez, entre 2008 y 2017 fue Alcalde del Municipio Libertador (ciudad de Caracas), entre 2017 y 2020 fue Ministro de Comunicación e Información y desde 2021 es Diputado en la Asamblea Nacional donde la preside ininterrumpidamente. 

Como se observa, los hermanos Rodríguez son parte del poder duro y, por la expresión de venganza personal, son muy conscientes de todo lo que ha pasado en el régimen chavista. En particular Delcy se ha esforzado por intentar instalar “su verdad” como relato alternativo junto a José Luis Zapatero (al que volveremos más adelante), al confrontar la verdad expuesta en la OEA entre 2016 y 2017.

Juego retórico, o neolengua chavista.

Tal como describe Orwell en su famosa obra 1984 sobre el doblepensar y la neolengua, el chavismo durante estos 25 años ha construido recursos que sonaban lindo pero eran lo opuesto a lo que denominaban, algunos ejemplos: 

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, utilizada para criminalizar y perseguir protestas sociales.

Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, utilizada para criminalizar a quien piensa diferente. 

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, utilizada para prohibir manifestaciones en zonas y dar potestades especiales a cuerpos represivos.

Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, utilizada para perseguir ONGs de DDHH que han sido críticas e informativas sobre la realidad en Venezuela.

Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar, utilizada para imponer inhabilitaciones políticas y penas de cárcel a quienes apoyen  sanciones internacionales o «ataquen» a las instituciones del Estado.

¿Pero qué tiene que ver esto con la Amnistía? 

Antes de continuar, quiero dejar explícita mi posición (honestidad intelectual obliga); creo que para recuperar la democracia en Venezuela será necesario algún tipo de acuerdo entre los políticos que efectivamente representan ciudadanos venezolanos, esto significa que será necesario un espacio de negociación real entre políticos representativos… no entre políticos elegidos por un bando o, aún peor, en propuestas que solo tengan la aprobación de quienes hoy ocupan el poder de facto. Esto significa que María Corina Machado (la representación real) y Edmundo González (la representación legítima de la mayoría) tienen que participar en la mesa, cualquier opción que los excluya está dejando de lado a la mayoría de los votantes de la última elección corroborada internacionalmente (2024).

Ley de “Amnistía” 2026

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó de manera express, bajo mandato de Jorge Rodríguez, una ley denominada “Ley de amnistía para la convivencia democrática”. ¿Qué dice la ley? Pasemos a visualizar: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, en el marco de los sucesos de violencia por motivos políticos que se indican en esta Ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática.

Este artículo primero, como exposición de Objeto, comienza por declarar que existen Presos políticos en Venezuela por causas iniciadas desde 1999; es un avance que los que negaban este hecho lo dejen por escrito para que la historia pueda reivindicar como prueba la declaración de los hechos. Pero no todo es lo que parece.

Amnistía general

Artículo 6. Se concede amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas, por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026, en el contexto de los siguientes hechos:

1. El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.

2. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.

3. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo de 2004.

4. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004.

5. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.

6. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.

7. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014.

8. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017. 

9. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019.

10. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Este es el artículo central porque establece 10 momentos concretos y muy puntuales, lo que, al no ser general, ya desmiente que sea desde 1999 al 30 de enero de 2026 como decía en el artículo 1 (Objeto). Por ende habrá presos políticos que no se beneficiarán de esta ley.

Las exclusiones: 

Delitos excluidos

Artículo 7. Estarán excluidas de la aplicación de la amnistía prevista en esta Ley, las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de los siguientes delitos: 

1. Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. Homicidio intencional.

3. Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión.

4. Delitos contra el patrimonio público. 

Es llamativo este artículo y sus numerales. Nada tiene de político el punto 2 y especialmente el punto 3. Pero puestos en este contexto podría estar justificando el punto 1 y 4.

El punto 1 llama la atención porque cuando se piensa en cometer violaciones graves a los DDHH, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra pensamos primariamente en el Estado y su responsabilidad tanto en los hechos como en la omisión de proteger a los ciudadanos de estos hechos. Cosa que está probada desde los 4 informes de la OEA  (entre 2016 y 2017) y los informes de la ONU (2019, dos en 2020 y dos en 2021). 

Pero el 4to punto es más llamativo aún. ¿Por qué “Delitos contra el patrimonio público”? ¿Acaso una manifestación política no expresa su disconformidad justamente contra los símbolos de la autoridad? ¿Acaso se pretende que las manifestaciones vayan contra las personas públicas en vez de los símbolos? ¿Estarán pensando particularmente en el ataque a las estatuas de Hugo Chávez?

Lo que no se dice:

Extinción de pleno derecho

Artículo 8. Con la amnistía regulada en esta Ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluyendo solicitudes de extradición, relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de la amnistía. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas.

Los efectos de la presente amnistía se extienden a los autores y partícipes de los delitos a que hace referencia esta Ley. 

Este artículo es la llave que cierra las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentran en trámite, pero a su vez esto deja la puerta abierta a evitar responsabilidades estatales de quienes hayan cometido delitos contra esos presos políticos. Por ejemplo agentes de FFAA que hayan reprimido/torturado, jueces que hayan condenado sin pruebas, etc. Además en el artículo 9 se establece que el procedimiento es resorte de “Tribunales competentes”, que al estar controlados por el chavismo desde hace décadas de manera irregular e ilegal, mantiene un gran margen de discrecionalidad para el actual poder de facto.

Helicoide, cierre del centro de tortura más grande de América.

Delcy Rodríguez anunció junto a la Ley de Amnistía el cierre del Helicoide, como centro de reclusión, para ser transformado en un centro comercial y deportivo (nuevamente). Esto fue señalado como un intento de reconciliación, pero también significa el intento de borrar lo que ha sucedido en ese recinto y que se transformó en el símbolo de terror político, el centro de tortura y muerte de una dictadura confesa. 

El ideal sería el reconocimiento de lo que allí sucedió y que pudiera ser convertido en un centro de memoría, pero también se argumentará que eso no contribuye al encuentro político y la paz, pero la negación tampoco contribuye.

Como conclusión parcial para estos dos puntos: sin una amnistía que contenga a las partes involucradas, sin un verdadero diálogo entre políticos que representen al pueblo, no habrá una reconciliación real.

Último punto: Instituciones y legitimidad

La política democrática requiere de reconocimiento y legitimidad, tanto interna como externa. Sin ella se impone por la fuerza (de facto), es lo que hemos visto. Por estas razones lo que en estos momentos se transita (punto inicial) es un proceso hacia la normalización democrática, pero eso requiere esfuerzos mayores y presiones que obliguen a quienes hoy ejercen el poder a hacer lo que no quieren hacer, legitimarse frente a la población que es la única dueña de la Soberanía nacional. 

Como dicen los autores de la transición, este proceso de reconstrucción se impone pese a la voluntad de los “blandos” (asumiendo que los Rodríguez lo sean). Este proceso de transición requiere presión internacional para que existan puntos de acuerdo, presión internacional que no fue suficiente hasta que EEUU no amenazó con la fuerza y que no se había logrado ejercer de manera efectiva; porque seamos honestos… los más de 6 diálogos que han habido desde 2003 nunca han logrado solucionar los problemas y la mayoría de las veces fueron traicionados por el chavismo.

A su vez, en el marco de la presión y observación internacional, es el gran momento para la movilización popular en Venezuela. Movilización por la libertad y la democracia que ya hemos visto (nuevamente) en la vanguardia estudiantil que tanto ha luchado y que tantos mártires ha entregado a esta causa.  

Sin esta presión interna y externa, los agentes internos tienen margen para seguir en el poder y jugar al viejo gatopardismo: [para] “que todo siga como está, es necesario que todo cambie” (Tomasi di Lampedusa). Y a esto juegan los agentes que siempre han trabajado para mantener el statu quo, como José Luis Zapatero que volvió a la escena (para atribuirse liberación de presos políticos luego de la presión de EEUU y elogiar la ley de Amnistía) luego de haber sido garantía de que el chavismo se mantuviera en el poder.

Conclusión 

Como politólogo que estudia este tema desde hace años, creo que Venezuela requiere muchos puntos de encuentro para construir una nueva política. Eso seguramente va a requerir negociación y concesiones varias, pero eso va a necesitar también procesos de legitimación social. Es imposible que excluyendo a otros (lo que ha sido la política diaria desde el chavismo y antes), se pueda construir un país democrático con pluralidad, diversidad y respeto.

Esta construcción de legitimidad debe empezar con las instituciones, pero también con la Constitución que ha sido el primer punto de ruptura en este largo cuento. La CRBV se construyó por la fuerza y sin representación real, fue impuesta por Chávez y esos polvos trajeron estos lodos. Además es importante que TODOS los venezolanos voten, por más que sea obligatorio el voto, el no control del ejercicio ha generado un desestímulo que, junto al descrédito y descreímento en la política, ha servido de válvula para que ganen políticos sin representación mayoritaria (gracias a los no votos ha ganado el chavismo sin representar mayorías). La discusión del nuevo sistema electoral es crucial para el futuro. 

Hay varias discusiones por delante, algunas fueron expresadas en estas líneas que se extendieron más de lo esperado… Pero todos los que deseamos ver una Venezuela libre y democrática debemos entender el momento y ayudar a que se transite el verdadero diálogo y encuentro, sin trampas ni exclusiones. Solo así se va a contribuir con el pueblo que tanto ha sufrido por culpa de que no hemos estado a la altura de los acontecimientos.