Minería Ilegal en Napo: El Éxodo de Maquinaria y el Daño Ambiental Persistente

La Resolución que limita la minería en la cuenca del Napo genera un éxodo de maquinaria, pero no asegura verdad ni reparación. Después de años de complicidad estatal, concesiones atrapadas y control criminal, el daño ambiental y social queda, nuevamente, sin respuesta.

Dos días después de la publicación de la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, que prohíbe la actividad minera en concesiones de la cuenca hidrográfica del río Napo, se registró la salida de maquinaria. Varios camiones y retroexcavadoras comenzaron a abandonar la zona de Puerto Napo, Tálag y Arosemena Tola.

El éxodo, que ocurre sin control estatal alguno, deja tras de sí miles de hectáreas destruidas, montañas despojadas, ríos contaminados, sangre, muerte… Los impactos en la salud de los habitantes de Napo apenas están comenzando a evidenciarse.

Aunque la Resolución está teniendo un resultado parcial, no está claro si habrá sanciones para quienes incumplieron la ley, y que permitieron la entrada del crimen organizado a la zona.

El 95% de la minería ilegal de Napo opera en concesiones mineras legales. Foto: La Fuente – PI.

Para algunos pobladores de Napo, la Resolución enfocada en concesiones mineras y plantas de beneficio de Loja y El Oro, podría impactar a los mineros ilegales, ya que el 95% de ellos están trabajando en las concesiones legales.

Solo en la provincia del Napo existen, según datos oficiales, 202 concesiones mineras, de las cuales 159 se encuentran dentro de un radio de 20 km del epicentro de Yutzupino, donde en el 2022 se decomisaron 148 excavadoras. Entre estas se registran 43 concesiones mineras “Inscritas” bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería Metálica.

De acuerdo con la ley, los titulares de derechos mineros deben responder “civil, penal y administrativamente” por el desastre ambiental, señala la Resolución que cita el artículo 5 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

La decisión ministerial también establece que es de su exclusiva responsabilidad “prevenir, evitar y reparar integralmente los impactos o daños ambientales causados o que pudiera causar… así como aquellos autorizados para instalar y operar plantas de beneficio mineral, fundición o refinación tienen la obligación de implementar mecanismos para prevenir, evitar y reparar integralmente los impactos o daños ambientales”.

En una zona que es rehén de los GDO y de su lucha por territorio, donde hay “territorios liberados” y donde la minería ha crecido por la complicidad de ciertas autoridades, la interrogante sobre cómo se logrará que efectivamente la minería ilegal se detenga, está presente en el ambiente.

A propósito, la complicidad de las autoridades mineras, que ha sido denunciada durante años por los pobladores de las zonas mineras, parece confirmarse con la última revelación de la ministra Inés Manzano. Ella anunció que luego de realizar pruebas de polígrafo a varios empleados de la Arcom, muchos no pasaron y fueron despedidos.

Este 4 de febrero se reportó la salida de maquinaria de varios sectores de minería ilegal en Napo. Foto Cortesía
Concesiones legales manejadas por GDO, ¿cómo ocurrió?

Las concesiones son “legales” dado que han sido otorgadas por el Estado, pero ahora están “en manos de mineros ilegales”.

Todo comenzó cuando los concesionarios, varios empresarios y pequeños mineros, se dieron cuenta de la fragilidad del Estado en la regulación y control. Aprovecharon la falta de institucionalidad para explotar el mineral sin seguir los procesos, licencias, permisos de uso de agua y de no afectación de la cuenca hídrica. Solo a través de sobornos.

Para eludir el control de la autoridad, contrataron a guardias de seguridad vinculados a los GDO; pero pronto ellos mismos empezaron a adueñarse de los territorios. En la actualidad, estos sitios son considerados “territorios liberados”, un término utilizado por expertos en seguridad para describir lugares que han sido liberados del control estatal.

‘Territorios liberados’ en Napo: ¿minería ilegal tomó el lugar del Estado?

La amalgama entre seguridad y los GDO

Así, uno de los eslabones de la “cadena de valor” de la minería ilegal es la seguridad. En cada frente minero trabajan, en promedio, 30 personas entre operadores de maquinaria, ayudantes y encargados de la alimentación.

Junto a este grupo, hay al menos dos personas encargadas de la seguridad. Generalmente se movilizan en motocicletas, utilizan radios para comunicarse y portan armas (escopetas) en la espalda. Se los identifica por usar pantalones negros y una camiseta con un estampado tipo camuflaje de tonos claros. Su presencia es inconfundible y, en principio, reportan a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs) que “protegen” a los mineros ilegales.

En la zona de Huambuno, por ejemplo, los encargados de la seguridad vigilan el paso de desconocidos, autoridades y militares en dos puntos: el primero en el puerto de Ahuano, donde los vehículos cruzan en las gabarras, y el segundo en la intersección de la vía que conecta Ahuano con Misahuallí.

A estas personas se las conoce como campaneros y son quienes alertan a los responsables de cada frente minero mediante mensajes de celular o llamadas de radio sobre cualquier movimiento que les parezca curioso. Si algún vehículo desconocido (que no pertenezca a la parroquia) o grupo de personas extrañas pasa por esos dos puntos, en minutos, todos los lugares de vigilancia ponen su atención en quienes circulan.

Por el servicio de los campaneros, cada frente minero paga una tarifa de 30 dólares diarios. Y si se lleva a cabo algún operativo, son ellos los encargados de correr la voz de alarma y coordinar el apoyo de miembros de las comunidades afines.

Los territorios mineros se defienden con balas

Desde el año 2024, en toda la provincia de Napo la violencia por el control del territorio ha aumentado. Los reportes de muertes a bala eran esporádicos y generalmente se silenciaban compensando a las familias de los asesinados. Para enero del 2025 se reportaron las primeras muertes violentas en el centro mismo de Tena, capital provincial de Napo.

En mayo de 2025 se produjo la masacre de once militares en Alto Punino. Mientras tanto, en enero 2026, se reportó cómo se calcinaron los cuerpos de tres jóvenes en la comunidad El Progreso del Chumbiyacu, en la concesión minera REGINA 1S de la empresa China Terraearth Resources S.A.

Retroexcavadoras fueron sacadas este 4 de febrero del territorio de Napo. Foto: Cortesía

El origen de la violencia radica en cómo los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs): los Comandos de la Frontera, Los Lobos y Los Choneros se enfrentan por el control de los frentes mineros. Estos GDOs cobran una tarifa por brindar seguridad y un porcentaje de las ganancias; es decir, una parte del oro aluvial que se extrae con las excavadoras en las orillas de los ríos.

Un militar en Tena reconoció bajo reserva de su nombre y cargo que Los Lobos lideran en las parroquias Talag, Huambuno y en todo el cantón de Arosemena Tola. El uniformado indicó que esperan instrucciones para actuar. El resto de la provincia en la parte nororiental (hacia el límite con Orellana) estaría bajo el control de Los Comandos de la Frontera.

Pero los GDOs no están solos, algunos líderes comunitarios apoyan la protección de los mineros ilegales y, ante un operativo de militares y policías, movilizan a una parte de los comuneros para bloquear el paso de las excavadoras y evitar la acción de las fuerzas del orden.

El episodio más reciente de violencia local ocurrió en el sector Atahualpa de la comunidad Sindy (cerca de Puerto Napo) cuando el 28 de enero pasado, los uniformados fueron atacados por algunos comuneros y resultaron dañados vehículos de la Policía.

Excavadoras sin control
Las excavadoras de los mineros ilegales escalan la montaña siguiendo el cauce del río Zapallo en Talag, cantón Tena en Napo. Ya arrasaron las orillas, ahora siguen las vetas río arriba. Foto: Claude Roulet

La maquinaria pesada es una de las herramientas principales de la minería ilegal. Se estima que en Napo operan al menos 300 excavadoras en 75 frentes mineros. Sin embargo, al comparar esta información con los datos del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) hasta el 2024, en toda la provincia de Napo estaban matriculadas 209 excavadoras a nombre de particulares y 39 máquinas correspondían a instituciones públicas. Es decir, las excavadoras que funcionan en los frentes ilegales superarían a las registradas en el MIT.

El control de la movilización de maquinaria es solo en el papel

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), para el transporte de maquinaria nueva o usada, es obligatorio portar el Certificado de Operación del Registro (COR) del vehículo de carga, así como la matrícula vigente de la maquinaria transportada en el MIT.

La normativa vigente exige la instalación obligatoria de GPS en la maquinaria destinada a actividades mineras, pero no se ha aclarado cómo ni quién maneja esa información y si esta se coteja con la maquinaria que se encuentra en los frentes mineros. Todo esto a pesar de que existe un acuerdo ministerial que ordena que Ambiente, Energía y Transporte compartan la información.

El año pasado, la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario del MIT indicó que estaban trabajando en la actualización del Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, pero hasta ahora no se conoce la nueva normativa.

A pesar de que hay normas y reglamentos para controlar la movilización de las excavadoras, estos no se aplican. En los recorridos por las provincias amazónicas, solo la maquinaria que opera en las obras públicas luce la placa del MIT, el resto no.

En El Oro, los mineros reclaman

La Resolución ha generado el éxodo de maquinaria en Napo. Sin embargo, en El Oro, cientos de mineros han salido a protestar contra la decisión.

Mineros de El Oro protestaron por la medida de prohibición de la minería adoptada por el Ministerio de Ambiente.

La Resolución ha provocado la salida de la maquinaria en Napo. Sin embargo, la disposición también apuntaba a detener la minería en El Oro y en Loja. Así, según reportó Primicias, en El Oro, mineros salieron a protestar por la decisión.

Es que la Resolución indicaba que hay una contaminación ambiental generada por la minería en El Oro y Loja, y que se ha “constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango Tumbes”. También se detallaba que habrá una verificación de las plantas de beneficio, donde se acopia el mineral sin ningún tipo de regulación, siendo este el lugar donde se mezcla el oro de extracción legal con el oro de la minería ilegal.

La marcha fue convocada por la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de la Provincia de El Oro (Aproplasmin).

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